Ejido Tila: restitución, no indemnización, la tierra no se vende

Por Ratarrey
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I

El pasado 16 de diciembre, ejidatarios ch’oles de Tila, en la zona norte de Chiapas, tomaron y redujeron a escombros la presidencia municipal, asentada ilegalmente dentro de tierras ejidales. Luego de décadas de resoluciones legales ganadas pero incumplidas, la asamblea había acordado realizar una marcha el 20 de noviembre para exigir que el ayuntamiento saliera, al fin, de su territorio. La manifestación se pospuso, sin embargo, luego de que se registrara la presencia de miembros de las fuerzas armadas y de grupos paramilitares organizados por el presidente municipal.

La asamblea decidió entonces salir a las calles el 16 de diciembre, para celebrar el séptimo aniversario de un amparo presentado ante el poder judicial estatal en 1982, ganado por las autoridades ejidales en 2008 y aún en espera de ejecución. La marcha, pacífica en un principio, culminó frente al ayuntamiento municipal. Con los ánimos encendidos tras la escalada de violencia provocada por grupos paramilitares auspiciados por diversos partidos políticos, el hostigamiento de las fuerzas armadas, y cansados de décadas de resoluciones legales incumplidas, los ejidatarios de Tila decidieron ejercer su derecho al autogobierno.

El acoso, sin embargo, no ha terminado. El 20 de diciembre, mientras se realizaban las labores de limpieza organizadas por las autoridades ejidales, el comandante del mando único policial abrió fuego contra un miembro de la asamblea. El ejidatario se encuentra, afortunadamente, fuera de peligro. En días recientes, el presidente municipal expulsado –Edgar Leopoldo Gómez– ha reactivado al grupo paramilitar Paz y Justicia para agredir a las autoridades ejidales. En medio de este clima de tensión, sin embargo, en la Casa Ejidal de Tila la actividad y la convivencia colectiva no han cesado. Allí se comienzan, ya, a imaginar, a organizar y a ejercer las formas de su autonomía.

II

La historia de la resistencia del pueblo ch’ol de Tila es larga. Desplazadas, sometidas y violentadas durante la colonia, las comunidades ch’oles vieron sus tierras ocupadas por finqueros alemanes durante el porfiriato. Los repartos agrarios el sexenio cardenista marcan el inicio de una serie de batallas legales que certifican la propiedad ejidal de las tierras usurpadas después por el ayuntamiento municipal.

En 1922, un grupo de principales de la comunidad caminaron por días a Tuxtla Gutiérrez para solicitar la dotación de tierras. Un decreto presidencial de 1934 otorgó en propiedad ejidal el territorio abandonado por las fincas Pennsylvania y Morelia, entre otras.

Justamente en el corazón del nuevo ejido se asentó de manera ilegal la cabecera municipal, originalmente situada en la comunidad tseltal de Petalcingo, al sur de Tila. Una epidemia que vació casi por completo a Petalcingo llevó la presidencia municipal a territorio ch’ol. Un plano definitivo, levantado en 1961, precisa los limites y la extensión del ejido –5,405 hectáreas–, sin jurisdicción del municipio. En 1966, el ayuntamiento levanta otro mapa, para intentar legalizar la usurpación. En él aparece una nota que otorga al municipio 130 hectáreas como fundo legal, una arcaica figura jurídica que permite al municipio construir sus oficinas y administrar las tierras. Este segundo mapa, sin embargo, no tenía sustento jurídico. Este ha sido el núcleo de las argumentaciones legales de los ejidatarios de Tila.

La convivencia entre autoridades ejidales y municipales se mantuvo mientras el ayuntamiento respetó la organización y las decisiones de la asamblea. En 1975, sin embargo, la presidencia municipal intentó expropiar las tierras de varias familias ejidatarias. Para preparar su defensa, viajaron a la Ciudad de México a revisar los archivos. Allí, redescubrieron y recuperaron el plano definitivo de 1961, sustento jurídico de las demandas ejidales.

En 1980, un decreto de expropiación emitido por el gobierno de Chiapas pretende legalizar, de nuevo, el despojo de las 130 hectáreas ejidales. Dos años después, la asamblea presenta el amparo 259/82, que le es concedido el 16 de diciembre de 2008, veintiséis años más tarde. Finalmente, en 2010 se presenta el último recurso legal para la reubicación del ayuntamiento: una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la ejecución del amparo de 2008. Los ministros de la Corte proponen que la presidencia municipal se mantenga en Tila, pagando una indemnización. La respuesta de la asamblea –compuesta por más de mil 600 ejidatarios–, sin embargo, es clara: restitución, no indemnización. La tierra no se vende.

En abril de 2013, la Suprema Corte decide suspender indefinidamente la discusión sobre el ejido Tila, sellando un historial de olvidos, agravios e injusticias. Las batallas jurídicas, sin embargo, permitieron a la asamblea reapropiar su memoria y fortalecer, así, sus vínculos y su organización. El desprecio de las autoridades locales, estatales y federales mostraron, en última instancia, que la justicia sólo puede venir de la resistencia paciente y organizada de los pueblos.

III

El levantamiento zapatista marca una nueva etapa en la comunidad ch’ol de Tila. En 1995, el entonces presidente municipal, Raymundo Torres, comienza a organizar al grupo paramilitar Paz y Justicia, financiado con recursos de los gobiernos estatal y federal. Entre 1996 y 1997, Paz y Justicia asoló las bases de apoyo zapatistas utilizando las tácticas de contra insurgencia y guerra de baja intensidad del Estado mexicano: desplazamiento forzado de familias y comunidades, asesinatos, violaciones, robos y despojos de bienes, tierras y cabezas de ganado.

En 1997 se detuvieron a 11 personas –la mayoría de filiación priísta– identificadas como fundadoras y organizadoras del grupo paramilitar. Como en todo Chiapas, sin embargo, la guerra contra las comunidades ha sido permanente. La situación geográfica del municipio explica la intensidad de la actividad militar y paramilitar: Tila ha funcionado como una zona de contención para impedir el avance zapatista hacia Tabasco y el oeste de Chiapas.

La llegada de autoridades municipales ajenas al ejido Tila ha incrementado la tensión entre el ayuntamiento y la asamblea ejidal. La lucha entre partidos ha fomentado la creación y el mantenimiento de grupos paramilitares que asedian a las comunidades, sobre todo en periodos electorales.

Las técnicas de contrainsurgencia, por otro lado, se han vuelto más sutiles. El reparto y la asignación de programas asistencialistas –estatales y federales– es un factor de división al interior de la comunidad. Muchas y muchos habitantes se ven obligados a apoyar a ciertos partidos o evitan participar en la organización comunitaria por temor a perder los «apoyos».

En años recientes, el ayuntamiento ha intentado, además, abrir la puerta a nuevos proyectos extractivos en territorio ejidal. La asamblea ha logrado, gracias a su organización, frenar la entrada de presas, subestaciones eléctricas, centros comerciales, minas de uranio, así como detener el proceso de privatización del agua al interior del ejido. Este año, el 25 de febrero, la comunidad logró, mediante un amparo, la expulsión de una base militar adscrita al 31 Batallón de Infantería, situada ilegalmente en territorio ejidal. Las autoridades municipales –originarias de otras comunidades– han seguido hostigando al pueblo de Tila de diversas formas. La construcción de un auditorio –prácticamente inutilizado– sobre la explanada donde solía realizarse la tradicional danza de los tigres y los negritos es apenas una muestra de la permanente violencia cultural ejercida contra el pueblo ch’ol.

IV

En 2015 se alcanzó un nivel inédito de tensión y violencia provocada por las autoridades municipales y por los partidos políticos, particularmente por el Partido Verde –titular de la presidencia municipal– y el PRI. En febrero, un grupo apoyado por el presidente municipal usurpó las funciones de las autoridades ejidales, sin el apoyo de la asamblea.

En el mes de Junio, con el inicio de la campaña por las elecciones locales en el estado de Chiapas, grupos armados auspiciados por distintos partidos políticos comenzaron a rodear e intimidar a los habitantes de Tila. En Julio, un hombre fue asesinado en la comunidad de Nueva Esperanza, fuera del ejido Tila, pero dentro de los límites del municipio.

En medio de este clima de violencia e intimidación partidista, la asamblea ejidal acordó, el 8 de noviembre, marchar el día 20 de ese mes para exigir, una vez más, la salida del ayuntamiento. El día previo a la manifestación, sin embargo, elementos de la marina, de la policía sectorial y de grupos paramilitares rodearon y entraron al centro de Tila para intimidar a los ejidatarios. Ante esta situación, la asamblea decidió posponer la manifestación hasta el 16 de diciembre, para celebrar el aniversario del amparo concedido en 2008.

La entrada del comandante del Mando Único –que, según los ejidatarios, anunció que «iba a hacerse respetar por los indios de Tila»– terminó de crispar los ánimos. El 16 de diciembre, la marcha se dirigió hacia la comandancia de policía y al ayuntamiento. Allí, policías locales provocaron a los ejidatarios, que decidieron tomar el ayuntamiento y la comandancia. Décadas de despojo, desprecio y violencia cristalizaron en esa decisión espontánea y colectiva. El ayuntamiento ilegal, responsable de masacres y acosos, tuvo que abandonar las instalaciones frente a la fuerza organizada del pueblo Ch’ol.

Desde la toma del ayuntamiento, la comunidad ha permanecido organizada y alerta en la Casa Ejidal. Desde allí se organizaron el 20 de diciembre los trabajos de limpia donde el comandante del Mando Único disparó contra un ejidatario, logrando huir después. La reactivación de Paz y Justicia, y la coordinación de miembros del crimen organizado por las autoridades municipales es un secreto a voces en la comunidad.

Las autoridades locales y estatales han puesto en marcha, desde entonces, las tácticas más comunes de hostigamiento y contrainsurgencia. La Fiscalía Especializada en Justicia Indígena del estado inició la averiguación previa 177/1n41-m3/2015 en contra de miembros de la comunidad. Además, la Procuraduría General de Chiapas, el presidente municipal expulsado y la diputada local Sandra Cruz Espinosa han desplegado el arsenal de mentiras habitual en estos casos: que no existen grupos paramilitares, que se trata de un conflicto intra-comunitario, que las autoridades buscan restaurar la estabilidad en la región. Incluso, un par de días después de la toma del ayuntamiento, alguien colgó una manta adjudicándole el hecho a los zetas. A pesar de eso, los habitantes de la comunidad tienen claro que los responsables de la violencia son los tres niveles de gobierno y los operadores de los partidos políticos.

V

Las 5,405 hectáreas que conforman el ejido a Tila no son un simple dato topográfico: marcan un territorio donde se construyen vínculos e historias, donde comienza a desplegarse la posibilidad de una vida en común, de un habitar donde la política que busca dinero y poder resulte irrelevante ante la fuerza de un pueblo que puede, y sabe, vivir de su tierra.

Tila ya está organizada. Cada barrio y comunidad tiene una asamblea local donde se toman decisiones y se llevan propuestas a la Asamblea General. Allí se discuten los problemas de todo el ejido. Cada tres años se eligen nuevas autoridades ejidales. Nadie se postula: es la asamblea la que decide quién se hará cargo de las tareas de organización ejidal, basándose en el respeto y el reconocimiento de los propios ejidatarios. Dentro de la asamblea existe, ya, un colectivo de mujeres y algunas ejidatarias ocupan cargos como representantes de barrio. Aún así, ellas mismas reconocen que la participación de mujeres en las asambleas y la toma de decisiones es una tarea que debe seguirse construyendo. El funcionamiento de la asamblea, así como su fuerza, reside en la organización barrial, en las decisiones colectivas y en el esfuerzo de cada una y cada uno.

Ahora que la autoridad municipal ha sido expulsada, los miembros de la comunidad se reúnen al rededor de la Casa Ejidal a discutir, a trabajar, a sentirse juntos. Se escucha gente de todas las edades hablando, apoyando con comida y leña, cocinando, limpiando el pueblo. Jóvenes y ancianos hablan animados del futuro, entreverando memorias del pasado comunitario: el trabajo del campo, la generosidad de las tierras ejidales, las viejas costumbres, el esfuerzo de los abuelos y abuelas que comenzaron y mantuvieron viva la lucha.

Los trabajos que quedan por delante son muchos y arduos: organizar rondas y policías comunitarias, defenderse de las agresiones externas y, en enero, recibir a los cientos de peregrinos que llegan a celebrar a la figura conocida como el Señor de Tila. Todas y todos saben, sin embargo, que es precisamente el trabajo colectivo –cotidiano y a veces invisible– lo que dará consistencia a la autonomía en territorio ch’ol.

Durante mucho tiempo, el esfuerzo de la asamblea ejidal estaba puesto en la lucha en defensa de los 130 hectáreas usurpadas por el ayuntamiento. Ahora, esa potencia podrá ser volcada hacia la vida comunitaria y la construcción de una organización en la que todas y todos continúen el trabajo y las memorias que los abuelos iniciaron.