En el contexto del cambio de los gobiernos mexicano y estadounidense, organizaciones enfocadas en el tema de migración en ambos países se han unido para hacer un llamado urgente sobre las necesidades y retos que afectan a las familias y comunidades migrantes.
La Red Mexicana de Organizaciones y Líderes Migrantes, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes y la Asamblea Popular de Familias Migrantes se pronuncian en conjunto a través del documento que presentamos a continuación.
Madres centroamericanas rinden homenaje a los migrantes desaparecidos o muertos en su intento por lograr una vida mejor. Foto: Irineo Mújica
Migración y corresponsabilidad entre nuevos gobiernos de México y Estados Unidos
La crisis de la migración es el rostro humano de la crisis estructural que sufrimos los pueblos desde Meso a Norte América. Las personas migrantes, no obstante, se motivan por la esperanza y la confianza en sí mismos. Las migraciones crean comunidades transnacionales, y los migrantes aportan mucho a las sociedades de residencia y de origen. Con los nuevos mandatos tanto del gobierno de Estados Unidos como de México, este es el momento de asumir la corresponsabilidad gubernamental de generar el desarrollo local y regional con la comunidad migrante.
Las personas migrantes indocumentadas y documentadas mexicanas y centroamericanas, juntos con sus familias y comunidades de origen, están unidas en un proyecto trasnacional, el cual se basa en la defensa de sus derechos y su dignidad, la celebración de la diversidad en las sociedades dondequiera que vivamos, y en las aspiraciones de un desarrollo sustentable y justo, en particular en nuestros lugares de origen. Este es el proyecto del “buen vivir de las comunidades transnacionales”.
En política gubernamental se habla de la integración comercial de la región, pero la auténtica integración es la demográfica y sociocultural, la cual es debida a la migración, aún sin el reconocimiento de los gobiernos. Es irónico que los Estados criminalicen gran parte de esta movilidad humana tan importante para su sostén. Como un llamado a la justicia, los migrantes y sus organizaciones exigimos derogar las leyes que criminalizan la migración y fomentan la regularización de situaciones abusivas de los derechos de las personas mexicanas y de otras nacionalidades. Igualmente, hay que atacar los factores de expulsión de personas migrantes.
El gobierno de Estados Unidos de América (EUA) debe otorgar permisos a las 11 millones de personas sin documentos realizando actividades económicas y participando en la vida comunitaria en ese país. Por su parte, los gobiernos del sur deben replantear sus políticas de desarrollo para eliminar la necesidad de la emigración.
El futuro nos lleva a imaginar nuevas formas de cooperación intergubernamental, y las comunidades migrantes en todas sus dinámicas –emigración, inmigración, transmigración y en retorno – proponen e invitan a nuevas formas de ciudadanía adecuadas para nuestra región.
Una mayor integración del mercado laboral en Meso y Norte América, sin la explotación propiciada por la criminalización de la migración en EUA , va de la mano de un nuevo y fuerte impulso a las economías locales. Al reducir las enormes inequidades en la distribución de la riqueza, combatimos la primera causa de la migración forzada: el estancamiento económico en toda la región.
En cuanto a su derecho a la participación civil y política, la gente debe poder participar en sus lugares de destino y en sus países y comunidades de origen con los medios adecuados para reforzar la democracia participativa. Así la transnacionalidad aportará a la inclusión social, cooperación y corresponsabilidad en sus países de origen y destino. En lo referente a la participación social, lejos de operar solo para sí mismas, las organizaciones de migrantes están tejiendo alianzas con grupos estratégicos como son los defensores de los derechos humanos, las mujeres organizadas, los pueblos indígenas, el movimiento ambientalista, y otras expresiones de la sociedad civil. Así, su aporte es con un doble enfoque, hacia el sur y el norte y debe ser reconocido e impulsado.
Hoy, con la conformación de nuevos gobiernos en México y EUA, es oportuno reformular políticas que responden tanto a las demandas de seguridad en la movilidad humana como a las demandas en favor del desarrollo económico y social regional.
Los gobiernos de México y de los otros países principales emisores de migrantes deben:
- Instituir políticas con el criterio fundamental del derecho al empleo (no solamente el crecimiento del Producto Interno Bruto), y
- Privilegiar la participación económica, social, cultural y políticamente, de migrantes retornados y migrantes en diáspora.
Al mismo tiempo, en el principal país de destino, es urgente un programa de gobierno que incluya lo siguiente:
- Sumándose a políticas nacionales del sur y con la participación de miembros de la comunidad migrante, EUA debe hacer disponible a México y los gobiernos de Centroamérica, en proporción a los aportes históricos de migrantes, apoyos destinados a programas de desarrollo de las economías de origen.
- Se debe instituir una reforma educativa en EUA con el propósito de analizar la estructura de la discriminación, y también identificar las valiosas contribuciones, referente a las personas y grupos hispanos o latinos.
- Se deben ofrecer documentos legales de movilidad, residencia y trabajo digno a migrantes económicos, bajo el principio básico de que la integración del mercado laboral regional pasa por legalizar la movilidad laboral mientras crezca la economía formal mexicana y en Centroamérica.
Las voces expresadas por las organizaciones de migrantes son fundamentales en los espacios inter y transnacionales. Los gobiernos deben convocar para formar una comisión internacional para revisar los tratados, acuerdos y políticas públicas en la región, con el propósito de combatir la migración forzada.
Hoy estamos frente una injusticia socioeconómica de grandes dimensiones, que da lugar a serios agravios en contra de las personas migrantes y sin embargo, al mismo tiempo, la nuestra, es también una historia de actos de valor y liderazgo migrante.
En suma, superar la situación de marginalidad en la que se encuentran millones de migrantes pasa por (1) su reconocimiento en la sociedad, (2) políticas de reparación del daño, y (3) reformas institucionales para asegurar que no se repita.
El problema de la migración se convertirá en una oportunidad de participación para las personas migrantes cuando se genere, con la corresponsabilidad de los Estados de la región, un compromiso con el desarrollo económico-social de Meso y Norte América.