24F Contra la brutalidad policial, el olvido y la impunidad

Texto por: Ana María Cuesta
Video-Acción por: Digna Rabia – Dexpierte
Fotografía: Puro Visaje

Aunque usen la fuerza, disparen sus balas, compren los medios, cieguen la justicia tienen que saber que ante la muerte somos VIDA, DIGNA y REBELDE

 

El pasado martes 24 de febrero se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, la jornada contra la brutalidad policial. Desde hace 7 años en esta fecha se exige justicia y el desmonte efectivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). La movilización normalmente se detiene en la carrera séptima con calle 18, donde se encuentra la placa conmemorativa de Nicolás Neira, un joven de 15 años asesinado en el 2005 durante la marcha del 1 de Mayo. Nicolás murió debido a un trauma craneoencefálico producto de los golpes propinados por este cuerpo de seguridad, mismo que ha cobrado la vida de varios colombianos y colombianas.

El abuso de autoridad, las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza policial –al punto de causar la muerte– es la forma de reprimir a la población civil en Colombia. Desde el 24 de febrero de 1999, la Policía Nacional crea el ESMAD para manejar disturbios, multitudes y manifestaciones con el argumento de «restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes». Las violaciones a los derechos humanos que comete este cuerpo armado, cuyo fin es usar la fuerza y la violencia contra la población civil en su mayoría organizada, criminaliza la protesta y las movilizaciones de los sectores agrarios, indígenas y estudiantiles.

Lamentablemente aumentan las victimas de los atropellos del ESMAD. Jhonny Silva murió el 22 de septiembre de 2005 en la ciudad de Cali. Jhonny era un estudiante de la Universidad del Valle y en medio de una jornada de movilización estudiantil los uniformados entraron a las instalaciones de la universidad y él no alcanzó a correr, cuando un proyectil de uso oficial terminó con la vida del estudiante. En el año 2008, los familiares llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y este año el tribunal internacional aceptó el caso.

Óscar Salas de 20 años fue asesinado el 8 de marzo de 2006 durante una protesta de estudiantes en la Universidad Nacional en Bogotá; una cápsula de gas lacrimógeno que lanzó el ESMAD rellena de canicas y explosivos conocidos como «recalzadas»; la bola de cristal penetró en el ojo de Óscar y se alojó en la cabeza causándole la muerte. La justicia no avanza en la investigación del caso y las versiones de las autoridades culpan a los «encapuchados» de haber arrojado el artefacto.

Diego Becerra fue asesinado por la policía el 19 de agosto de 2011 cuando él y sus amigos realizaban un graffitti en el norte de la ciudad de Bogotá. Una patrulla de la policía se acercó a ellos y al verla salieron corriendo; de un momento a otro se escucha un disparo, nuevamente es una bala de uso oficial la que impactó a Diego causándole la muerte. La escena del crimen fue manipulada por la policía creando un montaje de lo sucedido y acusando a Diego de ser un ladrón capturado. El 6 de febrero de 2015, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá adelantó el proceso judicial contra siete miembros de la Policía Nacional implicados en el asesinato de Diego, por el fraude procesal e ideológico en documento público agravado y ocultamiento de evidencia entre otros cargos.

Estos casos son tan sólo algunos, la Policía Nacional de Colombia y el ESMAD han sido los responsables de asesinatos, cientos de lesiones de gravedad y vejámenes contra la población civil en todo el territorio nacional. Las amenazas contra los familiares que denuncian estos crímenes han causado hasta el exilio de algunos de ellos, como lo es la situación de Yuri Neira el padre de Nicolás quien desde el 2005 denunció con nombres propios a los asesinos y se convirtió en una piedra en el zapato de la institución policial por exigir justicia ante la muerte de su hijo.

Movimientos estudiantiles, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, objetores y objetoras de conciencia entre otros, participamos de estas jornadas anuales contra la brutalidad policial recordando a nuestros compañeros con los que salíamos a las calles exigiendo nuestros derechos y, ahora sin ellos, recorremos las mismas calles agregando a nuestras consignas «justicia», los mantenemos vivos con la memoria para que vivan siempre con nosotros.

La rabia, el dolor y la resistencia

Este 24 de febrero se volvió a sentir la indignación que produce tener que agregar nombres a la lista de injusticias y atropellos por parte del gobierno, en esta ocasión gritábamos, junto a los nombres de todos los caídos, el de Carlos Alberto Pedraza, un pedagogo en ciencias sociales y líder popular integrante del Proyecto Nunca Más, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), del Movimiento Político de Masas Social y Popular de Centro Oriente de Colombia y del movimiento político del Congreso de los Pueblos.

Como si nos contaran la historia una y otra vez, pero con diferente nombre. Carlos sale de su casa –ubicada al sur de Bogotá– el lunes 19 de enero de 2015, se dirige a una reunión relacionada con uno de los proyectos a los que aportaba con su saber y trabajo político. Carlos Pedraza nunca llegó al lugar y apareció asesinado en Gachancipa, un municipio cercano a Bogotá. Empezamos a enterarnos por las redes, llamadas telefónicas, comunicados de las organizaciones y movimientos sociales, amigos conocidos de Carlos y al siguiente día, no habían muchas palabras por decir, sólo con el sentimiento de rabia e indignación se intentaba comprender que había pasado leyendo en los medios las versiones que hasta ese momento se tenían.

Sin duda, Carlos es una víctima más de los crímenes de Estado ocurridos en Colombia, los familiares recibieron tres llamadas de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), institución de la Policía Nacional, mismas llamadas que dieron tres versiones diferentes sin dar detalles contundentes ni coherentes en ninguna de ellas; entre estas, la versión que Carlos había tenido un accidente de motocicleta, otra en la cual decían que tenia un golpe en la cabeza por un pino y quien sabe cuantas cosas absurdas querían inventar. El 21 de enero, Carlos fue hallado en el municipio de Gachancipa, en un sector conocido como «las marraneras» y efectivamente tenia un golpe en la cabeza, que no fue precisamente causado por un tronco de pino.

Pero las cosas empiezan a adquirir sentido. En días anteriores varios integrantes del Congreso de los Pueblos habían recibido amenazas acompañadas de persecuciones y señalamientos que se hicieron realidad con la muerte de Carlos. El 29 de enero, el Instituto Colombiano de Medicina Legal confirma que Carlos Alberto Pedraza fue asesinado en una zona de influencia paramilitar, el informe forense dicta que fue asesinado con un «proyectil de arma de fuego causando una lesión que se ubicó a nivel del cráneo con una trayectoria de atrás hacia adelante».

Durante su trabajo con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Carlos fue una de las personas que movilizó por la ciudad y el país la Galería de la Memoria y quien acompañó a Yuri Neira, padre de Nicolás Neira, en la denuncia de su asesinato, participando activamente de varias de las jornadas contra la brutalidad policial. Por eso este 24 de febrero se instaló una placa de Carlos Alberto Pedraza junto a la de Nicolás. Pancartas, música, carteles y mándalas hicieron que la rabia y el dolor se transformaran en resistencia y en dignidad, esa que se siente con cada grito y consigna cuando cada uno de los miembros del ESMAD que escolta la marcha oyen que Carlos no ha muerto, porque nosotrxs somos muchos Carlos, Nicolás, Oscar, Jhony, Diego…

Saben muy bien los que tienen por ahora el poder, que para mantener el control hay que apuntar con sus balas y sus asesinos a sueldo a lxs luchdorxs sociales y populares que trabajan junto a la comunidad, es inconcebible que en este país se hable de paz mientras se continúen asesinando a hombres y mujeres como Carlos.

Nuevamente se devela la existencia de grupos paramilitares que aún no se han desmantelado y que mientras estos sigan operando, la guerra sucia, las alianzas económicas y políticas con estos grupos armados, no van a cesar las hostilidades, señalamientos, amenazas y muertes contra quienes creemos en las profundas transformaciones sociales gestadas desde el pueblo y para ellos.