Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica: el asalto de la clase corporativa

Por Aline Hernández
Fotografías: Sari Dennise

 

En octubre de 2015, tras lo que se estima fueron seis años de negociaciones, los doce países involucrados en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) anunciaron que finalmente daban por concluido el primer proceso y con ello, una nueva etapa del tratado entra en vigor. El 4 de febrero de aquel año, en una cumbre que tuvo lugar en Nueva Zelanda donde participaron presidentes y jefes de Estado de los 12 países que integran la alianza comercial, el tratado fue aprobado, por lo que ahora sólo resta, en el caso de México, el envío del documento al Senado de la República para su ratificación final.

Los antecedentes del esquema del TPP se remontan a un acuerdo de libre comercio (el P-3) integrado inicialmente por Chile, Nueva Zelanda y Singapur, cuyas metas, estipuladas bajo la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) consistían en liberalizar el comercio e inversiones; posteriormente se transformó en el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica (AAEE) debido a que Chile mostró inconformidades en materia agrícola. Bajo ese nombre, se optó por dar mayor prioridad a aspectos tecnológicos y de cooperación comercial. En 2005, con la culminación de la quinta ronda de discusiones, los aspectos fundamentales del tratado fueron firmados bajo el nombre de Acuerdo Cerrado de Asociación Económica entre Tres (P-3); fue en ese momento que se invitó a Brunei Darussalam a participar en las negociaciones, conformando entonces el P-4.

El acuerdo buscaba impulsar la liberación progresiva de áreas comerciales, financieras, científicas, tecnológicas, entre otras, entre aquellos países que lo integraban. Luego, en 2008, se inició lo que ellos denominaron «el proceso de ampliación del tratado»; fue entonces cuando EUA, Australia, Perú, Vietnam y Malasia se integraron. Posteriormente, en 2010, inició el proceso de negociación formal del TPP, durante el cual se han realizado periódicamente rondas de discusión.

[1]En conjunto, los países que integran el TPP representan el 30% del PIB mundial, el 19% de las exportaciones mundiales, el 22% de las importaciones globales y concentran al 10% de la población mundial.

En 2011, México expresó de forma abierta su interés por unirse al tratado en el marco de la Cumbre de Líderes de APEC que tuvo lugar en Honolulu, Hawái, siendo oficialmente invitado a participar en 2012. Hoy los suscritos son: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile; además, hay países que se han integrado como «observadores» entre los que se encuentran Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Uruguay, España y Paraguay.

La versión oficial explica que se trata de un acuerdo de cooperación económica y comercial de proporciones globales que modificará el panorama de integración entre los participantes, a través de una estrategia de integración de la región comercial Asia-Pacífico que ha experimentado, en la última década, un notable crecimiento y que, además, viene acompañado de un acuerdo de Cooperación Ambiental y un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Laboral. El tratado impulsará además el relevo del modelo unilateral que caracterizaba a la OMC por un modelo multilateral que tiene por objetivo no sólo la liberación comercial de estas economías en la región del Pacífico, sino también el aislamiento o imposición de reglas de comercio e inversión a los países aglutinados en el bloque BRICS que incluye a China, India, Brasil y Rusia y Sudáfrica.

[2] TPP: ¿por qué quieren ampliar las patentes? (Gustavo Leal F. en La Jornada)

Lo cierto es que el Tratado Transpacífico representa una nueva generación de tratados. Como muchos críticos han apuntado, se trata del acuerdo de mayor dimensión negociado desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor en 1994. Si bien los representantes de cada país han explicado que se trata de un tratado comercial, en realidad trasciende por mucho el aspecto comercial. Se trata de la nueva generación de tratados corporativos de «amplia envergadura» y a través de éste, se buscan trascender las viejas políticas de comercio formal para consolidar, lo que se estima, representa un nuevo sistema de protección y derechos del capital privado y de las corporaciones transnacionales.

Frente a esto y a más de 20 años del TLC debiera existir una memoria que arroje luz sobre la realidad de este tratado y sobre sus corrosivos efectos. Esta memoria nos dice que precisamente estos proyectos y tratados que de antaño han augurado mayor bienestar social a través del desarrollo, se han traducido en brutales proyectos de muerte impuestos para el beneficio de unos pocos. Hoy, una nueva ofensiva de la clase corporativa está entrando en vigor y supondrá una nueva fase de acumulación por despojo y exterminio. Mientras esto ocurre, los de arriba, igual que hicieron con el TLCAN y otros tratados, vuelven a vociferar historias prometéicas que vinculan su noción de progreso con bienestar. Sin embargo, debemos de reactivar esa memoria histórica y no sólo desenmascarar los mitos del progreso, sino negarnos a su idea de que la inserción en los circuitos internacionales del capital va a traer una forma de superación y en este sentido, las luchas de los pueblos son uno de los mayores testimonios que tenemos hoy de este mito.

La lógica que fundamenta el TPP y su esquema de integración está profundamente enraizado en el desarrollo del sistema neoliberal y por tanto en la creación de un nuevo orden económico global que, entre otras características, busca debilitar lo que quedaba del modelo de estado-nación posicionando los intereses de corporaciones y transnacionales por sobre éste. Además, dicho modelo ha implicado la imposición de lo que muchos han denominado como la dictadura financiera que conlleva, entre otros aspectos, la liberación de las corporaciones de cualquier control estatal, la apertura de fronteras únicamente al comercio e inversionistas y por tanto al flujo del capital así como la desregularización del mercado para promover el máximo crecimiento económico, la desaparición de bienes comunes en favor del modelo que otorga prioridad a la privatización de sectores y que promueve su destrucción, la flexibilización del sistema laboral, el sistema de la deuda como pilar, la desaparición de derechos y un largo etcétera.

La imposición de este nuevo orden mundial no podría, sin embargo, tener lugar si no fuera gracias a una serie de cambios estructurales que se han gestado a través de instituciones y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc., además de la presión que ejercen las corporaciones trasnacionales. El TPP en este sentido da continuidad a ese proyecto que lleva gestándose desde finales de los años 60. Decir «tratado», como muchos han apuntado, no es más que un eufemismo para decir que se trata de un acuerdo mediante el cual se están creando o «afinando» medidas altamente proteccionistas, diseñadas para maximizar las ganancias de las corporaciones.

Las áreas donde mayor preocupación se ha expresado involucran a derechos de autor y propiedad intelectual, patentes, derechos medioambientales y sectores como el campo, así como temas concernientes a inversión y derechos de las trasnacionales:

  • En cuanto derechos de autor, se está buscando implementar un nuevo modelo de economía digital, fantasma de la ley antipiratería mejor conocida como SOPA y con esto la homologación con el sistema de derechos de autor de EUA; la implementación y legalización de sistemas de vigilancia digital mucho más restrictivos impulsados por los intermediarios del servicio de internet; penas mayores para aquellos que violen sus leyes, además del control y bloqueo automático de cualquier contenido que viole sus marcos legales.
  • En cuanto a la industria farmacéutica y patentes, la industria farmacéutica norteamericana junto con a Organización de Industrias Biotecnológicas (BIO) buscan implementar períodos de protección de las patentes mucho más extensos. Además, de acuerdo con artículos publicados, la asociación de Investigadores y Productores Farmacéuticos de América (PhRMA, por sus siglas en inglés) que representa a los corporativos dedicados a la investigación y fabricación farmacéutica y biotecnológica están buscando establecer un sistema de compensación por el tiempo que se demoren los países en poner los medicamentos en el mercado, lo que afecta directamente todo el período de pruebas que se realizan y el proceso de registro sanitario. Finalmente, el sistema de control de violación de patentes se volvería mucho más restrictivo, además de que se está buscando patentar otras áreas como aquellas que conciernen a procedimientos y tratamientos quirúrgicos y de diagnóstico. Todo ello lograría una vez más, beneficiar a la industria farmacéutica privada e impactaría negativamente en la disponibilidad de medicamentos y accesibilidad para la población.
  • En cuanto a materia del campo, recursos naturales y derechos medioambientales, se busca garantizar el desarrollo de grandes monopolios trasnacionales como Monsanto, Cargill o Gruma (protección de derechos de los fitomejorados) que amenazan con destruir la soberanía alimentaria del campo (incrementando los niveles de pobreza y afectando aún más la producción) y comunidades y que tendría además, implicaciones en el sistema de intercambio de semillas ya que busca impedirlo además de que reforzaría la dependencia alimentaria con EUA. De acuerdo con Lucía Sepúlveda, de la campaña «Yo no quiero transgénicos en Chile», países como Chile y México serán obligados a ratificar la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV-91), lo que supone echar a andar un proyecto de propiedad intelectual de las semillas, derogar la actual ley de semillas además de abrir camino para las transnacionales. En cuanto a recursos naturales, el tratado da prioridad a intereses de inversionistas extranjeros que busquen entrar en el territorio para explotar recursos, aumentando los procesos de despojo, desposesión y destrucción del territorio a manos de las transnacionales.
  • Sobre la inversión privada, se establecerá un sistema de protección para los inversores a través de la creación de un tribunal internacional (extrajudicial) que se ocupará de las sanciones en caso de que se incurra en ellas. Ante cualquier conflicto de intereses que surja entre un país y la transnacional, el acuerdo obliga al gobierno a plegarse a los intereses de la  transnacional, esto es, de ahora en adelante, el país tendrá que resolver cualquier conflicto en beneficio de la empresa, ya sea en materia medioambiental, de seguridad, económica, de salud, etc. El economista y académico norteamericano Joseph Stiglitz, explicó que «En particular, el capítulo -específico- da a los inversionistas extranjeros el derecho de demandar a los gobiernos en tribunales internacionales privados cuando creen que las regulaciones gubernamentales contravengan los términos del TPP», además de que cualquier modificación o medida gubernamental que atente contra sus intereses, será considerada como «expropiación» y deberán ser compensadas en cuanto tal.

En relación a Europa, Estados Unidos ha estado negociando la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) que tiene como función implementar los principios de «cooperación», en los países localizados en la zona del atlántico norte, lo que también conllevaría la aplicación del mismo sistema de derechos y protección de corporativos en esta zona.

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Fotografías: Sari Dennise. De la megamarcha realizada en Berlin (Alemania) el 10 de octubre de 2015 en contra del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP). Según las organizaciones convocantes, la participación fue de alrededor de 250,000 personas. De manera simultánea se realizaron demostraciones contra el TTIP en Amsterdam, Munich, Bruselas, París, Madrid y Helsinki. El llamado «por un comercio mundial justo» se extiende a otros tratados de libre comercio como el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, Unión Europea con Canadá) y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP, Estados Unidos con América Latina).

 

El TPP se ha estado negociando durante años en completo secreto y no es sino hasta hace poco que el tratado fue publicado. Muchos han alertado sobre las terribles consecuencias que éste va a acarrear consigo. Hasta ahora, se sabe que han estado involucradas más de 500 representantes de corporaciones quienes se han integrado al diseño y procesos de negociación. En México, el secretario de economía, Idelfonso Guajardo Gil, fue bastante claro al respecto de la integración de grandes corporaciones al diseño y negociación del tratado en una entrevista que aparece en la Revista Expansión. En ella, menciona que ningún país contaba con un modelo de cooperación entre empresarios y Estado «tan efectivo como el de México»: «Desde el principio, decidieron [el Estado] acompañarse del sector privado para conocer sus posturas y recibir sus consejos. “Yo creo que México es el país que mayor empresarios cargaba en las negociaciones”, dice Guajardo. “Lo que hicimos fue rescatar que los voceros fueran voceros de nivel, que tuvieran empresas importantes y que pudieran hablar con autoridad moral […]”».

Las declaraciones evidencian de lo que se trata. Mientras que la información que se ofreció a la población fue más bien escasa y se caracterizó por un lenguaje confuso  y mientras los pueblos originarios no fueron si quiera consultados y por derecho se estipula que en medida que se verán fuertemente afectados debieron hacerlo, el estado decidió integrar a representantes de las corporaciones para velar por el interés común. Esto no llega tampoco como sorpresa, de antaño las corporaciones junto con su estado, se han dedicado a obrar de tal modo, sin embargo deja entrever la lucha que se avecina.

Es importante destacar que gran parte de lo que implicará este tratado ha sido anunciado sin cesar en muchas de las inquietudes y reflexiones que los compañeros zapatistas han expresado en muchos de sus comunicados durante más de diez años. Ante la nueva etapa de ofensiva, son muchos los colectivos y organizaciones que se han manifestado en oposición, así como muchas movilizaciones que han tenido lugar. Desde redes como Detengamos el TPP: Acción Ciudadana en Japón, Flush the TPP, TPP abierto, etc., hasta megamovilizaciones como la que tuvo lugar en Berlín el pasado noviembre y cuyos materiales compartimos aquí, o la más reciente convocatoria a acción que se hizo en México desde Rancho Electrónico y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.

Los anarquistas Stuart Christie y Albert Meltzer escribieron que «el Estado fue construido bajo el culto a la esclavitud y sobrevive bajo el culto a la muerte», este culto a la muerte es materializado hoy precisamente por el sistema neoliberal y el TPP está por ser el pilar estratégico a través del cual avanzará esta nueva ofensiva contra los pueblos y nosotros. A través del TPP, las corporaciones están creando las reglas globales que van a regir la economía, estableciendo las normas para controlar las zonas económicas así como para ampliar el espectro de influencia y beneficio. Se trata entonces básicamente de un asunto de poder, de quién detenta este poder, y es por eso que las negociaciones se han realizado de forma bilateral entre los países más influyentes, dejando al resto de los países sólo con la posibilidad de adaptarse a sus normas y al resto de la población mundial que no forma parte de ese 1%, sometidos a los mandatos de la clase corporativa.