Por Juliana Bittencourt y Aldo Santiago
El 16 de enero del año en curso se realizó, en Río de Janeiro, la tercera marcha contra el aumento de la tarifa. El acto fue realizado después de una asamblea que organiza colectivamente las manifestaciones. A diferencia de lo que ocurrió en 2013 en Río, cuando las movilizaciones fueron impulsadas por diferentes movimientos sociales y por partidos políticos, esta jornada de lucha por un transporte verdaderamente público es impulsada por el Movimiento Passe Livre (MPL), movimiento social autónomo, horizontal y apartidista que se articula en diferentes ciudades de Brasil.
El aumento de las tarifas fue anunciado en noviembre de 2014 por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien justificó el aumento debido a los gastos derivados de la instalación de aire acondicionado en los autobuses; el objetivo de su gobierno es realizar la instalación en toda la flota de esta ciudad. Para que esta meta sea alcanzada, los empresarios alegan que tendrán que retirar cerca de 2 mil autobuses de circulación –que no poseen aire acondicionado– y que, de estar circulando, evitarían cumplir con la meta. Una vez más, los usuarios son rehenes de la política circense brasileña que hace malabares con números, pero no resuelve los problemas estructurales relacionados al transporte público, afectando los usuarios con cortes de líneas y saturando las ya existentes y en circulación por la ciudad durante el verano.
El incremento de 40 centavos de real (2.27 pesos mexicanos) evidencia el interés de los empresarios del transporte –organizados en la Federación de Empresas de Transporte de Pasajeros del Estado de Río de Janeiro (FETRANSPOR)–, pues no refleja el coste real y es parte de una serie de beneficios que son concedidos a las empresas por parte del gobierno, como el pago de subsidios. Así, se promueve en Brasil un modelo excluyente de transporte que es cuestionado por el MPL: la lucha es por un transporte verdaderamente público, entendido como un derecho y no como un beneficio.
El transporte en las grandes ciudades de Brasil crea una serie de prohibiciones, la tarifa lo vuelve inaccesible a buena parte de la población, que muchas veces tiene que caminar largos trayectos a pie (se calculan en aproximadamente 37 millones los excluidos) o que se ve cercenada su libertad de transitar porque sus únicas posibilidades de traslado se restringen a los viajes relacionados al régimen laboral o escolar; así, el acceso a la ciudad se convierte también en un privilegio. Sumado a esto el MPL-Río denunció la práctica racista de revisar y violentar a los usuarios que provienen de la zona norte las cuales se dirigen hacia la zona sur de la ciudad. La policía alega que estas operaciones tienen como objetivo evitar un táctica de robo en masa conocida como arrastão (algo como arrastrón) que se lleva a cabo en las playas cariocas. En la práctica lo que se intenta es inhibir a los habitantes de áreas mas lejanas a circular por las playas.
El 16 de enero, en las calles cariocas se presenció una marcha con creativos manifestantes quienes –a pesar de la fuerte presencia policial– completaron el trayecto y finalizaron la protesta frente al edificio de la alcaldía. En el momento de la dispersión, algunos se dirigieron a la Central de Brasil, local que la semana pasada, fue el escenario de una fuerte represión y donde una chica negra fue arrastrada y golpeada por la policía. La enorme cantidad de policías movilizados para la marcha y la presencia del batallón entrenado durante el Mundial de Fútbol de 2014, los «Robocops», son consecuencia de lo que ocurrió en el país durante las jornadas de julio del 2013. Aunque se trate de un contexto político totalmente diferente, los ojos del mundo no están volteados para Brasil. Las demandas contra el aumento de la tarifa se suman a las exigencias del control popular del transporte así como a la lucha por la libertad de lxs presxs políticos y por el fin de la persecución y la judicialización (son 23 lxs procesadxs entre los que destaca Rafael Braga quien es el único condenado entre lxs millares de manifestantes que salieron a las calles de Río en 2013).
La población vive las consecuencias del entrenamiento, equipaje y armamento de la policía para contener manifestaciones públicas, tácticas y herramientas desplegadas desde 2013, con lo que se recrudece la criminalización de la protesta social a través de prácticas de uso excesivo de la fuerza y comportamientos abusivos por parte de los elementos policiacos. Sin embargo, la expectativa es que con la difusión y el aumento de la participación de lxs trabajadorxs y ciudadanxs las protestas vuelvan a crecer, con lo cual más personas se sumarían a la campaña por la tarifa cero. Si bien el contexto es cambiante, los planes a largo plazo del Estado brasileño se mantienen activos durante el interludio entre el mundial y los juegos olímpicos del próximo año: infraestuctura para la segregación, monumentos al despilfarro que se traducen en grandes ganancias para empresas y funcionarios e intrascendentes construcciones en una ciudad que es sustentada por aquellxs que excluye. Tan sólo el año pasado fueron desplazadas 5 mil familias, de 29 comunidades, y hay otras 5 mil amenazadas de desalojo:
La lista de obras es impresionante: dos estadios (el Olímpico y Maracaná), la Villa Olímpica y el Puerto Maravilla; seis líneas de trenes livianos, ampliación del metro y de las autopistas o vías rápidas urbanas: todo financiado con dineros públicos. («El capital financiero saquea Rio de Janeiro», en Rebelión).
El próximo acto contra el aumento de la tarifa del transporte público y por la libertad de lxs presxs políticos se ha convocado para el viernes 23. Las calles volverán a sonar.