La impunidad como única respuesta a las violaciones a derechos humanos en México

El 23 mayo, en el Teatro de las Artes (CENART), se presentó “El Informe 2013: El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, por Amnistía Internacional México.

Daniel Zapico, director interino de Amnistía Internacional México, dio la bienvenida a las y los asistentes con las siguientes palabras “El informe de Amnistía Internacional llega en un período de transición en México, marcada por un cambio de gobierno que se concreto el 1° de diciembre, ésta es evidente en lo político por la existencia de un discurso público que “pretende” marcar distancia con los problemas en México en los últimos años, sin embargo la transición en materia de derechos humanos es mucho más lenta”.

Los mexicanos viven el hartazgo de escuchar discursos de funcionarios públicos sobre cifras y acciones que evidencian la ineficacia e impunidad de casos relacionados al uso excesivo de la fuerza pública, tortura, desapariciones forzadas, discriminación, secuestros y homicidios en agravio de activistas, comunidades indígenas, migrantes, mujeres y periodistas.

El informe de Amnistía Internacional de 2013, se divide en 7 temas que demuestran el constante agravio de los derechos humanos en México: seguridad pública, desapariciones forzadas, derechos de las personas migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, discriminación y violencia contra la mujeres y niños; y, por último, fuero militar.

El trabajo se contextualiza con datos cuantitativos: “…más de 60,000 personas muertas y 150,000 se convirtieron en desplazados a causa de la violencia asociada a las drogas (y lo peor) el 98% de los delitos quedaron impunes…” [ver “El Informe 2013: El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”.

Además, según Daniel Zapico: “(…) 26,000 personas desaparecidas entre diciembre 2006 y diciembre del 2012; 15,900 cuerpos sin identificar en morgues, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirma que no han sido identificados, además sin establecer las causas y responsabilidades penales”.

A manera de dar voz a las víctimas que acompañan organizaciones como la Asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Ana Luna Serrano, abogada dio el testimonio por la familia Acosta Luján y la tragedia que vivió en el 2011, que consternó a la sociedad del Estado de Nuevo León:

Gustavo Acosta Luján, joven de 31 años, se encontraba cuidando a su padre recién operado, quien se encontraba descansando en la planta baja de su hogar, mientras su familia estaba en la planta alta…entonces la familia escuchó balazos alrededor de la casa, estos resonaban cada vez más cerca, luego los balas comenzaron a impactarse en las paredes. Después, elementos de la Marina abrieron la puerta…, Gustavo preocupado por su familia, los recibe, ellos lo empujan y le dicen groserías, el joven levanta sus brazos y a pesar de su acción, él recibe dos disparos: en el hombro y en su frente, este último le quita la vida… su familia fue amenazada, torturaron a su hermano y se le atribuyó paquetes de droga. Al día siguiente, Gustavo es presentado ante los medios como uno de los delincuentes más buscados.

La tortura, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza son prácticas sistemáticas que laceran al endeble proceso de impartición de justicia en México. Para Ana Luna Serrano “(…) las pruebas obtenidas por los Ministerios Públicos bajo tortura, deben de carecer de validez”.

Daniel Zapico
Fotografía: Cesia Chavarría

Es en este punto que Daniel Zapico comenta que el ex candidato presidencial Enrique Peña Nieto se comprometió por medio de una carta a AI México -durante el proceso electoral- a “no tolerar la tortura, pero desde su llegada al poder, no existen políticas públicas para prevenirla” [ver reportaje, “Lo que deja la batalla de San Lázaro”].

Se reitera que el problema consiste en que existe una enorme desconfianza en las autoridades públicas federales, estatales y locales, por lo que, las organizaciones no gubernamentales a través de la documentación de casos, acompañamiento a víctimas, ayuda humanitaria e interposición de denuncias responden desde sus posibilidades a la falta de acciones justas en un sistema judicial decadente e ineficaz.

Por último, Alberto Xicoténcatl, Director de la Casa de Migrante Saltillo, enfatizó la gravedad en la violaciones a los derechos de los migrantes y sus defensores, quienes sufren un constante hostigamiento: “La sociedad civil está dispuesta a dialogar las veces que sean necesarias, el Procurador General de la República, el Secretario de Gobernación, Presidencia de la República a través de cartas internacionales conoce que en la ruta migratoria están extorsionando y aventando del tren a migrantes si no pagan $100.00 dólares de cuota”.

En los últimos meses, se han dado a conocer varias agresiones a migrantes en tránsito, ejemplo de ello es la noticia que se difundió el 1° de mayo, cuando  grupos criminales violentaron la integridad física de migrantes centroamericanos en la carretera de Barrancas-Cosoleacaque, Veracruz y donde las autoridades lo definieron como una simple riña. El 14 de mayo, nuevamente  cerca de 200 personas migrantes fueron agredidas en el tren carguero en la localidad de Tenosique, Tabasco. Lo que muesta la falta de interés y acción por parte de las autoridades. [Ver, “Comunicado de la 72: Una tragedia más en la ruta migratoria del Golfo, http://www.movimientomigrantemesoamericano.org/archives/2022]

En palabras de Alberto Xicoténcatl: “Ayer (22 de mayo) recibí una llamada de la Procuraduría del Estado de Coahuila, informándome del seguimiento de una denuncia por un secuestro y trata de migrantes que se interpusó en el 2008, ellos nos quieren dar a conocer que están trabajando, para mí es sólo una “justicia tardía y maquillada”.

Al concluir la presentación del informe, luego de tres sesiones de preguntas y respuestas, las y los asistentes aún no estaban conformes, había mucho por expresar y tratar de comprender ante la lamentable exposición de falta de legalidad a los procesos de impartición de justica del gobierno mexicano. Por lo que, Alberto Xicoténcatl, expresó “necesitamos hacer un llamado a la comunidad, que no se quede en olvido de la memoria histórica de los libros de texto, que demos voz y presencia significativa a estas personas que están siendo ejecutadas, desaparecidas y desplazadas”.

Alberto Xicoténcatl
Fotografía: Cesia Chavarría

Referencias

[1] “El Informe 2013: El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, Amnistía Internacional México [en línea], México, disponible aquí, [Accesado 24 mayo 2013].

[2] “Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos [en línea], México, disponible aquí [Accesado 24 mayo 2013].

[3] Paredes, Heriberto, “Lo que deja la batalla de San Lázaro” Subversiones [en línea], México, disponible aquí [Accesado 24 mayo 2013].

[4] “Comunicado de la 72: Una tragedia más en la ruta migratoria del Golfo, Movimiento Migrante Mesoamericano [en línea], México, disponible en http://www.movimientomigrantemesoamericano.org/archives/2022, [Accesado 24 mayo 2013].

[5] “Informe: Todos los Derechos para todas y todas” Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y La Organización Mundial contra la Tortura [en línea], México, disponible aquí [Accesado 24 mayo 2013].

[6] “El caso de Gustavo Acosta Luján, asesinado en NL por marinos, en agenda de la SCJN” La Jornada [en línea],  México, disponible aquí.

Por Cesia Chavarría