Desplazadxs por el cambio climático en la costa caribe hondureña

Esta publicación forma parte del proceso de documentación realizado por la Caravana Climática, una gira de acción por América Latina que busca recolectar historias de pueblos que luchan en defensa de la tierra y por justicia climática. Después de varios meses de viaje la Caravana llegó hace unos días a su destino en Lima, Perú, donde se encuentra participando en foros y eventos alternativos a la vigésima Conferencia de las Partes de la ONU.

DOCSONORO: Honduras, porque habitamos

Las comunidades garífunas han hecho frente al embate que se cierne sobre sus territorios desde 1797, año en el que fueron desplazadas hasta el Golfo de Honduras y se establecieron en la isla de Roatán. Desde entonces los pueblos afroindígenas tienen clara su historia; aún permanece fresca en la memoria colectiva la lucha de Satuye y la diáspora de la isla de San Vicente, sobre el origen y llegada de sus ancestros a la costa hondureña hace más de doscientos años. Los garífunas nunca fueron esclavizados, su pasado es una historia de resistencia. Sobrevivieron a naufragios y a la usurpación de su territorio en la isla de San Vicente, donde a partir del mestizaje con el pueblo originario Kalinagu surge el pueblo afroindígena garífuna. En un segundo momento se embarcaron hacia las costas del Caribe para encontrar tierras no ocupadas por nadie hasta entonces; a lo largo de la costa decidieron forjar un nuevo futuro en tierras que limpiaron y sembraron para generar la subsistencia de las familias que allí se asientan hoy en día. Se dedicaron principalmente a la pesca, agricultura y ganadería; actividades hoy fuertemente amenazadas por factores como el cambio climático, el avance de la agroindustria, los intereses corporativos y el narcotráfico, que se expanden generando violencia, despojo y gran vulnerabilidad en la región.

El proceso de titulación de las tierras del pueblo garífuna data de 1887, cuando se realizó un primer reconocimiento parcial de sus derechos de posesión; sin embargo, en los años noventa del siglo XX, éstos les fueron limitados por parte del Estado hondureño, excluyendo la totalidad del territorio que los garífunas aprovechan tradicionalmente para la construcción de sus viviendas y el acceso a la alimentación, tales como costas y vastos bosques que utilizan para la subsistencia de sus comunidades.

Para el 2004 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Propiedad, financiada y promovida por el Banco Mundial para la operación del Proyecto de Administración de Tierras de Honduras (PATH), el cual derivaría en la anulación del régimen de tenencia comunitaria de la tierra. Por tal situación, la comunidad garífuna, por medio de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), interpuso una solicitud ante el Panel de Inspección del Banco Mundial sobre el Proyecto PATH para denunciar la violación que esto supondría a los derechos de los pueblos, por lo estipulado en los convenios y tratados internacionales que Honduras ha suscrito, como el convenio 169 de la OIT. A pesar del reconocimiento que el panel de inspección extendió sobre la violación flagrante que se hacía sobre el convenio que ampara los derechos de los pueblos originarios, no se detuvo, ni modificó la iniciativa, alegando que el Banco Mundial no está sujeto a cumplir con lo señalado por dichos tratados internacionales. Lo anterior agrava la crisis territorial que viven actualmente las comunidades afroindígenas, presionando a los habitantes de estos poblados a una diáspora forzada y a la pérdida de la relación histórica con sus territorios.

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El incesante asedio que ejercen las empresas bananeras (de antaño), agrícolas, actualmente las turísticas, el crimen organizado, la amenaza del desplazamiento producto del cambio climático y la implantación de las ciudades modelo; fractura la concepción y la relación entre territorio y las prácticas de las comunidades que antaño lo habitan. A partir del 2009, año en que se llevó a cabo el golpe de Estado en Honduras, se ha vuelto aún más compleja la situación de las comunidades, al verse debilitado el sistema de justicia del país, provocando la impunidad actual que prevalece en los actos de despojo de tierras y territorios a los pueblos originarios.

Territorios enteros están siendo acaparados por el crimen organizado en las comunidades Iriona y Walumugu; los terrenos de la Bahía de Tela han sido privatizados por la empresa creadora del proyecto Indura Beach y en las tierras de la Muskitia se están desplazando áreas de cultivo por las grandes plantaciones de palma aceitera; sumado a los despojos cometidos en nombre del proyecto Banana Coast, que promueve la implantación de la primera ciudad modelo en el país, también llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), en donde el capital extranjero contará con su propio sistema de seguridad y justicia, violentando el concepto de soberanía; esta primera ZEDE operará justamente sobre los emblemáticos barrios Cristales y Río Negro. en Trujillo, lugar en el que se encuentran asentadas más de 20 comunidades garifunas, sitio donde también ya se se impone la construcción del muelle de cruceros Post Panamax con la inversión principal del empresario canadiense Randy Jorgensen.

Mientras se agotan las vías jurídicas para la resolución de las problemáticas sobre el despojo territorial que viven las comunidades, se agravan las consecuencias negativas derivadas del cambio de uso de suelos y de los resultados que los proyectos impuestos van teniendo sobre las culturas y el medio ambiente; consecuencias que cada vez son más alarmantes y amenazadoras, ya que actualmente se entregan a concesión vastas hectáreas de alta biodiversidad en Honduras para la explotación minera, turística, agrícola, ganadera y comercial sobre territorios resguardados por el pueblo garifuna.

Ahí la deforestación, sedimentación de ríos, contaminación de agua y aire, así como los cambios en las dinámicas de relación con el ecosistema, son las afectaciones más claras que estas empresas aportan a las localidades aledañas a quienes venden la ilusión de empleos y desarrollo para poder instalarse sin hacer los estudios adecuados sobre el impacto ambiental o las consultas previas e informadas a las comunidades que serán afectadas en la operación de los proyectos.

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Estrategia comunitaria contra a la crisis ambiental

El deterioro ambiental como consecuencia del saqueo que padecen los territorios de Honduras ha obligado a los pueblos a insertarse en nuevas dinámicas de vida frente a los escenarios de devastación y vulnerabilidad que actualmente se imponen en sus comunidades. La crisis ambiental planetaria está generando graves estragos en la población del Caribe hondureño. La erosión de las costas y el aumento en el nivel del mar han obligado a las comunidades de la costa norte de Honduras a generar estrategias locales frente a las amenazas que ya son evidentes en sus territorios.

28 de las 46 comunidades garífunas del Caribe hondureño se encuentran dentro de áreas naturales protegidas. Históricamente, son pueblos ligados a la convivencia armónica con las costas y la biodiversidad en ellas incluidas. Los efectos del cambio climático les golpean y vulneran profundamente. Esta afirmación ha sido cada vez más palpable desde que el ciclón tropical Mitch irrumpió en 1998 en las costas del Atlántico. Ha sido uno de los fenómenos más devastadores ocurridos en  la historia contemporánea de Honduras; tanto que se considera un pateaguas: antes y después de aquel fenómeno meteorológico.

El cambio climático y sus consecuencias han sentenciado a estos pueblos a ser una de las poblaciones mundiales más expuestas a los péndulos cada vez más intensos y frecuentes de tormentas y huracanes. Lo anterior, aunado al comportamiento actual de los mecanismos de producción capitalista en la región,  agrava la vulnerabilidad de todos los pueblos de la región.

A partir de la afectación sufrida por la tormenta tropical Gamma, ocurrida en 2005 sobre las costas de Honduras, Belice y la mexicana Península de Yucatán, se operó un plan de reubicación para las familias más afectadas de las comunidades garífunas de Batalla, Tocamacho, Guadalupe, Nueva Armenia, Samboo Creek y Triunfo de la Cruz. Actualmente sigue siendo necesario un plan de desplazamiento para más de 100 familias. Tan sólo en las tres comunidades del municipio de Juan Francisco Bulnes, cuando el río Sico irrumpió por la laguna de Bacalar, arrasó con más de 42 casas de la aldea de Batalla y provocó el desgaste de terrenos que hasta hoy se aprecia evidente: faltan calles y porciones de tierra entre la laguna y el mar. Prácticamente es imposible reconstruir la aldea que ahí se asentaba.

Los garífunas consideran que su modo de vida está por cambiar drásticamente. Ya de por sí, inmensas oleadas de migración expulsan a los más jóvenes de las comunidades, a través de ríos de personas que viajan con dirección al norte. El continuo vaivén del mar hace desaparecer la playa donde se encuentran sus casas. La tierras de cultivo están siendo disputadas contra caciques y terratenientes quienes, amparados por el gobierno, buscan imponer procesos extractivos de graves consecuencias contra el equilibrio del ambiente, la seguridad y la soberanía económica, social y alimentaria de las comunidades. El cultivo industrial, la ganadería extensiva, la pérdida de la protección de la uva y de los manglares que ancestralmente servían como barrera para el mar, hacen que los habitantes de esta región sean de los más vulnerables del planeta, a la espera de un nuevo fenómeno atmosférico o social que obligue la reubicación de las familias de esta zona. Además de todo lo anterior, las comunidades padecen el abandono sistemático del Estado para resolver dichas necesidades de reubicación segura.

Hasta el momento han sido construidas 15 casas para madres solteras que resultaron afectadas por el Gamma en el 2005 en la comunidad de Batalla. En colaboración con OFRANEH y con los patronatos que se han gestado en cada una de las comunidades, ha nacido un trabajo de reconstitución del tejido comunitario en donde se fortalece la organización hacia el futuro y se realizan actividades que apoyan la supervivencia material y sobretodo cultural del histórico pueblo garífuna.

Sin embargo, esta situación de reubicación emprendida para remediar los efectos devastadores del cambio climático, está obligando a la separación de las familias, hecho que trastoca uno de los puntos nodales de la conformación cultural de este pueblo. Los garífunas se consideran una gran familia, prevalecen apellidos muy claros en cada comunidad, indicando la historia de fundación nuclear de raíz matrifocal de los caseríos y aldeas. Por ello una de las tareas principales de la de las comunidades se enclava en el fortalecimiento de las costumbres y valores culturales que como pueblo comparten, como estrategia de sobrevivencia frente a un sistema monocultural y de devastación ambiental que irrumpe violentamente sobre sus modos de vida.

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Pueblo garífuna, comunidades originarias ligadas al mar

Desde que los pobladores afroíndigenas llegaron a la isla de Roatán en Honduras, buscaron fundar sus comunidades en la costa, se ubicaron en las deltas de los ríos, lagunas y el mar, son un pueblo ligado al mar. Por ello actualmente defienden, ante cortes internacionales como la CIDH, su derecho a vivir y a administrar los bienes naturales marítimos que les corresponden históricamente como pueblo originario. En mayo de 2014 participaron en una audiencia celebrada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, donde se debatió el reconocimiento constitucional del pueblo garífuna desde su identidad indígena, así como su posesión ancestral de la tierra y los bienes comunales. Esto frente a la negación del Estado, que los ha desconocido. De ser positivo el fallo a las comunidades frente al Estado, como lo esperan quienes han representado a la comunidad en la Corte, se marcará un precedente importante que le permitiría a los garífunas exigir la aplicación de la Consulta Previa Libre e Informada y con ello ejercer el derecho a ser partícipes de las propuestas e iniciativas que se hagan sobre sus territorios. Sería una posibilidad de romper la violencia sistemática del poder empresarial trasnacional que actualmente impone proyectos de muerte en sus comunidades, despojando y afectando a un pueblo al que se le ha negado el derecho a defenderse.

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Ciudades modelo. Un experimento que expulsa pueblos y soberanías

Honduras es un país en el que la violencia del gobierno se ha vuelto acción común contra los pueblos que defienden su territorio. Actualmente, se ha echado a andar un experimento para debilitar a los órganos «institucionales» que dicen y pretenden gobernar en el país. Como parte de un modelo exportable que se busca esparcir en toda la región latinoamericana, el caso particular de Honduras ha significado el establecimiento de las llamadas «ciudades modelo», que entre sus principales características promueven el libre paso de industrias trasnacionales que se están repartiendo el territorio y los últimos reductos de riqueza natural que Honduras y la región atlántica resguardan.

Las ciudades modelo que se proyectan para el país, constituyen una propuesta de supuesto «desarrollo» y forman parte del laboratorio económico-político-social de las élites económicas mundiales. Promueven la «liberación» de territorios con márgenes legales y soberanías adaptables para instalar empresas financieras y tecnológicas. Promueven la ley de la máxima ganancia en lugares dóciles y obedientes; se trata de operar libremente en países que anteponen los intereses de las corporaciones por sobre las constituciones nacionales y las voluntades de los pueblos.

En una estrategia que busca implementar las nuevas ciudades-nación del siglo XXI. El Estado hondureño ha cedido territorios físicos y legales a la inversión extranjera mediante las ciudades modelo, en una actitud servil, escondida detrás de un discurso que promueve la necesidad de atraer inversión económica y que justifica el despojo y maltrato que las empresas ejercen sobre los entornos y las personas, en aquellos lugares en donde llegan a cumplir sus anhelos neoliberales de saqueo de recursos.

El país centroamericano ha subastado y apoyado a las empresas trasnacionales en su cruzada neocolonizadora para apoderarse de los recursos y territorios de los pueblos originarios y campesinos. Éste es el caso de la ciudad de Trujillo en la que mediante estrategias de expropiación manipuladas, fue demolida la comunidad garífuna de Río Negro. Ahí los habitantes decidieron vender sus propiedades a precios por debajo de su valor real debido a las presiones de la municipalidad, que sembró amenazas de expropiación forzosa si no accedían a dejar sus territorios a cambio de la oferta económica planteada.

Desde el golpe de Estado del 2009 se han multiplicado y agravado los procesos de despojo territorial en beneficio de las empresas, que llegan a disponer de los espacios funcionales de las comunidades y que apuestan a un Estado que debilita sus sistemas político y jurídico para ser corrompidos por el capital inversor que viene del exterior.

El el año 2010, al encabezar Porfirio Lobo la administración nacional por parte del conservador Partido Nacional de Honduras, se promovieron una serie de reformas constitucionales cuyo propósito fue eliminar cualquier traba que pudiera debilitar el interés de los inversionistas extranjeros para llevar sus proyectos al país. Se permitió la instauración de espacios liberados de la observancia de la legislación nacional, abriendo la posibilidad de crear pequeños «Estados» con autonomía política y económica dentro de un nuevo modelo de división de «Estados-empresa», regidos solamente por los intereses y leyes del libre mercado. Dichos espacios fueron aprobados bajo la ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), también llamadas Ciudades Modelo.

A pesar de los recursos interpuestos por los pueblos, de los fallos que la Fiscalía de lo Constitucional emitió en 2012, declarando inconstitucional las RED, y que también la Corte Suprema los haya declarado inconstitucionales, persiste la promoción de leyes que avalan su implementación en Honduras. Ahora aparecen con un nuevo nombre, pero de fondo los mismos mecanismos de operación: las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) representan una nueva careta para las ciudades modelo.

Una de las mayores implicaciones de las ZEDE, se encuentra en su posibilidad de tercerizar los modelos de justicia nacionales, lo que constituye uno de los mayores atractivos para los inversionistas extranjeros, ya que posibilita la exoneración y liberación de impuestos para las empresas. Tambié permite posicionar marcos externos de jurisprudencia, mediante la intermediación de cortes internacionales, para tratar los temas derivados de su proceder en las zonas concretas donde se instalarán. Las empresas buscan allanar territorios para operar sus proyectos de explotación sin ninguna resistencia ni regulación nacional contra su libre proceder por la obtención de la mayor ganancia. Con el paso de estas leyes se les permitiría decidir cómo y quiénes juzgarían los actos derivados de su actuar comercial y de las legislaciones convenientes que los estados deben seguir por encima de las constituciones locales, las cuales quedan al margen de intervenir en los fallos y procesos para dar paso a marcos legales más grandes que se impondrán sobre sí mismos.

Honduras apuesta a la instauración de las ciudades modelo como una estrategia de atracción de inversión al país para abatir la desaceleración económica y la inestabilidad social revestida de violencia, promueve la creación de las ZEDE y de Centros Financieros Ilimitados que se perfilan claramente hacia la generación de paraísos fiscales. Al igual que los países de Singapur, Hong Kong, Cayman y Bahamas en donde la tercerización de la justicia es el allanamiento del camino para la constitución de empresas-estados reguladores de las leyes y los mecanismos nacionales de producción.

La aprobación de las leyes que permiten la instalación de ciudades modelo en Honduras es parte del aval que los grupos en el poder confieren a las corporaciones nacionales y extranjeras para la privatización y despojo de los territorios y bienes naturales mediante el debilitamiento del sistema judicial lo que les permite una nueva era de saqueo de este país latinoamericano, ignora y niega los derechos de los pueblos al violentar las formas de vida de la población local.

En rebeldía permanente

El pueblo garífuna es una digna muestra de que la organización como pueblos y el fortalecimiento de las identidades y rasgos culturales representan una salida viable para la sobrevivencia de la especie humana en el planeta, quienes pese al agotamiento sistemático de los procesos jurídicos para la defensa del territorio, siguen formulando y operando estrategias de denuncia y defensa ante las leyes que buscan someterlos a los intereses del capital internacional.

OFRANEH es una organización que ha acompañado de cerca los procesos de organización y denuncia de los pueblos garifunas en Honduras; nacida en 1978 ha dedicado su quehacer a la defensa de los derechos culturales y territoriales, surgida como una de las primeras organizaciones indígenas de base del país, y es hoy en día uno de los principales actores colectivos que defiende y busca alternativas efectivas de solución a la principales problemáticas que enfrentan como pueblos originarios.

Las comunidades originarias y afroindígenas de la costa atlántica hondureña se han planteado retos importantes hacia el futuro para el fortalecimiento y defensa de sus territorios, ejemplo de ello son los pueblos Lenca, Maya-Chorti, Tolupan, Garifuna, Miskito, Pech, Tawahka, que han hecho frente a la política del Estado que impulsa un plan para la desaparición de los pueblos indígenas y negros de Honduras al aprobar leyes que violentan sus derechos, y que están generando el desplazamiento, pérdida del territorio y del sistema alimentario tradicional, fundamental para las culturas y sus integrantes.

Las comunidades han decidido rechazar y expulsar de sus territorios a los proyectos de explotación minera, de hidrocarburos, de enajenación y contaminación del agua, definitivamente rechazan las ZEDE, la construcción de represas, proyectos REDD, que mediante la militarización de las regiones promueven acciones de criminalización, asesinatos y represión contra las organizaciones que expresan la voluntad del pueblo organizado.

Es así, que las comunidades se han declarado en «permanente rebeldía contra la miseria y la pobreza en todas sus formas y expresiones», afirmación que están llevando hasta las últimas consecuencias, exigiendo al gobierno y las instancias internacionales parar la estrategias de presión mediática, financiera, militar, alimentaria, turística y de extracción de recursos sobre las comunidades y sus territorios como parte de su derecho a vivir dignamente.

Sin duda, el juicio que existe actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y que está por emitir un fallo, resume el esfuerzo internacional que abandera el pueblo garífuna para enjuiciar a un gobierno que se aferra a accionar en contra de un pueblo que constituye parte de la nación hondureña desde hace más de 200 años.

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