En este 394 día desde la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros tres en Iguala, la cita con los padres y madres de familia fue a las 9 de la mañana, frente al Hemiciclo a Juárez, en el centro de la Ciudad de México. La conferencia de prensa comenzó con la condena de la versión gubernamental de los hechos ocurridos aquella noche, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció el pasado 6 de septiembre, con un informe que desnuda como colosal mentira la que el ex procurador Jesús Murrillo Karam intentó vender al mundo como histórica verdad.
Fotografía: Valentina Valle
Los padres, a través de las palabras del abogado Isidoro Vicario, solicitaron a los medios de comunicación difundir la información acerca de las recomendaciones del GIEI y condenaron la reticencia de las autoridades a abrir líneas de investigación que involucren a las altas esferas del poder, temerosas de que estas resulten responsables de los crímenes. En este contexto, recordaron la feroz campaña mediática en contra de la Normal, de los estudiantes y de ellos mismos y por esta razón se dirigieron a los medios, pidiendo que de ahora en adelante sean más honestos y no se dejen usar por el gobierno para llevar adelante su estrategia de criminalización, desprestigio y descalificación de las víctimas.
Como ejemplo de esta estrategia, fue citada la recientemente estrenada película «La Noche de Iguala», realizada por el periódico Excélsior, que «aparta la verdad de los hechos, criminaliza a nuestros hijos hoy desaparecidos y ofende la memoria de los estudiantes asesinados». La gira de visitas a algunos medios de comunicación nacionales e internacionales, comerciales y alternativos, que los padres y madres realizaron luego de la rueda de prensa, tuvo precisamente esta finalidad: difundir una información verdadera acerca de su lucha, desmentir sus supuesta divisiones y reiterar sus demandas al gobierno federal[1] para la presentación con vida de sus hijos desaparecidos.
Fotografía: Kerin Lemus
Citando las palabras del Doctor José Torero del GIEI, que «no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero de Cocula el día 27 de septiembre de 2014», los familiares insistieron que lo ocurrido en Iguala es un crimen de estado y como tal debe ser investigado y perseguido. Por enésima vez señalaron la necesidad de investigar el papel de las diferentes fuerzas de seguridad que estuvieron presentes aquella noche y repitieron que no están dispuestos a aceptar que sus hijos se busquen en fosas, porque «hay que buscarlos con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos».
Aunque no se hizo mención específica a la abertura de los cuarteles militares, y particularmente del 27 Batallón de Iguala, la referencia fue evidente, considerando que el ejército ha sido, hasta la fecha, la única entidad que se ha negado a cualquier tipo de colaboración en la investigación sobre el caso de la desaparición de los normalistas.
Cabe recordar la postura del general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), durante el encuentro con los diputados de la comisión que indaga el caso Ayotzinapa que tuvo lugar a principio de este mes de octubre. En la reunión, que el semanario Proceso definió eufemísticamente «ríspida», el general fijó su postura sobre la inacción militar en la noche de Iguala, aclarando que el ejército «no intervino porque nadie le pidió hacerlo» y rechazando rotundamente la posibilidad que «sus soldados» rindieran cuenta frente al GIEI o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La postura del general fue muy criticada, y no a raíz de unos buenos sentimientos inspirados por los padres de familia o de una supuesta solidaridad con los normalistas, sino con base en el Derecho Internacional, cuyo desconocimiento por parte del secretario de la Defensa resulta abrumador. Como varias fuentes resaltaron, de hecho, la CIDH es un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que México pertenece desde su fundación, en 1948. Y aunque ya en aquel entonces el país no se hubiese demostrado enardecido para solucionar los problemas relacionados con los atropellos de los derechos humanos, por fin el 16 de diciembre de 1998 México sí admitió la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como tribunal internacional con plenos efectos para resolver los casos sometidos a su jurisdicción por la CIDH o por un Estado de la OEA.
Según el derecho internacional, entonces, y tomando en cuenta el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la defensa de los derechos humanos resultaría ser total, y no sujeta al «orden jurídico mexicano», como planteado en el documento 030433, donde el general de brigada, Arturo Vallarta Tafolla, jefe de Estado Mayor de la IX Región Militar con sede en Acapulco, habla de una supuesta violación de «los principios del debido proceso y por ende los derechos fundamentales de los militares». Cabe recordar que el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar sobre la desaparición de 43 estudiantes plantea un «libre acceso a todas las fuentes de información», y en un país donde cuatro de las seis resoluciones de la CIDH en contra del Estado se han emitido por acciones del Ejército[2], lo que sorprende no es que los padres de los normalistas estén pidiendo de abrir los cuarteles, sino que su petición no haya sido todavía atendida.
Como si no fuera suficiente, en respuesta a esta decimotercera jornada de movilización por Ayotzinapa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió dejar de culpar al gobierno federal para la desaparición de los normalistas. Así, entre ex procuradores que «ya se cansaron» y secretarios que piensan que «ya basta de señalar al gobierno como responsable», a los padres de familia y los estudiantes de la Normal Isidro Burgos no queda otra opción que seguir en la lucha por la búsqueda de la verdad, porque la respuesta al general Cienfuegos que, exasperado, se pregunta «qué quieren saber» es una sola: «dónde están, eso queremos saber».
[1] En específico las demandas al gobierno Federal son:
1) Que de forma inmediata presente con vida a nuestro 43 hijos y compañeros;
2) Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de tres y la desaparición de 43 de nuestros hijos y compañeros;
3) Que cese la criminalización, hostigamiento y descalificación en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y padres de familias;
4) Que se cumplan los 10 puntos del Convenio de Colaboración firmado por el Estado Mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la audiencia llevada a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en Washington D. C. el día 20 de este mes y año;
5) Que se cumplan todas y cada una de las Recomendaciones generales y específicas realizadas en el informe del GIEI, entre los que a continuación señalamos la: a) unificación de la investigación; b) Llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes, es decir, agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado; c) Investigar posible traslado de estupefacientes como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja; d) Investigar denuncias por malos tratos o torturas con la debidas garantías a los presuntos perpetradores; e) realizar una segunda autopsia de Julio César Mondragón Fontes; f) Replantear elementos de investigación del caso; g) Investigar otros posibles responsables; h) Llevar a cabo nuevas capturas; i) Investigar el patrimonio de presuntos responsables; j) Investigar la posible obstrucción de la investigación; k) Mantener los procesos de búsqueda; l) Incorporar a la investigación fotografías satelitales y tecnología de búsquedas; m) Llevar a cabo las recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas; n) consolidar mecanismos de información y relación con los familiares y otras víctimas.
[2] De las sentencias condenatorias de la CIDH al Estado mexicano, notoriamente las de los casos Jorge Castañeda, «Campo Algodonero», Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y Cabrera García y Montiel Flores, las última tres han sido relacionadas con una responsabilidad directa del ejército mexicano, al igual que el caso de las hermanas González Pérez, en qué la CIDH estableció la responsabilidad del Estado mexicano por la detención arbitraria y la violación sexual como una forma de tortura cometida por militares.