22 de julio de 2014, Distrito Federal. En conferencia de prensa, individuos y representantes de organizaciones sociales de distintos municipios de la costa y sierra de Michoacán, hicieron un atento llamado al gobierno federal para que libere al Dr. José Manuel Mireles Valverde, a quien consideraron como un preso político y de conciencia. Ana Valencia, esposa del líder de las autodefensas, aseveró que su detención, ocurrida el pasado 27 de junio en La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, responde a una traición, pues Mireles y sus hombres acudieron al llamado de los habitantes de la localidad costera con el acuerdo de los comandantes militares de la zona.
«Hay una familia que se quedó sin papá, pero la familia no era la familia Mireles Valencia solamente, era todo Michoacán, todo México, toda la gente que tenía una esperanza en un líder que no se escondía, y que hablaba derecho», dijo la compañera de quien hizo temblar al cártel de Los Caballeros Templarios, y profundizó: «Ya estuvimos mucho tiempo en un solo lugar sin avanzar, ahora pedimos que nos dejen avanzar. La persona que lo quiso hacer, está hoy en Hermosillo, Sonora, y no es justo. Entonces ahora venimos a pedirle al presidente la inmediata liberación del Dr. José Manuel Mireles, a nombre de su familia de sangre, y de toda la familia de michoacanos que lo protegían, que convivían, que lo necesitan».
Ana Valencia, quien hasta ahora no había aparecido ante la opinión pública, emplazó a Enrique Peña Nieto a que acuda y conozca de viva voz el sentir del pueblo michoacano, ahora gobernado por agentes externos como el propio comisionado Alfredo Castillo y su brazo derecho, la cubana Maria Imilse Arrue Hernandez. «La vigilancia de nuestros pueblos debe de estar organizada por gente de los pueblos», sentenció, en un reclamo que retomó la mayoría de los presentes.
A la conferencia de prensa acudieron cerca de 40 personas para manifestar su apoyo a la delegación michoacana.
Margarita García López, en representación del Concejo para el Desarrollo de Coalcomán –una organización social que agrupa a 60 asambleas de colonias, barrio y comunidades rurales del municipio serrano– develó una exigencia radical:
Cárcel a Alfredo Castillo por traidor, mentiroso y promotor de la división de las autodefensas y del pueblo de Michoacán, junto a su aliado juez que mandó a la prisión a Mireles, Jorge Armando Wong Aceituno. A la cubana asistente de Castillo, se le castigue y expulse del país.
Sergio Baéz Torres, ex-alcalde de Buenavista Tomatlán, quien lució su cráneo recién rapado en signo de solidaridad con el Dr. Mireles, aseguró que la dramática situación que se vive en Michoacán es el producto del modelo económico neoliberal implementado en los últimos 30 años, y que el remedio que ahora ofrece el gobierno federal es un refrito del militarismo calderonista.
A la exigencia de liberación de Mireles se sumaron –aunque con distintas perspectivas respecto al papel que debe jugar la figura presidencial en la resolución de las demandas– productores de la región costera e incluso grupos civiles de Jalisco que observan con dolo el acontecer, las traiciones y los engaños del gobierno federal en el estado vecino.