#1DMX: ¡Nos queremos Libres!

El primero de diciembre de 2012 comenzó una nueva etapa para la protesta social en la Ciudad de México, caracterizada por graves retrocesos para el derecho a la protesta, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.

Un año después de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitiera una recomendación dirigida a diferentes dependencias gubernamentales –en donde reconoce las graves violaciones a derechos humanos cometidas–, este jueves 10 de abril se presentó el Informe Especial sobre el impacto psicosocial en las víctimas de los acontecimientos del 1 de diciembre de 2012.

En este documento, se percibe cómo los agraviados del 1DMX se han unido ante la injusticia y la represión, mientras miran cómo su experiencia se repite una y otra vez. Ante esta situación, no sólo denuncian su caso sino que exigen libertad total para los demás presos políticos, que como ellos, han sido víctimas de vivir «en un país que no conoce la justicia institucional».

Además de libertad a los presos, sus exigencias incluyen: medidas de no repetición, capacitación de los cuerpos policiacos y el acceso a la justicia con dignidad y memoria. Entre otras, ponen de manifiesto que el problema no es exclusivo de quienes han sido violentados directamente por el sistema de justicia, sino de todos los que estamos a merced de este.

En ese espacio, algunas personas que fueron víctimas brindaron su testimonio y narraron los hechos y dificultades que han enfrentado quienes sufrieron violencia ese día por parte de la policía:

«Nosotros –los agraviados– vamos a denunciar constantemente, en cualquier oportunidad que se presente, los agravios y daños sufridos el primero de diciembre de 2012. Ese día se cometió contra nosotros el delito de reprimirnos por hacer uso del derecho a la protesta social, así como a los que haciendo uso de su ciudadanía, protestaron y defendieron a los que eran detenidos con lujo de violencia por los cuerpos policiacos. Cabe mencionar que el gobierno y sus “instancias de impartición de justicia” nos detuvieron; torturaron física, emocional y psicológicamente; nos incomunicaron y encarcelaron injustamente, exhibiéndonos ante los medios y ante la sociedad como delincuentes. Cuando ellos sabían perfectamente que tenían a la gente equivocada. Finalmente, nos dejaron, dictando auto de formal prisión, a 14 personas…»

Testimonio de Rita Neri:

Testimonio de Obed Palagot:

Además, presentaron un comunicado como «ex presxs y procesados políticxs del 1Dmx ante el informe de daños psicosociales presentado por la CDHDF», que reproducimos a continuación en voz de Ana LiliaYepez:

Ciudad de México a 10 de abril de 2014

 A la sociedad en general:

Nosotrxs: mujeres, hombres, niñxs, jóvenes,  adultxs mayores, trabajadorxs, estudiantes, campesinxs, obrerxs,  maestrxs, artistas  y pueblo en general que  vivimos la violación de nuestros derechos  más básicos,  la represión del estado,  la criminalización  y manipulación por parte de los medios de comunicación hegemónicos, que sufrimos tortura física y psicológica, tratos crueles,  degradantes e inhumanos, haciéndonos frente al abuso de autoridad del sistema judicial, a las malas políticas en el combate al narcotráfico, las cuales sólo han recrudecido y ampliado el grado de violencia en el que nos desarrollamos, y sobre todo a una delincuencia e inseguridad auspiciada y velada por la impunidad y corrupción de un país que no conoce la justicia institucional; nosotros que seguimos siendo víctimas de la inoperancia de un sistema jurídico, de la ineptitud del poder ejecutivo, legislativo y judicial para impartir  justicia, velar por nuestro derechos constitucionales, brindar seguridad y promover el desarrollo integro para la TOTALIDAD de la población mexicana. Nosotrxs que  a partir de la situación actual estamos viviendo el recrudecimiento de las políticas neoliberales, reformas privatizadoras a nuestros recursos naturales, como la Tierra, el agua, el petróleo, la energía eléctrica, etc, el alza de los precios en servicios, productos y alimentos, la precarización y exclusión  de la mayoría de la población de los sectores educativos, de salud, laborales, culturales, entre otros, nosotrxs a lxs que con todo esto se nos reniega nuestro legítimo derecho al descontento, a la protesta, a la exigencia de lo que nos pertenece, merecemos y trabajamos. Nosotrxs, que no deseamos más que una vida digna, libre, justa, feliz; una vida con opciones y recursos para el desarrollo integral de nuestras vidas, que como personas conscientes del terror que se vive en México nos manifestamos y hacemos de nuestro compromiso una exigencia contante en diferentes ámbitos, nosotrxs luchadores sociales,  madres y padres en busca de sus hijxs, estudiantes sin escuela, adultos mayores sin pensión, trabajadores sin trabajo, amorosxs sin respeto, familias sin seguridad, animales sin dignidad, vivxs sin vida, muertxs sin nombre. Todxs nosotrxs sabemos que ejercer este derecho y más aún, el compromiso universal de enunciar las atrocidades cometidas por un Estado policial  como lo es el nuestro, es una obligación, y los es, porque aún entre tanta injusticia hay caminos de verdad y transformación, de igualdad y de dignidad.

En este escenario y debido a la gran campaña mediática y a la inconformidad social se dio a conocer la recomendación  7/2013 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el 10 de Abril del 2013, en la cual se documentan violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo, que no sólo dejó un saldo de más de 100 detenciones arbitrarias, también el asesinato del compañero Juan Franscisco Kuykendall y la desaparición forzada del compañero Teodulfo Torres son  reflejo de la magnitud de represión que vivimos cotidianamente en la capital. La recomendación está planteada en 22 puntos fundamentales, dirigidos a diferentes dependencias gubernamentales, los cuales deberían contribuir a construir justicia de manera integral, no sólo para nosotrxs como afectadxs directxs, sino a la sociedad en general con medidas de no repetición, garantizando los debidos procesos, así como democratizando el sistema penitenciario, capacitando el sistema policiaco, creando protocolos basados en el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos, incidiendo en políticas públicas que reivindiquen nuestro derecho a la protesta, a la libre manifestación, a la libertad de expresión y sobre todo garantizar nuestro acceso a la justicia  con verdad y memoria.  Sin embargo el Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal han mostrado nula voluntad para cumplir con los puntos y la recomendación que ellxs mismxs aceptarón, de tal modo que no han estado presentes en ninguna de las reuniones de seguimiento a las que hemos asistido desde Diciembre del 2012 a la fecha. En un principio se pronuncian por repararnos de manera integral, pero ¿que entienden las autoridades por reparación integral?  A la fecha y con el fundamento

en toda la basta documentación y la falta de evidencia incriminatoria, que demuestra una vez más que la fabricación de delitos por índoles políticas es una práctica sistemática, no  hay ningún responsable por los daños individuales y colectivos que hemos y seguimos sufriendo, no se ha dejado de criminalizar a varixs de nuestrxs compañerxs poniendo en riesgo su seguridad, nuestra imagen pública no se ha esclarecido y tampoco ha habido un impacto político positivo concreto desde dicha emisión como lo primordial:  la absolución de todxs lxs aún procesadxs. Es así como las políticas represivas que criminalizan la lucha social van en aumento ya que al día de hoy, 9 personas se encuentran tras las rejas, sin elementos que prueben su culpabilidad, 6 bajo proceso, y por si fuera poco,  2 han sido condenadas a 5 años 9 meses y una a 1 año 3 meses; además de varias decenas de jóvenes que enfrentan un proceso legal en libertad bajo caución, y otro tanto que ya han sido condenados con penas mínimas, por lo que pueden cumplir su condena en libertad, no sin antes haber pagado grandes cantidades a afianzadoras. En todos los casos, los procesos han sido derivados de una detención arbitraria, ilegal y violatoria de nuestros derechos humanos. ¿Dónde están las medidas de no repetición?

Por ello y con toda la legitimidad que nos da, no sólo el hecho de ser víctimas sino el hecho concreto de ser ciudadanxs exigiendo sus derechos pedimos y hacemos hincapié en que:

-Exigimos la libertad absoluta a todxs lxs procesadxs del 1° de diciembre del 2012,  basadxs en la amplia documentación que se ha vertido por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, medios de comunicación alternativos y sociedad civil, así como también exigimos un posicionamiento enérgico y claro sobre  las sentencias ya dictadas a dos de nuestros compañeros.

Así mismo exigimos la liberación de los compañeros presos del 2 de Octubre, la compañera Grabriela Hernández y Luis Bárcenas.

-Exigimos el esclarecimiento y castigo a los responsables por el asesinato del profesor Juan Francisco Kuykendall,  a mano de elementos de seguridad federal, agredido en la cabeza por elementos de la fuerza federal, así como el esclarecimiento y la presentación con vida de Teodulfo Torres, único testigo durante la agresión a Kuykendall, y desaparecido unos días antes de ser citado a declarar por estos hechos.

-Exigimos castigo a los responsables intelectuales y materiales de la represión de la que fuimos y seguimos siendo víctimas al no obtener justicia, por ello exigimos se desmantelen las estructuras que permiten que esta represión sistemática y selectiva siga reproduciéndose.

-Exigimos el total cumplimiento de los 22 puntos de la recomendación 7/2013 emitida hace ya un año y la cual ha sido incumplida.

– Exigimos un acto de reconocimiento de responsabilidad el cual sea a nuestra petición y forma, en donde seamos consultadxs y tomadxs en cuenta.

-Exigimos sea reconocido, analizado y documentado en su completa dimensión  la violencia de la que seguimos siendo sujetxs no sólo por el hecho represivo en sí sino por la impunidad y la corrupción que impera en las instituciones encargadas de brindar justicia, las cuales no sólo nos re victimizan, amedrentan y estigmatizan, con procesos burocráticos ineficientes, insensibles y torpes, sino que invisibilizan y reproducen la violencia psicológica, sexual, por cuestiones de género, edad y condición social. Por ello también exigimos sean tomadas en cuenta todas nuestras condiciones y se vean reflejadas de forma fiel en los informes.

-Exigimos una postura clara de la CDHDF ante las políticas sistemáticas que criminalizan y reprimen a la lucha social, concretadas en las detenciones arbitrarias de cientos de habitantes que ejercemos el legítimo derecho de la protesta, y que son respaldadas en las diferentes leyes aprobadas recientemente, tanto en códigos locales como federales, que consideramos, tienen un carácter represivo y de inhibición a la lucha social.

-Exigimos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal investigue y se pronuncie en favor de lxs varixs procesadxs y presxs por cuestiones políticas en el Distrito Federal.

Por todo lo anterior reafirmamos nuestra defensa y exigencia de justicia no sólo para nosotrxs las víctimas directas, sino para nuestras familias, para una sociedad vulnerada despojada de derechos y garantías básicas. Estamos hartxs de la impunidad que prevalece y se perpetúa por las instituciones gubernamentales, estamos hartxs de tanto teatro y tanta manipulación, queremos a nuestrxs compañerxs libres de todo cargo, queremos responsables y queremos justicia. Una justicia que se construye desde nosotrxs y para nosotrxs, una incluyente y comprometida, por ello extendemos nuestra exigencia y ampliamos nuestra solidaridad a todxs lxs compañerxs presxs por cuestiones políticas, queremos justicia y dignidad.

¡Nos queremos Libres!

Fotografías: Gustavo Ruiz Lizárraga (1DMX), Sari Dennise y Elis Monroy.

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