Jacqueline y Bryan, rehenes del Estado

La tarde del 15 de noviembre de 2014, Bryan Reyes y Jacqueline Santana fueron detenidos de una forma que recuerda los viejos tiempos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS): con total impunidad, a plena luz del día y sin que una orden de aprehensión mediara el operativo. Quienes llevaron a cabo la acción fueron sujetos vestidos de civil, mismos que –con toda la ironía posible– casi fueron impedidos por algunos policías capitalinos, quienes al percatarse de los gritos que Bryan logró emitir, decidieron intervenir en lo que parecía un secuestro. Tras varios forcejeos y la llegada de vehículos particulares (que también formaban parte del plan) el operativo cumplió su desafortunado objetivo.

Según el propio testimonio de Bryan –recopilado por su abogado Sergio Soto la madrugada posterior a su detención–, los sujetos que los interceptaron nunca mostraron una orden de aprehensión, usaron en exceso la fuerza y les intimidaron con frases como «los vamos a desaparecer». Dentro de los vehículos en que los metieron, se dieron cuenta del momento en que la policía capitalina interceptó a los supuestos taxis y de cómo el conductor se identificó como policía federal para poder continuar con la acción casi fallida.

Más adelante –continúa Bryan a través de Soto– la policía federal los interrogó y les exigió las claves para ingresar a su correo y a sus cuentas de redes sociales, les mostró fotos de supuestos contactos y les preguntó, tanto a Jaqueline como a Bryan quienes eran estas personas. Posteriormente fueron presentados en el Ministerio Público de la delegación Venustiano Carranza, a una muy corta distancia de donde fueron secuestrados, y se les acusó de haber robado a los policías federales la ridícula cifra de $500 pesos, por supuesto, con un cuchillo para que pareciera más «verídico» el montaje.

Hasta aquí varios puntos sobresalen y conviene señalarlos constantemente para poner en claro que existe una premeditación que nace de la represión política selectiva y que a ello se le puede atribuir una responsabilidad concreta.

En primer lugar hay que mencionar que se han revisado los videos de las cámaras ubicadas en dos costados del lugar de los hechos, y en las grabaciones se puede ver cómo se desarrolla el operativo en el que participan 8 hombres y dos mujeres para someter a Bryan así como 4 mujeres para hacer lo mismo con Jaqueline; el juez 39 de lo Penal descartó esto como prueba y no le hizo mucho caso.

Otra de las pruebas periciales, elaboradas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que fueron presentadas a favor de ellos, es la prueba de dactiloscopia, en la cual se demuestra que ninguno de los dos blandieron los cuchillos presentados como evidencia del supuesto robo. El juez 39 dictó el auto de formal prisión y más tarde se declaró incompetente para continuar con el caso, por lo que fue el juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales quien tomó el caso, mantuvo esta negativa a tomar en cuenta estas pruebas presentadas y el pasado 15 de diciembre de 2014 ratificó el auto de formal prisión para Bryan y Jacqueline.

Bryan y Jaqueline. Fotografía: Especial

Bryan y Jacqueline. Fotografía: Especial

En palabras de otro de los abogados, este hecho «constituye un secuestro de Estado, porque si no es por la intervención accidental de la policía capitalina, los federales que llevaron a cabo el operativo, si acaso tenían la intención de presentarlos en alguna cárcel clandestina». Es sobremanera preocupante que para acallar las voces disidentes y críticas se monten operativos de este tipo y se fabriquen delitos para mantener en prisión a jóvenes inocentes. No sólo se violentan sus garantías más básicas sino que su derecho a disentir y protestar es neutralizado a través de una especie de castigo o escarmiento que cada vez es más fuerte.

El caso de Bryan y Jacqueline no son los únicos en los que se fabrica el delito de robo, que de manera simple puede alcanzar fianza pero con el agravante de violencia no y en este caso, siendo denunciante una policía federal, Lidia Zárate Herrera, el delito es de carácter federal y ellos deben pasar su proceso tras las rejas. Tanto para la defensa y las familias, así como para los presos y presas políticas que se encuentran recluidos en diversas cárceles de la Ciudad de México, el gobierno capitalino y el federal continuarán criminalizando a quien no se subsuma a su proyecto económico y político, y serán más duros si quienes protestan, además, lo hacen bajo la postura anarquista.

Bryan y Jaqueline

Conocí rapidamente a Bryan el día 27 de diciembre de 2012, fecha en la que salió en libertad condicional luego de haber sido detenido en las protestas del 1 de diciembre, día en que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia y Miguel Ángel Mancera comenzó su periodo como jefe de gobierno capitalino. Ese día había mucho movimiento afuera del Reclusorio Norte, las 14 personas que fueron detenidas en el mismo contexto saldrían en libertad ese mismo día, las familias iban y venían entre papeleos y trámites, aunque sólo era cuestión de tiempo para ver a sus muchachos salir del infierno carcelario. Bryan fue el primero, salió rápido y fue cobijado por su madre y su hermana, se cambió de ropa y esperó a que salieran cada uno de sus compañeros de celda, los recibió con abrazos y una sonrisa que sólo la libertad da.

Algunas veces nos encontramos luego de este hecho, fueron marchas y actos de protesta en las que lo encontré, siempre con su guitarra o bien rodeado de amistades, en ocasiones también estaba Jaqueline, sonriente y atenta al desarrollo de los hechos. No es posible ver en ellos a criminales, resultan absurdos los intentos por afirmar que los dos estudiantes y artistas, de pronto un día, decidieron poner todo en juego por un robo de $500 pesos a una policía federal.

El contacto con ambos siempre fue en estos contextos, algunas ocasiones platicamos sobre cómo podríamos –como medio libre de comunicación– atender los casos de los presos políticos o bien, cubrir iniciativas culturales que tenían la intención de mostrar la inconformidad de la población con el sistema político y económico, el hartazgo frente a tanta corrupción y violencia. Y sí, también estoy entre sus contactos de Facebook, lo que a lo mejor ahora resulta un delito. Con aparente justa razón los federales encubiertos, haciendo uso de la fuerza, les exigieron, tanto a Jaqueline como a Bryan, quiénes eran sus contactos en esta red social y qué planeaban. Si es así, la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la División  de Inteligencia de la Policía Federal ha caído bajo en sus fuentes.

Jacqueline, de 22 años, estudia Economía en la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Aragón, estaba en el momento de su detención en el noveno semestre y, en palabras de su madre «es una muchacha muy estudiosa no una delincuente». Y además de ser buena estudiante es una persona preocupada por diversas causas, por diversas luchas que tienen lugar en México, pero eso, por muy repetitivo que parezca, no la vuelve una delincuente.

Bryan, de 28 años, músico egresado de la Escuela Nacional de Música, activista desde hace varios años, conoce ya una parte del entramado represivo del gobierno capitalino. Sus posiciones políticas cercanas al anarquismo pueden discutirse pero no pueden convertirlo en un criminal. Que los dos hayan sido tratados de esta manera, que se les haya fabricado un delito absurdo y aún se encuentren presos es algo que debe denunciarse.

Inconsistencias en las acusaciones

En la víspera de que cumplan 4 meses de reclusión –Bryan en el Reclusorio Norte y Jacqueline en el Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla– Sergio Soto, parte de la defensa que lleva el caso, afirma que en la lucha jurídica se lleva un buen camino y a la parte denunciante no le quedan más elementos para mantener su acusación. En el marco de la sexta audiencia hasta ahora realizada (3 de marzo), Soto explica que «los policías del área de inteligencia de la policía federal han caído en contradicciones, es decir, se ubican en lugares opuestos y Jacquie y Bryan refieren que las personas que han ido a declarar en su contra no son los mismo elementos que los detuvieron». El abogado hace referencia a los dos presuntos testigos de la policía que acusa: Luis Alberto Castillo Gordillo y José Montiel González, policías que han entorpecido el proceso faltando a las audiencias.

«Hay una [prueba] pericial en materia de dactiloscopia que comprueba que en el billete de $500 pesos y en los cuchillos no hay huellas de nadie, ni de Bryan, ni de Jacquie ni de la supuesta mujer policía» argumenta Soto para complementar los avances a favor que se tienen. «En próximos días la defensa presentará un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, lo que falta por desahogarse son los careos entre Bryan y Jacquie con los policías, una pericial en criminalística y una reconstrucción de hechos en el lugar donde todo ocurrió. Tenemos dos amparos en curso, uno contra el auto de formal prisión y otro, una ampliación de amparo, contra la aplicación del artículo 145 del Código Federal de procedimientos penales; ese artículo establece el tema de las actuaciones del ministerio público y de que las que lleva a cabo un juez en el fuero común no necesitan ser registradas para ser avaladas por un juez federal; acá hubo violaciones al debido proceso, como fue el de la presentación de las pruebas, la presunción de inocencia, la detención ilegal y a pesar de eso el juez actual, el 13 de Distrito de Procesos Penales Federales –con sede en el Reclusorio Sur– avala las actuaciones del MP y del juez anterior y califica como legal la atención dada y avala la competencia. Frente a esas acciones están los amparos» sintetiza el abogado.

Y por si todo esto no fuera poco, el billete de $500 pesos que servía de prueba desaparece. Al respecto Sergio Soto nos comenta que «el billete desapareció de las bodegas de objetos asegurados de la PGJDF que está para su resguardo, aduciendo que esta cantidad fue a parar a una cantidad mayor de $3,700 pesos a nombre del gobierno del Distrito Federal. Eso es ilegal porque no están a disposición ni de la procuraduría ni del gobierno capitalino sino a disposición de un juez para que se hagan los dictámenes en el objeto».

El ánimo de Jacqueline y Bryan, nos comenta Soto, «es de entereza, Bryan estuvo en huelga de hambre por 43 días, la levantó el 10 de febrero de este año cuando empezó la audiencia de desahogo de pruebas y Jaquie por su lado se ha dedicado ha hacer un círculo de estudios al interior del penal de Santa Martha y están convencidos de que son rehenes del Estado, es decir, esto es un montaje, es muy burda la acusación del robo de $500 pesos a personas que están preparadas para someter a personas con armas, son entrenadas en artes marciales. ¿Por qué se han ensañado con ellos? Por su activismo político, porque son jóvenes».

Operaciones encubiertas.
Cabe mencionar que esta sección de la policía federal, según el artículo 22 del Reglamento de la Policía Federal, no cuenta con la función de prevenir el delito, por lo que sus funciones las tienen que realizar en áreas federales tales como puertos, aeropuertos, bosques nacionales, ríos, etc. A partir de un cuestionario que la defensa de Bryan y Jacqueline le hicieron a los elementos de la policía federal que participaron en el operativo, ellos dijeron que estaban «realizando labores de prevención del delito en las delegaciones del Distrito Federal».

Fortaleza pese a todo

El día 19 de febrero de 2015 Bryan –junto con Abraham Cortés y Fernando Bárcenas otros dos presos luego de manifestaciones o protestas– es trasladado a la zona del penal conocida como Centro de Observación y Clasificación (COC), aparentemente a petición de las familias y de ellos mismos. Un día después, el 20 de febrero, los tres son cambiados nuevamente y ahora los llevan al área de Población, y a Bryan específicamente lo colocan en el Anexo 3 de esta área. De inmediato son hostigados por los demás presos y denuncian a través de sus familiares y abogados que corre peligro su integridad física y exigen su regreso al área de Ingreso en donde estaban hasta ese momento.

Situaciones así y los varios abusos que ha denunciado Jacqueline son parte de la vida cotidiana en las prisiones capitalinas, pese a ello, el ánimo y la entereza de ambos no ha bajado y, ambos están concientes de que su lucha por la libertad tiene varios aristas aún, siendo la actitud represiva y corrupta del gobierno del Distrito Federal su principal obstáculo pero que finalmente conseguirán su libertad. En términos jurídicos, la defensa ha desbaratado las acusaciones y ha demostrado con pruebas contundentes su inocencia, en este sentido, se espera que en los siguientes meses se consiga su liberación definitiva.

En palabras de Wendy Reyes, su hermano «está bien, está fuerte, está resistiendo bastante ahí adentro. Hablo casi diario con él y lo voy a ver los domingos. Él está bien y bastante sereno, están trabajando desde adentro, están haciendo círculos de estudio, organizándose desde adentro y no nada más él, está con Fernando Bárcenas y con Abraham Cortés. Les está resultando bien pero están sufriendo represión por parte del director, les asusta que los presos tomen conciencia y se levanten a exigir sus derechos». En el caso de Jacqueline «ella está bien, en las audiencias ellos están juntos. Está bien anímica y físicamente».