El discurso “confuso”: ¿política de seguridad nacional o pública?

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Fotografía Karla H. Mares

Karla H. Mares

El día 28 de enero de 2013, diversos colectivos como “Ustedes Somos Nosotros”, “Soy Migrante”, “Cultura Migrante”, “Vía Clandestina VICLA”, Programa de Atención al Migrante de la Ibero (Prami), además de organizaciones como Movimiento Migrante Mesoamericano, “Ojos Ilegales”, “Vía Migrante” y las órdenes de Misioneros Oblatos de María Inmaculada y la Congregación de Hermanas Auxiliadoras reabrieron el Comedor del Albergue del hermano Migrante San José Huehuetoca, en el Estado de México luego de haber estado cerrado por dos meses.

Desde el año pasado, albergues y comedores del Estado de México, como la casa del Migrante San Juan Diego en Lechería y el Comedor San José en Huehuetoca han sido víctimas de la violencia que azota a todo el país.

A pesar de la constante denuncia por parte de organizaciones de la sociedad civil y activistas, las bandas del crimen organizado siguen extorsionando y controlando el paso de los migrantes con total impunidad. Se ha pedido en reiteradas ocasiones a los gobiernos municipales mayor presencia de las policías, sin embargo no se ha obtenido respuesta alguna.

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Fotografía Karla H. Mares

Lo más preocupante de la situación es que en el momento en que se suscita una riña a las fueras de algún albergue, como es el caso de la Casa del Migrante San Juan Diego, la policía interviene inmediatamente y “a solicitud de los vecinos”, teniendo como resultado el cierre del albergue, bajo el argumento de que genera inseguridad pública.

 

Se abren nuevamente las puertas del comedor de Huehuetoca no porque se haya logrado una intervención real del estado quién ni siquiera hizo acto de presencia con una patrulla que vigilara el comedor. Sino con la perspectiva de que el cierre de este tipo de espacios para migrantes significa dejar de brindar un lugar para dormir, bañarse o tomar alimentos; es decir la mínima ayuda humanitaria a los centroamericanos que pasan por México en su camino a los Estados Unidos.

Es importante resaltar que, en lo que va del año, por un lado se han intensificado las denuncias, señalando un estado de emergencia en la ruta migratoria, donde el crimen organizado amenaza y cobra a los migrantes por subirse al tren. Y por el otro, las posibilidades de que exista una reforma migratoria en los Estados Unidos comienzan a crecer.

Lo que conlleva a concluir, que el discurso del Estado en materia migratoria es confuso. A veces se actúa bajo el argumento de la seguridad pública, justificando de esta forma el cierre de albergues, y dando un paso atrás en el reconocimiento del derecho a defender y promover los derechos humanos de cualquier persona o grupo.  Y otras veces se justifica la política migratoria bajo una mirada de seguridad nacional, como el recién nombrado Director del  Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, aseguró el pasado jueves 17 de enero, “el fenómeno migratorio será abordado desde una perspectiva de seguridad nacional”.

Cabría preguntarnos ¿la migración centroamericana es amenaza a la integridad del Estado mexicano?

Si es así, si es que es necesario atenderlo como una problemática de seguridad nacional, ¿por qué en Estados Unidos pareciera que el tema comienza a discutirse sentando nuevas bases, mientras que en México se endurece la política, poniendo al frente del INM al excomisionado de la Policía Federal Preventiva -encargada de la misiva en San Salvador Atenco- y quién  cuenta con un amplio expediente ante las Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México por operativos arbitrarios, exceso de la fuerza pública, detenciones arbirtrarias, violencia y actos homofóbicos?

Fotografía Karla H. Mares

Fotografía Karla H. Mares

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