Marduk Chimalli: entre la justicia legal y la justicia social

Ilustraciones: Marduk Chimalli

Ante el solo dicho por “imputación directa” de la parte acusadora que hace en sí mismo, de manera omnímoda, toda “verdad” absolutamente sin ninguna prueba más, en un expediente en cuyo “pliego de consignación” en el que, contra toda racionalidad, revela ya el error por negligencia producto de un ejercicio de rutina que nunca se cuestiona, o ya el dolo prejuiciado de un acto por consigna producto de una socialmente agraviante política de Estado, se hace necesario llamar a la razón del criterio social en función de confrontar el juicio de la “justicia legal”, con el juicio de la “justicia social”.

Esa acción social fundada en la profunda convicción moral de la inocencia del “presunto culpable”, no debe incomodar a Magistrado o Juez alguno, pues ello sólo es la manifestación social de la indignación ante los hechos en los que, haciéndose un largo y tortuoso proceso inquisitorial en la “justicia legal”, alguien, únicamente sujeto a dicha “imputación directa” y a quien no se le prueba absolutamente nada más (acto por el cual no se debió convalidar, sino más bien, en el mayor de los casos, conceder la libertad con reservas de ley), y, antes al contrario, es el “presunto culpable” el que tiene que solicitar todos los recursos para demostrar su inocencia (8 videos de las cámaras públicas, 5 videos de cámaras privadas, aceptar un examen psicofísico, uno psicológico, y solicitar la prueba del polígrafo; a todo lo cual la parte acusadora se ha negado sistemáticamente), permaneciendo ya 60 días sometido a la represión física, psicológica, económica y moral que implica el encarcelamiento, a más, injusto.

Tales magistrados o jueces, no deben –estamos conscientes de ello– han de apegarse estrictamente al expediente; sólo solicitamos que sea leído, revisado y entendido detenidamente, pues, como lo demuestra nuestro abogado, dicho expediente por sí solo evidencia toda falta al debido proceso, pretendiéndose la fabricación de un delito.

El abogado Sergio Soto explica, en conferencia de prensa, las irregularidades del expediente de Marduk Chimalli.
Fotografía: Cristián Leyva

Tal hecho representa una política de Estado (la “Cero Tolerancia”, o “Intolerancia Absoluta”), que metódica y sistemáticamente criminaliza al sector joven de nuestra población, el cual, al negar su inculpación a cambio de “beneficios de ley”, como en el caso de Marduk Chimalli, por definición –ante una deliberada política de Estado sistemáticamente aplicada a un sector de población, lo convierte en un preso de conciencia, toda vez que este proceso ha interrumpido y lesionado su vida cotidiana como profesional, así como su producción intelectual.

Dadas las faltas al debido proceso por el que se pretende fabricar un delito; dada la nula aportación de prueba alguna que respalde el solo dicho por “imputación directa” que pone de manifiesto que la parte acusadora miente; dadas las evidentes contradicciones de la parte acusadora manifiestas en los interrogatorios de la segunda audiencia que revelan el falso y doloso testimonio; dada la acusación por el sólo hecho de que, bajo un estado alterado tras la agresión por el verdadero delincuente, inicialmente se afirmó así, no obstante, luego que dicha parte acusadora quiso desistirse y corregir el error, absurdamente ello se negó por el Ministerio Público, ya que la acusadora, la señora Mariana García Vía de Monte, incurriría en “falso testimonio”, con lo cual, inducida por la misma ley a la más absoluta abyección de lo inmoral, se vio obligada a la evidente falsedad (que ahora justifica la acción social en los medios por la justicia social misma), pues se hizo pasar por un hecho legal “verdadero” (en la absurda “justicia legal” que opera en este caso).

Finalmente, dado que estos hechos responden a una intolerante política de Estado que sistemáticamente criminaliza a inocentes, así como que, por todo ello, Marduk Chimalli Hernández Castro queda convertido en un preso de conciencia, exigimos el sobreseimiento del caso y su libertad inmediata sin reservas de ley.  ¡Alto a la intolerancia social que criminaliza sistemáticamente a la juventud.  Basta de falsas estadísticas que mediante la fabricación de delitos e induciéndose a inocentes a inculparse, pretende “demostrar” eficiencia en el “combate a la delincuencia”.  No a los presos de conciencia!

Por Luis Ignacio Harnández

 

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