Por Agencia SubVersiones y Adán Luna
Desde el pasado 20 de noviembre, la comunidad indígena de Santa María Ostula –junto con habitantes de los municipios de Aquila, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila y Tepalcatepec– mantiene un bloqueo en la carretera federal número 200, en el punto conocido como Triques. Luego de una manifestación pacífica, un contingente decidió instalar un campamento sobre la carretera para exigir el cumplimiento de su demanda: la eliminación de las órdenes de aprehensión levantadas falsamente a miembros de la estructura de seguridad comunitaria de la región Costa-Sierra michoacana.
Entre los imputados por delitos del fuero común y federal, se encuentra Cemeí Verdía, comandante de la guardia comunal de Ostula; Germán Ramírez, comandante de la misma fuerza y director de seguridad pública del municipio de Aquila; José Luis Arteaga, alcalde de ese municipio; y Héctor Zepeda Navarrete, líder de los grupos de autodefensa que, en 2014, expulsaron al crimen organizado del municipio de Coahuayana. Autoridades de los cinco municipios habían enviado ya al gobierno del estado una petición formal para que sus demandas fueran atendidas. Ante el absoluto silencio de la administración de Silvano Aureoles, el pueblo decidió actuar.
La persecución jurídica –basada en la imputación de cargos falsos– es una de las múltiples estrategias que los tres niveles de gobierno han utilizado para desarticular la seguridad comunitaria en esta región michoacana, la única que ha logrado mantener a raya al cartel de Los Caballeros Templarios y células que se han desprendido de este. La Costa-Sierra nahua y, en específico, la comunidad de Ostula, son una suerte de oasis en medio del conflictivo territorio michoacano; como en tantos otros municipios y regiones del país, introducir esquemas de seguridad institucionales implicaría abrirle de nuevo las puertas al crimen organizado.
El de esta semana es el primer bloqueo donde participan otros municipios, además de Santa María Ostula, una comunidad donde la defensa del territorio es un asunto cotidiano. El recrudecimiento del crimen organizado en Tierra Caliente y en la Costa-Sierra impulsó a habitantes y autoridades de Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Aquila y Tepalcatepec a unirse a Ostula para conformar el Concejo Ciudadano por la Seguridad los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa de Michoacán. La eliminación de las falsas órdenes de aprehensión es su primera demanda y el bloqueo, una de sus acciones para conseguirlo. Así lo expresó a través de un comunicado el recién formado Concejo
A pocos meses de las campañas electorales de 2018, las reconfiguraciones del poder local y regional ya se hacen sentir, y las órdenes de aprehensión son prueba de ello. Tras el levantamiento de 2014, cuyo núcleo en la región fue la guardia comunal de Ostula, los grupos de autodefensa han logrado mantener el control de la seguridad regional, ocupando estratégicamente espacios en la administración municipal. Grupos de terratenientes, vinculados al crimen organizado y al Partido Revolucionario Institucional, han comenzado a avanzar para recuperar los cotos de los que fueron expulsados.
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«No queremos ser el espejo de Apatzingán, por eso ahora cuidamos a los que nos cuidan», dicen comuneros que se mantienen, día y noche, frenando a los camiones de carga de la mina de Aquila. El pueblo nahua de la Costa-Sierra ha aprendido, siglo tras siglo, a defender su derecho al territorio y a una vida digna, libre y, como ellas y ellos dicen, a gusto. Una manta en el filtro comunitario del pueblo de Xayacalan –fundado sobre tierras recuperadas– lo resume a la perfección: «En Ostula, la lucha por la seguridad es permanente».