Desinformación, censura y violencia contra comunicadores

Los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2014, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), se llevó a cabo la Audiencia sobre desinformación, censura y violencia contra comunicadores. Como parte de nuestra cobertura de este importante proceso iniciado desde 2011, quisimos acercarnos a algunas de las organizaciones que presentaron sus casos en aras de juzgar al Estado mexicano.

Para Tania Arroyo, integrante de la asamblea de posgrado del movimiento #YoSoy132 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), éste es el momento culminante de un proceso que inició con la imposición de Enrique Peña Nieto. «Cuando nosotras nos incorporamos al TPP, todavía estaba vigente y pujante el #132. Se nos invitó a presentar un caso porque en la asamblea de posgrado había mucha gente que trabajaba en la mesa de democratización de los medios». En vez de presentar un caso sobre criminalización del movimiento, como se les había propuesto, los estudiantes decidieron enfocarse en la demanda por la democratización de los medios, aunque advirtieron que «quizás para la fecha de presentación de la Audiencia el #132 ya no existiría. Conscientes de eso, tanto el TPP como el #132, decidimos seguir trabajando. Es importante decir esto para que quede claro que no estamos enarbolando al #132 sino sus demandas» —sentenció Arroyo. Mireille Campos, integrante del movimiento juvenil, agregó que el TPP ha sido un incentivo para documentar la «imposición mediática» del presidente de la república.

El caso de la imposición mediática de EPN

El caso de la «imposición mediática» del candidato priísta Enrique Peña Nieto (EPN) a la presidencia, presentado por la asamblea de posgrado de la UNAM del movimiento estudiantil #YoSoy132. En la narración se ilustró el estrecho vínculo que desde décadas atrás existe entre el poder político, sobre todo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el poder mediático masivo, sobre todo Televisa, en México. Hicieron la acusación contra el Estado mexicano por obstaculizar el desarrollo de la democracia; por promover el empoderamiento de Televisa y TvAzteca (al grado de que son un poder fáctico y han ejercido funciones que competen a los poderes del Estado); por ignorar las demandas ciudadanas, presentadas como propuesta de reforma para democratizar el espectro radioeléctrico.

Acusan al duopolio televisivo Televisa y TvAzteca por llevar a cabo una «imposición mediática» y una intromisión en el proceso electoral al favorecer e imponer la imagen positiva del entonces candidato a la presidencia, violando toda la normatividad electoral (tiempos, presupuesto, formas). También denunciaron el carácter monopólico de esas empresas (presentando datos, como el que indica que Televisa concentra el 96.8% de la audiencia). Al Instituto Federal Electoral (IFE) ahora Instituto Nacional Electoral (INE) por no garantizar unas elecciones dignas en 2012; y al PRI por coludirse con Televisa para garantizar el triunfo de su candidato. A las empresas encuestadoras GEA-ISA por manipular sus instrumentos para favorecer a EPN.

En 2013, los poderes públicos fueron los principales agresores a periodistas. Fuente: Artículo XIX, Informe

En 2013, los poderes públicos fueron los principales agresores contra periodistas. Fuente: Artículo 19

La Audiencia temática sobre desinformación, censura y violencia contra comunicadores, contó con numerosos casos de agresiones a periodistas. Desde su segundo boletín de prensa, el TPP documentaba 66 asesinatos de periodistas entre 2000 y 2010; 12 casos de desapariciones y todo tipo de intimidaciones. En tiempos recientes, la organización Artículo 19, que también participa en el TPP, publicó un informe alarmante en el cual se muestra que ésta tendencia a acallar a los comunicadores se ha agudizado.

Hace unos días, la oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la UNESCO publicaron una carta en la que expresan «su más profunda preocupación por las recientes agresiones contra periodistas ocurridas en México». En ella detallan las intimidaciones e incluso los asesinatos perpetrados en estos últimos meses en Veracruz y el Estado de México.

Desde el punto de vista de Daniela Pastrana, directora ejecutiva de la red Periodistas de a Pie, estos hechos lamentables nos sólo afectan a los comunicadores sino a la sociedad en su conjunto. Los casos que esta red presentó ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, son los de Regina Martínez y Gregorio Jiménez, ambos «periodistas intachables» asesinados en Veracruz.

Los casos de agresiones a periodistas

El caso del estado general de las agresiones a periodistas en México, presentado por la organización Artículo 19. En éste se presentaron cifras sobre las agresiones y asesinatos de periodistas en todo el país a lo largo de los últimos años, así como una serie de señalamientos sobre las fallas y omisiones que, desde el gobierno y sus instancias, han permitido las escaladas de violencia contra periodistas. Las acusaciones se presentaron contra: el Estado mexicano por incumplir con su obligación de prevenir y garantizar el derecho a informar y ser informados; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por no generar recomendaciones específicas a funcionarios públicos agresores de la prensa; la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por su incapacidad de investigar los delitos cometidos contra la libertad de expresión; el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por su incapacidad e inefectividad para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados por su labor informativa; el Congreso Mexicano por no realizar las adecuaciones legislativas que permitan garantizar la protección de periodistas y medios amenazados por su labor; los gobiernos estatales y las procuradurías locales por su incapacidad para garantizar la libertad de expresión e investigar los delitos cometidos contra la prensa; al poder judicial por la impunidad que impera en los casos donde se consigna a los agresores de la prensa; a las fuerzas de seguridad del país por la falta de protocolos para atender y tratar a la prensa; al Gobierno del Distrito Federal por no garantizar la seguridad de periodistas que documentan la protesta y por su falta de capacidad para castigar a los responsables de estas agresiones.

La red Periodistas de a Pie también completó el cuadro de agresiones a la prensa. Atribuyó que hemos llegado a esta situación por la enorme impunidad que impera en el país; por el servilismo de parte de los directores de medios ante las autoridades; por la falta de una organización gremial sólida e independiente y a la falta de profesionalización de los reporteros y periodistas. Acusaron al Estado mexicano de violar los derechos de libre expresión y opinión de los periodistas y la sociedad mexicana; a la Secretaría de Gobernación por simular una política garantista y de protección de los periodistas ante la comunidad internacional, valiéndose de un convenio con Freedom House (USAID); a la Procuraduría General de la República y a la FEADLE de no investigar a profundidad las agresiones en contra de periodistas y así perpetuar la impunidad y la violencia; a la CNDH de no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma; a los gobiernos locales de no emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas.

Se presentaron los casos emblemáticos de la periodista Regina Martínez reportera de la revista Proceso (asesinada el 27 de abril de 2012) y el de Gregorio Jiménez reportero de información policiaca de tres periódicos: Notisur, Liberal del Sur y La Red (secuestrado el 5 de febrero de 2014 y encontrado muerto cinco días después). Al respecto se acusa al gobierno de Veracruz, a diversos funcionarios por incumplimiento o violación de procedimientos. Al presidente Peña Nieto y la Procuraduría General de la República (PGR) por no atraer los casos al ámbito federal, a la FEADLE por incumplimiento de función, a la CNDH por omisión y a los medios de comunicación por mantener un esquema de condiciones laborales que pone en peligro la vida de los reporteros.

Por su parte, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que agrupa a más de 4 mil radios en todo el planeta y a 34 radios en México, defendió entre otros casos el de Héctor Camero, director de la Radio Tierra y Libertad, quien fue sentenciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a dos años de cárcel aunque gracias a una defensa oportuna y determinada, se logró evitar que Héctor fuera otro preso injustamente. La coordinadora del departamento jurídico de AMARC México, Gisela Martínez, nos explicó la diferencia entre el TPP y la justicia oficialista en México: «para los tribunales oficiales Héctor es un delincuente, para nosotros es un comunicador que está haciendo ejercicio de sus derechos humanos básicos».

El caso de las restricciones a radios comunitarias

El caso de las restricciones a radios comunitarias presentado por la oficina en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC) denuncia la criminalización a las radios y comunicadores comunitarios y cómo con la ley Telecom se les imponen exigencias semejantes y aún más estrictas que a las concesiones privadas para obtener una frecuencia en el espectro o para conservarla. El dictamen final refiere como ridícula la potencia de 20 watts que se les concede para transmitir, mientras se les niega, discriminatoriamente, toda posibilidad de acceder a recursos publicitarios para su sostenimiento. Dice también que son «novedades» que se agregan a la hostilización, la persecución de radialistas, la agresión policíaco-militar o de grupos vandálicos que ya padecen desde hace tiempo. El testimonio de Héctor Camero sobre  la experiencia de Radio Tierra y libertad en Monterrey dio cuenta de dicha criminalización y de la marginación que se ejerce sobre los medios de comunicación comunitaria.

Estos son sólo algunos botones de muestra de la violencia que ejerce el Estado en contra de las y los comunicadores en este país.

La audiencia

Presidió la audiencia la periodista italiana Marina Forti. Los otros miembros del jurado fueron: Aram Aharonian periodista de origen uruguayo; Virgilio Caballero, antropólogo y periodista mexicano, que fungió como jurado nacional; Ángel Luis Lara, guionista y activista español, profesor en la Universidad de Nueva York; y Gustave Massiah, activista, economista y urbanista francés miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial.

Cada caso fue presentado en un espacio aproximado de 30 minutos, y los jurados hicieron preguntas y comentarios después de cada eje. Cada ponente expuso 1) los hechos de las violaciones a los derechos, 2) el contexto en que tales hechos sucedieron, 3) los derechos específicos que fueron violados dentro del marco del derecho internacional, de qué manera sucedió y cuáles han sido las consecuencias, 4) el señalamiento de los responsables o la acusación formal. Todo lo dicho se sustentó con pruebas que incluían, desde documentos emitidos por instancias oficiales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta videos, fotografías y documentación periodística de los hechos.

 Algunos de los casos que resaltaron fueron:

El caso de la criminalización mediática contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Se presentó una detallada narración que abarcó desde el 2001, cuando el entonces presidente Vicente Fox intentó expropiar las tierras de las y los campesinos de San Salvador Atenco para la construcción de un aeropuerto –megaproyecto que acaba de ser reactivado en tierras cercanas– hasta la fuerte represión policial que sufrieron en 2006. La acusación se hizo contra el Estado mexicano, el gobierno del presidente Vicente Fox y del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, Televisa, TV Azteca, la Organización Editorial Mexicana (que agrupa diversos periódicos de circulación nacional) y Grupo Milenio por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión (de la población en general y de la población de Atenco respectivamente); por mentir abiertamente; tergiversar y ocultar información; por no otorgar derecho de réplica; generar campañas de linchamiento contra el FPDT; finalmente por orquestar una estrategia de legitimación de la represión que implicó violaciones severas a los derechos humanos.

Trinidad Ramírez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, expuso el caso de Atenco: Medios, represión y despojo de tierras. Fotografía: Heriberto Paredes.

Trinidad Ramírez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, expuso el caso de Atenco. Foto: Heriberto Paredes.

El caso de la campaña de difamación y criminalización mediática contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para facilitar y legitminar la extinción ilegal de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Se declaró que a través de los medios se buscó generar en la opinión pública la imagen de un sindicato corrupto e ineficiente para legitimar el acto inconstitucional de disolución de la empresa mediante un decreto presidencial y un asalto policial y militar a todas las instalaciones. Se argumentó que la razón para tales abusos fue la oposición del SME a la privatización de la energía eléctrica. El sindicato tenía lista una gran red de fibra óptica para ofrecer a bajo costo, misma que tras la liquidación de la empresa pasó a manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ésta la vendió a empresas transnacionales.

Se relató cómo los medios informativos se valieron de un discurso de odio y acusaron a los trabajadores de «flojos y violentos» y de gozar de «privilegios» refiriéndose a sus derechos laborales; se acusa la intromisión del gobierno y empresas en el proceso electoral interno del SME para dividir a los trabajadores y buscar el triunfo de un candidato ligado al Partido Acción Nacional (PAN). También se denunció el secuestro y trabajo forzado de electricistas por parte de la policía federal (posterior a la disolución de LyFC) para trabajar en la Red Eléctrica Nacional; el encarcelamiento injusto de 11 trabajadores por imputación de delitos falsos; la violación al derecho de réplica que el SME buscó ejercer, y la deslegitimación, minimización, criminalización y/o censura de las voces que se oponían a la extinción de LyFC, entre ellas el SME, intelectuales, artistas, organizaciones sociales, de defensa de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, etc.

El SME responsabilizó a una serie de empresas mediáticas entre las que destacan Televisa, TvAzteca, Milenio TV, Cadena Tres, Proyecto 40, Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Centro, Grupo Radio Fórmula, ABC Radio, así como a una lista de funcionarios públicos (comenzando con el ex-presidente Felipe Calderón) y una serie de reporteros de diferentes medios que sostuvieron discursos de odio hacia los trabajadores del SME. Múltiples portadas de periódicos respaldan lo dicho por el sindicato, así como unos videos del gobierno federal que muestran una clara manipulación de la información.

Un compañero del Sindicato Mexicano de Electricistas contesta las preguntas de los dictaminadores. Fotografía: Heriberto Paredes

Radha, colaborador de la Secretaría del Exterior del SME, contesta preguntas de los dictaminadores. Foto: Heriberto Paredes

El caso de violaciones al derecho a la privacidad y la libertad de expresión en Internet presentada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) en la que se relataron los hechos alrededor de la gestión y aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones. Se mostraron pruebas de la inconformidad social, de las manifestaciones y los intentos, no exitosos, por evitar que se aprobaran diversos puntos de la ley que violan los derechos humanos. Se acusa que dicha reforma permite a la «autoridad» desplegar vigilancia masiva sobre la población, obligando a los proveedores a proporcionar la geolocalización de equipos móviles en tiempo real a petición de las autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia sin que medie una orden judicial; así como a retener los datos de los usuarios hasta por dos años. Se expresó además que México está en negociaciones para adherirse al Convenio de Budapest (que permite compartir el acceso a datos transfonterizos).

Las acusaciones puntuales se hacen al titular del poder ejecutivo federal por haber enviado una iniciativa de ley que violentaba los derechos humanos; a las cámaras legislativas del Congreso de la Unión, por permitir y dejar sin modificación dichas violaciones así como por evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas; al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por decidir que lo dispuesto en la llamada ley Telecom no era de su competencia, cuando sí lo es y debió haber presentado una Acción de Inconstitucionalidad en defensa de la privacidad y datos personales; a la Comisión Nacional de Derecho Humanos por no pronunciarse al respecto de las graves violaciones a los derechos humanos aprobados en la ley como son: la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la información, el libre acceso a internet y el derecho a la privacidad.

Por su parte, el comité editorial de Radio Zapote –una de las radios libres de larga trayectoria en el Distrito Federal– envió una ponencia, leída por una de sus integrantes, en la que expusieron sus consideraciones sobre la visión y trabajo de los medios libres en México. Describieron el enfoque de interlocución con los pueblos y las reivindicaciones que hacen sobre las formas de estos medios para aportar en la búsqueda de justicia y la construcción de alternativas de organización y comunicación.

Exposición del caso sobre Medios y ataque a los trabajadores por un trabajador del SME. Fotografía: Heriberto Paredes

Exposición del caso sobre Medios y ataque a los trabajadores por Germán del SME. Fotografía: Heriberto Paredes

El dictamen

El dictamen final de la audiencia presentó un diagnóstico en el que describe el poder en el ámbito mediático a nivel internacional y nacional; la relación de complicidad entre poder político y poder mediático al servicio del poder económico. Presenta el planteamiento de cómo la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) basado en prácticas de despojo, intensa concentración de riqueza y pérdida de la soberanía, encuentra en el campo meidático y de la comunicación uno de sus enclaves fundamentales cuando la actividad mediática se convierte en un flujo constante de legitimación del modelo económico imperante y de estigmatización de todo sujeto o proyecto que esgrime una práctica y una racionalidad que difiere del discurso dominante. Un discurso, que lejos de dar cuenta de la realidad del país, aparece sujeto a una estrategia de producción de hiperrealidad, es decir, la generación mediática de una realidad inexistente o de una falsedad que pasa por auténtica.

Aquí los derechos que los dictaminadores consideraron que se han violado

1.- Para el caso de monopolios mediáticos:

  • Libertad de expresión
  • Derecho a la información
  • Libertad de concurrencia y democratización de los medios
  • Derecho a la democracia y al ejercicio democrático del poder
  • Derecho al voto libre e informado
  • Derecho a la participación efectiva en la deliberación y definición de los asuntos públicos
  • Derecho a la gestión transparente de los asuntos públicos
  • Derechos digitales
  • Derechos de las audiencias
  • Derechos de los consumidores mediáticos
  • Derecho a la educación
  • Derecho a la verdad
  • Derecho a la memoria histórica

2.- Para el caso de criminalización mediática de la protesta social:

  • Derecho de petición
  • Libertad de reunión y asociación
  • Derecho a la protesta social
  • Defensa social legítima
  • Derecho a luchar por los derechos y desobedecer las leyes injustas
  • Resistencia a la opresión
  • Acceso a la justicia
  • Derecho al buen nombre y al honor
  • Libertad y autonomías sindicales
  • Derecho de réplica

3.- Para el caso de violencia contra comunicadores:

  • Libertad de ocupación y profesión
  • Libertad de trabajo y ejercicio profesional
  • Derecho a la protección de la vida y la integridad de los periodistas y comunicadores
  • Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y sin discriminación
  • Debido proceso penal

4.- Finalmente, para el caso de exclusión de las radios comunitarias y de la sociedad civil:

  • Derecho a la comunidad
  • Derecho a la identidad comunitaria
  • Derecho al desarrollo comunitario
  • Derechos culturales y derecho a la cultura
  • Derechos comunicacionales y derecho a la comunicación
  • Libertad de comunicación
  • Derecho a la privacidad

El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó al Estado mexicano, al presidente Enrique Peña Nieto, a la Procuraduría General de la República, al Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral), a las cámaras legislativas del Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación, a los gobiernos locales como el de Veracruz y del D.F., al monopolio mediático de Televisa y TV Azteca, a la Organización Editorial Mexicana, al Grupo Milenio y a los sicarios periodísticos por la larga serie de violaciones a los derechos de que se les acusaron.

Posteriormente enlistaron una serie de recomendaciones a organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinion y Expresión y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que atiendan los informes de la sociedad civil mexicana; visiten México e inspeccionen, condenen y se pronuncien contra las violaciones descritas, así también para que demanden al Estado el cumplimiento y garantía de los derechos y la procuración de justicia.

Los trabajos de esta audiencia duraron dos días completos, además de la lectura del dictamen final el tercer día. Fotografía: Heriberto Paredes.

Los trabajos duraron dos días completos, además de la lectura del dictamen final el tercer día. Foto: Heriberto Paredes.

Recomendaron a la República de los Estados Unidos Mexicanos que detenga la permisión y complicidad en todos los ámbitos del Estado de la violación de los derechos mencionados; la implementación de marcos legislativos que salvaguarden y cumplan las disposiciones necesarias para lograr prevenir, perseguir y sancionar todos y cada uno de los delitos y violaciones a los derechos descritos contra la sociedad y los comunicadores; poner en marcha un marco legislativo para terminar con los monopolios mediáticos y promover la democratización de la comunicación mediática como servicio público que debe ser; derogar toda práctica y marco jurídico y legislativo que atente contra la libertad de expresión, el acceso y el derecho a la información, el libre acceso a internet y el derecho a la privacidad; que establezca y garantice la neutralidad de la red, protegiendo la participación y la conexión de carácter universal, libre y de calidad, sin discriminación, interferencia o limitación alguna.

Finalmente recomendaron a la sociedad civil mexicana no ceder en sus empeños de lucha por una democratización de la comunicación y la esfera mediática ya que, debido a la situación en la que se encuentra el país, los únicos espacios realmente democráticos y de restitución del valor de servicio público a la comunicación en México, son aquellos construidos y defendidos por la sociedad civil en su esfuerzo comunitario por recomponer el tejido social. También consideraron imprescindible que se fortalezcan las organizaciones y redes sociales existentes en el ámbito de la comunicación y la cooperación entre los diferentes sujetos que conforman el sector de la comunicación comunitaria y la generación de alianzas con cualquier actor que exprese su compromiso con la democratización de la comunicación en el país.

Consulta el programa completo

El miércoles 17, se presentó la acusación general y se abordaron los siguientes casos:

  1. Los monopolios mediáticos y la nueva legislación, por la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (AMEDI).
  2. Las luchas de los jóvenes por la libertad de expresión y contra la imposición mediática en el reciente proceso electoral, por la asamblea de posgrado del movimiento #YoSoy132.
  3. Medios, represión y despojo de tierras, por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
  4. Estigmatización de la protesta  estudiantil, por el Movimiento #Másde131 (Universidad Iberoamericana).
  5. Medios y ataque a los trabajadores, por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
  6. Mecanismos de la criminalización mediática, por Pablo Romo de Servicios y Asesoría por la Paz (Serapaz).

Mientras que el jueves 18 de septiembre se examinaron:

  1. Violencia contra periodistas, escenario y estadísticas, por redes de defensores de los derechos de los comunicadores.
  2. Casos emblemáticos de periodistas asesinados:  Regina Martínez y Gregorio Jiménez de la Cruz, por periodistas del estado de Veracruz.
  3. Violencia contra las mujeres comunicadoras, por redes de mujeres periodistas.
  4. Fallas en los mecanismos de protección a periodistas y persistencia de la impunidad, por la red Periodistas de a pie.
  5. Las radios comunitarias, panorama general y nueva legislación, por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
  6. Ataques a las radios comunitarias: el caso de Radio Tierra y Libertad, por Héctor Camero de Radio Tierra y Libertad.
  7. Los medios  libres. Por Radio Zapote.
  8. Restricciones y manipulación en Internet, por Alberto Esccorcia (ceineasta) y Primavera Tellez.

Finalmente el viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la deliberación de los jueces y se presentaron los resultados de la misma.