Por Ludovic Bonleux**
En la carretera entre Acapulco y Atoyac
(Foto: Ludovic Bonleux, 2003)
El 26 de septiembre, seis personas, entre ellas al menos tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa [1] fueron asesinadas por la policía municipal de Iguala, ciudad del estado de Guerrero. Los policías, acompañados por hombres vestidos de civil, abrieron fuego contra varios vehículos que conducirían a los normalistas a la Ciudad de México para asistir a la conmemoración del 2 de octubre –fecha de la masacre de cientos de estudiantes por el ejército en 1968. No existe ningún testimonio que registre una provocación o enfrentamiento alguno con los estudiantes desaparecidos. Incluso, nadie se atrevió a sugerir algo así, a pesar de que es bastante común. La misma noche, casi cincuenta normalistas «desaparecieron» sin dejar rastro; «levantados» como se dice hoy en México, un término que ha sustituido al de «desaparecidos» usado en los setentas. Más de un mes después, el paradero de 43 de los jóvenes se desconoce.
Desde el día 26 de septiembre se han multiplicado los descubrimientos macabros. Primero apareció una y luego un sinnúmero de fosas comunes, sin que las autoridades pudieran dar una explicación de la identidad de los numerosos restos humanos que han sido encontrados, carbonizados, descuartizados. El alcalde de Iguala y su esposa, que han sido vinculados al narcotráfico, fueron detenidos, así como decenas de sospechosos. El gobernador del estado se vio obligado a renunciar, aunque se desconoce si esto obedece a su incapacidad real o como estrategia mediática. Las autoridades federales encargadas de la investigación aún no han presentado las pruebas científicas que avalen que se haya encontrado los cuerpos de los jóvenes desaparecidos.
México se encuentra hoy frente a un sinnúmero de fosas comunes y todos los días aparecen más cadáveres, como si todas las personas asesinadas en los últimos años volvieran a la vida y vinieran a perturbar la tranquilidad de la población que no puede dar crédito a lo que está pasando; y cuya indignación va creciendo en la medida que va comprendiendo la magnitud de la situación.
Ya no hay muchas dudas de sobre la suerte de los estudiantes, originarios de una escuela normal conocida por sus opiniones políticas radicales. Sin duda fueron torturados y luego asesinados***. Recordemos el rapto masivo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, cuando 20 turistas de Michoacán fueron secuestrados en Acapulco (a causa de las placas de sus coches, pues en ese momento Acapulco estaba controlado por un cártel rival del de la Familia Michoacana que controlaba el estado de Michoacán). Los cuerpos de los turistas fueron encontrados unos meses más tarde… en fosas clandestinas
Familiares de un presunto miembro del EPR ejecutado en la región de Tepetixtla, (Foto Ludovic Bonleux, 2003)
Desaparecido
En los años setenta, este término significaba secuestrado, torturado, desmembrado… una táctica que servía tanto para deshacerse de activistas estorbosos, pero sobre todo, para aterrorizar a aquellos que se oponían a los regímenes autoritarios y anticomunistas que ostentaban el poder en América Latina. Los encargados en «desaparecer» a los opositores políticos eran llamados en ese tiempo paramilitares y se trataba de tropas irregulares entrenadas en los Estados Unidos o por agentes de la CIA.
Levantado
Hoy, en cambio, el término «levantado» ya no tiene la connotación política de entonces, se usa para describir un secuestro, un levantón que por lo general va acompañado de tortura y el desmembramiento de la persona. Como es fácil comprender, se trata de exactamente la misma cosa. Pero la gran diferencia es que hoy en día los «levantados» no tienen nada que ver con la política, puede ser cualquier persona: empresarios, turistas, chicas jóvenes, bebés… Desde hace diez años se han producido en el país cerca de 30 mil «levantones», según fuentes oficiales, pero algunas fuentes multiplican esa cifra por cinco ¡o incluso diez! Recordemos que la dictadura militar de Argentina «desapareció» a cerca de 25 mil personas. Esta cifra ya ha sido rebasada por la cantidad aceptada por el propio Estado mexicano, que por otro lado es ¡hasta doce veces menor que las estimaciones más pesimistas presentadas por activistas y defensores de derechos humanos! [2]
Es decir, en el mejor de los casos, la situación en México es tan dramática como lo fue en la peor dictadura de América latina, Argentina, donde 25,000 personas fueron desaparecidas. Sin embargo, si aceptamos las cifras más alarmistas, podríamos imaginar que en los últimos diez años han desparecido hasta 300 mil personas que han sido enterradas en fosas comunes en México. Hoy en día, los que se dedican a «levantar» ya no son llamados «paramilitares», sino «narcos», muchos de ellos han sido entrenados por el Ejército y la policía de México, algunos de ellos han sido formados directamente en Estados Unidos o por agentes de los servicios especiales estadounidenses [3].
El caso Ayotzinapa es particular porque en él encontramos los dos componentes, pero además porque esta escuela tiene una historia muy destacada y memorable, pues en ella estudió el guerrillero Lucio Cabañas, ¡el Che Guevara mexicano!
La guerra sucia
Volvamos a los años sesenta. En ese momento, el país vivía bajo la «dictadura perfecta», la «dictablanda» del autoritario Partido Revolucionario Institucional. El estado de Guerrero enfrentaba diversos conflictos políticos. Los «cívicos» liderados, entre otros, por el profesor Genaro Vázquez, pugnaban por mayor democracia y lograron que fuera destituido el gobernador en turno, cuando en 1960 su policía disparó contra la multitud en Chilpancingo. Las elecciones siguientes llevaron al poder estatal a un nuevo gobernador quien en 1962 ordenó de nuevo disparar contra la multitud reunida en Iguala en un mitin electoral de oposición. Genaro Vázquez fue encarcelado, pero logró escapar y pasó a la clandestinidad.
Años después, en 1967, matones a sueldo pagados por los terratenientes (quienes al mismo tiempo eran líderes del partido en el poder) ordenaron disparar contra «copreros» –productores de coco– reunidos en Acapulco; agradable puerto que se presentaba como símbolo de la modernidad, del progreso, de la sociedad de consumo y, en ocasiones, de la democracia. Ese mismo año, no muy lejos de ahí, en Atoyac, la policía disparó una vez más contra la multitud que se manifestaba contra la discriminación de los más pobres en la escuela de dicha ciudad, lo que provocó la radicalización de algunos participantes, entre los que se encontraba un maestro rural que decidió tomar las armas contra el Estado. Ese maestro rural se llamaba Lucio Cabañas y se había formado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Su movimiento guerrillero, que disponía de una fuerte base social, hizo estremecer al gobierno.
Durante la lucha que siguió para derrotar a la guerrilla enclavada en el estado de Guerrero, comandada por Lucio Cabañas, las autoridades mexicanas utilizaron una de las técnicas que ya había sido aplicada por el coronel Bigeard y sus secuaces durante la guerra de Argelia, y que había demostrado su eficacia para luchar contra los movimientos subversivos: la desaparición forzada. Con ella se trataba de eliminar al mayor número de personas, fueran o no guerrilleros, para silenciar las voces que se alzaban contra la omnipotencia del partido y en particular contra las desigualdades sociales.
Esta guerra contra la insurgencia en México se conoció como la Guerra Sucia. Durante el período que cubre de 1967 a 1982, sólo en la región de Atoyac fueron «desaparecidas» cerca de 600 personas, de un total de 2 mil en todo el país. Muy pocos cuerpos han sido encontrados hasta hoy. En los primeros años de la década del 2000 se trató, muy tibiamente, de juzgar a los responsables de aquellos hechos, pero la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos –inaugurada con bombos y platillos por el presidente Vicente Fox– no logró condenar a ningún responsable, a pesar de que muchos estaban perfectamente identificados. La fiscalía desapareció sin dejar huella alguna, de la misma manera que desaparecieron los jóvenes que se suponía iba a rehabilitar.
Lo único que se rehabilitó fue la impunidad: «¿Por qué preocuparse? –seguramente pensaron los aprendices de torturadores de los años 2000– nadie ha hecho justicia por los actos cometidos antes ¡Démonos gusto entonces! ¡Nunca nadie nos juzgará!».
Nuevas ejecuciones en los años 90
A mediados de los años ochenta, la amenaza comunista había desaparecido y la calma había regresado por fin. Por un tiempo se detuvieron los ataques contra la población local, pero los acontecimientos de 1994 revivieron recuerdos: El EZLN se levantó en Chiapas, y en Guerrero los campesinos se agruparon en una organización con reivindicaciones sociales y ecológicas, la OCSS [4]. El 28 de junio 1995, 17 campesinos fueron ejecutados por la policía de Guerrero, la tristemente famosa «Motorizada», en un sitio cercano a la ciudad de Coyuca de Benítez, en el lugar llamado Aguas Blancas. La policía no dudó en «sembrar» armas entre los cuerpos de los campesinos asesinados, a fin de hacer creer que había habido una confrontación.
Un año más tarde, un nuevo grupo guerrillero, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) [5], hizo su aparición en la región, jurando vengar a las víctimas de la masacre. Desde 1988 (fecha del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas) hasta el año 2003, se registraron en Guerrero más de 500 asesinatos y desapariciones por motivos políticos, la mayoría de las víctimas eran miembros del PRD (por entonces el partido de oposición), de la OCSS, presuntos miembros del EPR y de otros grupos armados que operaban en la región. A este triste panorama hay que añadir decenas de presos políticos y exiliados.
La narco-violencia
Desde mediados de los años 2000, la violencia provocada por el narcotráfico aumentó en intensidad: cabezas cortadas, cuerpos desmembrados, torturas, desapariciones en masa… la misma historia otra vez… pero ahora cualquier persona está expuesta a ser «levantada», del más rico al más pobre y por cualquier razón, por una mirada fuera de lugar, por un chisme… la violencia se ha extendido a todos los estratos de la sociedad, de cierto modo se ha democratizado… y Acapulco, la capital económica del estado, se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo.
Es interesante subrayar la detención de uno de los líderes del Cártel Independiente de Acapulco, una célula de sangrientos asesinos. El delincuente se llamaba Tarín, era el hijo de uno de los hermanos Tarín, los asesinos infames que trabajaron en los años setenta con el mayor Acosta Chaparro y cuya misión era torturar y «eliminar» los opositores al régimen. En los años setenta fueron encontrados 247 cráneos en lo que son los cimientos del hotel Mayan Palace de Acapulco… activistas, delincuentes incómodos… y gente como usted o como yo, que sólo iban pasando por ahí.
Pero ¿por qué Ayotzinapa?
En la última década, los asesinatos políticos no han cesado en Guerrero, su existencia fue simplemente ocultada por la guerra entre narcotraficantes. Los activistas locales argumentan que cuando uno de ellos es detenido por la policía o el ejército, con gran frecuencia es entregado a los sicarios, quienes los torturan, vuelven el cuerpo irreconocible y lo entierran en fosas clandestinas. Sólo en el año 2013, unos quince activistas fueron asesinados en la entidad, sin contar los que fueron encarcelados.
Los jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa molestan, pues reivindican la herencia revolucionaria de Lucio Cabañas y mucho más, están arraigados a una comunidad agrícola que ha sido completamente devastada por los tratados de libre comercio y la producción de drogas. Desde 2011, dos estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados en Chilpancingo por la policía del estado. Si añadimos a esto el «mal ejemplo» que dan las policías comunitarias –quienes con base en un trabajo comunitario y gratuito han logrado luchar eficazmente contra la delincuencia y sus aliados escondidos en las policías municipales y estatales– y el aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968 –a cuya celebración se dirigían los estudiantes– es fácil pensar que con el ataque a los estudiantes se ha querido mandar un mensaje, no sólo a los estudiantes de Guerrero, sino a todos los mexicanos.
Sin embargo, ¿de quién podría provenir este mensaje?
Mientras que los medios de comunicación de México no escatimaban elogios hace unas semanas porque su país enviaría fuerzas de paz, Cascos azules, para apoyar las intervenciones de la ONU, hoy parece que todo ese ruido mediático sólo ha servido para ocultar prácticas que, a medio siglo de la Guerra Sucia, son todavía masivamente utilizadas.
**Historiador y director de documentales, Ludovic Bonleux trabaja desde 2002 sobre el tema de la violencia política en el estado de Guerrero. Ha realizado reportajes y documentales sobre este tema.
***Las consideraciones y contenidos de este artículo son del autor y no necesariamente compartimos son compartidos por el Colectivo Editorial, sin embargo nos parece necesario plantear espacios críticos en donde se debatan ideas y perspectivas sobre este caso, por lo que consideramos que el artículo aporta elementos al análisis del contexto guerrerense.