Las mentiras del procurador #YaMeCansé

Fotografía de portada: Natalia Monroy

«Los muchachos están vivos y están pidiendo una millonada por ellos», declaró la semana pasada Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero. Incluso afirmó que podrían pedir el apoyo económico de organismos internacionales para recabar el monto y pagar el rescate. Adela Micha, con su fingido tono de seriedad, le preguntó –continuando con la entrevista– quién le había dicho eso y el funcionario respondió que los propios estudiantes de la Normal. Sin ningún tipo de sustento, en cadena nacional y en horario estelar, se daban esperanzas a las familias.

No ha transcurrido ni una semana de estas declaraciones y Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en conferencia de prensa, afirmó ayer que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados y calcinados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU), aunque luego declaró que todavía serán considerados como desaparecidos y que se intensificará la búsqueda.

A lo largo de estos 44 días de desesperación y de nulos resultados en las investigaciones, tanto el gobierno de Guerrero, en los primeros 10 días, y la PGR, luego de atraer el caso, han dado diferentes versiones, han filtrado declaraciones ministeriales que se contradicen y que no brindan respuestas. La nueva versión difundida por el procurador, por un lado, da sentido al último hallazgo de restos humanos en el basurero municipal de Cocula, y por otro, quita lugar y sentido a las declaraciones ministeriales de los primeros detenidos, es decir, 22 policías municipales y 12 sicarios que confirmaron su participación en los tiroteos contra los estudiantes el pasado 26 de septiembre.

Vale la pena detenerse un poco en esta falta de concordancia entre estas primeras declaraciones ministeriales y lo que ahora se anuncia como la «reconstrucción de los hechos» y su posible explicación. Los distintos niveles de gobierno y quienes los detentan han mentido y mienten sin tener consideración del dolor que las familias padecen y sin atender a los reclamos nacionales e internacionales que exigen justicia y presentación con vida.

Primeras versiones oficiales y su desmentido

El 30 de septiembre fueron detenidos 22 policías, acusados de ser los responsables del asesinato de 6 personas, entre ellas 3 normalistas. Fue la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJEG), a través de su titular, Iñaki Blanco, quien anunció estas detenciones y aseguró que se abrirían los procesos penales correspondientes. El 4 de octubre se descubrieron 5 fosas clandestinas y 28 cuerpos enterradas en ellas; al respecto, algunos de los policías detenidos aseguraron que se trata de los estudiantes normalistas y en declaraciones oficiales, la PGJEG afirmó que fue por las primeras declaraciones ministeriales que se dio con este hallazgo. Es entonces cuando la PGR atrae el caso.

Más adelante, el 10 de octubre, ya se encontraban detenidas 34 personas, entre policías municipales y presuntos integrantes de la organización Guerreros Unidos, al mismo tiempo que se contabilizan 9 fosas clandestinas y 28 cuerpos. En este momento, varias declaraciones ministeriales se filtraron a diversos medios de comunicación, en ellas, los detenidos afirmaron que asesinaron a 17 jóvenes y que los enterraron en las diversas fosas que se han encontrado. La PGR no podía determinar si los cuerpos encontrados eran de los estudiantes, sin embargo, obstaculizó –sin motivo alguno aparente– las labores del equipo argentino de antropología forense que es el único grupo de trabajo avalado por las familias de los desparecidos.

Para el 16 de octubre, las declaraciones de tres presuntos asesinos de los estudiantes –hechas ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Miguel Ángel Cuevas Aparicio– dan cuenta de todos los implicados en los hechos contra los estudiantes, incluyendo al Director de Seguridad Pública, Francisco Salgado Valladares, y coinciden en por lo menos tres hechos claros: los policías municipales hacen este trabajo para la célula de GU en Cocula, hay un personaje al que apodan «El Chucky» que da ordenes y que determina que hay que matar a los estudiantes y por último, que 17 de los normalistas son asesinados por arma de fuego, otros enterrados inconscientes y otros calcinados. Cabe mencionar que en las declaraciones nunca se menciona que los cuerpos fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula y que posteriormente, luego de una enorme fogata que dura hasta las 2 o 3 de la tarde del día 27 de septiembre, las cenizas son recolectadas en bolsas de plástico y luego tiradas al río San Juan, cercano a la ya mencionada población. Los declarantes afirman que están en las fosas clandestinas que se han encontrado y que algunos normalistas no fueron incinerados sino enterrados.

Hasta este momento esta versión coincide con la información que dice tener el padre Alejandro Solalinde y que sólo se diferencia de la que posee la PGR por un testigo del cual él no tenía conocimiento. Se tiene la información de la presunta muerte de 17 estudiantes normalistas pero no del resto y los municipales y sicarios no reconocen ningún rostro de las fotos de los estudiantes desaparecidos, pese a que sí recuerdan frases dichas por ellos, quiénes eran los «revoltosos» y a cuantos de ellos supuestamente asesinó cada uno de los tres declarantes.

Esa era la versión oficial, a la cual se le agregó la afirmación de uno de los detenidos que alegó la pertenencia de 17 jóvenes normalistas al cártel de los Rojos, razón que daría explicación al ataque, por tratarse de la organización rival a quien detenta el poder real en Iguala y en la región norte de Guerrero. Tanto familias como estudiantes normalistas de inmediato desmintieron esta versión y levantaron la voz para mantener el nombre de los 43 desaparecidos libre de la sucia estrategia de criminalización que el Estado mexicano utiliza constantemente.

Con la más reciente conferencia de prensa que da el procurador Murillo Karam, teniendo como antecedente inmediato las detenciones de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda así como el descubrimiento de restos humanos en el basurero municipal de Cocula, la versión cambia radicalmente y ata cabos sueltos pero deja sin lógica declaraciones anteriores. Nuevos declarantes afirman –no bajo el proceso jurídico obligatorio sino en momentos como una entrevista psicológica o la reconstrucción de hechos– que los estudiantes fueron transportados en camiones de carga hacia Cocula, que algunos llegaron muertos o inconcientes y que fueron incinerados todos en ese lugar.

Como si estuvieran hablando de una actividad inofensiva, quienes aparecen con el rostro difuminado, relatan cómo adecuaron el lugar para prender una gran fogata, ya no existen estos momentos previos en donde algunos normalistas son asesinados con arma de fuego, ya no se mencionan las fosas anteriores y se elimina por completo lo que muchos testigos afirman: que los policías municipales trasladaron a los 43 estudiantes en camionetas oficiales de la corporación hasta una comisaría y ahí, una vez hecho un cambio de vehículos, fueron trasladados a un lugar desconocido; ya no aparece el Chuky como personaje que da órdenes. Además, en esta nueva versión, es el personaje conocido como Cabo Gil (quien firmó un mensaje en donde daba a conocer los nombres de políticos implicados en el crimen organizado y donde también menciona que los estudiantes están con vida) un eslabón fundamental para conocer lo que, presuntamente, ocurrió aquella noche.

Muchas preguntas se mantiene en el aire tan sólo tomando en cuenta estas dos versiones dadas como certeras por la PGR, ¿quién da la orden de balacear a los estudiantes, José Luis Abarca en su borrachera e influenciado por su esposa, operadora financiera de GU en Iguala o bien, directamente personajes tan oscuros como el Chuky o como el detenido y supuesto líder máximo del cártel, Sidronio Casarrubias Salgado? ¿Cuáles son las razones de estos ataques contra los normalistas de Ayotzinapa? Porque de lo que no ha dicho nada la PGR o cualquiera de las instancias inmiscuidas, son las razones que motivaron los hechos, lo que se jugaba en este ataque y lo que se juega con la desaparición forzada de 43 estudiantes. ¿En qué medida es cierto lo que Rogelio Ortega declaró casi como verdad y sobre la posibilidad de que los estudiantes hayan sido o sean aún, moneda de cambio en un pacto de dimensiones y detalles inimaginables?

Guerrero aún se encuentra en disputa entre dos grandes grupos de poder: el primero, detentado por la familia Figueroa en relación estrecha con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el cártel de GU como brazo armado y como operador de las más diversas actividades criminales; el otro, hasta hace poco encabezado por Ángel Aguirre, en el cuál está metido hasta la cocina el Partido de la Revolución Democarática (PRD), con amplia vinculación con Los Rojos y el cártel de los Beltrán Leyva.

En esta disputa del poder económico y político, los normalistas han sido golpeados y tal vez usados como parte de alguna negociación. ¿Acaso estos dos grupos pelean sólo por la gubernatura o también por el control de la zona minera del Cinturón del oro o por determinar la administración de la segunda mayor producción de goma de amapola en el mundo? Este es también parte del contexto que no debe olvidarse, porque fue ahí en donde se dieron los ataques contra los estudiantes.

La lucha de las 43 familias

Para las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos el dolor que día a día los atormenta ha sido también la construcción de una sola voz, clara y contundente, «no le creemos a la PGR ni al gobierno federal» sostuvieron en otra conferencia de prensa desde las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa. «Vivos se los llevaron y vivos los queremos» se mantiene como una consigna central en esta lucha que ha rebasado todo lo supuesto en la cotidianidad nacional.

Como muchas luchas en este país, los familiares de los normalistas han recorrido las diferentes instancias y los escalones del poder para buscar respuestas y la presentación con vida de sus hijos. A estas personas, trabajadoras y campesinas, les queda claro que hay incompetencia en el gobierno, que hay contubernio con el crimen organizado y que hay que seguir luchando hasta las últimas consecuencias.

La exigencia de respuestas claras y concretas, pruebas de carácter científico e intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para determinar lo que ha ocurrido en este caso, están presentes en las palabras de los familiares. Denuncian que Enrique Peña Nieto no ha cumplido con ninguno de los 10 puntos acordados a comienzos de la semana pasada en una reunión a puertas cerradas. «Gracias por permitirme hablar con la verdad y demostrarles que es una prioridad para mí y mi gobierno el que se sepa qué pasa con sus hijos» afirmó el presidente mexicano al terminar la reunión con las familias. Miente con descaro.

El comité de madres y padres de los normalistas desaparecidos sigue luchando para volver a ver a sus hijos con vida y dando muestras de dignidad y fortaleza a pesar de que son el epicentro actual de una de las más grandes crisis sociales que pasa México en las últimas tres décadas. Es tal vez la gota que derrama el vaso. Las madres y padres rechazan las versiones del procurador Murillo Karam y señalan la ineptitud del gobierno federal. De esta manera, lo que comenzó como una demanda del movimiento estudiantil, ahora se ha vuelto una exigencia nacional que está cuestionando hasta la existencia misma del Estado.

Para evitar la fatiga

Jesús Murillo Karam, procurador general de la república, quien está al frente de las investigaciones para encontrar con vida a los 43 estudiantes desaparecidos, es también cínico en sus declaraciones más recientes. Si para él es agotador tener que dirigir esta investigación y responder a la prensa le parece una enorme fatiga, lo más prudente sería que se retirara y dejara de mentir, de tergiversar la información, tal vez, lo más adecuado sería que dejara el cargo y se uniera al gran grupo de funcionarios públicos y políticos que están convocados a irse definitivamente.

#YaMeCansé es ahora una de las más poderosas consignas y expresiones del descontento generalizado que vive México. Si nos detenemos un poco en las expresiones populares para enunciar las demandas, reclamos o denuncias que este movimiento ha dado, el doloroso camino que comunica el central «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!» hasta el ahora difundido ampliamente «Fue el Estado», pasa por la consigna que sintetiza el proceso desatado hasta ahora: «Ya me cansé del miedo».

Hasta ahora, muchas de las desapariciones y asesinatos ocasionados por el narco-Estado se han ido transformando en anécdotas del dolor nacional, que si Maricela Escobedo, que si Nepomuceno Moreno, que si la matanza de Villas de Salvarcar, que si los 72 migrantes asesinados por los zetas, pero este caso tan cínico e impune de desaparición forzada tal vez ayude a entender que más allá de los detalles de cómo pasó es, sin duda, un momento para comprender que todos los agravios son parte de una ofensiva de mayor envergadura que busca la explotación, el despojo, el control total de la población o la suma de todo; a través del miedo. La desaparición forzada de 43 estudiantes, el asesinato de miles de jóvenes en los años recientes y la rabia popular son, tal vez, detonadores para que las cosas cambien.