Lejos de diluirse o dispersarse, el movimiento estudiantil chileno ha demostrando seguir tan vigente como hace ya más de una década, momento en que empezó a plantearse cambios estructurales tales como: gratuidad universal, fin al lucro y control territorial. Continúan tomándose las calles al no encontrar cabida dentro de las posibilidades que ofrece el Estado.
Desde 2006 hasta ahora, se puede registrar un pulso continuo del movimiento estudiantil chileno, pulso que muestra un ritmo estable y que exhibe sus puntos más altos al promediar el año. Esta situación quedó en evidencia el pasado jueves 9 de junio cuando alrededor de 300 mil estudiantes salieron a marchar por el país con demandas que, si bien formaron parte de las promesas de campaña de Bachelet en su segundo periodo, no han podido ser asimiladas por el Estado porque resultan incompatibles con su proyecto neoliberal.
Diversas organizaciones de estudiantes secundarios y universitarios: Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se dieron cita en las principales arterias de Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco para manifestar el repudio generalizado que ha provocado la reforma educacional encabezada por la Nueva mayoría, coalición que desde 2013 sustituyó a La Concertación como agrupación de partidos de centroizquierda en el país. Este conglomerado político ha sido incapaz de resolver las exigencias del movimiento social ligado a la defensa de la educación; negándose a comprender que la lucha por la gratuidad no refiere simplemente a la subvención total de los costos de arancel y matricula de los estudiantes del país (lo cuál aún no se cumple) sino que apunta a un cambio sobre la estructura administrativa del quehacer educativo en todos sus niveles; esto debe garantizar el fin de la deuda a la que fueron condenados más de un millón de estudiantes por los créditos, además de asegurar el fin al lucro junto a la elaboración de un nuevo curriculum nacional.
Esta situación no sólo se debe a la ineficiencia, falta de voluntad política o simple ineptitud intelectual y ética de las autoridades para comprender lo que se está exigiendo; se trata mayoritariamente de la incapacidad del estado para digerir demandas que le son del todo antagonistas. Por ejemplo, el «fin al lucro» parece ser la principal piedra en el zapato para la clase política, la cual descansa sobre este pilar principal que sostiene la desigualdad en torno a la distribución de la riqueza. De este modo, la acumulación parece ser el punto de apoyo de un sistema capitalista que basa su desequilibrio en la apropiación privada del trabajo colectivo, lo que inevitablemente progresa hasta caer en el plano del lucro.
Por otra parte, la Reforma educacional que fuese la principal promesa de campaña de la neoliberal centroizquierda chilena, ni siquiera ha podido cumplir con sus propias banderas enarboladas a los cuatro vientos durante el 2013. La Concertación, agrupada ahora bajo el nombre de Nueva Mayoría, tiene muy poco de nueva y aun menos de mayoría. Como lo “nuevo” encontramos al oportunista partido comunista que asumiendo el papel de actor invitado exhibe su momento más oportunista subyugando cualquier demanda en función de sus intereses particulares.
La falta de unidad e improvisación han quedado en total evidencia durante estos últimos días al renunciar sorpresivamente el Ministro del interior, Jorge Burgos, quien antes de dejar su cargo se preocupó por instalar políticas represivas que quedaron pendientes en el gobierno de Sebastian Piñera, las cuales fueron duramente criticadas en su momento por esta misma coalición que hoy las ha promovido y empleado.
La detención por sospecha —cuya anulación había sido uno de los pocos triunfos de la timorata democracia frente al legado de la dictadura— ha sido nuevamente puesta en vigencia por una presidenta que trata de esconder su carácter represivo bajo una publicitaria imagen maternal. Los reiterados abusos de carabineros hacia los manifestantes han alcanzado niveles que escapan de cualquier marco que se desprenda del Estado de Derecho. Los perdigones, las lacrimógenas al cuerpo y las detenciones arbitrarias ya no son una simple salida de madre de la represión o un método empleado en las periferias de los centros urbanos durante noches de protestas. Lamentablemente, hoy parecen ser el modus operandi de un Estado policial que no puede mantenerse firme sin estos macabros métodos.
Frente a esta realidad, los secundarios siguen alzándose como la principal fuerza del movimiento social por la educación, transformándose en la punta de flecha de una demanda que se le ha calado bien hondo en las costillas a este gobierno. Por su parte, el ala universitaria del movimiento sigue entrampada en sus mezquinas disputas, siendo este sector cooptado de manera mayoritaria por el triste reformismo propio de los partidos políticos que, contenido dentro del envase de la institucionalidad, continúa autolimitando al movimiento y ampliando la base de representación social del Estado. Esta realidad muestra una distancia abismal con lo que sucede en las tomas de liceos, donde la elaboración de una lucha antipatriarcal junto a la autonomía predomina. Frente a cualquier expresión de militancia y obediencia ante los clásicos partidos políticos; estas se denuncian y decartan por los secundarios, por lo menos en cuanto a términos discursivos se refiere.