Arantepacua ¡Crimen de Estado! (2 de 3)

Fotografías: Cristian Leyva

El pasado 5 de abril, en la comunidad indígena purépecha Arantepacua, fueron asesinados a balazos Luis Gustavo Hernández Cohenete (de 15 años de edad), José Carlos Jiménez Crisóstomo (estudiante de enfermería de 25 años), don Francisco Jiménez Alejandre (de 65 años) y Santiago Crisanto Luna (de 39 años). En esta incursión armada del Estado mexicano participaron la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSPEM) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Además de denunciar contundentemente que se atentó contra la vida y la integridad física de las personas, los testimonios que recogimos —de los cuales algunos extractos aparecen en este artículo— dejan en claro las graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. Los testigos señalan que los elementos de seguridad pública de las corporaciones antes mencionadas actuaron con premeditación, alevosía y ventaja al cometer crímenes contra la población, tales como: robo, saqueo, pillaje, destrucción injustificada y asesinato. Además, se privó de su libertad a 47 comuneros de Arantepacua, 38 de ellos detenidos el 4 de abril y 9 más detenidos durante el operativo en el que fueron asesinados los 4 pobladores arriba mencionados.

Las huellas del crimen

Recorrimos las calles de Arantepacua el sábado 8 de abril. En el centro de la plaza podían apreciarse por lo menos un par de camionetas calcinadas y varias más junto con tráileres y autobuses estacionados en las inmediaciones. Todos los vehículos tenían los vidrios rotos y en la mayoría de los casos se podía apreciar aún la forma del tolete que arremetió en su contra. Bastaba bajar la mirada a la calle principal de la población para ver tirados los cartuchos de las armas cortas y largas  disparadas; incluso pudimos contarlas a puños en algunos lugares donde las huellas de la incursión armada aún estaban frescas.

Las miradas desconfiadas y el andar de la población indígena purépecha de esta localidad aún se sentían con temor; el dolor recorría el aire. La noche anterior estuvimos en el funeral y, apenas unas horas antes, en el entierro de Santiago Crisanto Luna, quien tenía 39 años de edad y había estado hospitalizado en Zamora debido a los impactos de bala recibidos. Su féretro pasó por la plaza de la comunidad y fue acompañado hasta el panteón. Durante este trayecto el dolor y la rabia de los purépechas tomaban formas distintas: lamentos, gritos, consignas. En todas, el llanto y la indignación.

En el panteón aún estaban frescas las tumbas y las flores y los familiares permanecían alrededor de los otros tres asesinados. Al ver nuestras cámaras, los pobladores nos reprochaban: «¡Pero digan la verdad! ¡Pinches medios nomas están diciendo puras mentiras! ¡Atrévanse a denunciar al gobierno, nos están matando!» Así se formó una comisión improvisada de comuneros que nos cuestionaron y propusieron «¿quieren saber la verdad? ¡Vamos! Les vamos a enseñar lo que pasó aquí! Nomás digan la verdad». Nos pidieron el anonimato y el de quienes íbamos a entrevistar: «no podemos arriesgarnos, sobre todo después de lo que nos acaba de hacer el gobierno», dijeron.

Durante el recorrido pudimos apreciar por lo menos una veintena de tráileres, autobuses y camionetas de empresas comerciales. Estos vehículos fueron retenidos por la población de Arantepacua como medida de negociación para liberar a sus 38 detenidos del 4 de abril. Uno de nuestros acompañantes se quita momentáneamente el sombrero y nos cuenta:

Nos enteramos que habían detenido ilegalmente a nuestros compañeros, ellos iban a una comisión ya pactada con la secretaria de gobierno y aun así los detuvieron. ¿Qué podíamos esperar los demás? Inmediatamente nos organizamos, empezamos a hacer cortes de carretera y detuvimos como 20 o 25 vehículos, solo así, nos abrieron mesa de negociación. Te lo digo porque a mí me toco ir. Estuvimos desde las 11 de la mañana el 5 de abril y fue cuando los amigos de aquí del pueblo nos empezaron a decir que venía un operativo, nosotros estábamos en palacio de gobierno y ahí estaba Víctor Lara y Armando Hurtado, a los dos les preguntamos ¿Qué está pasando? Nada dijeron, solo van a checar los vehículos que tienen. ¡Mentira! El gobierno pudo evitar todo esto, nos están tratando sin ningún respeto, como si no fuéramos seres humanos, eso es racismo y por todos lados se dicen de izquierda en el PRD ¡Mienten!

Durante el recorrido encontramos en nuestro andar un par de grupos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con encuestas en la mano y recorriendo la población. Llegamos a una fachada destruida con equipo pesado, al volver la vista a la ventana del primer piso del domicilio los impactos de bala llaman la atención. Ya en el interior, doña Juana nos muestra las habitaciones saqueadas y las huellas de las balas que atravesaron varias ventanas. Vestida con el atuendo tradicional purépecha, Doña Juana se sienta y nos platica:

Cuando vine como a las siete de la tarde, encontré mi casa, el portón tirado y la casa baleada, más en el cuarto de mi hijo. Baleada y mi cuarto tirado, los colchones tirados, la tele prendida, colillas de cigarro tiradas y me sacaron dinero, teníamos ahorro (150 mil pesos) y toda la ropa tirada del closet y rompieron el colchón de mi hija y las almohadas… Cuando empezaron los balazos me asomé a la calle y me fui a esconder a la casa de mi hermana que está al otro lado del pueblo y ahí me quedé hasta que se calmó, como a las siete de la noche me regresé y así encontré mi casa.

Continuamos el recorrido hacia la entrada de la comunidad. En el camino podían observarse fácilmente los orificios de las balas impactadas en fachadas y ventanas, por lo menos vimos seis vehículos particulares destrozados, estacionados frente a sus domicilios. La incursión policiaca arrasó a su paso y nos preguntamos ¿acaso absolutamente toda la población era presunta culpable? Por donde caminábamos seguíamos pateando sin querer casquillos de balas; estaban por todas partes.

Al dar la vuelta en una esquina se detienen y nos señalan una humilde vivienda con techos de lámina de cartón y como barda algunos trozos de madera. Un comunero dice:

Esa es la casa de don Agustín Cohenete Policarpio, tiene 78 años y lo quieren acusar de narco, disque ahí tenia las armas. Mira nomás su casa, ¿con qué motivo la catearon? ¿Por qué le dispararon? Ahora el señor está en el hospital entre la vida y la muerte, ojalá sobreviva.

Seguimos caminado y llegamos a los terrenos donde inició el tiroteo apenas tres días atrás. Entre el polvo y el pasto se encontraban tantos cartuchos de gas lacrimógeno, 9mm y AR-15, que era difícil no verlos, no pisarlos y no imaginar la magnitud de la refriega.

La matanza por un camión de 36 toneladas

En este lugar uno de los comuneros nos dice mientras señala una loma cercana:

Ahí mataron al niño [Luis Gustavo Hernández Cuenete], yo estuve aquí, le dispararon desde lejos, traían miras telescópicas, el traía uniforme rojo del bachilleres (COBAEM) y cayó con el primer disparo ¿Por qué le dieron el tiro de gracia?

Sus ojos se humedecen y la voz se entrecorta, continúa:

¿Por qué nos acribillaron de esa manera? No lo entendíamos, pero ahora vemos que venían por ese tráiler. ¿Por qué entró el ejército solo por ese tráiler?

Le interrumpimos y preguntamos «¿Podemos grabarte?»

Sí, pero no saquen mi cara, yo ya vi de lo que son capaces y no van a detenerse por nada, porque son ambiciosos. Yo les voy a decir lo que pasó.

Encendimos la cámara, y le pedimos que nos contara:

Les voy a platicar lo que a mí me tocó vivir… estábamos reunidos en la plaza, por lo de los detenidos del día anterior y llegó una llamada, que venía la policía, pero no lo creímos, yo mismo en mi cabeza tampoco cupo que el gobierno nos iba a mandar a esa gente. Llegó otra llamada cuando según iban por Nahuatzen, pero nos dicen que a lo mejor iban para Cherán porque había una inauguración. Desconozco de qué era la inauguración. Entonces digamos a los cinco o seis minutos entran unos comuneros corriendo, diciendo ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí los granaderos!

Bueno, entonces la gente quiso venir a detenerlos, esa era nuestra intención y me incluyo ahí, claro que vine armado, pero vine armado con un palo… Llegue aquí al crucero de mi pueblo Arantepacua y nosotros quisimos usar nuestras tácticas que según nosotros traíamos. Nos íbamos a meter unos comuneros para el lado de Turicuaro y agarramos ese caminito que va a Turicuaro, los otros se vinieron para acá, donde hay un taller mecánico donde está la segunda entrada, venían otros metiéndose por la entrada principal.

Entonces como yo iba con los que íbamos para Turicuaro, yo me asomo y me doy cuenta que eran muchos, muchos, muchos, bastantes, yo diría que eran como unos tres kilómetros de patrullas formadas. Entonces yo les dije a mis compañeros con los que iba, que mejor nos regresábamos, porque así no íbamos a hacer nada, porque era bastante gente ¿verdad? Y sí, sí nos entendimos entre nosotros y le corrimos…

Entonces ellos empiezan a disparar gas, balas de goma, teníamos una camioneta de la CFE para bloquear el paso, llegó «el rinoceronte» [Vehículo blindado de la SSP que cuenta con espacios secretos para desplegar francotiradores, planta generadora de energía, gancho de arrastre motorizado y llantas resistentes a balas] y lo agarró como un juguetito tirándolo.

Entonces se mete en un cercado «el rinoceronte» y nos empieza a corretear, correteó a mucha gente, a bastante gente la correteó. Y corrimos al centro del pueblo, yo les estoy hablando lo que pasó en la calle principal, en la 20 de Noviembre… Y fue una desgracia lo que pasó, porque esos hombres empezaron a lanzar balas de fuego, de grueso calibre, algo que nosotros desconocemos aquí…

Y empiezan por el lado de arriba, ahí empiezan a matar a nuestros comuneros y como había muchos de ellos atrás, empiezan a tirar para adelante y hay un video donde ellos dicen ¡Ya no tiren para acá, ya no tiren para acá ¡porque nos están dando a nosotros mismos! Entonces no era gente bien capacitada…

Lo que yo pregunto a la audiencia, si es que esto se va a difundir, ¿por qué mandaron eso para acá? Pregúntense ¿por qué? Si esto es un pueblo, si esto ya lo han hecho antes otros pueblos, ya han tomado camiones, digamos. Y el punto lo voy a decir. Aquí había detenidos, digamos, como treinta camiones, o como quince camiones, pero llega el gobierno y ya cuando vimos que cayeron los cuatro comuneros, en ese momento ya la gente empezó a correr. Nos salimos del pueblo, incluyéndome… Entonces nada más se enfocan en llevarse un solo camión, ese camión fue el único que se recogió de aquí del pueblo de Arantepacua, ¿Por qué fue el único que se recogió? No entiendo yo, al último llegaron soldados uniformados en verde, ellos escoltaron el camión que se llevaron para el lado de Uruapan. Ese camión salió con una grúa pero de ahí no salió ningún camión más, ahorita ya estamos a 7 u 8 de abril y nadie ha dicho nada de los camiones…

Si ellos nos dicen«¡saben que venimos por ese camión!» Y si nos iban a dejar quince camiones más ¿Por qué nos interesara uno? Nosotros lo íbamos a dejar en son de paz y no tener esos compañeros muertos. A ese niño muerto también, ahí en el video de Internet, dicen «¡Ya cayó, ya cayó el de rojo!» Pero nunca pensaron que habían matado a un estudiante y lo remataron, fueron hasta donde estaba y le dieron el tiro de gracia, yo lo viví.

El recuento de testimonios coincide y muestra que después de que la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSPEM) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), «controlaron a la población», entró la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) con una grúa a llevarse un tráiler, el operativo se da por concluido y se retiran.

En el comunicado oficial del Gobierno de Michoacán por el operativo del 5 de abril del 2017, puede leerse:

El martes pasado los comuneros quemaron un camión de carga particular y retuvieron una veintena de vehículos. Ante esto, la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo para liberar las unidades; los agentes de la Policía Michoacán fueron agredidos por comuneros de Arantepacua con disparos de armas de fuego.

A tres días del operativo y de este comunicado oficial, nos consta que la veintena de vehículos que los comuneros habían tomado para negociar la libertad de sus vecinos aún permanecían en el poblado. Un vehículo tipo tráiler como el que aseguran los pobladores que la SEDENA recuperó durante el operativo del 5 de abril, puede cargar hasta 36 toneladas de peso. Las preguntas inminentes surgen: ¿Cuál era el contenido de esas toneladas? Y, ¿por qué no podían advertir a los comuneros de la importancia del vehículo?

Un día antes de nuestro recorrido, el 7 de abril de 2017, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo integrante del Partido de la Revolución Democrática, declaró: «En Michoacán no titubeamos en el ejercicio de la autoridad, la aplicación de la ley y el estado de derecho». Esto en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Regional de la XII Región Militar, en el evento de incineración de narcóticos donde calcinaron más de 4 toneladas de narcóticos con un valor superior a los 443 millones de pesos. De estos, según el mismo informe oficial, 409 millones 783 mil 590 pesos corresponden a una tonelada 307 kilogramos de metanfetaminas. Es decir, 92.5% del valor total de los narcóticos incautados.

De acuerdo a los datos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF), entre 2006 y agosto de 2015 fueron localizados por lo menos 460 laboratorios de metanfetaminas en Michoacán, 276 en Sinaloa y 181 en Jalisco. Lo cual sitúa a Michoacán como el principal estado de la república Mexicana en la elaboración clandestina de metanfetaminas.

La impunidad, el miedo y el olvido

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, ha continuado con una línea discursiva en posteriores eventos, que reflejan una posición sumamente dura y con argumentos ambiguos. Por ejemplo, el 10 de abril de 2017, afirmó: «Que las acciones operativas y de inteligencia que se han desplegado en las distintas regiones de Michoacán, apegadas a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, tienen el objetivo de mantener la estabilidad y progreso».

Para el 12 de abril de 2017, el gobernador de Michoacán, al encabezar la reunión semanal del Grupo de Coordinación Michoacán (GCM) en el municipio de Uruapan, señaló: «Que las comunidades indígenas asentadas en esta región se mantengan alejadas de aquellos grupos radicales externos que buscan conseguir sus intereses que en nada favorecen al desarrollo de esas comunidades y de la entidad… no permitiré que bajo la excusa de hacer valer la libertad de manifestación se violenten los derechos de terceros y se atente contra el desarrollo económico y social de Michoacán». En la página oficial del Gobierno de Michoacán puede encontrase esta información bajo el titulo «GCM, por blindar a comunidades de injerencias externas».

La propaganda mediática del gobierno de Michoacán no solo se ha enfocado en justificar la acción punitiva del Estado, confundir a la población y mantener la impunidad del crimen cometido contra este pueblo de alrededor de tres mil habitantes. También tiene un tono amenazante hacia las organizaciones sociales y agrupaciones civiles que muestran solidaridad con esta comunidad indígena purépecha. Haciendo gala de su racismo, desde el gobierno de Michoacán se menosprecian sus capacidades intelectuales y se les señala como carentes de legitimidad en sus demandas y fáciles de manipular por intereses externos.

Arantepacua es el caso de represión más brutal cometido contra una población indígena en lo que va de este 2017; sin embargo, los efectos de la propaganda mediática del gobierno michoacano han logrado invisibilizar las responsabilidades del Estado mexicano en el hecho. La impunidad de la que gozan los «servidores públicos» desalienta cualquier intento de canalizar por vías legales el descontento social. Las vías que el gobierno mexicano en su conjunto está dejando a la población para la resolución de conflictos, están fuera de cualquier marco institucional. Por esto, no podemos hablar de un «Estado fallido»: el Estado mexicano, con el crimen cometido en Arantepacua, refrenda su carácter de «Estado criminal».

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