Por Camilo Pérez Bustillo
El estado mexicano y sus niveles de cumplimiento con la normatividad internacional de los derechos humanos acaba de ser sometido por la ONU, en Ginebra, al escrutinio dentro del marco del proceso conocido como el Examen Periódico Universal (EPU). Esta es la segunda ocasión que se aplica este mecanismo al caso mexicano (la primera fue en 2009).
El EPU tiene su origen en reformas al sistema de derechos humanos de la ONU en 2006, con el intento de fortalecerlo ante sus múltiples debilidades institucionales y creciente politización. Esta politización incluye la manipulación del tema por los Estados Unidos y sus aliados como reflejo de la llamada guerra mundial contra el “terrorismo” (o las “drogas”) y su recurso al terrorismo de estado, la tortura, y el intervencionismo como instrumentos habituales. Pero también incluye las impunidades acumuladas de violadores sistemáticos de estos derechos como China, Rusia, Siria, Irán, Israel, Colombia, y México.
La idea es que el EPU sirva como un momento integral de reflexión y debate nutrido por una serie de elementos que incluyen 3 tipos de documentación[1]: un informe nacional sometido por el estado bajo examen, otro presentado por la Oficina de la Alto Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (encabezada en la actualidad por la jurista sudafricana Navi Pillay) que recopila insumos proveídos por cada una de las instancias de la organización basadas en instrumentos específicos[2] o en relatorías o grupos de trabajo[3], y los presentados por organizaciones de la sociedad civil nacional, regional o mundial[4] . Se supone que haya un proceso de consulta, participativo, entre el estado y estos sectores previo al EPU, pero esto ha sido impedido en México por los intentos reiterados del gobierno de manipularlo a su antojo, culminando en la renuencia de la abrumadora mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) a ser cómplices con este tipo de maniobras.
La participación de sectores no gubernamentales durante el EPU se limita a la preparación de este tipo de documentación y a los intentos de incidencia informal que puedan realizar para influir a los gobiernos de los estados miembros, pues sólo se permite a los estados tomar la palabra durante la sesión dedicada al estado bajo examen. Las ONGs sólo pueden participar posteriormente cuando se someta a debate ante el Consejo de Derechos Humanos el informe documentando el proceso de examen y sus recomendaciones, que se realizará en marzo de 2014 en el caso mexicano.
Estas limitaciones estructurales reflejan el paradigma hegemónico de las relaciones internacionales, del derecho internacional, y de los derechos humanos, centrado en los estados-nación como protagonistas fundamentales y privilegiados. Dentro de este marco los derechos y las voces de los pueblos y de las personas son factores que además se asume más bien estorban y desestabilizan un orden ajeno a sus intereses. La soberanía en este contexto es principalmente estatal, no popular. Todo esto constituye el núcleo duro del sistema internacional contemporáneo, dónde sectores cómo los pueblos indígenas y los migrantes simplemente no pintan, o sólo marginalmente. Desde luego estos son también dos de los sectores más impactados por las violaciones generalizadas de los derechos humanos atribuibles al estado mexicano y sus cómplices.
El EPU es conducido por 3 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (47 de los 193 estados miembros) elegidos por azar, conocidos como la “troika” correspondiente; en el caso actual de México le correspondió este papel a Burkina Faso[5], Kazakhstan (de Asia Central, exURSS), y República Checa (exChecoslovaquia, exbloque socialista). Cualquier estado miembro de la ONU puede participar en la sesión de debate (de aproximadamente 3 horas y media de duración) dedicada a cada estado bajo examen. Aproximadamente 90 estados participaron en la sesión enfocada al caso mexicano, cada uno limitado por razones de tiempo a intervenciones de un minuto y 20 segundos (máximo).
Un contexto adicional para abordar el EPU y sus límites es el hecho de que en general el estado mexicano es uno de los estados más beneficiados por el mercado recurrente de las impunidades que caracteriza a la ONU. Este blindaje nace de la habilidad del régimen PRIista clásico (entre 1929 y 1994) y de su diplomacia para posicionarse como estado “progresista” y eventualmente “defensor” de los derechos humanos, hasta durante los peores momentos como el ´68 y el período de la “Guerra Sucia”, que coincidieron con el “tercermundismo” de Echeverría y López Portillo. Esto comenzó a sacudirse con la ola masiva de simpatía mundial con la rebelión zapatista a partir del ´94, y el impacto de masacres como Aguas Blancas, Acteal, El Charco, y El Bosque entre 1995 y 1998, y más reciente con los efectos de la “guerra” “anti-drogas” de Calderón y sucesos como la Masacre de San Fernando en 2010, las fosas comunes descubiertas en el mismo municipio, y la de Cadereyta en 2011, pero persiste. Es el mismo cinismo e hipocresía triunfalista que caracterizó las intervenciones del canciller mexicano José Antonio Meade en la sesión del miércoles.
La “vacunación” de México contra un escrutinio más independiente e incisivo de su récord de derechos humanos se refleja en la tendencia en ámbitos como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) a identificarlo con la defensa mundial y regional de los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes, dado su protagonismo como estado en la promoción de instrumentos y mecanismos dedicados a estos temas. Todo esto a la misma vez que muchos de los que trabajamos el tema de los derechos humanos sabemos que son precisamente los pueblos indígenas y los migrantes quizá los sectores más representativos de su vulneración generalizada.
Es muy difícil a la luz de este tipo de factores esperar mucho del proceso del EPU desde la perspectiva de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en México. Sin embargo la resignación es inadmisible ante la gravedad de este escenario en el México contemporáneo. Cada una de las menciones o alusiones hechas a este tipo de violaciones por los estados participantes aporta una gota a la oleada necesaria de indignación mundial que se requiere para revertir la correlación de fuerzas actual favorable al régimen gobernante en México.
Un ejemplo concreto es el tema migratorio. Tristemente no hubo una sola mención por ninguno de los estados que tomó la palabra de la Masacre de San Fernando (dónde murieron 72 migrantes en tránsito de 5 países: Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil, y Ecuador), ni de la búsqueda creciente por la verdad y la justicia de sus víctimas a través de espacios como el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y de instancias como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Pero si hubo una denuncia específica de la “criminalización de los migrantes en tránsito” en México, por Nicaragua, y reclamos afines de Noruega y de la Santa Sede. La postura crítica del Vaticano en este tema refleja el protagonismo en defensa de los migrantes del Obispo Raúl Vera y de los padres Solalinde y Pantoja, Fray Tomás, la Pastoral de la Movilidad Humana, los albergues, y Las Patronas, entre otros amenazados por estas actividades. La intervención del Vaticano sobre el tema también le da continuidad al compromiso solidario del Papa Francisco con los derechos de los migrantes, cuya visita sorpresiva a Lampedusa en julio- su primer viaje pastoral fuera del Vaticano- donde denunció la “globalización de la indiferencia” reflejada en el éxodo persistente, de migrantes africanos rechazados por Europa, resultó trágicamente profético ante el naufragio muy cerca de esa isla perteneciente a Italia, de una embarcación en octubre que resultó en la muerte de más de 400 migrantes de origen somalí y eritreo.
Esta insistencia transitoriamente llenó el vacío marcado por la ausencia y por ende silencio inexplicable, cobarde, de estados más directamente afectados como Honduras y El Salvador, y el mutismo en cuanto a este tema de otros como Brasil y Ecuador que participaron pero eludieron este enfoque, por desapego o ignorancia, o por conveniencia.
El aporte crítico adicional de Noruega fue especialmente significativo por la influencia distintiva que tiene este país en estos ámbitos por ser la sede del Premio Nobel de la Paz y de la Fundación Rafto pro Derechos Humanos (que le otorgó su premio considerado frecuentemente como precursor del Nobel a Don Raúl Vera en 2010, precisamente por su labor en defensa de los migrantes)[6], y por su insistencia específica en la necesidad de que el estado mexicano desarrolle una base de datos sobre migrantes desaparecidos y vulnerados en sus derechos en territorio mexicano. Nos toca darle seguimiento puntual a estas observaciones y asegurar su plena inclusión en el informe y las recomendaciones correspondientes, y en nuestros ámbitos transnacionales y entrelazados de reflexión, incidencia, y trabajo.
Otros estados más sorprendentes por su inconformidad con la complicidad del estado mexicano con violaciones graves de derechos humanos que tomaron la palabra con un sentido crítico fueron Suiza y República Checa. Tristemente aportaron muy poco en este sentido estados de los que hubiéramos podido esperar más por sus propios posicionamientos independientes, críticos, y muchas veces creativos en el ámbito de los derechos humanos como Bolivia, Ecuador, Cuba, y Venezuela.
Pero aún falta lo más contundente, cuando los pueblos tomen la palabra: desde abajo.
[1] Ver estos documentos en línea: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MXSession17.aspx en cuanto a México; en general: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
[2] enfocados a temas cómo derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales; sobre tortura, discriminación racial y contra las mujeres, derechos del niño, migrantes, desapariciones forzadas, y discapacidad.
[3] por ejemplo temas cómo pueblos indígenas, ejecuciones extrajudiciales, desplazados internos, etc.
[4] Incluyendo organizaciones como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Human Rights Watch, la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) de 71 ONGs mexicanas, etc.
[5] país de África occidental previamente conocido como la República del Alto Volta, fronterizo con Malí y Ghana, de mayoría islámica, excolonia francesa, pionero en el combate jurídico y cultural a la mutilación genital femenina prevaleciente en la región, tierra de origen del “Allende” africano, Thomas Sankara, dirigente socialista y panafricanista derrocado por un sangriento golpe militar en 1987 encabezado por su presidente actual, Blaise Campaore.
[6] además de ser uno de los países que más difunde fondos para programas de cooperaci{on con el desarrollo, el país con el nivel más alto de “desarrollo humano” según el índice del PNUD, y miembro de la OTAN.