Justicia para nuestros muertos: desde la huelga de hambre por Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Entrevista: María González y Elis Monroy.
Fotografías: Elis Monroy y Kino Luiggi

El 27 de abril del 2014 se cumplieron cuatro años del asesinato a sangre fría de los defensores de derechos humanos y colectivos, Bety Cariño Trujillo (mixteca) y Jyrii Jaakkola (finlandés). El crimen ocurrió durante la parte final del recorrido de una caravana humanitaria que se dirigía a la comunidad de San Juan Copala (SJC) a entregar víveres, agua, medicinas y un mensaje de solidaridad. Dicha comunidad llevaba meses privada de todos los servicios básicos, se encontraba sitiada y bajo constante hostigamiento por parte de grupos paramilitares vinculados al gobierno del estado de Oaxaca.

El pasado 29 de abril, Omar Esparza Zarate, pareja de Bety, junto con otros integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ),  iniciaron una Huelga de Hambre frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Deciden llevar a cabo esta medida política para exigir que se haga justicia en el caso, que ha evidenciado, de nuevo y por demás, la falta de voluntad de cumplimiento de las instituciones del Estado mexicano para resolver crímenes que involucran a funcionarios públicos.

Como Agencia SubVersiones acudimos a solidarizarnos con los compañeros que se encuentran sosteniendo este campamento en Av. Reforma 211. Entrevistamos a Omar para conocer más a fondo y difundir las razones por las que decidieron ejercer esta vía de presión política radical. A continuación presentamos la entrevista íntegra, realizada el ocho de mayo del 2014.

Buenas tardes Omar, ¿Qué los tiene hoy aquí haciendo una huelga de hambre?
— Bueno, han sido cuatro años de impunidad, en los que no hemos encontrado respuesta al asesinato de Bety y de Jyri. Lo que hemos encontrado en este largo viacrucis por la justicia en este país, ha sido una constante negación, por parte de las autoridades, a asumir el papel que les corresponde, de hacer justicia para Bety y para Jyri; hasta el día de hoy ha sido la misma cantaleta de siempre “que están haciendo su trabajo”, “que sí van a detener a los asesinos”; pero en estos cuatro años nosotros nos hemos cansado de tantas mentiras, tanta falacia y tantas promesas. No hemos visto que estas instancias vayan a actuar y a detener a los responsables.

¿Qué instancias son a las que han ido a tocar puertas?, ¿cuál ha sido la ruta que han seguido?
—Empezamos desde la presión en el Parlamento Europeo [PE], a su Comisión de Derechos Humanos, desde ahí hemos tenido un gran respaldo, una solidaridad desde Finlandia, desde las [cámaras] parlamentarias que se han comprometido, en estos cuatro años, a estar presionando a las autoridades mexicanas para que haya justicia, y te puedo decir que nos hemos sentado con todas las instancias de impartición de justicia de México; desde las procuradurías del gobierno del estado, la fiscalía, la PGR aquí, antes la SIEDO [Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada], nos sentamos con procuradores, con subprocuradores, con el gobernador de Oaxaca Gabino Cué, nos sentamos con el expresidente Felipe Calderón, en ese tiempo presidente de la República, en los Diálogos por la Paz en 2011 en el Castillo de Chapultepec; los parlamentarios han hablado, precisamente el Primer Ministro de Finlandia habló con Enrique Peña Nieto en marzo de hace un año, y él se comprometió a hacer justicia para el caso de Jyrii y de Bety, porque al final, el tema es que falleció un ciudadano finlandés, eso ha permitido que este caso realmente tenga presión internacional, pero hasta ahora, te diré que ha sido un equis número de reuniones, ¡no tienes idea de cuántas reuniones en cuatro años!, ¡cuántas mesas de trabajo!, ¡cuántos diálogos! y no ha habido, absolutamente, respuesta por parte del gobierno federal ni del gobierno del estado de Oaxaca.

¿Ni una sola de todas las autoridades que has nombrado ha mostrado disposición fidedigna para ayudar a resolver el caso?
—Pues yo diría que el fiscal del caso, Samuel Castellanos, pero es un fiscal que viene de la sociedad civil, en el que hemos confiado, y aún tenemos confianza en él; ha sido alguien que nos ha apoyado suficientemente, por parte del gobierno de Oaxaca; pero de ahí en fuera, ni la Secretaría de Gobernación, ni el propio procurador o las instancias federales, tampoco la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que ha estado también en estos diálogos; no hemos visto apertura al tema, siempre se han mantenido cerrados. Siento que hay toda una impunidad alrededor del tema, un compromiso con Ulises Ruiz Ortiz [exgobernador de Oaxaca por el PRI] ya que después de que desfalcó, robó, asesinó, encarceló gente injustamente, después de que hay presos políticos y desapariciones forzadas en su gobierno, un sinfín de muertos, de conflictos agrarios, de conflictos sociales que se generaron en su periodo. Aún así, a pesar de todo lo que se ha demostrado, de toda la movilización que hubo después del 2006 por el hartazgo de la sociedad oaxaqueña, no se le ha hecho nada, ni a él ni a nadie de su gobierno. Entonces al parecer la SEGOB lo cuida todavía, lo protegen desde aquí y quieren administrar el tema de la justicia. Eso es lo que nos hace estar aquí. Hemos tenido ahora reuniones con ellos, seguimos insistiendo en el mismo tema; pero no quieren, no tienen vountad política para detener a quienes eran un grupo paramilitar bajo mando del gobierno del estado de Oaxaca en ese tiempo de Ulises Ruiz Ortiz.

Para contextualizar: ¿Cuál era el motivo de la caravana que presidian Bety y Jyri?
—El 22 o 23 de noviembre de 2009 se le hace un cerco a la comunidad de San Juan Copala (SJC). Esto fue días antes de que llegara una caravana de San Salvador Atenco, en la que se estaba haciendo una campaña por la libertad de los presos políticos de Atenco, entre ellos Ignacio del Valle; entonces hay un bloqueo y la caravana ya no llega. Les avisamos a los compañeros que había una tensión delicada, a apartir de ese momento se construye un  cerco hacia la comunidad, se les corta el agua, la luz, todos los servicios, el transporte, se bloquea a la comunidad, se le rodea día y noche, disparándole a las casas, atentando a las casas. Te estoy hablando de que esta gente tenía recursos del municipio de Santiago Juxtlahuaca, del entonces presidente Carlos Martínez, quien después fue diputado por el PRI en el gobierno de Oaxaca. Después de cinco meses con este clima hostil hacia una comunidad donde ya había pocos habitantes, porque muchos habían sido desplazados por la violencia y las agresiones; la caravana es convocada por el Municipio Autónomo de SJC. Se suma la sección XXII [SNTE/CNTE], organizaciones y colectivos solidarios, algunos internacionales, como en el que iba Jyri, algunas otras personas de Alemania, Finlandia, más algunos colectivos de Oaxaca y en este caso pues nosotros [MAIZ y CACTUS]. La cosa era visibilizar la situación que estaba viviendo en ese momento SJC. Era una caravana que iba de observación, iban reporteros y también era de apoyo, de solidaridad. La caravana fue emboscada a la altura de La Sabana, dos kilómetros antes de llegar a SJC, ahí asesinan a Jyrii y a Bety, el 27 de abril del 2010.

¿Cuál piensas que era el punto focal de interés en la comunidad de SJC, o cuál fue el detonante para que se desplegaran todas esas acciones de corte paramilitar ahí?
—Es una historia muy vieja de la Región Triqui, no es de ahora, tiene que ver con toda una lucha por derechos, donde nació una organización social, popular, que estaba vinculada a la lucha por los pueblos, que fue el MULT y que fue una lucha que se dio contra casicazgos muy fuertes en Putla, Juxtlahuaca, cuando había una fuerte racismo hacia los pueblos indígenas; y hasta hoy ha sido así, no ha cambiado mucho el contexto de 30 o 40 años a la actualidad. Esta violencia que se ha administrado desde el Estado desde hace muchos años, es el trato que se da a los pueblos indígenas, donde se ha mantenido la impunidad, dejando que entonces la gente haga justicia por su mano, y en esa confrontación entre pueblos triquis pues se han lastimado, hay una herida muy fuerte entre familias, entre hermanos y comunidades. Esta forma de ruptura del tejido social que se ha creado, ha usado a algunas gentes al servicio del Estado, como un grupo que tiene recursos del Estado y que actúa digamos al margen de la ley, haciendo los trabajos que a veces algún gobernador, diputado o senador requieren para callar algunas voces disidentes.

¿Hoy MAIZ son quienes están sosteniendo la Huelga de Hambre?
–Claro son los compañeros del Movimiento Agrario Indígena Zapatista quienes están aquí y algunos de un frente que formamos, que se llama FICAM, Frente indígena y Campesino de México, que somos organizaciones como CNPA-Movimiento Nacional, MAIZ, UCIZONI; están los compañeros de Tetela hacia el futuro, la UPREZ, los compañeros del [Frente Popular] Francisco Villa siglo XXI, y otros grupos más. Son varias organizaciones que están apoyando el frente que hemos formado precisamente para esta lucha; y como éste, está el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Puebla, Tlaxcala y Morelos que hoy tienen preso al compañero Juan Carlos. Entonces hemos ido construyendo a partir de muchas resistencias en gran parte del país; contra mineras, contra grandes proyectos hidroeléctricos o gasoductos, contra eólicos; nos hemos juntado porque nos están golpeando por todas partes; con el frente vamos a enfrentar esta política de despojo, de persecución, de hostigamiento hacia las comunidades y hacia los pueblos indígenas.

Ustedes tienen conocimiento de quiénes son algunos de los asesinos o agresores directos, se ha dicho que gente de UBISORT, en ese sentido ¿qué ha pasado con esa información?, ¿cómo saben que fueron ellos?, ¿cómo ha fluido la información al respecto?
—Pues hubo compañeros de la región que fueron testigos de la agresión, también de la zona, y que conocen a quienes agredieron, pues también tienen familias ahí en la región. Hay más testigos que los vieron, también de la gente que iba en la caravana, que fue agredida y pudo ver los rostros de esta gente. Hemos buscado hasta ir dando con todos estos responsables, hasta poder ir teniendo testimonios de algunos de ellos mismos, confesiones que hemos señalado; tenemos videos que vamos a hacer públicos porque ya nos cansamos, los hemos aportado como parte de las pruebas, desde las amenazas que se hicieron días antes por parte de los dirigentes de UBISORT, con nombres y apellidos de personas que dijeron que iba a ser agredida la caravana. Sabemos quiénes son, también hay algunos más, pero no tenemos la manera de vincularlos, pero a estos sí. Eran 14 órdenes de aprehensión, de las cuales 12 están libres, pero sí tenemos la manera. Un juez de Oaxaca dictó esas órdenes de aprehensión, porque hay una averiguación que vincula a esas personas al asesinato de Bety y de Jyri. Nosotros sabemos dónde trabajan, en dónde están, qué hacen, y a pesar de que toda esa información la hemos facilitado al gobierno del estado de Oaxaca, de que hemos mostrado sus rostros y lugares de trabajo, no son detenidos. Algunos de ellos trabajan para el gobierno federal, otros para el gobierno municipal y otros para el gobierno del estado; entonces hay una impunidad para mantener un acuerdo de paz en la región, porque han preferido un acuerdo político de paz, que está sostenido por este compromiso, que hacer justicia, eso es lo que realmente pasa.

Es decir ¿Estas 12 órdenes de aprehensión están vigentes y ustedes han dado la información de dónde están estas personas y aún así no ha habido ningún detenido?
—Eran 14 órdenes, pero Anastacio Juárez fue asesinado en el 2011 o 2012, y Rufino Juárez, su hermano, que era la cabeza de UBISORT, fue detenido por otros delitos en el 2011, y ya estando en la cárcel se le notificó de esta otra orden de aprehensión que tenía. Los otros doce están con toda la impunidad, no se esconden, hay videos donde lo demostramos. Apenas el 4 de abril, están dando una conferencia de prensa en los medios de comunicación, agradeciendo al gobierno de Gabino Cué por la seguridad que mandó para la fiesta de su comunidad. Algunos son funcionarios públicos del gobierno federal y del gobierno del estado, entonces lo que les hemos dicho es ¿qué hacemos? estamos aquí porque todavía creemos que puede haber una ventana a través de las instituciones, si no nos dejan otra opción, qué, ¿entonces qué? estamos aún confiando, obligando a que esas instituciones funcionen, hemos manifestado que el caso está a nivel internacional, se pronunicaron cuatro relatores de Naciones Unidas por la agresión y el asesinato, el conflicto está ante la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] por ejemplo, el Parlamento Europeo ha hecho un constante reclamo al gobierno mexicano de por qué no actúa, desde Finlandia mandan pronunciamientos, organizaciones como Frontline, desde el Movimiento Sueco por la Reconciliación, organizaciones de Centroamérica, de feministas, de académicos; solamente el hecho causó la indignación, y 200 mil personas se pronunciaron ante la PGR para demandar justicia; y aún a pesar de esta proyección internacional, de que es un caso de agresión a defensores de derechos humanos, no se ha detenido a estas personas, y entonces ¿qué pasa con la otra gente? con aquellos que no tienen todo este respaldo y esta proyección internacional, ¿qué pasa?, ¿realmente podrán acceder a la justicia en este país?

Estamos pidiendo a la sociedad civil que también forme parte de este señalamiento, que los criminales sepan que estamos ahí, que no se puedan mover, que la gente los tiene vigilados, que  los observa y que puede denunciarlos. A las autoridades pedimos cosas muy básicas como que emitan una ficha para que sean visibilizados en todas las procuradurías del país y hasta en Estados Unidos si algunos están fuera, para que no puedan trabajar en ninguna instancia de gobierno porque hay una ficha emitida por la propia instancia de justicia que no les permita ser servidores públicos, pero ni eso nos han querido conceder. El tema de la protección a testigos es otro, si un delincuente arrepentido señala y entrega a otros delincuentes, se le da protección, seguridad, se le asignan recursos para su proteción como testigo; pero si una persona de la sociedad civil denuncia a un delincuente o a un asesino, la autoridad dice «no tenemos recursos, házle como puedas», ja! es un absurdo total, es un hartazgo.

¿Han tenido alguna amenaza posterior por los señalamientos a los agresores?
—Claro, cuatro años hemos vivido casi a salto de mata en Oaxaca, a veces se ponen un poco más recias las amenazas, a veces se han metido a la oficina, dejando amenazas ya muy claras, con nombres de personas, ubicaciones; hemos sufrido amenazas en muchos momentos, no es la primera vez, también persecución, pero nuestro trabajo está ahí. Durante muchos años hemos construido nuestro trabajo en las comunidades en esa región y yo creo que, pues sí, nos han robado una parte de nuestras vidas, pero no vamos a permitir que nos roben toda ¿no?, por eso estamos ahí, por eso seguimos en la Mixteca haciendo nuestro trabajo, construyendo una organización social, un proyecto político también, que está luchando por los derechos humanos, por las comunidades, demandando al Estado que cubra las necesidades básicas de los pueblos, movilizándonos. El año pasado tuvimos 40 movilizaciones en el estado de Oaxaca, algunas en demanda de justicia, algunas solidarizándonos con comunidades que han sido agredidas, con compañeros presos en la cárcel, con algunos compañeros asesinados y en otras demandando los recursos para las comunidades; pero es un proyecto que se moviliza, la organización ha crecido, hemos tomado fuerza, no nos hemos debilitado. Al contrario de lo que ellos esperaban, nosotros como MAIZ seguimos creciendo, estamos organizándonos y es parte de esta lucha que hoy estamos dando aquí. No venimos en un acto de desesperación, ha sido muy pensado, muy discutido, muy reflexionado y es una confrontación al Estado mexicano, decir «tienes que cumplir con lo que te toca, es tu papel, es tu obligación, no te vengo a limosnear justicia, no te vengo a pedir un favor, vengo a exigirte cumplas con lo que te corresponde como servidor público, como institución que tiene que velar por los intereses de la sociedad mexicana, en específico por hacer justicia para el pueblo, para nuestros muertos». Sobre todo, estamos acá por Bety y por Jyri, pero también por la sociedad mexicana, que como muchos, como miles, no encuentran respuesta a su clamor y a su demanda de justicia.

¿Nos podrías contar cómo va la  huelga?
Comenzamos la  huelga el 29 de abril, van 10 días. Ahorita hay  una comisión de acompañamiento permanente por parte de MAIZ de aproximadamente veinte compañer@s que es rotativa y se encarga de la seguridad y la alimentación. También hay otros 20 o 30 compañer@s que se encuentran brindando apoyo solidario.

Empezamos cinco compas y ahora somos ocho, pero tal vez mañana se levanta uno por su estado anímico; tampoco queremos exponer a quienes están en solidaridad; algunos se han sumado por un tiempo; otros vienen a acompañarnos, y hacen ayuno. Hemos conocido a mucha gente, desde madres de desaparecidos y de víctimas, que han venido a acompañarnos, mujeres que han estado en este mismo lugar, demandando justicia; jóvenes que vienen de la universidad o gente que simplemente pasa y se solidariza y nos dan su palabra de aliento; gente que nos trae agua o miel. Algunos han estado en otras huelgas, han logrado otras cosas; en fin, ha pasado mucha gente que nos motiva a estar aquí, que nos dan ánimo.

También estamos siendo acompañados por varias organizaciones como la ANAD [Asociación Nacional de Abogados Democráticos], la Sección XXII del SNTE/CNTE, la UPREZ [Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata], la AMAP [Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos], SERAPAZ [Servicios y Asesorías para la Paz], la RMALC [Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio], la campaña «Sin Maíz no hay País», compañeros del municipio de Aquila y varios artistas conocidos.

También hay compañeros desplazados de San Juan Copala que han tomado el palacio de gobierno de Oaxaca en solidaridad con esta huelga de hambre, y están en un plantón de manera permanente, también para demandar la detención de los asesinos de Bety.

¿Les están dando servicios de consulta y monitoreo de salud?
Nosotros llevamos un monitoreo con la CDHDF [Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal]. Diario vienen y nos toman muestras de sangre, para ver si estamos deshidratados, cómo está nuestra glucosa o nuestra presión.  Nos van señalando cuántos kilos vamos bajando, porque la mayoría hemos perdido peso.

¿Hasta qué punto pretenden llevar la huelga?
Yo vengo dispuesto a todo, a confrontar a este Estado hasta que haya una ruta de salida en la que me garanticen que va a haber justicia. Queremos creer que lo podemos lograr. Sentimos que la PGR y la SEGOB tienen una presión muy fuerte. Yo tengo claro que no me voy a levantar si no encuentro una salida política a este asunto; una donde haya compromisos reales y claros por parte de las autoridades. La llevaremos hasta encontrar esa respuesta que venimos a buscar aquí, después de estos cuatro años.

¿Quiénes son los responsables de atender esta situación?
Hemos tenido reuniones con Gobernación y con la PGR. Ha bajado la gente de la subprocuradora Mariana Benítez, que creo que es un nivel bueno, después sigue el procurador [Jesús Murillo Karam], claro está. Hemos pedido una audiencia con él, sabemos que está atento al tema. Sí ha habido atención por parte de la PGR, en cierta medida, aunque no hemos podido lograr una salida. Pero de quien sí no vemos que hay un mínimo de atención, ha sido de la SEGOB, no tienen voluntad, no quieren realmente que caminemos hacia construir una ruta para que haya justicia. Quieren administrar como han administrado este país, y así garantizar la impunidad para Ulises Ruiz. Eso me queda muy claro. A lo mejor antes era porque no estaba bien integrada la averiguación o porque no podíamos decir quiénes eran, o por otras miles de cosas, pero hoy ya no me queda ninguna duda, no tengo otra respuesta clara que no sea la impunidad que se le está dando a este grupo  por los vínculos que tenían con Ulises Ruiz Ortiz.

¿Que considerarían como una muestra fehaciente de voluntad para resolver el caso por parte de las autoridades?
Pues hemos pedido que se busque una ruta para la cuestión de la protección a los testigos, otra muestra sería el fichaje para visibilizar a los asesinos y que la procuraduría se comprometa a hacerlo visible en todo el país. Poner su rostro y su nombre en cada lugar donde creemos que pueden ser ubicados y señalados. También un equipo técnico para buscar un camino para la detención de los asesinos. Lo principal es la detención de los asesinos, pero creo que aceptaríamos alguna de esas tres señales como voluntad de resolución del gobierno. Además es un compromiso que ya hizo David Garay [Responsable de la Unidad de Gobierno de la SEGOB] delante de la familia de Jyri y de la embajada de Finlandia; lo hizo, y hoy no quiere reconocerlo.

Su respuesta es que va a haber un diálogo y que sí se van a ejecutar las 12 órdenes de aprehensión, ja! y pues es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Deberían ya de hacerlo, pero no hay un compromiso político en donde se diga «a ver para tal fecha nos reunimos con el procurador» por ejemplo, «para tal fecha constituimos un cuerpo o un equipo especializado para revisar el tema, darle seguimiento a la ubicación de los asesinos» o «vamos a buscar la ruta de los recursos o de la seguridad del espacio de protección y de cuidado para los testigos», son temas que son claves y que ellos no están garantizando; además son compromisos que ellos ya hicieron. Lo bueno es que estuvo una embajadora y la familia de Jyri, también la comisión europea, entonces ellos son testigos. Mañana viene la gente de la embajada de Finlandia, viene a solidarizarse con nosotros, y les vamos a enseñar las respuestas que hemos dado. Seguramente ellos ya están buscando una interlocución con Osorio Chong y con el procurador. Esperemos que antes de que lleguemos en esa reunión, ellos ya hayan buscado una ruta de salida a nuestra situación, que ya podamos decir que nos estamos levantando con compromisos serios. Nos están pidiendo que tengamos buena voluntad, que tengamos fe. Tenemos buena voluntad, sólo agarra a seis de ellos o a los doce o a los que puedas, con esa buena voluntad nos vamos a levantar, si tú tienes buena voluntad en hacer tu trabajo –ríe un poco–. Este es el jaloneo que hoy tenemos ante estas instituciones. Vamos a esperar, no tenemos prisa, o  por lo menos yo no tengo prisa. Esperamos cuatro años, y no tenemos prisa, una o dos semanas más, tres semanas más,  no tenemos prisa.

¿Cómo es la relación con la familia de Jyri y con las organizaciones de Finlandia?
Los padres de Jyri han sido una familia también para nosotros, nos ha acercado la pérdida. Siempre nos estamos comunicando, para saber cómo va el caso, para saludarnos, para darnos ánimos también. Nosotros lo dijimos en Finlandia, Bety fue la primera que falleció y Jyri no la dejó, se hermanó en ese momento como un acto solidario y pudo haber huido, pero se quedó y abrazó a Bety, y se quedó a correr la misma muerte de ella; entonces eso es lo que nos hermana, lo que nos hace estar cerca de ellos.

Este golpe también es un golpe para la comunidad internacional, porque es un mensaje para la solidaridad internacional de todos aquellos que vienen a participar con los pueblos que son agredidos o a las luchas de las organizaciones que están en contra de grandes proyectos o contra el despojo o por la lucha de los pueblos, por su autonomía. Es un mensaje, que también es para entender que la solidaridad internacional ha jugado un papel muy fuerte en este país, o sea ha sido hermanada, ha dado su vida también por estas causas, por esta lucha de los pueblos.

¿Qué mensaje le darías a la sociedad civil, a las demás organizaciones que han estado de observadores, a otro tipo de instancias de los pueblos?
Pues que tenemos que luchar  por la justicia, que tenemos que organizarnos, que tenemos que exigir a las autoridades, y ser solidarios unos con otros, defendernos como pueblos, luchar por nuestros muertos y que no se queden callados, que se manifiesten, en la forma y en la medida que sea, que se manifiesten. El quedarnos callados es también ser parte de… Entendemos que es el miedo, que es el temor, pero eso no nos puede detener. Tenemos que denunciar, tenemos que pararnos, organizarnos, enfrentar a estas instituciones y obligarlas a cumplir con sus mandatos, solamente con su obligación, en hacer lo que les corresponde como instituciones y nosotros defendernos como pueblos, defendernos y defender nuestras tierras, nuestros territorios, como lo hemos hecho. No permitir que vengan a despojarnos de lo que es nuestro, y aunque  nos han robado muchas cosas, aunque nos han quitado gente que amamos, seguir luchando, porque no tenemos otra manera de decir y de hacer memoria de nuestros muertos, mas que luchando. Ésta es la forma en la que honramos a nuestros pueblos, aquí en nuestra lucha, en esta huelga de hambre y con esta manera de denuncia.

Anu Vuori-Kiikeri, Ministra Consejera de Finlandia

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El 9 de mayo, en la mañana, Anu Vuori-Kiikeri, Ministra Consejera de Finlandia, acudió a solidarizarse al campamento en el que contaban el día 11 de la Huelga de Hambre por Bety y Jyri. La ministra platicó un rato con Omar y con l@s compañer@s de MAIZ. El sábado 10 de mayo, durante la Marcha de la Dignidad: Madres en busca de sus Hijos, Hijas, Justicia y Verdad, participantes realizarán una parada en el campamento para solidarizarse igualmente con la causa de Omar y las exigencias de justicia de tod@s l@s que conocieron a l@s compaeñ@s asesinad@s. Para el domingo 11 de mayo algunos músicos acudirán a amenizar con sus canciones las guardias de l@s compañer@s solidari@s y a l@s huelguistas, también nos comunicaron que ese mismo día, un grupo religioso ofreció realizar una misa en el campamento. Esperamos que los días siguientes más y más personas, grupos y organizaciones solidarias, muestren su apoyo a la causa de Omar y l@s compañer@s de Bety y Jyri en su perseverante lucha por la exigencia pacífica de justicia.