Por Alejandra N. Rodríguez
Familiares de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados en un operativo policiaco para desalojar a los estudiantes de Ayotzinapa de la autopista del Sol el 12 de diciembre del 2011, así como Gerardo Torres Pérez, víctima de tortura, solicitaron este 15 de diciembre, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenga para iniciar un proceso contra el Estado mexicano por los hechos cometidos durante el desalojo. A cuatro años de los hechos los agraviados piden castigo a los responsables y garantías de no repetición, cabe señalar que a la fecha no hay ningún procesado por el caso.
Los peticionarios solicitan que la CIDH declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, al derecho a no ser sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes y al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Elizabeth Pino, Jorge Herrera, María de Jesús, Gabriel Echeverría y Martha Echeverría, padres y hermana de los estudiantes asesinados, expresaron su inconformidad al manifestar que a cuatro años de los hechos no hay justicia al no detener a los culpables. El caso está archivado y en total impunidad, no hay actores intelectuales del hecho que estén presos. Y la defensa ha determinado que las instancias nacionales están agotadas.
Fotografía: Alejandra N. Rodríguez
Los abogados de los agraviados, Vidulfo Rosales, Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, y Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señalaron que nunca se cumplió la recomendación 1VG72012, que determinó que en los actos de represión de ese día contra estudiantes de la Escuela Normal «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, se registraron graves violaciones a los derechos humanos.
Rosales Sierra expresó, en conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (CENCOS), que hay 4 expedientes judiciales por el caso, uno por homicidio en el caso de Alexis y Gabriel, otro por tortura en agravio de Gerardo Torres, y dos por tortura en el fuero común y el federal contra seis estudiantes. «En el expediente está debidamente acreditado que el día de los hechos del 12 de diciembre del 2011 participaron almenos 90 elementos de la policíacos entre estatales, ministeriales y federales; y dispararon por lo menos 60 armas. Sin embargo solo fueron procesados 2 ministeriales. Y hoy ya están en libertad».
En cuanto a las deficiencias en las investigaciones del caso, está que en su debido momento no se resguardó la escena del crimen y las pruebas de radisonato de sodio para encontrar rastros de pólvora en los inculpados se realizó dos días después de los hechos y nunca se efectuaron los exámenes de balística para determinar el origen y trayectoria de las balas.
«El Tribunal Colegiado, resolvió que no había pruebas en su proceso, metieron un amparo y lograron su libertad. La Procuraduría del estado de Guerrero los volvió a recontratar a Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortez Flores», señaló el abogado.
Los funcionarios públicos que fueron sancionados –el entonces procurador Alberto López Rosas y el ex subprocurador de procedimientos penales, Alejandro Paz– «no fueron procesados por las agresiones a los normalistas, sino por el delito de evasión de presos, porque pusieron en libertad a los normalistas que fueron detenidos sin enviar un desglose a la Procuraduría General de la República (PGR) para que determinara si se cometieron otros delitos, como ataques a las vías de comunicación» denunció Rosales Sierra. En ningún momento se ha sancionado a algún funcionario por el asesinato de Alexis y Gabriel.
En lo que se refiere al caso de tortura a Gerardo Torres, no se ha recabado la prueba técnica conforme al protocolo de Estanbul, para determinar la tortura pese a que el estudiante lo solicitó en su denuncia, pero hasta marzo del 2013, la CNDH envió el estudio que se le practicó al normalista y demuestra su calidad de víctima.
Fotografía: Juan Manuel García
Carlos Boub, integrante del CEJIL mencionó que el uso excesivo de fuerza en el operativo del 2011, así como los hechos de Iguala, el 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, «son casos distintos pero forman parte de un mismo contexto y de agresiones contra un mismo grupo de estudiantes de la Rural de Ayotzinapa».
Asimismo, el integrante del CEJIL enunció los motivos de enviar el caso a instancias internacionales: «la falta de diligencias y de un retardo injustificado del Estado para dar respuesta, con las debidas garantías del debido proceso, a los familiares de Jorge, Gabriel y Gerardo, una respuesta efectiva de lo que pasó, determinar lo que llamamos una verdad histórica y eventualmente una sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos».
Por último, Vidulfo enfatizó que al enviar el caso ante la CIDH se pretende «generar un análisis» sobre el trato que el Estado mexicano da a los estudiantes de las escuelas rurales y que tiene su máxima expresión en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos y asesinados, desde el 2011 a la fecha».