Genocidio silenciado: historias del territorio Guarani-Kaiowá (parte 1)

«Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata» es la última frase del poema Los Nadies (1989), de Eduardo Galeano; que habla de los pueblos originarios del mundo, los «que no hablan idiomas sino dialectos», «que no son seres humanos sino recursos humanos». El gigante Brasil, en el sur del continente latinoamericano, ha tenido un crecimiento económico aplaudido al nivel internacional durante los últimos años. La expansión del capital en el país busca cada vez nuevas fuentes para satisfacer su sed por más y más y todavía más: más lucro, más tierra, más extracción de recursos naturales. Esta serie de artículos tiene como objetivo visibilizar a los «nadies» dentro de la maquinaria económica brasileña y las luchas de los pueblos originarios, en particular a través de las historias de los Guaraní-Kaiowá. Hoy los pueblos están enfrentando un Congreso Nacional del Brasil que, después de las elecciones del año pasado, es todavía más controlado por la burguesía. El primer paso del nuevo congreso es tratar de modificar la constitución para abrir nuevas brechas para el capital, pero entre los intereses económicos y los recursos naturales, hay pueblos. Pueblos a los que el Estado intentó silenciar para exterminarlos para siempre. En Brasil nunca cesó el genocidio silencioso. –Y los pueblos nunca desistieron de luchar.

Capitulo 1: PEC 215. La guerra con plumón

En Brasil, los pueblos indígenas se están preparando para enfrentar a la cuna del poder político en Brasilia. El 13 de abril empieza «Abril rojo», una lucha frontal contra el intento de modificar la constitución y quitar sus derechos a los pueblos indígenas.

Con la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 215, que posiblemente será votada en el Congreso Nacional en Brasilia, los pueblos indígenas en Brasil sufren el mayor ataque a sus derechos y sobrevivencia desde la promulgación de la constitución en 1988. La constitución fue escrita saliendo de la dictadura militar, que comenzó con el golpe de Estado de 1964. En los próximos días, una comisión especial del congreso va a retomar la propuesta de modificación de la misma causando de nuevo protestas fuertes de los pueblos indígenas.

—Este ataque violento a los derechos indígenas establecidos en la ley muestra la articulación de las fuerzas políticas y los intereses económicos —afirma la Articulación de los Pueblos Indígenas en Brasil (APIB).

—Hoy no sólo nos atacan con violencia física sino con su control político y el plumón —nos dice el hijo del Cacique Kaiowá Bonifacio.

Según el artículo 231 de la Constitución Federal: «Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, proteger y garantizar el respeto de toda su propiedad». El segundo párrafo de este artículo garantiza a los pueblos originarios el «uso exclusivo de las riquezas del suelo, ríos y lagos existentes en el mismo». Y el sexto párrafo dice: «Las tierras que se hace referencia en este artículo son inalienables e inasequible y los derechos sobre ellas imprescriptibles». Este criterio, sin embargo, no lo comparten las grandes empresas agroindustriales, mineras y energéticas, ni los congresistas vinculados a estos sectores, tampoco del gobierno federal. Según Janete Capiberibe —integrante del frente Parlamentario en apoyo a los Pueblos Indígenas en Reporter Brasil— en el país existe la intención de quintuplicar la producción de minerales y expandir la agroindustria en los próximos años. La mayoría del territorio indígena en Brasil se encuentra en la Amazonía, en más del 50% de dicho territorio, mismo que enfrenta fuertes intereses de las empresas mineras.

¿Qué es la PEC 215?

La Propuesta de Enmienda a la Constitución 215, creada en el 2000, propone transferir del Ejecutivo al Congreso Nacional la prerrogativa exclusiva para aprobar la demarcación de las tierras indígenas y ratificar las demarcaciones ya aprobadas.

El 16 de abril del 2013, los pueblos indígenas de Brasil se organizaron para manifestarse frente a la cámara de diputados en Brasilia e impedir a los partidos políticos nombrar los representantes para la comisión especial que analizaría la PEC 215. Hubo tanta presión que el presidente de la cámara, el diputado Henrique Alves –del Partido del Movimiento Democrático en Brasil (PMDB)– convenció a los líderes partidarios de suspender los nombramientos. Sin embargo, fue solo una suspensión temporal. Se estableció de nuevo la comisión para el mes de septiembre del mismo año, con 16 de 21 representantes de la «Bancada ruralista». Fue suspendido de nuevo a pedido del Partido de los Trabajadores (PT), que todavía no tenía un acuerdo interno sobre PEC 215 y por lo mismo no tenían elegidos sus representantes para la comisión especial.

Es importante subrayar aquí el poder histórico del lobby (cabildeo) de los terratenientes en Brasil, llamado «Bancada Ruralista». Se estima que tienen entre 150 y 200 miembros en el congreso, siendo casi todos representantes de la antaña oligarquía del país. En Brasil, el 1% de las personas controlan el 48% de la tierra fértil. La posibilidad de una reforma agraria siempre ha sido bloqueada por este lobby odiado por los pequeños campesinos y los pueblos indígenas.

La PEC 215 fue retomada de nuevo el año pasado. El 16 de diciembre, a puertas cerradas, los diputados se concentraron dentro del parlamento. La policía vigilaba todas la entradas para mantener a los miles de indígenas que estaban movilizados a distancia. La PEC 215 es polémica, también dentro del congreso brasileño, y los congresistas sentían presión por realizar la votación por las reglas de vencimiento de las propuestas de modificaciones de leyes. Afuera del congreso, los indígenas empezaron a rezar. Este día cayó una lluvia tan fuerte que cortó la electricidad de la cámara de diputados y la votación no se pudo realizar. La cancelación fue festejada, sin embargo, el lobby de los terratenientes exigió retomar la comisión especial. El 17 de marzo de este año se instaló la comisión nuevamente, con todavía mayor control del lobby de los terratenientes, y su intención es poner fecha para llevar la propuesta de la PEC 215 para votación en el congreso.

Dentro del congreso, los opositores a la PEC 215 argumentan que la propuesta de modificación de la ley sería inconstitucional. Primero, por traspasar al legislativo* una prerrogativa del ejecutivo (lo cual viola el principio de la separación de los tres poderes); segundo, por violar los derechos que los pueblos tienen a su territorio (según el artículo 231 de la constitución de 1988).

Otra preocupación es el Proyecto de la Ley Complementaria (PLP) 227, que busca permitir actividades de terceros en tierras indígenas. La propuesta quiere modificar el sexto párrafo del articulo 231 de la constitución que prohíbe el uso de estos territorios por los no indios, a «excepción de interés público pertinente a la Unión». El problema es que el PLP 227, en su primer artículo, amplía este concepto: «Ellos son considerados bienes de interés público significativo de la Unión (…) las tierras fronterizas, las carreteras federales, áreas perturbadas productivas que cumplan la función social de la tierra». Por «áreas perturbadas productivas» se refieren a cualquier actividad llevada a cabo por personas no indígenas.

Ambas modificaciones, el PLP 227 y la PEC 215, son un caldo de cultivo de los intereses económicos sobre la región. Tanto el agronegocio como las empresas mineras están babeando ante la posibilidad de explotar los extensos hallazgos de minerales en la Amazonia.

—Antes, nos mataban solo con fierro duro. Ahora enfrentamos tanto a los pistoleros como la pluma. La firma de estas leyes acaba con los pueblos originarios en Brasil, —dice Paulinho en la recuperación de tierra Pacurity.

—El PLP 227 acaba abriendo las tierras indígenas ante los sectores extractivistas. Estos sectores están tratando de derrocar a una versión de lo que está en su interés de ser considerados por el Estado como «de interés público pertinente de la Unión», —comenta Cleber Buzatto de Consejo Indigenista Misionario, CIMI, al Reporter Brasil.

Las modificaciones de la constitución no sólo acaban con la demarcación sino que son un retroceso en el proceso de las tierras ya demarcadas. Los pueblos pierden el derecho de usar sus territorios de acuerdo a sus usos y costumbres si hay «interés público pertinente a la Unión». Recuerda a las modificaciones del artículo 27 en la Constitución Mexicana en 1992 durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.

El «milagro» brasileño

El crecimiento económico de Brasil ha recibido aplausos que resuenan a nivel internacional. La política de Lula da Silva, del PT (quien entró al poder en 2003 en una ola de esperanza y lucha de los movimientos y partidos de la izquierda), fue reconocida por incluir a los pobres a través de políticas y proyectos asistencialistas –y al mismo tiempo complacer al capital. Se podría decir que, para los países e instituciones internacionales, la receta Lula se considera «mágica». Se difundió la imagen de un pueblo brasileño feliz y unido en camino hacía «el primer mundo». Pero la linda historia de la política neo-desarrollista tiene rasguños profundos; uno de ellos, son los pueblos que interfieren en la expansión de la frontera agrícola, así como de los bancos y empresas transnacionales. Aquí se encuentran los movimientos de los pequeños campesinos, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y los pueblos indígenas, los Quilombolas y pueblos tradicionales.

Desde que el PT llegó al poder no ha movido un dedo para cumplir las promesas de la demarcación de los territorios indígenas. Y durante el mandato del gobierno de Dilma Rouseff, la Reforma Agraria ha parado por completo. No caben los «ninguneados», los pueblos indígenas, las comunidades Quilombolas o los pequeños campesinos dentro de la narrativa del crecimiento y de desarrollo del Estado Brasileño.

—Si aprueban la PEC 215, el poder de la demarcación de los territorios indígenas va a estar en las manos del agronegocio —comenta la indígena Kaiowá Waldeliso de la recuperación de tierra «Taquara».

El año pasado se realizaron las elecciones en Brasil. Aunque el PT ganó la presidencia, el agronegocio ganó el Congreso. Es la «Bancada ruralista», los congresistas que representan a los grandes empresarios del agronegocio, que tiene mayoría. La presidenta Rouseff será recordada por haber privilegiado el crecimiento económico a través de una agricultura agresiva, a costa de los pueblos indígenas, quilombolas, el pequeño campesino y el medio ambiente. La gota que derramó el vaso fue cuando recientemente nombró a la empresaria Katya Abreu como Ministra de Agricultura. Si alguien todavía mantenía la ilusión del PT como un partido a favor de la reforma agraria y democratización de la tierra, dicha fantasía se rompió por completo con ese nombramiento.

Kátia Abreu tiene varios apodos, entre ellos «reina de la motosierra» y «miss deforestación». Afirmó el año pasado que Brasil tiene el potencial de obtener mayor producción agrícola que los Estados Unidos. Entre sus «deseos políticos» está la expansión de la infraestructura dentro de la Amazonia, incrementar el poder del Congreso en la demarcación de los territorios indígenas e intensificar el dominio de los monocultivos en la agricultura. Abreu es la cara del capitalismo salvaje de la Bancada ruralista. Pero la lucha y la organización en contra de la expansión del capital esta muy presente.

—Puedes contarle a quien quiera escuchar —dice la matriarca de la recuperación de la tierra Taquara, una compañera con muchos años de experiencia en la resistencia: desde que nació, y todavía está viva. Una prueba de la capacidad de sobrevivencia y ardiente lucha.

—De aquí no me va a sacar nadie. Aquí es mi tierra y aquí voy a morir. Esto lo puedes contar a quien quiera escuchar. ¿Escuchas? ¡Aquí hay una matriarca que no se va a mover nunca! —continúa.

Tekoha

La matriarca estaba en el frente cuando su pueblo decidió recuperar su tierra Taquara de nuevo en 2012. Desde que las familias Guarani’Kaiowa fueron desalojados violentamente en 1953 han regresado para retomar su tierra muchas veces. Cada recuperación ha sido seguida por un desalojo violento. Han perdido a muchos familiares, todas sus casas tradicionales. Sus ongusus (casas grandes) fueron quemados. Las mujeres recibieron «un mal trato».

Taquara es uno de varios territorios indígenas Guaraní-Kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul. Su historia de despojos, violencia, violaciones, asesinatos, robos, quemas de casas tradicionales e intentos de asimilación es contada por todos los pueblos.

Estamos en el centro-sur de Brasil, en la colindancia con Bolivia y Paraguay y los estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná y São Paulo. En este estado se encuentra el grupo indígena más grande del país. La población Guaraní-Kaiowá llega a unas 45 mil personas; quienes viven en pequeñas «islas» de tierra que no alcanzan a ser más de 42 mil hectáreas. En 2008, se llegó a decir que un tercio del estado se convertiría en tierra indígena, lo que sembró pánico en la población pro-agronegocio. Contrariamente al alarmismo de algunos terratenientes, las tierras reclamadas en el estado, de acuerdo con las evaluaciones preliminares de los antropólogos, no llegan a 1 millón de hectáreas, es decir, menos de una décima parte de lo que se predica en el momento.

Los pueblos indígenas son hostigados por los terratenientes, son rodeados de pastos y plantaciones de soya y caña de azúcar, sin tierra, y con un nivel altísimo de violencia. Del bosque original no queda más del 2% y la difícil lucha por sobrevivir no se puede describir en palabras.

—Esta es mi Tekoha (mi tierra) —cuenta el cacique Bonifacio en la recuperación de tierra Pacurity. Nos recibe con calma y precaución. La mayoría de las personas que paran en la autopista, a unos pocos metros de la carpa de las familias en Pacurity, no vienen con buenas intenciones.

Bonifacio habla con una voz bajita, en la sombra del techo hecho de paja. Tomamos tereré, la hierba típica de la región, mientras platicamos. Nos cuenta parte de su historia, no toda, porque es muy larga. Hay que hacer más visitas. Bonifacio ha llegado a su tierra, está en su Tekoha y de aquí no se va a mover. A unos días de la primera visita llegó el aviso de que la orden de la mal llamada «reintegración de posesión», que quiere decir desalojo violento, fue cancelada. Bonifacio esta acostumbrado a una vida con precauciones y lucha. Del futuro lo único garantizado es eso, la lucha.

El genocidio contra los pueblos indígenas empezó con la colonización y ha sido sistemático y planeado por el estado Brasileño desde los principios de la década de 1910, cuando el Estado, a través del Servicio de Protección al Indígena (SPI) —hoy Fundación Nacional del Indígena (FUNAI)— creó las primeras reservas.

—Fuimos literalmente tirados a las reservas. Nos arrancaron de nuestras tierras, nuestra Tekoha, y nos llevaron a las reservas, mezclando grupos y familias sin importarse de nuestro tejido social y organización. Pero no arrancaron nuestras raíces, estas se quedaron en nuestra Tekoha. Desde el primer día que nos forzaron a salir hemos estado regresando. Nunca dejamos de regresar a nuestra tierra. De día nos llevaban en carros, y de noche regresábamos caminando.

Esta historia se cuenta en varias recuperaciones de tierra en el estado, esta vez, del rezador y cacique en la comunidad indígena Panambizinho. Una de las muy pocas tierras demarcadas el estado de Mato Grosso do Sul. Durante la época de la fundación de las reservas, los pueblos indígenas fueron forzados a salir, muchos regresaron; algunos fueron presionados para buscar refugio en las orillas de las autopistas; otros más, fueron expulsados a Paraguay, y al regresar son acusados de ser «extranjeros» e «invasores». El proceso de genocidio en el estado tiene que ser recapitulado a través de múltiples narraciones. Las cifras y las estadísticas dicen mucho pero no todo. Duele conocer las infinitas historias de un pueblo a quien nadie escucha. Son invisibles. Son los nadies.

Una de las reservas, Jaguapirú, es de 3 mil quinientas hectáreas y tiene una población de 14 mil personas.

—Somos una favela de indígenas en la periferia de la ciudad Dourados —dice el cacique Catalino, habitante de Jaguapirú y también de la recuperación de Boquerão.

—Nunca nos dieron la tierra que nos pertenece y hoy están vendiendo, con documentos falsos, la tierra que es nuestra.

Saliendo de la recuperación, a menos que un kilómetro, pasamos la construcción de una cervecería alemana construida sobre la tierra de Boquerão. La Tekoha de Catalino.

La historias Guaraní-Kaiowá merecen ser conocidas. Es necesario que nos cuenten y es fundamental que escuchemos, que la lucha se convierta en nuestra.

Esta semana, del 13 al 17 de abril, van a llevar sus rezos, cantos, gritos y fuerza de lucha a la cuna del poder político en Brasil. Van a acampar en Brasilia y a realizar acciones frente del congreso. Se esta haciendo el llamado nacional e internacional para apoyar el campamento «Tierra Libre», con la intención de parar y enterrar la PEC 215 para siempre.

Vamos a ir publicando las historias contadas por los Guaraní-Kaiowá.

—Mi historia no es bonita, pero es mi historia y te la voy a contar. —La matriarca de Taquara.