Mujeres comerciantes ambulantes indígenas

Por Itzayana I. Tarelo Licea

El gobierno del estado de Querétaro invierte miles de pesos al año en el embellecimiento del centro histórico, así como en políticas de turismo que se fundamentan en la satisfacción del visitante (ya que esta actividad económica representa un importante ingreso para el estado), dejando de lado a los sectores marginados. El falso escenario creado por el estado, es tan imperfecto que ya no puede ocultar los problemas tan visibles de pobreza e injusticia social que se pueden observar a simple vista, basta con salir a caminar para darse cuenta del gran contraste entre la imagen que se pretende proyectar y la realidad.

Existe un gran número de niños y niñas pidiendo limosna, así como mujeres que venden dulces, cigarros, figurillas de madera, entre otros objetos que transportan en un canasto. Por la noche, una vez que todos los locales comerciales han cerrado ya sus puertas, jornaleros, indigentes y comerciantes ambulantes provenientes de comunidades o estados aledaños buscan lugar bajo un techo para guarecerse y dormir, algunos acuden al albergue ubicado en la calle Guerrero en el cual pueden permanecer sólo por tres días, otros rentan cuartos en vecindades que se encuentran en un estado deplorable.

El Estado y el comercio ambulante

En el ámbito nacional de 1995 al 2003 el número de vendedores ambulantes aumentó en 53%, llegando a 1.6 millones de personas. Los vendedores ambulantes conforman uno de los grupos de ocupación con menores ingresos en el total del sector informal, ganando en promedio 2.1 salarios mínimos al día. Según el INEGI, en el 2003, existían en el país 1, 635,843 vendedores ambulantes.

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública CESOP las principales causas del incremento en el número de comerciantes ambulantes son: el bajo crecimiento económico, la baja creación de empleos, la persistencia de migración rural-urbana y los bajos salarios que ocasionan el multi-empleo. La razón central por la cual el Estado prohíbe el ambulantaje es que no contribuye al erario, es decir: evade el pago de impuestos, el pago de los servicios públicos e incumple con las leyes laborales. Señala también que el ambulantaje afecta a los comerciantes registrados (piratería), obstruye la vía pública, tiene bajo nivel de inversión, capital humano y productividad, genera empleo de mala calidad y no cuenta con con una relación obrero-patronal como la seguridad social y otras prestaciones. México ocupa el tercer lugar entre los diez países en vías de desarrollo con mayor número de vendedores ambulantes, de los cuales 44% corresponde al porcentaje de mujeres que se dedican al comercio informal.

Vicisitudes de las comerciantes

La regulación del comercio ambulante es un tema pendiente en la agenda del gobierno del estado de Querétaro, puesto que es un problema latente al cual no se le ha dado solución, al contrario cada día se acrecienta más. Comerciantes y artesanos provenientes de otros estados (principalmente de Oaxaca) y de distintos municipios (Amealco, Tolimán, entre otros), exigen que se dé solución a su problemas y se haga valer su derecho a ejercer una profesión, tal como lo señala el artículo 5º constitucional.

Las/os comerciantes ambulantes son víctimas de múltiples abusos y violaciones a sus los derechos humanos, que va desde discriminación racial, agresiones físicas y amenazas, ejercidas por parte de los inspectores municipales.

Una mujer indígena originaria de la sierra de Huajapan de León (zona mixteca) en Oaxaca, quien decidió mantener el anonimato por miedo a las represalías, ofreció su testimonio acerca de la situación a la que se enfrentan día con día las personas que se dedican al comercio ambulante en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, lugar en el cual se llevó a cabo su entrevista. Hace nueve años aproximadamente ella migró a la capital de Querétaro en busca de mejores condiciones de vida, a su llegada optó por trabajar como empleada domestica y cuenta que “entraba a trabajar a las ocho de la mañana y salía a las cuatro de la tarde. Me pagaban 50 pesos, lavaba ropa, trapeaba y limpiaba, también la gente abusa, pero ya mejor me compré mis dulces, ya así si vendo o no vendo, pues ahí los tengo, no les pierdo nada”.

Todos los días a partir de las tres de la tarde ella coloca su canasta de dulces sobre la banqueta y se sienta junto con sus dos hijos en la calle donde considera que transitan más personas. Durante los días que los inspectores municipales no la dejan vender, es decir los días que pasan con mayor insistencia a exigirle que se retire de dicho lugar ella gana alrededor de $80. Éste es el único ingreso económico con el que cuenta para pagar renta, alimentos y mantener a cuatro hijos, de los cuales dos acuden a la primaria.

“Yo les digo a los inspectores que si yo hubiera estudiado trabajaría en otra cosa, pero como no sé leer ni escribir, esta es mi única opción […] estoy como ciega porque no sé leer y eso es lo que ellos no entienden.”

“No somos delincuentes”

En el mes de diciembre del año 2011 circulaba en el internet un video en el cual se podía ver el forcejeo sostenido entre dos mujeres indígenas y seis inspectores municipales, cuando las primeras trataban de recuperar la mercancía que éstos les habían decomisado. Entre las mujeres se encontraba Silvia Flores Hernández quien es golpeada por uno de los inspectores, éstos hechos ocurrieron en plaza de armas el 9 de diciembrede aquel año. Afortunadamente un reportero de  Inqro.tv que iba pasado grabó con su celular el momento de la agresión y fue así que pudieron identificar a los victimarios.

De acuerdo con El universal en un artículo publicado el 15 de diciembre los inspectores fueron suspendidos temporalmente de sus actividades, por la presidente municipal María del Carmen Zúñiga, en cambio el periódico Libertad de palabra  el día 20 de diciembre menciona que circulaban rumores en cuanto a la posible reinserción de los inspectores municipales. Sin embargo no hay más información acerca del seguimiento de éste caso de iniquidad.

La mujer entrevistada considera que debido a la presión que sentía el gobierno por la prueba tangible de la violación a los derechos humanos de las comerciantes, decidieron bajar la guardia en cuanto a la regulación del ambulantaje. Sin embargo a partir del mes de noviembre, ella comenta que los inspectores acuden con mayor frecuencia a correrlos, “todavía nos pidieran en buena onda que nos vayamos, pero nos dicen palabras muy feas, yo les he dicho que no me digan así, porque a mi esas palabras no me gustan y yo les puedo también decir cosas más feas”. Además de los insultos con los que se dirigen a ellas hay amenazas de por medio, “me dicen que si no me voy me van a quitar la mercancía, yo digo ‘pues no es justo’, el otro día me dijeron que si no me iba de aquí me iban a quitar a mis niños y a veces si tengo miedo de mis niños que son lo que me importa, pero también aparte de eso tengo que salir a vender para comer”. Un vendedor ambulante proveniente de Amealco explicaba que “los inspectores con las mujeres son peores, las insultan […] con uno no tanto pero luego si no nos queremos ir nos amenazan”.

La declarante explica que el argumento dado por los inspectores municipales cada que acuden a decirle que levantara su puesto de dulces y se vaya, es que no cuenta con un permiso para comerciar, “yo les pregunto que donde puedo pedir uno, me mandaban a la presidencia, iba yo a la presidencia y nada, de ahí me mandaban bien lejos a quien sabe dónde y tampoco”. La situación a la que se afrontó ella para conseguir un permiso, el cual nunca obtuvo, es la misma que la de un gran número de comerciantes ambulantes. Es de éstas circunstancias desfavorables de las que muchas personas se aprovechan, como lo hizo Sergio Razo presidente de la organización de comerciantes Francisco Villa, él fue quien se encargó de asesorar a Silvia y a su compañera comerciante durante las demandas contra los inspectores municipales.

Sergio Razo de acuerdo con la mujer entrevistada organizaba juntas una vez por semana. A dichas juntas asistían alrededor de doscientas personas a las que Sergio les pedía una cuota de $10 pesos (por persona), en total el lograba recaudar alrededor de $2,000 semanales. Las juntas se realizaban bajo la promesa de dar locales a las/os comerciantes ambulantes. Para poder adquirir uno local, las/os comerciantes tenían que pagar $10,000 de enganche y $20,000 en abonos. La interlocutora decidió dejar de acudir a las juntas ya que después de nueve meses de pagar la cuota “dijeron que ya no se pudo […] No resolvieron. Hay varios que según les dieron un terrenito, creo que nomás les rifaron cinco por ahí, pero nos engañaron a todos porque dijo que iba a dar un terreno a cada quien y más, aparte un permiso a cada quien […] y digo ¿y el dinero que nosotros estábamos dando? Se fue así y no nos regreso ni un peso”.

Por si fuera poco, el señor Sergio Razo les pedía que apoyaran con su voto al que en ese entonces fuera secretario de gobierno, Roberto Loyola Vera, quien es ahora presidente municipal de Querétaro y al candidato a gobernador Calzada. De acuerdo con la declarante Sergio se acerco a ellas/os y les dijo “si ustedes votan les van a dar un permiso y les van a dejar vender si votan por este gobernador […] Pero fue de ahí donde juntamos muchas gente y no eran poquitos eran un montón de gente y todos fuimos a votar y no nos dejan vender para nada y eso es lo que prometió”.

Fuentes

• (2005 junio) Reporte temático núm. 2 Comercio ambulante. Centro de estudios sociales y de opinión pública. [PDF].
  
• Arreola Juan José (2011, diciembre 15) Cesan a inspectores por agredir a dos indígenas en Querétaro. El universal,En línea.
• Guadarrama Contreras (2011, diciembre 20) Querétaro: Piden justicia Indígenas. Libertad de Palabra, En línea.