Por Rodrigo Caballero
Una tormenta perfecta se formó para dejar a 20 mil personas desprotegidas en la época de sequía que se aproximaba, se trató de una combinación de bajas lluvias, huracanes fuera de temporada y la falta de voluntad para actuar por parte del gobierno del estado de Michoacán, que se confabularon para agudizar la crisis en una de las regiones más ricas y, al mismo tiempo, una de las más pobres de México.
El alto volumen de pérdidas y los bajos niveles de agua, ya no solamente para agricultura y ganadería sino para las propias personas, provocaron una señal de alerta tanto para investigadores como para los mismos campesinos.
En agosto de 2015, era el final de una lánguida temporada de lluvias en la región del Bajo Balsas de Michoacán –ubicada en el corazón de Tierra Caliente– y Eduardo Lombardi coordinaba un programa de monitoreo del agua, sólo para encontrar que los pozos comunitarios estaban entre el 30 y 40 por ciento de su capacidad, signo de que la sequía azotaría inminentemente la zona.
El Programa de Monitoreo Comunitario de la Calidad del Agua se trata de un estudio de 64 sitios de agua para consumo humano, ubicados en los municipios de La Huacana y Churumuco, a 230 kilómetros de la ciudad de Morelia, mismos que deberían estar a su máxima capacidad por tratarse del mes de agosto. Sin embargo, en 2015 las cosas fueron distintas.
Había poca agua para consumo humano y los ríos comenzaban a secarse siendo apenas el final del mes de agosto. Entonces, investigadores como Eduardo Lombardi dejaron los pozos y pasaron a los cultivos donde un porcentaje alto de la cosecha se secó por falta de lluvias, eran plantíos de jamaica, ajonjolí, maíz y sorgo que tuvieron pérdidas de hasta el 85 por ciento del producto.
«A finales de la época de lluvia los pozos están llenos y esta vez no estaban llenos, inclusive ya había ríos secos, preguntamos a los campesinos ‘¿hubo cosecha? no, no hubo cosecha’, entonces se emite la alerta temprana porque nos dimos cuenta que se nos venía encima una contingencia enorme» relató Lombardi.
Sin embargo, aún con los primeros signos de la sequía sobre la mesa, era necesario comenzar un monitoreo de la zona para conocer cuál era la magnitud de la contingencia que enfrentarían los pobladores del Bajo Balsas, sobre todo en los municipios de La Huacana y Churumuco.
A la red se integraron instituciones que ya formaban parte del propio Programa de Monitoreo, como el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI), el Grupo Balsas, la Fundación «Gonzalo Río Arronte», la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La peor en 85 años
El problema no es, en sí, la sequía, de acuerdo con Eduardo Lombardi, ya que es una temporada estacional y que se repite año con año en Tierra Caliente michoacana, sino la falta de lluvias durante el verano y las escasas cosechas que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de unas 20 mil personas, todas ellas distribuidas en 13 ejidos del municipio de Churumuco y 5 ejidos del municipio de La Huacana.
De hecho, estos municipios registran periódicamente tiempos de sequía consideradas como severas, como las encontradas en 1930, 1957, 1987 y 2002. Siendo la de 1930 la que más se parece a la actual por su intensidad y volumen de pérdidas.
De acuerdo con el reporte de investigación de la contingencia, a inicios de 2015, El Niño, «un fenómeno oceánico y atmosférico que produce cambios y anomalías en las lluvias y temperaturas» de países ubicados en la cuenca de océano Pacífico, se presentó como uno de los más fuertes que se tienen registros en la historia.
A lo largo de la república mexicana, El Niño provocó tanto lluvias torrenciales como sequías severas en zonas secas del país como lo son: el Istmo de Tehuantepec, la península de Baja California, así como la costa de Guerrero y Oaxaca y por supuesto la cuenca del Río Balsas, que abarca principalmente Michoacán pero también una parte de Guerrero.
En el Bajo Balsas, las consecuencias de El Niño fueron lluvias discontinuas y escasas, provocando que los campesinos perdieran sus cultivos originales y tuvieran que resembrar sus parcelas. Esto duplicó el trabajo y la inversión de dinero en la zona, mismo que no rindió frutos con la llegada de la cosecha.
Sin embargo, este fenómeno también se agudizó con la llegada del huracán Patricia a las costas del océano Pacífico, paradójicamente, las lluvias no redujeron la sequía sino que la incrementaron puesto que las pocas cosechas que habían resistido fueron arrasadas por las aguas torrenciales y las toneladas de jamaica y ajonjolí apiñadas en los campos para deshidratarse se mojaron, generando hongos que echaron a perder el producto.
Otro efecto del huracán Patricia fue el humedecimiento de los pastos secos del fin de la temporada que terminó pudriendo el poco zacate que podían consumir las vacas de los ganaderos locales e, incluso, la humedad llegó a la leña y pudrió una parte de la madera que venden los agricultores a fin de ganarse un ingreso extra.
Las consecuencias son la reducción en las fuentes de agua comunitarias, bajas ventas, carestía de productos básicos, racionamiento, migración y aumento de actividades como la tala, pesca y caza inmoderada. Pero sobre todo está el impacto en la seguridad alimentaria y en la salud de la población, ya que se encuentran en una región de alto impacto en enfermedades como el dengue y la chikungunya.
Todos estos factores, incluyendo la nula o tardía respuesta por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, formaron una vorágine de elementos que terminaron por incrementar la vulnerabilidad de los habitantes del Bajo Balsas. De hecho, la desatención gubernamental provocó una reacción comunitaria convocando a reuniones de la propia sociedad civil, a fin de afrontar la sequía.
Hasta el momento se han realizado 5 reuniones en diferentes partes de la entidad, las primeras dos en la Casa de Gobierno del Estado de Michoacán, mismas a las que no asistieron funcionarios públicos que tuvieran capacidad de tomar decisiones acerca de la problemática que acechaba al Bajo Balsas.
Época de vacas flacas
Para octubre de 2015, las zonas por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar perdieron todas las cosechas de maíz y por encima de dicha altitud el rendimiento de éstos cultivos fue de apenas un 40 por ciento, en comparación con las de 2014.
Además, las pérdidas de entre el 85 y 90 por ciento de los cultivos de sorgo, jamaica y ajonjolí provocaron que el ingreso familiar promedio cayera al punto de poner en riesgo la seguridad alimentaria.
Esto significa que está en juego el «acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales de las personas», según la definición de seguridad alimentaria de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Por otro lado, la poca producción de maíz y sorgo además provocó una baja producción de pastos y forrajes, vaticinando una temporada difícil para la manutención del ganado que vive en la región.
De acuerdo con estimaciones hechas por los propios pobladores de La Huacana, mantener una veintena de vacas requiere al menos 6 toneladas de forraje distribuidas parcamente durante la temporada seca, lo que implica un costo de 24 mil pesos para los pequeños ganaderos. El problema es que si no hay cosecha y no hay venta, es más difícil conseguir el dinero para mantenerlas.
–He comprado 2 toneladas de forraje para el ganado a 3,500 y 4,000 pesos la tonelada, no nos queda otra más que vender una o dos (vacas) para seguir comprando la demás– aseguró un productor en la zona de La Huacana.
–¿Cuántas vacas tiene?
–Vacas, vacas tengo unas 17, tengo tres terneras, de por sí el ganado no creas que se recuperó esta temporada de aguas, nosotros las echamos al monte hace como dos meses y no se han recuperado nada, el pasto ya seco no las nutre, yo compré rastrojo para irlas «maiceando» pero no están bien nutridas.
–¿Cuánto les dura una tonelada de forraje?
–Bueno depende porque, por ejemplo, a las terneritas que están más o menos ahorita no les estamos dando y a las otras «terciadito», imagínate, si les damos [de comer] bien a todas no nos alcanza, se las lleva recio.
–¿Con cuántas toneladas saca la temporada?
–Yo creo que así dándoles «salteadona», con unas 6 toneladas alcanza para salir la temporada de secas y tengo que vender una o dos de cajón, a lo mejor tres pa’salir la temporada, ya una vez que lleguen lluvias se sueltan nomás, ya habiendo zacate verde se la mantienen ellas solas.
Por esa razón, en la última reunión de ejidatarios del Bajo Balsas, el doctor Alejandro Velázquez Montes, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM, refirió que el modo en que se desarrolla la ganadería en la zona es erróneo.
«Está bien documentado, 7 u 8 kilos de productos agrícolas de calidad son necesarios para conseguir un kilo de carne de mediana calidad en una buena época, entonces creemos que en una economía tan básica como la de esta zona, la ganadería no es una apuesta sustentable» agregó el investigador del CIGA.
Esto significa que los pocos ganaderos de la región sacrifican productos como el maíz, que podrían consumir las familias que se encuentran afectadas por la sequía, para que coma el ganado, lo que intensifica la crisis alimentaria y pone en riesgo a los productores de la región.
Desatención gubernamental
En total, la Unión Regional de Cooperativas «Arroyo San Pedro Jorullo» y cinco cooperativas comunitarias más, tuvieron consecuencias graves por la pérdida de casi el 90 por ciento de la cosecha, según una encuesta realizada por sectores sociales, académicos y comunitarios que se organizaron solos en la zona.
Marcoeri Guzmán Aguirre, productor de la Unión de Cooperativas «Arroyo San Pedro Jorullo» aseguró que de las 40 toneladas de jamaica y ajonjolí que cosecharon en 2014 ahora solamente cosecharon 3 toneladas, es decir, apenas el 7 por ciento de lo que obtuvieron un año atrás.
En entrevista, Guzmán relató que el ajonjolí y la jamaica orgánica –que solamente se produce en Michoacán y se ha convertido en un ícono de la región– se cosechan casi exclusivamente para su venta, apoyando el gasto familiar de unos 2 mil productores en la región.
«Nosotros producimos jamaica orgánica, nadie más produce como nosotros porque no andamos metiendo que conservadores que pesticidas, no, todo natural con eso se distingue nuestra producción pero no podemos producir mucho porque no es industrializado» reveló el productor quien también es miembro del Grupo Balsas.
Macoeri ha ocupado cargos como comisario ejidal, coordinador de proyectos comunitarios y, actualmente, es miembro del Consejo de Comercialización de la Unión de Cooperativas. Él se encarga de ventas, comercialización y seguimiento a compradores de jamaica y ajonjolí en la región por lo que para finales de 2015 se encontraba técnicamente sin trabajo.
«Ahorita no coordino ventas, de qué, si nos quedamos prácticamente sin cosecha, por eso venimos aquí a buscar soluciones y por eso me parece indignante que no se presenten los miembros del gobierno para, juntos, buscar una solución» agregó con tono serio.
En ese momento, Macoeri se refería a la segunda reunión, realizada en la Casa de Gobierno del Estado de Michoacán, para combatir la contingencia, el viernes 13 de noviembre de 2015.
En aquella ocasión, se apersonaron más de 50 productores y jornaleros de la zona del Bajo Balsas, quienes viajaron 230 kilómetros desde sus comunidades hasta la capital del estado en autobuses rentados para una reunión oficial. Por parte de las instituciones gubernamentales, sólo cinco funcionarios públicos se presentaron al lugar y uno de ellos llegó con una hora y media de retraso.
Tuvieron representación la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a nivel federal, así como sus homólogas en Michoacán, SEDRUA y SEMARNACC, pero faltaron casi la mitad de los funcionarios que fueron invitados.
Ni siquiera estuvo presente el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a quien la organización del Bajo Balsas le envío una invitación tres semanas antes, y a pesar de que había entregado becas a jóvenes michoacanos –en el mismo lugar– horas previas a la reunión programada por los ejidatarios.
Otro personaje que brilló por su ausencia fue el diputado local, Raymundo Ortega Arreola, quien no solamente es el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán sino que también es legislador electo en el Distrito XXII conformado por municipios como La Huacana, Múgica, Arteaga, Gabriel Zamora, Tumbiscatío y Churumuco.
Estas ausencias fueron catalogadas como «una falta de respeto» por el representante de la cooperativa de pescadores de Guadalupe Oropeo, Daniel Lozano Cruz, quien dijo: «me da tristeza que uno tenga que levantarse a las 4:00 de la mañana para estar aquí en Morelia por algo que nos afecta muchísimo y ellos que están aquí no se presentan».
El 6 de enero de 2016, durante un evento conmemorativo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Raymundo Arreola, respondió ante los cuestionamientos de su ausencia ante la crisis que afecta los municipios que lo postularon a su cargo.
–Hicimos un recorrido ya, precisamente por el asunto climático y sobre todo por la baja precipitación pluvial que hubo en la región, ya hay un compromiso de los alcaldes, ya hay un compromiso con SAGARPA (…) y esperamos una respuesta pronta.
–¿Y desde el poder legislativo?
–Desde el legislativo, nosotros lo que necesitamos es precisamente que a través de este nuevo presupuesto de más de 300 millones [de pesos], más de lo que estaba presupuestado para el campo, pudieran atenderse temas de sequía.
Tras la insistencia por parte de los productores del Bajo Balsas, en la tercera reunión de ejidatarios se integró a un representante del diputado Raymundo Arreola a los trabajos y el 21 de abril de 2016, el presidente de la Mesa Directiva exhortó al gobernador, Silvano Aureoles Conejo, para que asignara recursos a los afectados de la sequía.
No obstante, hasta el 27 de abril, a los productores sólo les han entregado el seguro de contingencia para reponer algunas de las pérdidas que tuvieron durante la sequía del 2015.
Movilización comunitaria
Ante la falta de «voluntad política», como lo describió la doctora Ana Burgos, de la UNAM, la red de alerta temprana que se formó para estudiar las dimensiones de la sequía pronto se transformó en una red comunitaria dedicada a combatir la sequía.
A fin de conocer la forma de contener el fenómeno meteorológico, Olga Flores e Irma Núñez, la coordinadora técnica y la tesorera del Grupo Balsas respectivamente, coordinaron un estudio que buscó los métodos comunitarios que se aplicaban para combatir la sequía desde 1930.
Estas acciones son coordinadas en conjunto entre la población del Bajo Balsas y las instituciones académicas y comunitarias, mismas que arrastraron a las instituciones públicas a unirse a la solución con base en acciones concretas.
Para cuando llegó la cuarta reunión de seguimiento, el 10 de marzo de 2016, el problema de la sequía comenzaba a causar estragos, ahora los campesinos veían como las reservas de agua se iban acabando con la mitad de la temporada seca por delante.
Aun así, instituciones como la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) apenas se integraban a los trabajos con la presencia de Luis Jaime Bernés Borreda, jefe del departamento de evidencia y manejo de riesgos de la SSM, quien se fue con la promesa de revisar los estantes de los centros de salud del Bajo Balsas para hacer un inventario de las medicinas que, según los pobladores, no existen.
Además, en esta ocasión ni SAGARPA ni SEMARNAT enviaron delegados que respondieran a las peticiones del Programa de Empleo Temporal (PET) y la agilización de pagos de programas como el de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) y el de Apoyos Directos al Campo (PROAGRO Productivo).
No obstante, esto no impidió las acciones de seguimiento a la contingencia por parte de los mismos pobladores de la región, quienes incluso ya se movilizaron para llevar 20 toneladas de maíz a las comunidades más golpeadas por la sequía y preparan un segundo envío similar en las próximas semanas.
Día a día, técnicos comunitarios de cada ejido, monitorean la salud, alimentación, ganado, huertos y problemáticas de los pobladores, a medida que la sequía avanza. Todo esto se discute en las reuniones de seguimiento y juntos exponen medidas para contenerlos.
Ahora cierran filas para evitar que los pobladores migren físicamente o busquen combatir la sequía mediante actividades ilegales de pesca, tala y cacería. De hecho, en tres ejidos de La Huacana –Guadalupe Oropeo, Cayaco y Sinahua– los propios pobladores ahora denuncian la caza inmoderada e intentan detenerla.
Pero muchas de sus actividades se mantienen suspendidas por el propio aparato gubernamental incapaz de llevar el ritmo de la organización comunal. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) todavía no puede responder si se pueden usar camiones oficiales para traslado de toneladas de maíz que fueron comprados por los propios pobladores.
En cada reunión, la SEDESOL envía nuevos funcionarios que tienen que empaparse de nuevo en la problemática y se comprometen a cosas en las que no hay seguimiento real. Si esto sucede a nivel federal, las instituciones estatales son menos capaces de responder, sobre todo tratándose de una administración que apenas llegó en septiembre de 2015.
«Entendemos que los funcionarios van entrando, algunos nos dicen ‘déjame siquiera sentarme en la silla’ y les contesto ‘por mí te puedes revolcar en la silla todo lo que quieras, pero esta problemática se te viene encima estés o no bien sentado en el cargo’» comentó Eduardo Lombardi.
De acuerdo con estimaciones realizadas por el grupo de 15 investigadores y más de 30 técnicos comunitarios y coordinadores desplegados en la zona, el combate de la contingencia requiere de unos 52 millones de pesos en total. Dinero que serviría para comprar lo necesario a fin de garantizar primordialmente la seguridad alimentaria de 50 mil habitantes.
Sin embargo, apenas este 26 de abril de 2016, se hizo entrega de 13 millones 762 mil pesos como parte del seguro por contigencia, a casi 2 mil 500 productores, por la afectación que tuvo la sequía en 9 mil hectáreas de la cuenca del Bajo Balsas.
Estos apoyos se dieron por parte de SAGARPA y la SEDRUA en Michoacán, dependencias que apoyaron con el 80% y el 20% de los recursos respectivamente. Sin embargo, el dinero apenas cubre la mitad de los daños, la mitad de los productores y solamente un 26% de lo que requieren los productores para salir de la crisis ambiental que enfrentan.
Soluciones en proceso
«No hay una solución, hay acciones en conjunto que tenemos que empezar a implementar para que en algún punto salgamos del problema […] y las instituciones tienen que irse sumando a la solución porque no podemos esperar a que ellos vengan a solucionarla, los tiempos de respuesta de las autoridades son lentos y para cuando respondan, vamos a tener encima la peor sequía que hemos visto» vaticinó la doctora Ana Burgos en noviembre de 2015.
Ahora, a finales de abril de 2016, el técnico del ejido Oropeo, Víctor Manuel Vidales –un joven de menos de 30 años– relató que ya se sienten los efectos más graves de la sequía, problemas de los que fueron advertidos con meses de anticipación durante los monitoreos de la calidad de los pozos de agua.
En su última reunión, este miércoles 27 de abril de 2016, los productores expusieron su preocupación por la caída de las reservas de agua y maíz para consumo humano, sobre todo en los ejidos bajos donde la cosecha de maíz fue prácticamente nula.
Lugares como Guadalupe Oropeo, Oropeo y Sinagua, racionan a sus habitantes dándoles únicamente 2 horas de agua diarias. En otros puntos, las bombas de agua de los pozos comunitarios se apagan solas cuando no hay presión líquida suficiente para mantenerlas funcionado.
En la carretera que lleva al municipio de Churumuco, dos pares de vacas muertas de sed se encuentran tiradas a un lado del camino, luego de ser abandonadas por sus dueños que no tienen la posibilidad de darles alimento y agua suficientes. Todas las señales indican que la sequía se extenderá al menos hasta el mes de julio, cuando regularmente las aguas empiezan a caer.
No obstante, hay otro inconveniente, cuando se presenta un fenómeno como El Niño, es muy probable que exista su contraparte La Niña, otro fenómeno atmosférico que tiene un efecto opuesto al primero. Una Niña, actualmente alteraría los ciclos de lluvias que caen en el Bajo Balsas michoacano, poniendo en riesgo las cosechas de septiembre, octubre y noviembre de 2016.
Por ese motivo, los técnicos comunitarios deberán continuar monitoreando la escasez del agua, mientras generan más soluciones en conjunto para los 20 mil habitantes del Bajo Balsas michoacano, todo a falta de un plan de contingencia otorgado por las propias autoridades.
«Ahorita los arroyos están secos» aseguró el técnico comunitario Víctor Manuel Vidales, «ya estamos sintiendo que se viene la peor parte» remató, antes de subirse al camión que lo regresaba a su comunidad, donde, en conjunto con productores, investigadores y ejidatarios, se dedica a combatir la tormenta perfecta.