Arara amarelha: pájaro sagrado que invoca la lucha por la libertad y la resistencia de los pueblos de la tierra. Como expresión espiritual, colectiva, histórica e inmaterial del bien común su canto es simulado por el instrumento percusivo de uso guerrero y espiritual ancestral de miles de indígenas de Abya Yala. Elaborado con una calabaza en cuyo interior guarda semillas, historias y cosmologías, su sonido reúne luchas y pueblos para la libertad contra toda opresión. No tiene dueño y durante los rituales pasa de mano en mano, enfatizando la colectividad y unión de la comunidad. Eso significa Marakaná.
20 de octubre de 2006. Cincuenta representantes de 20 comunidades indígenas de Brasil organizan el 1er Congreso del Movimiento Tamoio de Pueblos Originarios en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Al finalizar, una multitud sale con dirección hacia la el inmueble ubicado en Machado número 127. Caminan bajo una fina lluvia que ayuda a vaciar las calles del trayecto, lo que facilita la retomada, apenas sacudida por la sorpresa de dos vigilantes que asustados apuntan sus armas. Al dialogar con ellos, lxs indígenas explican que están regresando a casa de sus ancestros en una ocupación pacífica. Su nombre desde entonces será Aldea Marakaná.
De museo a universidad
Famoso por albergar al antiguo Museo del Indio de 1953 a 1977 –creado por Darcy Ribeiro– su historia se remonta al siglo XIX cuando fue construido por el Duque de Saxe en 1862 y «donado» en 1910 al Servicio de Protección a los Indios, órgano estatal creado en el mismo año bajo iniciativa del Mariscal Rondon, antecedente de la actual Fundación Nacional del Indio (FUNAI) con el objetivo de que el espacio fuera un área de preservación de la cultura indígena brasileña en una zona donde siglos antes habían sido expulsados indígenas tupinambás. Tras la transferencia del museo hacia Botafogo, en 1978 el edificio quedó en el abandono hasta la reocupación indígena.
«Cada día teníamos una batalla a vencer, durante siete años, para reivindicar los derechos indígenas del manejo territorial del inmueble, cuya área total es de 14 mil 300 metros cuadrados» comparte Urutau, indígena guajajara-tenetehara, profesor de lengua Guaraní-Tupí y miembro de la Resistencia Aldea Marakaná, colectividad que transformó aquella casona en ruinas en la primera Universidad Intercultural Indígena de Brasil capaz de promover el intercambio y transformaciones culturales a través de encuentros de diversas etnias para entablar un comunicación con la sociedad carioca.
Cada sábado las puertas se abrían para recibir a todxs aquellxs interesados en conocer la cultura indígena través del diálogo directo y no sólo por referencias y documentos que muestran una comunidad distante. Era en ese espacio que se impartían cursos de agroecología y cosmología de los bosques; se realizaban rituales como los círculos de mujeres y se enseñaban lenguas indígenas además de contar con un laboratorio de semillas, todo como parte del proyecto de universidad enarbolado y construido por el devenir de integrantes de los 305 pueblos originarios de Brasil quienes convirtieron el sitio en una embajada indígena.
Mónica Lima, perteneciente a la etnia manauara en la amazonia brasileña, se encuentra sentada en un sillón viejo, algo roído, en el interior de un cuarto semi vacío del Colectivo de Resistencia y Etnoconocimiento Social Cultural y Ambiental Cayuré en la zona norte de Río de Janeiro. Su voz, casi un murmullo, asesta con certeza los puntos claves de la lucha ancestral sobre la territorialidad en la ciudad. «Nosotros defendemos nuestro proyecto de educación libertaria en la Universidad Intercultural Indígena para la convivencia y autonomía como principios que ya operaba lazos internacionalmente; recibimos gente de Bolivia, de Ecuador, entre otros. Hoy continuamos en la lucha política, nuestra universidad sigue viva; damos clases en Cinelándia o en esta otra ocupación indígena que es CESAC, incluso en algunas universidades e institutos de la ciudad» menciona en referencia al trabajo posterior a las agresiones vividas entre 2012 y 2013 cuando la policía reprimió y arrebató el inmueble a lxs indígenas.
Resistencia indígena en la urbe de los megaeventos
Con la amenaza de la copa mundial de fútbol llegó el pretexto para que las empresas, en complicidad con el gobierno en sus tres niveles, comenzaran a ver con otros ojos el área. Los desafíos se intensificaron y se hicieron constantes las amenazas de desocupación para transformar aquel espacio en un estacionamiento, un centro comercial o cualquier otra cosa para generar lucro, excepto para aprovechamiento de lxs indígenas.
Desde 2012 el Complejo Marakaná, integrado por la Favela de Metro (que desde hace tres años aún alberga una decena de las más de 700 familias que resistieron las demoliciones y desalojos), la escuela municipal Friedenreich (décima mejor del país), el estadio de atletismo Célio de Barros y el parque acuático Júlio Delamare, además de Aldea Marakaná, resumían aquello que acontecía (y continúa) en la ciudad: el proceso de privatización y el autoritarismo con que era impuesto a la población mediante desalojos con violencia, destrucciones de viviendas y gentrificación de barrios y áreas para la especulación inmobiliaria.
Pese a los planes de demolición de dichos espacios, hechos públicos desde octubre de 2012 y que contemplaban la absurda cantidad de medio millón de reales, Aldea Marakaná y vecinos de aquellos lugares resistieron y se convirtieron en símbolo de lucha. El primer golpe a la ocupación llegó a principios de 2013, el 12 de enero, cuando lxs indígenas resistieron la tentativa de invasión de la tropa de choque de la policía militar de Río de Janeiro, quienes ilegalmente pretendían vaciar el recinto. Tras recular en aquella ocasión, regresaron el 22 de marzo.
Usando bombas de gas, balas de goma e incluso un arma ultrasónica (utilizada por primera vez para dispersar una manifestación en Brasil) contra niñxs, adultos y ancianos, el edificio con mas de 150 años de historia indígena fue desalojado para dar paso a un área de estacionamiento, ideada y ejecutada como parte de los planes del consorcio Maracaná integrado por la empresa favorita de políticos: Oderbrecht; IMX del empresario Eike Batista y el monstruo del espectáculo norteamericano AEG, que «ganaron» la licitación para reformar y administrar el área por las próximas tres décadas.
Al salir del espacio lxs indígenas rechazaron las mentiras del estado de Río de Janeiro, que prometió convertir el sitio en un «museo vivo de cultura indígena», con fecha de inauguración en 2015, así como la oferta de ser reubicados en Jacarepaguá. Aldea Marakaná fue uno de los primeros movimientos en ser violentados y no fue casualidad pues representaba un espacio político donde diversidad de grupos se encontraban, de ahí la rabia del entonces gobernador Sergio Cabral para destruirlo pues era un espacio de articulación política.
Según informes del Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Río de Janeiro, hasta junio de 2014 fueron removidas 3,507 familias (12,275 personas) de 24 comunidades por obras ligadas a los mega eventos deportivos que recibieron más de 2 mil millones de dólares para su ejecución. Mientras que otras 4,916 familias de 16 comunidades permanecen sobre amenaza de remoción. Tras la evidencia de las políticas de privatización de espacios públicos, que alimentan una sociedad elitista y desigual para implementar un gran proyecto de reforma urbanística y de exclusión social, las revueltas estallaron a mediados de 2013.
Fue en ese contexto que se concretizó la retomada de Aldea Marakaná el 5 de agosto y se reiniciaron las actividades culturales del espacio. Para septiembre, el magistrado del tribunal 7 de la Tesorería Municipal firmó una expedición que impidió la demolición del edificio además de establecer la entrega del área a los ocupantes indígenas. Pese a ello, el 16 de diciembre, los intereses empresariales utilizaron la violencia para en una nueva acción ilegal desplegar centenas de policías militares contra menos de 50 personas, golpeando y arrestando a la mitad para vaciar el inmueble.
Ante la inminencia del desalojo Urutau subió un árbol de cinco metros y se mantuvo ahí durante más de 26 horas en protesta por la acción violenta del Estado. Al final un equipo de bomberos consiguió retirarlo de su refugio y fue transferido a la 18va delegación policiaca. Resistencia, desobediencia y desacato fueron los crímenes imputados a todxs lxs indígenas; costumbre con más de 500 años.
Siete días después Urutau consiguió ingresar al predio para retirar sus pertenencias y registró la destrucción de la Aldea. Desde entonces el inmueble permanece ocupado permanentemente por la policía que aisló el área con patrullas y vallas.
Mónica retoma el relato sobre la desocupación. «En el momento del desalojo habitaban más de 17 etnias dentro de Aldea Maracaná, cada una con varios representantes. Hasta hoy el área continúa abandonada, tiraron árboles, construyeron un estacionamiento, derrumbaron el laboratorio de semillas y llenaron de asfalto la mayor parte del área. Tenemos desde fines de 2013 la sentencia de que somos nosotros quienes tenemos que llevar la gestión de aquel espacio, de acuerdo con nuestra cultura y costumbres y ¿quién cumplió esa sentencia del propio poder judicial? Nadie hasta hoy. Ese es el permanente estado de excepción».
Nuestro proyecto es político, pedagógico de formación que lucha por autonomía, autogestión; no queremos hacerlo dentro del estado, es nuestra acción directa. No estamos interesados en disputar ese poder porque queremos formar alternativas para el pueblo que ya está en la lucha. Los jóvenes van para las calles, porque el mismo joven que vive en la favela está luchando por sobrevivencia ante la violencia que sucede diariamente. La lucha en el campo ya sucede desde hace tiempo. Creo que todo eso se va a juntar en un momento como sucedió en junio de 2013. En estos tiempos de extrema violencia parece que el salto de consciencia surge de inmediato, usted tiene que escoger su lado, no se tiene mucho tiempo para pensar, pero si mira su identidad, su memoria, aquello dentro de cada uno, entonces entiende de qué lado está en esta lucha.
Territorialidad y estrategias de lucha
19 de abril 2015. «El territorio está en ustedes y ustedes están en el territorio» es una de las reflexiones en el contexto del acto por el «día del indio», conmemoración del colonizador que en su rampante hipocresía pretende disculparse por robar las tierras a sus ancestrales dueñxs otorgando un día «festivo» de consuelo.
A un costado del edificio de Aldea Marakaná, rodeado de patrullas policiacas, se suman activistas habitantes de favelas, anarquistas, estudiantes, medios alternativos entre otrxs, al legítimo reclamo de la lucha indígena en la ciudad. El ruido de un motor desde donde se amplifica la voz, esparce demandas de aquellxs silenciadxs durante siglos por una supuesta civilización que lucra incluso con la muerte. El sonido del maraká a la par invita a gritar en colectivo, hace el llamado a no olvidar y a denunciar al estado asesino que desde la simulación democrática pretende aprobar proyectos como la PEC 215 (para transferir del FUNAI al corrupto poder legislativo la competencia para demarcar tierras indígenas, unidades de conservación y quilombolas, herederas de las comunidades de esclavos libertos) la Ordenanza 303 (la cual permite nombrar como «naturaleza estratégica» proyectos hidroeléctricos y de minería en tierras indígenas sin consultar a los pueblos) y la PLP 227 (que busca permitir actividades de terceros en territorio indígena) entre otras estratagemas que representan la continuación del genocidio indígena en el siglo XXI.
Ash Ashaninka, perteneciente al pueblo del mismo nombre que no conoce fronteras entre Brasil y Perú, toma la palabra y traslada la batalla a nivel nacional. «Nosotros somos contra PEC 215, queremos la extinción de esa mafia implantada dentro del congreso que quiere robar la vida, privatizar el agua y destruir el suelo, los bosques». Mirando al piso convertido en un gris frio, espeta, «¿dónde va a estar el futuro de ustedes si todo va a ser asfaltado? ¿dónde vamos a conseguir comida, de donde vendrá el agua?» menciona en referencia a los intereses por detrás de los impulsores de aquellas modificaciones al área perteneciente a Aldea Marakaná, una muestra local de los planes que a nivel macro se pretende concretar al despojar a los indígenas de sus territorios.
Y qué decir de la flamante ministra de agricultura. La reina de la deforestación, Kátia Abreu, cuyo principal proyecto es impulsar el agronegocio con monocultivos y transgénicos (responsable del 23% del PIB brasileño) para superar a los Estados Unidos como mayor productor mundial de alimentos. Latifundista que afirma no existe más latifundio en Brasil, quien polemizó que para 2031 no existirán áreas para producción agrícola de mantener la creación de reservas indígenas. Eso a pesar de que el 48% de la tierra fértil en Brasil está en manos del 1% de la población, por supuesto, no indígena.
Desde el año 2000 la enmienda que ataca el derecho al territorio –expresado en el artículo 231 de la constitución de 1988– ha sido rechazada continuamente; sin embargo, frente al congreso más conservador del Brasil post dictadura, la amenaza a las poblaciones indígenas es cada vez mayor. Según la FUNAI existen aproximadamente 900 mil indígenas en un área menor a 107 millones de hectáreas de tierras reconocidas a los pueblos originarios, lo que equivale a 12.5% del territorio nacional; la gran mayoría, 98% de ese territorio está enclavado en la Amazonia Legal y el restante en otras áreas del país. Si se comparan esos números con las propiedades de los 46 mil mayores terratenientes en Brasil, según el apartado agropecuario del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, estos últimos explotan un área mayor a la indígena: mas de 144 millones de hectáreas.
En una realidad que niega derechos de terceros, en marzo de este año los latifundistas arremetieron nuevamente manipulando los aparatos gubernamentales. Y de nuevo encontró resistencia indígena.
«Nosotros estuvimos en el campamento indígena Tierra Livre en BrasIlia. Ahí protocolamos una modificación al Estatuto del Indio, ley 6001 del 19 diciembre 1973, en específico el artículo 32 que llamamos «Iniciativa popular de ley indígena». Todos nuestros parientes, nuestros pagés, firmaron esta propuesta de ley que decreta que las tierras indígenas serán autodemarcadas por nosotros los indígenas y la FUNAI cumplirá con los procesos administrativos para homologar las tierras. Nosotros ahora peleamos por construir esa ley contra esa grande corrupción y manipulación de las multinacionales que llegan con su idea de que necesitamos un desarrollo, ¿Pero para quién? ¿Quien lucra con ello? Los bancos, mineras, hidroeléctricas. ¿Cuándo el congreso va a demarcar tierra para nosotros si esperamos desde 1988?. El congreso es una mafia. La colonización no terminó; cambiaron a «república» pero continúa la misma cosa; coroneles, dictadores se transmutaron para parlamentarios y ahora están en el poder exterminándonos. Queremos investigación sobre enriquecimiento ilícitos, sobre las tierras que vienen robando, así como los asesinatos de nuestros familiares indígenas» exige Ash contra los abusos de ayer y hoy.
¿Genocidio sin fin?
La ocupación centenaria de Brasil sobre tierras de pueblos originarios siempre fue justificada por la vacua idea de que los indígenas no promueven desarrollo, pues esa leyenda está en el núcleo del país sudamericano: orden y progreso; letras con las que se ha legitimado el derramamiento de sangre. Al hacer un recuento de los crímenes contra la población indígena en Brasil durante las últimas décadas se encuentran datos horripilantes. Según la Comisión Nacional de la Verdad, durante la dictadura militar de 1964 a 1985, fueron asesinados 8,350 indígenas de 10 etnias.
Además de ello, entre 1969 y mediados de los setentas, la FUNAI mantuvo en silencio la existencia del «Reformatorio Krenak» y la «Hacienda Guarani» en el estado de Minas Gerais donde fueron presos mas de cien individuos de distintas etnias, oriundos de por lo menos 11 estados del país, por ser considerados «indios infractores». Aquellos centros eran controlados por policías militares que torturaban y obligaban a lxs indígenas a realizar trabajo esclavo. Ningún individuo o comunidad indígena fue indemnizado por aquellos crímenes y peor aún nunca hubo manifestación, mucho menos reconocimiento de parte del estado brasileño por la existencia de tales atrocidades.
Ya en 2014, bajo análisis de la información compilada por la Comisión Pastoral de la Tierra, las tentativas de asesinato de parte de empresarios, latifundistas y sus pistoleros contra indígenas, campesinos sin tierra y quilombolas aumentó 273% en comparación con el año anterior, arrojando un saldo de 138 asesinatos. El informe «Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil» elaborado por el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) apuntó un alza de 130% en el número de asesinatos durante 2015, lo que evidencia el aumento de los crímenes.
En una nota de mayo del presente año, el CIMI condenó los asesinatos de tres líderes indígenas en los estados de Maranhão y Bahía, además de enfatizar que los homicidios son alimentados por los discursos racistas proferidos por legisladores ruralistas, la paralización de los procesos de demarcación y la omisión a la protección de tierras indígenas por parte del gobierno de Dilma, en particular las decisiones del Supremo Tribunal Federal que anularon procesos administrativos de demarcación de tierras en los últimos meses; pese a ésto último la recuperación de tierras indígenas por pueblos como lxs mundurukú en el estado de Pará y lxs guaraní-kaiowá en Mato Grosso del Sur continúan por su cuenta pese a la salvaje reacción de los hacendados que en los últimos días de junio contrataron pistoleros para atacar las familias que habían comenzado a levantar sus carpas en las zonas retomadas.
Maraká en mano derecha, Ash bate con el fervor de la indignación. En su mano izquierda, resguarda los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pues el evento organizado por lxs compañerxs indígenas tenía como objetivo recaudar fondos para la realización de la Caravana 43 Sudamérica. «Estamos aquí pidiendo para que todos los indígenas de todos los países de América Latina nos unamos y digamos nuestra palabra: no aceptamos la cultura mercantilista de las empresas en este continente porque ellos destruyen lo mas precioso de las comunidades que son los bosques y las tradiciones culturales. Somos solidarios con sus familiares (Ayotzinapa) porque yo vivo como ellos sienten, porque al poco tiempo fueron asesinados cobardemente cuatro ashaninkas en el estado de Acre por la mafia de los madereros que son brasileños, son peruanos y así como yo pido la investigación y prisión por este exterminio también pido la prisión para esos empresarios que matan indígenas para robar nuestra madera, destruir los bosques, contaminar los ríos» grita Ash mientras su desahogo conecta a lxs presentes en una sola exigencia: justicia.
Si nos levantamos estamos listos para dar el primer paso.
Del culto al progreso a la catástrofe presente
Mónica continua la plática y contrasta la resistencia indígena con la sistemática violación de derechos en Brasil al mencionar los planes que desde Río de Janeiro son una pequeña muestra de la tormenta que se aproxima bajo el avasallador desarrollo. «La lucha indígena tiene en Brasil más de 514 años y nuestra sola existencia como pueblos originarios es una negación a la sociedad capitalista. Nosotros somos libres. Nosotros no concordamos con vivir de acuerdo a esa sociedad que esclaviza a las personas y por eso somos tan peligrosos, por eso las sociedades totalitarias tienen la necesidad de destruir nuestra cultura» afirma como introducción a su charla y ejemplifica: «Ese modelo de ‘desarrollo’ que aprisiona, no sólo aquellas que están en cárcel, sino también esa enorme cárcel que es la sociedad toda con máquinas, tarjeta de crédito, televisión. Son muchas las comunidades indígenas y no indígenas que están siendo expulsadas de su territorio. porque el capital avanza en la búsqueda y expropiación de territorios. Hoy en Brasil muchas comunidades están siendo asesinadas por eso, inclusive necesitan hacer su resistencia armada y defender lo suyo porque para ser libre la gente necesita tierra, para tener autonomía necesita tierra».
Pero el plan desde las esferas gubernamentales apunta a otra dirección. Después de la desilusión de ser nombrada «la sexta economía mundial» en 2011, resultado del boom de las materias primas y las crisis financieras globales, Brasil vive ahora inserto en un declive económico y social, mientras en paralelo es sujeto de un papel subimperialista con intereses de capital extranjero, principalmente proveido por China.
En 2014 los créditos del gigante asiático a América Latina llegaron a los 22 mil millones de dólares, 71% más respecto al 2013, suma que superó los créditos que la región recibió en conjunto del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo el mismo año y sólo en 2015 el primer ministro chino anunció la inversión de 50 mil millones de dólares en infraestructura brasileña.
La fiebre de las construcciones se ha esparcido en la zona litoral para la extracción y exportación de petróleo, hierro, acero y otros commodities. Desde junio de 2010 opera la planta siderúrgica de Thyssenkrupp que produce cinco millones de toneladas de acero al año, las cuales son embarcadas directamente hacia Estados Unidos y Alemania –la cual pretende aportar su cuota al saqueo de bienes con el inicio de operaciones, en la segunda mitad de 2015, del Super Puerto Sudeste en la Bahía de Sepetiba que podrá movilizar hasta 50 millones de toneladas de acero por año, pues estará conectado con infraestructura carretera para unir las principales regiones extractivistas de Minas Gerais y al centro del país, con el Atlántico.
El afán extractivista y sus consecuencias devastadoras del medio ambiente puede demostrarse con el crecimiento exponencial en la obtención de petróleo en aguas profundas: el famoso pré-sal mediante el cual Brasil obtiene 800 mil barriles de petróleo diarios, la mayoría provenientes de las cuencas de Santos en São Paulo y Campos en Río de Janeiro, prueba del desdén en las consecuencias y transformación del litoral brasileño que se expande desde Espíritu Santo hasta el extremo sur del país, condenando a ecosistemas y comunidades enteras a la devastación.
Todo se expande hasta el estratégico Puerto de Açu, al norte del estado de Río de Janeiro, emprendimiento iniciado por el ex billonario Eike Batista, acusado de delitos financieros en el manejo de sus consorcios, la mayoría de ellos del sector energético, que pretende transportar por año: 100 millones de toneladas de fierro, 70 millones de m3 de petróleo, 30 millones de toneladas de productos siderúrgicos y más de 12 millones de toneladas de carbón.
Por si fuera poco, aquel punto en Río de Janeiro es el lugar de inicio de una ruta de 5,300 km de una vía férrea que pretende conectar el atlántico brasileño hasta el pacífico peruano. Proyecto promovido por el Banco de Desarrollo Chino que pretende atropellar una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo y que es, junto al proyecto del canal de Nicaragua y las inversiones en caminos fluviales en Colombia, la apuesta china para asegurar el despojo de bienes comunes en América Latina. «Todo para la producción de energía. Y dentro de este plan también encontramos las hidroeléctricas sobre todo en la región amazónica, norte y nordeste», añade Mónica indignada ante el tamaño de las pretensiones por extraer hasta la último ápice de lucro en la Amazonia donde se pretende imponer 30 centrales hidroeléctricas, 11 de ellas dentro de territorios indígenas.
«¿Cómo un indio va tener tierra que tiene tantas cosas para que el capital explote? Esto es producto de los modelos de desarrollo que vienen de IIRSA y aquí en Brasil el Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC)» refiere Mónica acerca del patrón de violencia del estado brasileño impuesto bajo megaproyectos y usurpación de recursos públicos destinados a gigantescas obras de poderes económicos locales y extranjeros. Desde 2007, el gobierno federal a cargo de Lula ejecutó el plan que ahora se encuentra en la «segunda fase» de inversión en infraestructura, mucha de la cual provoca desplazamientos forzados, desviación de dinero público y ganancias exorbitantes a patrocinadores e inversionistas.
Fue el inicio de un programa para avanzar en la obtención de energía; logística para transportar mercadería sin importar las personas: puertos, carreteras, ferrovías para transportar nuestra sangre, aquello que es retirado de nuestras tierras, nuestras vidas y nuestro trabajo. Porque no es sólo la población indígena que está siendo despojada, lxs no indígenas también están siendo esclavizadxs y explotadxs.
Mónica hace una pausa en su análisis frente al desastre.
Por mientras la lógica del dinero invade Río de Janeiro preparando el terreno para otro de los mega eventos que venden e imponen una falsa idea de progreso. «¿Qué ganamos con la Copa del Mundo? ¿Y ahora que habrá con las Olimpiadas? Lo que ganamos fue represión de Estado. Aquellxs luchadores en la calle defendiendo los derechos sociales, la justicia, en defensa del medio ambiente; lo que obtuvimos fue represión, prisión y muerte porque el estado de excepción ya sucede en muchos lugares; muchos de nuestros compañeros están presos, otros viven forajidos. Tenemos 23 procesados, son varios los métodos que amenazan a los activistas,todos ilegales pues es un modelo en el que el estado de excepción acontece en tantos lugares y espacios mientras vivimos una democracia velada, falsa, que no existe porque lo que vivimos es la dictadura del capital que viene avanzando».