El río de la vida: defensa comunitaria contra hidroeléctrica El Quimbo

Por Lucia Ramírez y Aldo Santiago*

Documental «Tierra de los Amigos» de Carolina Caycedo

El Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, que contempla la construcción de 38 «microrepresas» es una propuesta que busca «eficientar» los 1,500 km de la cuenca más importante de Colombia, colocarlos al servicio de intereses comerciales y de generación de energía para alimentar futuros proyectos extractivistas en la región. Para la Asamblea de Afectados por el Quimbo (Asoquimbo) este plan «se trata de la privatización y el despojo de las comunidades para favorecer los intereses de las corporaciones transnacionales, por medio de la extracción de nuestros recursos naturales y la construcción de nuevas represas que afectan la Cuenca Alta del Río Magdalena y fuentes hídricas de la mayoría de municipios del centro y sur del Huila», en donde ya avanzan los proyectos de Isnos, Guarapas, Chillurco, Oporapa, Pericongo, Paez, Aranzazu, La plata y Paicol, además del Quimbo que representa la obra más grande en la historia del sureño departamento y que se avista como una parte del «Eje Andino» dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

Corporación Autonóma Regional del Río Magdalena (Cormagdalena) e Hydrochina fueron los principales impulsores del proyecto, quienes desde 2012 gestaron actividades para integrar la creación de múltiples represas desde donde nace el río en el Macizo Colombiano hasta Bocas de Ceniza en el Caribe donde desemboca, todo operado por la empresa dueña del Quimbo, el gigante energético italiano Enel-Endesa (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, la multinacional generadora de energía más grande de Latinoamérica) a través de su subsidiaria colombiana Emgesa y otras empresas contratistas que recibirán apertura para trabajar en este proyecto, tales como Navelena, consorcio integrado por la brasileña Oderbrecht (empresa envuelta en casos de corrupción dentro del gobierno de Dilma Rousseff) y la colombiana Valores y Contratos (Valorcon) el cual se encargará del dragado y encauzamiento del río, contrato que deberá cumplir por 13 años y medio, por el cual recibirá más de 2 billones de pesos.

Paralelamente desplazará a todas las poblaciones ribereñas para ocupar los terrenos y avanzar en la construcción de una hidrovía para el tránsito de buques. Se espera que en el primer año de su operación ya estén las condiciones para que haya un transporte fluido de carga en los 652 km desde Barrancabermeja hasta Barranquilla. La meta es que se puedan movilizar convoyes de 7.200 toneladas; desde Puerto Berrío hasta Barrancabermeja de 6.000 toneladas y de Puerto Salgar a Puerto Berrío de 800 toneladas cada uno y con ello pasar de 1,2 millones en el 2014, hasta 6 millones de toneladas anuales de los bienes comunes para exportación. La hidrovía responde a una estrategia de competencia contra los canales acuáticos existentes, los cuales sirven para el tránsito de mercancías, tales como petróleo, madera y otros recursos que serán también saqueados de los territorios del sur colombiano que resguarda una riqueza cultural y biológica apreciada por el planeta entero.

En el 2007 y bajo la presidencia de Álvaro Uribe, se entregaron 9 mil hectáreas a la empresa Emgesa como utilidad pública sin que se haya siquiera aprobado la nueva licencia ambiental para la construcción de la represa.

La represa tendrá una cortina de 120 metros de altura y 600 metros de ancho, en un embalse al río Magdalena que afectará a más de 16 comunidades del departamento del Huila.

El Proyecto hidroeléctrico el Quimbo ya había sido propuesto ante el ministerio de ambiente de Colombia desde el 1997, año en que fue rechazado debido a la gran cantidad de tierras agrícolas que inundaría.

El proyecto hidroeléctrico del Quimbo es una de las represas que formará parte del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena y que ha sido rechazado por las comunidades que se vienen sumando a la resistencia civil por la defensa del territorio.

La Jagua es una comunidad asentada en el cruce de las aguas del río Yuma (Magdalena) y Cuacua (Suaza), lugar ancestral de encuentro, intercambio y paso de culturas milenarias como los pueblos Nasa y Tama, y es uno de los seis municipios que será afectado directamente por la imposición de la represa del Quimbo y que junto a pobladores de Hobo y Gigante han emprendido fuertes procesos de organización de base, como la creación de la organización juvenil Jaguos por el territorio que hacen parte de la Red de Defensa del Río Magdalena y que han llevado a cabo resistencias con acciones directas como la toma en abril de 2013 de tres fincas, compradas y abandonadas por Emgesa, para volver a cultivar frijol y maíz en ellas, hasta que a finales de septiembre del mismo año el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) desalojo violentamente a las familias que habían ocupado las tierras.

La constructora de la represa ha levantado una cortina de 120 metros de altura y 600 metros de ancho, en un embalse al río Magdalena que afectará a más de 16 comunidades del departamento del Huila, y que se trata del tercer proyecto de generación de energía más grande dentro del plan de expansión definido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el período 2014-2019, después de Hidrosogamoso, construida en el Departamento de Santander.

El Proyecto hidroeléctrico del Quimbo ya había sido propuesto ante el ministerio de ambiente de Colombia desde 1997, año en que fue rechazado debido a la gran cantidad de tierras agrícolas que inundaría; sin embargo 10 años después y bajo la presidencia de Álvaro Uribe, se entregaron 9 mil hectáreas como utilidad pública sin que se haya siquiera aprobado la nueva licencia ambiental; tampoco se llevaron a cabo procesos de información o integración de la comunidad sobre este proyecto que cambiará radicalmente su vida y territorio.

Después del manejo inadecuado de miles de piezas arqueológicas; tras la advertencia sobre las fallas geológicas en la zona de la represa y pese a los desalojos de campesinos de seis municipios donde pasa la construcción (además del derrame de un líquido contaminante que afectó los alrededores del río), a partir de la madrugada del 30 de junio de 2015 comenzaron a ser inundadas 8 mil 586 hectáreas del centro-occidente del Huila. Seis años después de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) permitiera la construcción de la hidroeléctrica, se comenzó a llenar el embalse en una maniobra que supuestamente duraría 30 días.

Como resultado de un proceso judicial iniciado por piscicultores bajo las implicaciones en la contaminación del agua, el 4 de julio Cormagdalena interpuso una medida preventiva que suspende el llenado del Quimbo. «La Corporación, haciendo uso de su facultad de prevención, ha interpuesto una medida preventiva que corresponde a la suspensión de la actividad de llenado hasta tanto no se garantice el retiro de la biomasa en el área del vaso del embalse», pues se consideró que la descomposición de la vegetación generaría falta de suministro de oxígeno para las especies y permitiría la emisión de gases fétidos, lo que provocaría una condición ambiental crítica pese a la anuencia de la ANLA que otorgó la licencia a favor de EMGESA.

Por su parte Asoquimbo anunció que para el 10 de julio se realizará en todo Huila una marcha en contra del llenado de la represa que traerá una crisis social, ambiental y económica. La inundación hará desaparecer un valle con toda su riqueza geográfica, de flora y fauna, arqueológica, agrícola, ganadera, pesquera, de infraestructura, social y cultural. Bajo el agua quedará el territorio que un pueblo cobijó por siglos y los bosques ribereños que constituyen parte del patrimonio biológico de la humanidad, tales como los bosques secos tropicales, actualmente en peligro de extinción en América. Con ello se avecina la destrucción de la estructura económica, social y natural; el desplazamiento de la población está dando espacio a esquemas más desiguales para todos en dicho territorio. La disolución de las economías locales y la pérdida de la soberanía alimentaria son algunos de los temas que más preocupan a los habitantes del Huila y sobre todo a los ribereños del río Magdalena, quienes ya están viendo cambiar sus modelos de vida y sustento al ser sacados de sus territorios y ser obligados a buscar oficios distintos al cultivo de alimentos, ya que los terrenos más ricos para la labor de la agricultura están siendo cedidos a la actividad devastadora de las transnacionales.

Ese panorama ya ha sido constatado en la amarga experiencia con la construcción de la represa de Betania en 1987, la cual ha dado elementos suficientes a la población para mirarse en el espejo de una comunidad vecina cuyo futuro ya es desolador y en donde prima la marginación y empobrecimiento de las comunidades. Se argumenta que la construcción de la represa elevará la seguridad energética y la estabilidad del sistema eléctrico colombiano y aportará significativamente a la autosuficiencia energética del país. Esta central hidroeléctrica, primera construida por una empresa privada extranjera, promueve atender el 8% de la demanda de energía del país. Establece además que este embalse «uniproposito», podrá ser compatible con otras actividades como la piscicultura y el turismo, las cuales impulsan y complementan la apuesta productiva del Huila.

Sin embargo, los habitantes agricultores y pescadores, que ya están constatando las mentiras y afectaciones que la construcción de la central hidroeléctrica está trayendo al departamento, aseguran que estás promesas de desarrollo representan un elemento de división y falsa realidad. Ante ello, construyen amplios cuestionamientos sobre el modelo de desarrollo impulsado por los gobiernos, que de la mano de las transnacionales, generan e imponen proyectos que dañan los derechos colectivos e individuales de las comunidades y que no traen beneficios sino graves consecuencias para sus habitantes. Entre las consecuencias negativas, hemos constatado en voz de los pescadores, que la energía generada por las centrales no dejan beneficio económico, ni de abastecimiento del servicio eléctrico en mejores condiciones para las familias. Pudimos constatar que muchas de las casas de los ribereños no cuentan siquiera con servicio eléctrico, al no poder cubrir las cuotas de cobro que se establecen; por ello simplemente viven endeudados y con la suspensión de energía en sus hogares.

Además, los pescadores de la zona se han visto gravemente afectados y han denunciado estar padeciendo hambre, ahora que, por efectos de los trabajos sobre el río escasea el pescado en el afluente más importante del país. Una familia de pescadores que acampa a 300 metros de la cortina del vaso de la presa nos ha dicho que «los pescados tienen miedo, ya no suben a desovar a las cabeceras del río por temor, el río está muy revuelto». Asimismo nos han narrado que «el agua se está muriendo» en la parte donde es construido el muro, ya que se obstaculiza su libre fluir y con ello se vive una grave situación de hambre y pobreza que se extiende en toda la zona de afectación de la represa.

La energía generada por las centrales hidroeléctricas generalmente no dejan beneficio económico, ni de abastecimiento del servicio eléctrico en mejores condiciones para las familias que padecen las afectaciones de su construcción.

Los pescadores de la zona se han visto gravemente afectados y han denunciado estar padeciendo hambre, ahora que, por efectos de los trabajos sobre el río se está escaseando el pescado en el afluente del gran río Magdalena.

El gobierno nacional, utiliza el hostigamiento y la acción represiva del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD para tratar de desmovilizar las intenciones de oposición a los megaproyectos que se extienden por el departamento y el país.

Contra la «locomotora minero-energética»

En la aplicación del Proyecto hidroeléctrico del Quimbo, como en todos los planes minero-energéticos que se imponen en el país, se han presentado irregularidades frente a la consulta previa, libre e informada y los planes de manejo ambiental pasando por encima de los derechos de los pueblos, así como por los pactos y normas internacionales como el convenio 169 de la OIT y de la consulta previa, asumidos por el Estado colombiano en el sistema internacional. El gobierno nacional utiliza el hostigamiento y la acción represiva del ESMAD que con armas de fuego y gases lacrimógenos amedrentan a los campesinos, pequeños mineros artesanales, pescadores y demás habitantes de la zona para tratar de desmovilizar las intenciones de oposición a los megaproyectos que se extienden por el departamento y el país entero.

En hechos que se vienen presentando desde febrero de 2014, el gobierno ha emprendido acciones en contra de las comunidades que se han organizado para buscar una solución a las problemáticas generadas por la imposición de megaproyectos de extracción y represas en la región del Huila. Pretendiendo acallar las voces de miles de campesinos y pobladores, implementa mecanismos de fuerza y militarización de los territorios, a fin de salvaguardar los intereses de inversión, incluso por encima del bienestar general y decisión de los habitantes.

En la región del Huila y distintas partes de Colombia se gesta un movimiento de rechazo a los proyectos que pretenden represar los ríos para la producción energética a gran escala, muestra de ello es el derecho cívico que se ejerció en la comunidad de la Jagua, en donde, Asoquimbo convocó a una jornada por los «Ríos Vivos, pueblos libres» que contó con la participación de niñxs, jóvenes, adultos y mayores de las comunidades de La Jagua, Tarqui, Oporapa, Guadalupe Huila, Majo, Palacio, Jagualito, Garzón y Sartenejo para manifestarse colectivamente en desobediencia civil y exigir la nulidad de la licencia ambiental, además de la derogación de una orden de desalojo que pretendía desplazar a las comunidades en donde está ubicada la represa.

La exigencia fue apoyada por distintos bloqueos y actividades que se llevaron a cabo en otros puntos de la construcción de la represa, en las comunidades de Balseadero, Hobo, la Honda y el Colegio. Con estás acciones se pretende fortalecer y dar a conocer la solicitud de desacato que Asoquimbo ha interpuesto contra el proyecto hidroeléctrico, ante el incumplimiento por parte de la empresa Emgesa a la sentencia T-135, además de informar al país y al mundo la manera impune y violenta con que la transnacional, al amparo del estado colombiano y sus fuerzas represoras de seguridad, hostigan, amedrentan y desalojan a una población que busca el cumplimiento pleno de sus derechos fundamentales a ser consultados sobre los proyectos que sobre su territorio se van imponiendo y sobre todo el derecho a gozar de un ambiente sano en un espacio de amplia diversidad como lo es el departamento del Huila.

Los campesinos y vecinos manifestantes, expresaron a 21 días del bloqueo a finales de 2014:

«A 21 días, seguimos en resistencia. Evitamos una orden de desalojo de via ordenado por la Alcaldía de Garzón. La orden de desalojo beneficia la empresa EMGESA, pero no a los campesinxs que protestamos en nuestro derecho constitucional ante la falta de cumplimiento de Emgesa y la nula garantía del sistema judicial regional del Huila. Por primera vez marchamos en protesta pacífica por las calles de La Jagua, y tuvimos un bello encuentro con los niñxs de la escuela, quienes con sus maestras nos mostraron su solidaridad! Nos acompañaron ciudadanxs de La Jagua, la parroquia de La Jagua, y el movimiento Rios Vivos, compañerxs de Antioquia, Cauca, Santander y el Bajo Sinú, quienes nos contaron sus experiencias ante megaproyectos hidroeléctricos. Por parte del Gobierno estaba una representante de la Alcaldía quien nunca aclaró su nombre, Defensoría del Pueblo, Policía, ESMAD, Secretaría de Familia, y Procuraduría. Los firmantes del despeje/desalojo nunca pusieron la cara. Aquí estamos y aquí nos quedamos.»

Al cumplirse el día 25 de resistencia y reiterados intentos de desalojo se levanto el campamento pacifico que exigía la aceptación formal del desacato que la empresa ha hecho de la Sentencia T-135, mediante la cual la corte constitucional ha requerido la construcción de un nuevo censo de afectados a fin de hacer prevalecer el respeto a los derechos humanos en las comunidades. En voz del movimiento Asoquimbo se mantuvo la posición firme de exigir la suspensión de el proyecto hidroeléctrico el Quimbo y al mismo tiempo convocar a la construcción de una mesa nacional para discutir y abordar los impactos de las políticas producto de la «locomotora minero-energética» impuesta en Colombia.

Por las obras que se realizan sobre las riberas de los ríos se pone en peligro a la fauna y flora endémica de los ecosistemas de bosque seco tropical que actualmente se encuentra en peligro de extinción.

Las redes de los pescadores se dañan fácilmente en los afluentes del río Magdalena debido a los residuos sólidos y de materiales que se han vertido en el cauce.

Espejo de la represa de Betania en el Hobo, hace 30 años viven con las afectaciones que les dejo su construcción. Mostrando al resto del departamento el desolador futuro que traerán consigo estos proyectos de apresamiento del río.

Propuestas en defensa del territorio

Ante el desastre de los de arriba, habitantes de la región han emprendido creativas formas de contrarrestar y detener estos múltiples efectos negativos que la represa ya está extendiendo en el territorio; ejemplo de ello es el surgimiento y participación de colectivos e individuos que se han activado alrededor de propuestas regeneradoras de los lazos comunitarios, la tierra, el territorio y el agua y que buscan restituir una relación más armónica entre el entorno, las personas y la naturaleza.

A través del proyecto Geocoreografías, jóvenes de la región que será impactada por la construcción del Quimbo se han dado a la tarea de construir artísticas y performativas actividades de resistencia, en donde el arte, la cultura, la comunicación y la expresión son un elemento fundamental para visibilizar las problemáticas, informar, sensibilizar e iniciar procesos de reconocimiento, valoración y apreciación de la diversidad cultural y natural que caracteriza a esa zona del país y que es parte fundamental de identidad y modos de vida de los pueblos del Huila. Pintando piedras, murales, mantas, realizando obras de teatro, danzas, caminatas, campamentos y performances, construyendo fotografías colectivas, actividades deportivas, recreativas y espirituales es que integrantes de Jaguos por el territorio, la Red Pitayó Juvenil, articulados a Asoquimbo e integrantes del Movimiento Ríos Vivos Colombia, se encuentran despertando nuevas posibilidades de defensa pacífica de los bienes comunes naturales y mostrando al Huila, Colombia y el mundo nuevas formas de reapropiación del territorio y de relaciones que lleven a defenderlo y buscar proyectos alternativos en sus comunidades y las áreas naturales de reserva.

Con todo lo anterior, las comunidades y organizaciones del Huila han llevado a la necesidad de responder a la interrogante de si es la central hidroeléctrica del Quimbo un “Mecanismo de Desarrollo Limpio”. Esa es la pregunta que surge entre los distintos sectores del departamento al ver las intenciones del gobierno de Colombia de negociar la represa como un MDL ante organismos internacionales al tiempo que se mira la degradación de uno de los ecosistemas más vastos del planeta, mintiendo además sobre el destino de la energía eléctrica que se pretende vender a Ecuador, Venezuela, Panamá y Centroamérica.

La empresa Emgesa, Endesa, pasó de un presupuesto de 837 millones de dólares para la construcción de la obra a 1.093 millones, por un sobrecosto en el rubro de las compensaciones sociales y ambientales e incrementos de rediseño que se ha tenido que hacer de acuerdo a la realidad que se impone sobre el proyecto.

La represa se encuentra sobre terrenos que presentan fallas sísmicas activas cercanas, macizo rocoso fracturado que podría poner en riesgo a la población y recursos naturales.

Organizaciones solicitan que la CIDH inste al Estado colombiano a cumplir obligaciones internacionales y declarar la moratoria de los proyectos minero-energéticos y la constitución de una Mesa de Trabajo con los afectados y autoridades.

La pared de la represa ha presentado diversos agrietamientos, por las condiciones inestables del territorio en donde se construido, por ello se ha retrasado la terminación de la obra, que esperan inicie el punto cero de generación de energía para el 2015.

El movimiento popular y campesino contra la operación del plan maestro de aprovechamiento del río Magdalena, que se ha articulado concretamente desde el rechazo a actividades de exploración y explotación de petróleo en Garzón y Gigante por Emerald Energy (también de capital chino), el respeto al cauce libre de los ríos y la búsqueda de experiencias de soberanía alimentaria, actualmente promueven la construcción de un Movimiento Nacional por la Defensa del Territorio que establezca moratorias claras para detener la locomotora minero-energética que avanza por todo el país y que propicie la construcción de modelos de desarrollo devenido de las propuestas comunitarias y en beneficio de los pueblos y no de los inversionistas extranjeros que ven en las laxas legislaciones y normas nacionales una oportunidad para ejercer actividades de rapiña sobre los bienes comunes naturales.

La empresa Emgesa, Endesa, pasó de un presupuesto de 837 millones de dólares para la construcción de la obra a 1.093 millones, por un sobrecosto en el rubro de las compensaciones sociales y ambientales e incrementos de rediseño que se ha tenido que hacer de acuerdo a la realidad que se impone sobre el proyecto y la naturaleza, a la que ha llegado a suplantar con un modelo de vida que se rige bajo leyes distintas a las del mercado y sus sistemas de producción de bienes.

Ante el aval que el gobierno otorga a la empresa por encima de la voluntad de los pueblos, las comunidades han decido fortalecer la organización local y regional, articulado a procesos de apoyo y defensa en el país entero para hacer conocer las contradicciones, infracciones a la ley y atentado contra los derechos humanos y de la naturaleza que la operación del proyecto representa. Firmes en la idea de construir procesos de soberanía alimentaria y energética, los pueblos de las riberas avanzan.

*Con información de Caravana Climática