Por Rodrigo Véliz Estrada
Centro de Medios Independientes (CMI)
Sobre los últimos comunicados públicos. El error histórico de Gustavo Porras y compañía
El juicio por genocidio ha generado un momento único. Sacó a la palestra temas y problemas centrales en la constitución histórica de nuestra sociedad. Temas y problemas que usualmente se debaten en pocos espacios, y generalmente entre personas que ya tienen puntos de vista afines. Que diferentes grupos del país se estén pronunciando públicamente al respecto es una cuestión importante y, por mucho, sana. De eso se trata el vivir en sociedad.
No es para menos. Los inicios de la década de los ochenta tienen un profundo significado histórico para el país. Como se recordará, en esos años una crisis orgánica, una crisis compleja de diferentes niveles y expresándose en diferentes espacios, carcomía desde dentro a nuestra sociedad. Y como en todo momento de crisis, problemas sustanciales estaban en la bandeja de las disputas.
El control militar del Estado guatemalteco había ya comenzado a mostrar su lado más débil, el del asesinato a opositores políticos de diferentes tendencias políticas. En 1978 el número de muertos y desaparecidos por el Estado fue de 879, mientras que para 1981 era ya de 3426.1 Realizado no sólo por el Estado, incapaz incluso de centralizar la capacidad de violencia política, sino sobre todo por bandas para-militares.
La legitimidad de las dictaduras era muy pobre, como lo ejemplificaron las elecciones de 1978, donde Romeo Lucas obtuvo tan sólo el 14.6% de los votos posibles, mientras que los votos nulos, en blanco y el abstencionismo, la parte del electorado que manifiesta no estar de acuerdo con el proceso, se llevaron la victoria simbólica con un abrumador 66.7%. El fraude las elecciones de 1982, reproduciendo el mismo patrón que cuatro años atrás, no ayudó al problema. La corrupción, como acicate, era generalizada, como incluso lo admitieron los mismo militares que dieron el golpe de marzo del 82. A lo que hay que agregar la manera como el fraude del 74 a la DC, desmotivando a una base social amplia aglutinada en torno a la Acción Católica, como el del 78, hicieron claro que los grupos que habían tenido el monopolio del ejercicio del poder no estaban dispuestos a abrir espacios democráticos a ningún otro grupo, acusado convenientemente de subversivo. De esto se había beneficiado el movimiento armado, que vio cómo mucha de la gente decepcionada comenzó a engrosar sus filas. Allí se volvió finalmente en una amenaza de mediana capacidad.
Como parte de este proceso, se vivía una intensa crisis económica, que por las características como se ha organizado la producción y el trabajo en el país, agroexportación de pocos productos, vulnerables a los inestables precios mundiales, y trabajo semi servil o mal remunerado, repercutió instantáneamente en los segmentos de la población ya de por sí emprobrecida. Los salarios reales (1970=100) en la ciudad eran de 101 para 1971 y habían pasado 70 en 1977; en el área rural eran de 100 para 1972 y para 1979 eran de 54. El Producto Interno Bruto, ya en disminución con una población en progresivo aumento, se expresó por cabeza en 519.5 (precios 1970) en 1980 a 450 en 1983. La capacidad de exportación se redujo, así como el valor de lo vendido en el exterior, y con eso las importaciones se vieron disminuidas por la escasez de divisa, lo que a su vez provocó una crisis fiscal en el Estado, dada la dependencia de su estructura taxativa en estos rubros.2
Había, pues, una franca y abierta crisis.
La respuesta del Estado en ese momento, canalizada con el golpe de marzo de 1983, fue violenta. Y esto hasta la derecha extrema lo acepta. Niegan el genocidio, pero no la represión y los «excesos», como gustan llamar a los asesinatos, selectivos o masivos, de civiles. La respuesta fue violenta y generalizada. Fueron varias las regiones, y distintos los sectores sociales (profesionales, pequeños y medianos comerciantes, estudiantes, campesinos, etc.), que de 1978 a 1983 sufrieron de esta represión. La violencia insurgente volvió esos años en un polvorín que no alcanzaba a explotar.
Esta represión, es necesario resaltar, fue masiva en la región occidental y nor-occidental, donde como se sabe hay una población mayoritariamente indígena-maya. No así en otras regiones, donde continuó siendo selectiva. ¿Fue esto una casualidad? Consideramos que no lo fue, y a lo largo de estas semanas las pruebas de diferente tipo presentadas por el Ministerio Público, a partir de diez años de recolección de pruebas, han ayudado a dar fuerza y robustez a este argumento.
Esto es importante y hay que dejarlo claro: En el argumento sobre la acusación de genocidio el elemento del racismo es central e ineludible. Y esto no quiere decir que el ejército haya arrasado con poblados solamente por ser indígena, específicamente ixil. El problema es más complejo. Habían otros elementos, políticos y sociales, en juego, pero el sesgo racista fue el que se expresó en la saña y lo masivo de la represión; en el poco cuidado con la población más vulnerable; en los desplazamientos y sometimiento mediante el hambre al regreso al control militar; en no escuchar por años sus demandas y relegarlos históricamente a la maginalidad mediante políticas de trabajo forzoso y salarios miserables, creando una inmensa atrofia productiva en el campo.
Los personajes de derecha extrema, los llamados «ultra», han sido muy agresivos y amenazantes en sus aseveraciones. Es público y conocido su papel de instigadores a la violencia como principal manera de mediar un problema. En el juicio han visto interpeladas las acciones que realizaron durante los años más duros de la guerra. Y en esa interpelación han presionado a otros grupos para que se pronuncien al respecto. Ya presionaron para que el CACIF se pronunciara, casualmente, con la misma retórica. Y ahora lograron que un grupo de profesionales, ex funcionarios públicos de altos puestos, y otros que aún ejercen posiciones en el Ejecutivo, sacaran un comunicado público pronunciándose al respecto.
Han dicho, con una senda pobreza ética, que el juicio es una venganza política que rompe el pacto de paz, abriendo con esto, de manera implícita, un riesgoso y totalmente irresponsable campo abierto para posibles enfrentamientos a manera de respuestas.
Esto debería de preocuparnos. Primero, porque nos dice que entre los grupos que se mueven alrededor del Estado y principalmente de este gobierno, que son los que se están pronunciando, existe cierta afinidad ideológica, cultural, con los postulados de la extrema derecha. Se identifican con elementos de su discurso y, al mismo tiempo, son movidos por las motivaciones planteados por ellos.
En cualquier sociedad, los extremos deben estar alejados de la toma de decisiones. Ni un Pol Pot ni un Strössner son deseados.
En segundo lugar, y este es el punto central, el comunicado firmado por Gustavo Porras, Eduardo Stein, y otros, comete un error garrafal. El problema de si hubo o no genocidio en Guatemala, según la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas, es uno jurídico, que sólo puede ser respondido por un Tribunal. Que Pérez Molina, Porras y AVEMILGUA afirmen que no lo hubo, que Rigoberta Menchú, Kate Doyle y Rosalina Tuyuc digan que sí hubo, no es jurídicamente relevante. El Tribunal ha conocido las pruebas y emitiría, en los próximos días, una sentencia basándose sobre las pruebas presentadas.
Por varias semanas hemos intentado informar sobre lo que ocurre en los debates públicos, y se nos ha hecho claro que ni ha habido un sesgo vergonzoso de parte del Tribunal, como lo afirman los ex-militares y familiares (y como sí ocurre en otros juicios que los han visto beneficiados) y ciertos medios de comunicación masivo, sino una pobre capacidad de parte de la defensa en el arte del litigio, y que el conjunto de pruebas es abrumador en demostrar que hubo un sesgo especial al momento de planificar las campañas militares en los territorios donde la población ixil (entre otras, acá no juzgadas) habitaba.
Si hubo o no genocidio, en lo que al juicio se refiere, es una cuestión legal.
Pero la negación del genocidio, como una sentencia política y no jurídica, porque afectará “al país” en un futuro, es de una pobreza sorprendente. Sobre todo si uno ve cuáles fueron las personas que firmaron el documento.
Más allá de lo jurídico, el problema del genocidio, y la necesidad de su debate, es de vital importancia para nuestra sociedad en el sentido de aprender de los errores del pasado e intentar solucionarlos para que no se vuelvan a repetir.
El racismo está presente en nuestra sociedad y negarlo, porque el Estado guatemalteco será tachado, expresa una incapacidad de entender el momento actual y, aún más, una falta de deseo de debatir y cuestionar los aborrecedores legados que nos han dejado décadas de dictaduras, enfrentamientos de todo tipo, tradiciones serviles, incapacidad soberana, y oprobio y pobreza generalizada.
¿Qué se le está enseñando entonces a la siguiente generación? ¿A negar los problemas y desviar la mirada? ¿A ver, como en trance, hacia adelante sin aprender de lo vivido? ¿A querer cambiar pero sin mover un sólo dedo?
El pasado es vital para seguir caminando. De allí la irresponsable actitud de los que firmaron ese comunicado.
El presente es un momento de debate, de cuestionamiento, al que nos debemos sumar, comenzando en nuestros espacios más íntimos. Pero sin pasiones abrumadoras, ni sesgos dogmáticos. El debate tiene que tener en el centro la tolerancia, tiene que darse con el más sincero deseo de mejorar las relaciones básicas de nuestra sociedad y entorno, se tiene que dar con la mayor cantidad de información disponible, y se tiene que dar abiertamente. Hay que expresarse, pero sobre todo informarse de la mayor cantidad de fuentes posibles.
Negarse a debatir, como lo hacen los grupos que sólo emiten comunicados agresivos y nunca dan la cara en los foros públicos, es desear condensarse (y condenar al resto) a seguir cometiendo los mismos errores del pasado, es vivir desde el fatalismo, desde el “las cosas nunca van a cambiar”.
Lo que estos grupos no quieren es que el debate sobre este tema, y otros que abundan en nuestra sociedad, comiencen a plantearse, que se generalice el cuestionamiento, que surja el deseo de informarse correcta y no sesgadamente, que se comience a querer tomar las decisiones que nos afectan directamente. A velar por nuestros intereses más básicos, por la falta de una representatividad adecuada, por la forma en que se decide quién paga más o menos impuestos, por la corrupción, por la inseguridad y la violencia, por el ultraje y pillaje de nuestras reservas naturales, por los salarios y la inflación, por la justicia por el oprobio de las masacres.
Es vital informarse y expresarse públicamente. El debate claro sólo puede mejorar nuestra situación.
El momento es propicio para hacerlo.
1 Carlos Figueroa Ibarra. 1991. El recurso del miedo. SanJosé, EDUCA, p. 139.
2 Victor Bulmer-Thomas. 1988. The political economy of Central America since 1920. Cambridge University Press, NewYork
Aclaración sobre el estado del Juicio por Genocidio.
Síntesis de las últimas resoluciones
Jacobo Mogollón Villar – David Oliva – Rodrigo Véliz Estrada
Hasta el miércoles 17 por la tarde, todo indicaba que el juicio estaba próximo a su fin. La mayoría de los peritos y testigos de ambas partes habían ya pasado a declarar, mientras que buena parte de los restantes habían sido descartados por los abogados, tanto los de la defensa como los del Ministerio Público (MP) y querellantes. Para el día siguiente nada más restaría la proyección de algunos vídeos ofrecidos por la defensa y la declaración de tres testigos, luego vendrían las conclusiones y el veredicto. Las especulaciones sobre el posible día de la sentencia, en esta situación, comenzaron a rondar por los pasillos del Palacio de Justicia. La Sala de Vistas lucía de nuevo abarrotada y a la atenta expectativa.
Ante la falta de voluntad demostrada por la defensa de los imputados para rebatir la abundante evidencia, los testimonios contundentes y su carencia de habilidad para interrogar de manera sagaz a las personas que ofrecieron peritajes, surgieron suspicacias sobre sus capacidades para llevar el caso… o sobre la verdadera estrategia de defensa. Era inocente creer que Ríos Montt o Rodríguez Sánchez irían a la cárcel sin mover un sólo dedo. Hasta ese momento la estrategia central del equipo de abogados de los acusados se caracterizó por acciones encaminadas a crear incidentes en el proceso, buscando restarle legitimidad y entrampando su desarrollo; o creando escenarios que induzcan fallos que luego puedan ser llevados a querella para apelar por errores de procedimiento. No debaten para tratar de cuestionar los hechos de violencia genocida contra la etnia ixil. Tampoco argumentan con agudeza para cuestionar la interpretación del genocidio. Retrasan la presentación de peritos, testigos y evidencia; cambian de abogados constantemente; protestan “formalmente” por cualquier cosa. A toda costa ganan tiempo. Tal parece que la mirilla de los abogados de los generales encausados apunta hacia afuera de la sala. El jueves 18 se hizo visible dónde pendía la diana: en la maquinaria de la impunidad. Hábiles en argucias saben manejar el mecanismo que genera impunidad y hasta saben los resultados de ese aparato, como veremos a continuación.
El gatillo se activó con la cercanía del fin del proceso, luego que la jueza que preside el tribunal, Jazmín Barrios, pidiera a las partes involucradas la preparación de las conclusiones. Ese día jueves, por la mañana, tras la constatación de la presencia de las partes procesales por el Tribunal, la defensa afirmó que se negaba a continuar con el juicio, aduciendo un supuesto vicio dentro del proceso. La defensa de Ríos Montt pidió anular por completo el proceso, mientras que la de Rodríguez Sánchez -a cargo del abogado Calderón- pidió esperar hasta la resolución de la Jueza Carol Patricia Flores, acerca de las presuntas irregularidades denunciadas por los defensores, respecto a no haber podido presentar ciertas pruebas y testimonios, que -dicho sea de paso- ya habían sido llevados a la sala de audiencias. El fallo del otro juzgado se emitiría por la tarde, pese a lo cual el letrado Calderón se adelantó a explicar lo siguiente:
Es necesario enfatizar lo que se puede escuchar con claridad al final del audio. El abogado Calderón pronostica, de manera harto sospechosa, la resolución de la jueza Flores, además de repetir más de cinco veces que no conocía ésta.
La petición fue rechazada por el Tribunal, que por voz de la jueza Jazmín Barrios, aclaró que las pruebas ya habían sido admitidas, incluso presentadas, por lo que sería ilegal retroceder o frenar el proceso. Las audiencias debían continuar. Tras su respuesta, el conjunto de abogados de la defensa se declaró en rebeldía pacífica, se levantó de su asiento y se retiró a toda marcha de la sala. Los familiares de los acusados y algunas personas que los acompañaban, aplaudieron la actuación de los abogados.
La Jueza, indignada, pidió que regresaran a sus lugares. Ante la falta de respuesta de la seguridad del Organismo Judicial, pasó a reclamar, con voz emocionada, el cierre de las puertas para no permitir la fuga de los abogados. En ese momento, el resto de la sala, de manera estruendosa, aplaudió con más fuerza la solicitud. La respuesta fue tardía y débil, pues entre carreras y risas socarronas los abogados lograron salir. Se pidió a los acusados que localizaran a sus abogados, pero fue inútil. El guión de esa puesta en escena no incluía el regreso. El proceso no podía continuar.
Tras la treta, que efectivamente ponía en peligro la continuidad del proceso, tuvo que suspenderse la audiencia, no sin antes ser necesario hacer un apercibimiento público a los abogados, que de esa manera estarían obligados a presentarse al día siguiente. De cumplimiento obligatorio, la fórmula del apercibimiento contempla sanciones y responsabilidades por desobedecer a la autoridad que lo emita.
La incertidumbre se apoderó de la sala. Las dudas latentes desde días antes afloraban ahora. ¿Por qué el espectáculo con tintes mediáticos de los abogados de la defensa? ¿Qué dictaría el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, a cargo de Patricia Flores? ¿Por qué el equipo de abogados de los militares estaba tan confiado sobre la conveniencia para ellos de suspender el debate ese día? Entre los asistentes se difundieron rápidamente algunos de los antecedentes de la juzgadora Flores: Caso Totonicapán, falló que los soldados y el coronel acusados por la masacre de ocho manifestantes en la Cumbre de Alaska, no debían ser acusados de ejecución extra-judicial, sino de homicidio en estado alterado; caso Torres, absolvió a las hermanas de la ex Primera Dama, Sandra Torres, acusadas de corrupción; Caso Pavoncito: Alejando Giammatei queda exento de culpas por su participación en las ejecuciones extra-judiciales, casualmente días antes de que cerraran las inscripciones a elecciones presidenciales, donde participó como candidato; Caso De León Argueta: absolvió al antiguo Fiscal General señalado de corrupción durante el gobierno del FRG, por “falta de pruebas” significativas. Y la lista no termina allí. Además, se le critica por sus fallos en el caso Siekavizza, y por desligar a Otto Pérez Molina del caso Bámaca. La transparencia, independencia y justeza de sus fallos estaban en entredicho.
Jueza Flores
¿La justicia es ciega? ¿O prefiere ver para otro lado? La jueza Carol Flores, mantuvo -durante casi toda la audiencia- la vista clavada en la papelería.
A las dos de la tarde, la sala asignada para la presentación de la resolución estaba abarrotada. Entrada la Jueza, pasó a dar lectura a varias resoluciones anteriores referentes al caso. Acostumbrada la asistencia a la lógica y precisión en las argumentaciones y justificaciones del Juez Miguel Ángel Gálvez y la Jueza Jazmín Barrios, la manera de expresarse de la Jueza Flores resultó titubeante e imprecisa. Tras una dificultosa lectura, que se complicaba cuando llegaba el turno de hablar en términos propios de las ciencias jurídicas, llegó el desenlace del drama iniciado horas antes. La sentencia fue casi una absolución. Como lo había predicho el defensor Calderón durante la mañana, el proceso debería retrotraerse a noviembre de 2011. Es decir, se anulaba todo lo actuado en el juicio y se hacía borrón y cuenta nueva hasta aquella fecha, en que los generales no estaban encausados. Con ello, no sólo se debía comenzar de nuevo todo el proceso, sino que Efraín Ríos Montt quedaba en libertad, ya que hasta inicios del 2012 es que la misma jueza Flores, lo ligó a proceso.
La sorpresa fue grande para todas las personas que seguían la sesión, dado que como parte de su razonamiento había leído una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), con fecha 3 de abril del presente, donde declara que sería ilegal hacer retroceder el proceso una vez este haya comenzado.
ExpedienteCC Ver documento completo en: http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=896:exp109713&catid=49:casentencias&Itemid=126
Tras la resolución, el abogado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), con notoria indignación, afirmó lo siguiente:
Por la defensa, que calificó la alocución de Flores como de una “impecable lógica jurídica”, resaltó la intervención del abogado Zamora -conocido por defender al narcotraficante mexicano apodado El Cachetes, además de representar a otros polémicos personajes-.
La Jueza declaró sin lugar las objeciones de las partes querellantes y el Ministerio Público (MP), sin reflexionar o argumentar sus conclusiones, alegando que ella nada más acataba órdenes. Si el documento de la CC, claramente indicaba en el fallo citado que:
“los medios probatorios que fueron rechazados a los amparistas perfectamente pueden diligenciarse dentro del juicio correspondiente sin afectar el inicio del proceso o bien, retrotraerlo a etapas ya desarrolladas, situación que sería ilegal”.
La expresión facial de algunos de los ixiles presentes lo decía todo. La resolución de la Jueza era una negación directa al derecho de recibir justicia, luego de décadas de ocurridos los hechos. Esa noche, a raíz de esa situación, un buen número de personas realizó un acto simbólico en la Corte de Constitucionalidad.
En medio de la conciencia de la injusticia que se cometía y las justificadas lágrimas, se corrió la voz que la Jueza Barrios y su Tribunal convocaron esa misma tarde a las partes, para acudir al otro día. ¡El juicio continuaba! El tribunal designado para juzgar el genocidio no acatarían una decisión ilegal. El MP, por su cuenta, difundió un comunicado detallando las ilegalidades en las que había incurrido la Jueza Flores, por lo que buscarían dar continuidad al proceso.
El viernes por la mañana la Sala de Vistas estaba al máximo. Cientos de personas acudieron al llamado a respaldar con su presencia la continuación del juicio, pese a que los grandes medios de comunicación (con la notable excepción de Guatevisión) sacaron titulares anunciando la anulación del juicio. Así también hubo quienes no pudieron ingresar a la Sala de Vistas, debido a que se alcanzó el máximo del aforo. Ausentes estaban los abogados de los militares acusados, aunque éstos se presentaron a tiempo.
A la hora programada, el Tribunal ingresó a la sala y, luego de las respectivas formalidades, pasó a declarar de manera clara y concisa las razones por las que no podía acatar la resolución de la Jueza Flores:
El juicio continuaba, aunque se debía suspender hasta escuchar la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que aclararía las confusiones inducidas por la defensa. El Tribunal recibió una fuerte ovación de parte de los asistentes, que gritaban al unísono “¡Justicia! ¡Justicia!”, quienes llenos de euforia realizaron una espontánea marcha hasta la Corte de Constitucionalidad, donde los abogados de las partes querellantes entregaban un pliego de peticiones a los magistrados de la CC.
El abogado Edgar Pérez, de la Asociación Justicia y Reconciliación, se refirió en ese lugar a las ilegalidades que -en su opinión- se habían cometido:
Y, acerca de la situación de los acusados, agregó:
Ante un enorme público presente en las afueras de la sede de la CC, el representante de CALDH, parte querellante en el proceso, manifestó:
De esta manera, quedamos a la espera de la resolución final de la CC, que no deberá superar el plazo de diez días para que no se anule el juicio. De rechazar lo imputado por Flores, el juicio por genocidio continuará desde donde quedó el jueves 18. Si se supera el plazo señalado o se falla en contra, no sólo se fortalecerán los mecanismos de la impunidad, sino quedará claro que más que la justicia, es el tráfico de influencias lo que mueve a varias de las principales instituciones del país.
Ahora la CC deberá resolver cuanto antes y demostrar que el sistema de justicia ha alcanzado la madurez necesaria para poder garantizar un juicio justo para todas las partes, y no sólo para aquellas acostumbradas a moverse en la obscuridad, traficando influencias y quien sabe qué más.
¿Quiénes decidirán sobre la continuidad del juicio por genocidio?
Sobre la composición de la Corte de Constitucionalidad.
La solución al tenso estado en que se encuentra el juicio por genocidio en contra de dos miembros del antiguo Alto Mando está en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC). En los siguientes días deberá dar una resolución que decida si lo planteado por la Jueza Carol Flores, señalada de tráfico de influencias en varios casos polémicos y ahora investigada por la CICIG, fue dentro de los márgenes de su jurisdicción y apegada a la resolución que este órgano ya había decretado el 5 de abril del presente año (ilegalidad de retrotraer el juicio). Según es formato, uno de los cinco magistrados de la CC deberá presentar un documento de resolución que pasará a ser votado por todos. En una votación de esta naturaleza se hace necesario conocer, aunque sea de manera sucinta, los historiales de cada uno de los magistrados, con tal de informarnos sobre las personas que tienen en sus manos la continuidad del caso de la planificación de las masacres a ixiles.
El primer personaje que resalta de la CC es Alejandro Maldonado Aguirre, elegido por el Congreso. Maldonado Aguirre fue diputado del Congreso por el MLN (extrema derecha) de 1966 a 1970, Ministro de Educación durante el gobierno del militar Arana Osorio (1970-1974), reconocido por su labor represiva en el oriente del país en el anterior gobierno. Para las elecciones de 1982 fue candidato a la presidencia por el Partido Nacional Renovador (derecha), una escisión menos radical del MLN, en alianza con la Unión Nacional Opositora (UNO), de Vinicio Cerezo. Tras obtener un tercer puesto en unas elecciones calificadas como fraude, volvió a competir por la presidencia en 1985, pero esta vez se colocó en la séptima posición. Se rumoró en el 2006 que podía ser parte de un binomio que trataría de llevar nuevamente a Álvaro Arzú al poder, pero el proyecto no prosperó.
Cuenta con cargos por resoluciones violatorias a la Constitución, además de denuncias por abuso de autoridad y coacción.
Con respecto a sus resoluciones en materia de derechos humanos, se le acusa de haber retrasado por un año, al no presentar su firma en el documento final, la resolución que daría vía libre para la continuación de la investigación sobre el caso Gerardi. Se menciona que Arzú no deseaba que Lima Oliva, hijo de un miembro de su Estado Mayor Presidencia, Lima Estrada, fuera condenado. Fue hasta que Maldonado Aguirre dejó la Presidencia de la CC que pasó a firmar el documento. Para el 2007 fue el que realizó la redacción de la resolución favorable a Ríos Montt, para evitar la extradicción para ser juzgado en España, que se puso a votación en el consejo de la CC. La extradicción fue finalmente negada.
Por parte del Consejo Superior Universitario, se encuentra Mauro Chacón, que es hermano de Gladys Chacón Corado, que fungió como magistrada de la CC del 2006 al 2001. Fue elegido en una contienda electoral con Bonerge Mejía, decano de la Facultad de Derecho de la USAC. Fue Presidente de la CC de mayo del 2012 a abril del presente año.
Fue el magistrado que presentó la resolución que buscó dar con lugar la apelación de Alfonso Portillo. La resolución buscaba dejar en suspenso el Acuerdo Gubernativo 422-2011, que daba vía libre para extraditar a Portillo, para que el Presidente Otto Pérez Molina tuviera la última palabra en la materia. El texto fue redactado en parte con el recién mencionado Maldonado Aguirre. Tras conocerse esto, diferentes organizaciones le pidieron que se inhibiera de votar en el caso, pero no lo hizo. Al final se votó unánimemente en contra del amparo de Portillo.
El actual Presidente de la CC es, a partir del 30 de abril del presente año, Héctor Pérez Aguilera, que fue propuesto tras una segunda vuelta en elecciones a lo interno del Colegio de Abogados. Forma parte de la Alianza por el Derecho y la Justicia.
Otro polémico magistrado es el propuesto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Molina Barreto. Es parte de la CC desde el 2006, cuando fue propuesto como magistrado por el presidente Oscar Berger. Se menciona que es cercano al llamado sector privado, pero específicamente al CACIF. Laboró como asociado-propietario del Bufete Profesional de Abogados, asesor de varias firmas privadas.
Tiene un listado considerable de denuncias penales en su contra. Además de cinco denuncias que se encuentran ahora archivadas, en trámite tiene denuncias en el Ministerio Público por Agraviado del delito de abuso de autoridad y delito de Incumplimiento de deberes (de funcionarios), Resoluciones violatorias a la Constitución. En cuanto a las denuncias en investigación está Agraviado del delito de falsedad material y Agraviado del delito de amenazas. Por último es sindicado del Delito de coacción, amenazas, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución.
Fue señalado en el 2011 por el ahora diputado de la UNE, Orlando Blanco, de haber emitido opiniones contrarias a la persona de Sandra Torres, por lo que debía inhibirse en la votación sobre la posible participación de la ex primera dama como candidata presidencial. Finalmente no lo hizo y la resolución fue votada unánimamente en contra.
Gloria Porras, la última magistrada de la CC, tampoco se inhibió de votar para la recién mencionada votación, pese a que fue ubicada en ese espacio por Álvaro Colom, en lo que muchos catalogaron como un movimiento estratégico para obtener una resolución favorable. Pese a esto, terminando votando en contra.
Tan sólo por estos breves historiales, parecería que el panorama para que el juicio continúe no es tan claro. Hay varios personajes que han sido señalados de tráfico de influencias, con cargos penales en su contra, algunos con un pasado político ligado al terrorismo de Estado, y en específico dos de tener relaciones con Ríos Montt y Alfonso Portillo. Es sabido que la CC es de las instituciones autónomas más politizadas, una que no ha pasado aún por reformas que otras instituciones de este tipo han tenido, donde al menos son propuestas por comisiones postuladoras en procesos que buscan ser más transparentes.
Pero el pasado no necesariamente determina la manera en que votarán, como se ha visto en algunos de los casos mencionados, donde las circunstancias y la presión pública-mediática logran que eviten pronunciarse como se esperaba.
Lo que sí es claro es que hace casi dos meses la CC resolvió que retrotraer el juicio, como lo hizo la Jueza Carol Patricia Flores, sería ilegal. Pronunciarse de manera distinta sería una incoherencia demasiado notable. Aunque es sabido que los magistrados no están obligados a razonar su voto, lo que en un caso como el que ahora está en juego, de votar en contra, sería lamentable.
En sus manos está entonces el proceso.