Por Débora Cerutti
Oaxaca, jueves 5 de noviembre de 2015. Desplazad@s de San Juan Copala, comunidad indígena triqui ubicada en el municipio de San Juan Juxtlahuaca, comenzaron hoy una huelga de hambre. Exigen al gobierno el cumplimiento de las promesas de retorno a su territorio o su inmediata reubicación.
En 2007, la lucha por la autonomía de San Juan Copala se vio interrumpida por la intervención de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), el cerco operado por esta organización priísta sobre la comunidad y finalmente la expulsión de alrededor de 700 personas en 2009. Lorena Merino Martínez, representante de los desplazados y cuyo marido fue asesinado el mismo año, junto a niño de siete años, por el grupo paramilitar, explica:
«De los que fueron expulsados de manera violenta es porque al gobierno no le gusta la autonomía, hay partidos políticos que están con el gobierno. Por esa misma razón el gobierno mandó recursos a los partidos políticos para acabar con la autonomía, para poder adueñarse de esa comunidad porque al gobierno le conviene más que haya partidos políticos y por esa razón acabaron con la autonomía.»
Los miembros de la comunidad, se vieron obligados a desplazarse de su territorio de manera violenta. Sus viviendas, según manifestó Lorena, se encuentran ocupadas por los paramilitares, que en algunos casos, son vecinos. El asesino de su marido, fue liberado en 2012, y hoy vive en San Juan Copala. El territorio, dice, contiene importantes recursos minerales. «Por esa razón el gobierno hace eso, acabar con el pueblo para poder sacar provecho de ahí, por esa razón nos expulsaron y ahora el gobierno no ve las condiciones para que regresemos a la comunidad».
Ante la constante exigencia de justicia y retorno a la comunidad, el gobierno oaxaqueño firmó en 2013 un acuerdo de reubicación que quedó en el papel. «El 13 de septiembre de 2013 firmamos un convenio con el gobierno del Estado donde ellos se obligaron de resguardar las casas de los desplazados y también se comprometieron de reubicarnos en Valles Centrales a corto plazo en 90 días. Ya pasaron más de dos años. En Oaxaca hay propiedades privadas pero el gobierno ve muy elevado el precio y por ese motivo hasta la fecha no han sido reubicados».
Desde ayer, miembros de la comunidad triqui se encuentran en el corredor del palacio de gobierno de la capital oaxaqueña exigiendo el cumplimiento del acuerdo de 2013 pero la respuesta, una vez más, fue la represión y el desalojo: «Hoy a las 3 y media de la mañana recibimos más de 200 granaderos y nos retiraron forzosamente del corredor del palacio y nos arrastraron a las señoras de tercera edad y a los niños menores que estaban durmiendo, nos botaron hasta afuera y nos echaron gas en la cara de nuestros niños y nos apuntaron con las pistolas que ellos cargan. Y nos tratan como si fuéramos delincuentes. Tres de nuestros compañeros fueron agredidos por policías estatales de granaderos, un menor de 12 años fue perseguido por la policía».
Durante el desalojo, los quejosos fueron despojados de sus pertenencias.
La situación de sobrevivencia de las y los desplazados, es indigna, injusta y violenta. Muchos se encuentran refugiados en casas solidarias o viven en la calle. Lorena Merino nos contó que antes tenían cafetales, platanales y no tenían que andar pidiendo permiso para vender sus productos y artesanías. Pero las condiciones actuales son difíciles y dolorosas. Le preocupan las niñas y niños de la comunidad que hoy, por la misma situación del desplazamiento, no estudian ni se alimentan dignamente.
«La verdad vivir en la calle no es un lugar digno para nuestros niños, pasar hambre, frío, sed, es muy difícil y por esa razón no ha habido avance de parte del Estado, por esa razón nosotros tomamos la opción de tomar huelga de hambre el día de hoy, ahorita llevamos más de 6 horas que estamos con la huelga de hambre pero ni siquiera un funcionario del gobierno se acercan con nosotros para poder dialogar o negociar sobre la reubicación.»