En este país los inocentes son culpables

Alberto Patishtán Gómez continua preso injustamente, comienza a volverse un símbolo más de la lucha por un sistema de justicia que sí haga justicia, uno más de los miles que han padecido esta manera torcida de ejercer las leyes, un nombre más que se suma a la larga lista de presos políticos mexicanos que son tratados como grandes criminales. Vocero de una lucha por la libertad desde el interior de varios penales del sureste, el Profe Alberto —como le apodaban cuando fungía como catequista y maestro rural—, es un rostro que no se ve pero se presiente, su voz y su empecinada actitud de dignidad causa ecos entre los cientos de presos que se resisten a quedar en el aislamiento y el olvido. A continuación presentamos parte de su historia y del contexto en el que ésta se ha venido desarrollando.

La huelga de hambre es un recurso que no permite juegos, dudas, es una manera de hacer presión que, de llevarse hasta sus últimas consecuencias, conduce a la muerte. Puede ser efectiva o no, y tal vez en este país ya no tenga tanta repercusión, ya no sensibilice. Tal vez aquellos a quienes está dirigida estén dispuestos a no ver, a dejar a morir a los manifestantes. Por eso es legítimo cambiar de estrategia, por eso es que luego de 40 días de ayuno para exigir el cese de su injusta detención, los compañeros del CERESO N°5 (San Cristóbal de las Casas, Chiapas) han decidido que no vale la pena entregar la vida a los grises funcionarios estatales y que, por el contrario, es momento de apelar a la movilización social, como lo manifiesta Maria Gabriela Patishtan Ruíz, hija de Alberto Patishtan, quien venía fungiendo como vocero de las personas presas por razones políticas en este CERESO y ha sido recientemente trasladado al CEFERESO de Guasave, Sinaloa:

El lunes 7 de noviembre se levantaron de la huelga, ya en condiciones de que creímos que era conveniente porque ya estaban desgastados, llevaron 41 días en huelga de hambre y sin respuesta alguna y los compañeros ya manifestaban desgaste físico, ya tenían constantes mareos, vómitos y todo eso. Pero aún sigue la lucha, esto no es, no quiere decir, de que se acabó y ya. No, sino que es un motivo más para seguir y acá no nos paramos con el caso de mi papá y con el caso de los otros allá en Chiapas, y los que restan en el país. [1]

Chiapas: la traición detrás de la máscara democrática

Dos gobiernos, en apariencia externos al priísmo, han transcurrido en este estado del sureste mexicano desde el año 2000, lo que ha permitido que se hable de gobiernos democráticos, de cambios favorables en las distintas regiones que componen la entidad, incluso se reconoce al EZLN como impulsor de los avances sociales. La realidad es otra: el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006) -compuesto por una extraña amalgama de ocho partidos y organizaciones políticas de diverso corte- cuenta en su haber no sólo con miles de denuncias en contra de su gobierno por incrementar la violencia contrainsurgente y por reforzar la guerra de baja intensidad, sino que ahora se encuentra preso acusado de malversación de fondos [2]; por su parte Juan José Sabines Guerrero (2006-2012) ha endurecido la represión y no tarda en ser recordado por corrupción sin límites. Máscaras nuevas, viejas prácticas. Si la organización zapatista aparece en el discurso oficial como una impulsora de los cambios benéficos, también sigue siendo criminalizada y reprimida no sólo en su estructura y proyectos, sino selectivamente cuando se ataca a sus miembros civiles.

Lo que hoy vive Chiapas no es sino la herencia de lo que vivió a manos de gobernadores priistas como Roberto Albores Guillén (1998-2000), el mismo que quería imponer su ley y su venganza contra los opositores pacíficos a su régimen, como Alberto Patishtán. Cecilia Santiago nos cuenta una de las actitudes clásicas de los gobiernos chiapanecos hacia las organizaciones sociales: establece negociaciones viciadas, por ejemplo, llega un movimiento como el de la región de Ixtapa, que tiene tres presos —por decir un número—, llegan a la Secretaría de Gobierno, conversan al respecto y les dicen: levanten su movimiento. Ellos mantenían un plantón enfrente del palacio de gobierno y para presionarles a que levantaran el plantón, les detienen a la gente del plantón; o sea, están pidiendo la libertad de alguien pero les apresan a otra gente, a otros compañeros, entonces ¿qué hace el movimiento?, pues desiste de su manifestación del plantón y entonces el gobierno le entrega a los tres primeros pero ya tiene a nuevos compañeros presos. Es un juego, viciado, que nosotros decimos: es el priísmo más rancio que hay todavía en Chiapas, o que volvió, o que siempre ha estado, que nunca se ha ido.

Es en este contexto en el que el caso del Profe Alberto tiene lugar. La historia de su detención no es muy distinta a las de muchos otros indígenas que intentaban levantar su voz en contra de las actitudes caciquiles de presidentes municipales (en este caso se trata de Manuel Gómez Ruiz), funcionarios y gobernadores, porque en Chiapas es común que en estos niveles de poder se den corruptelas, abusos contra los campesinos e indígenas, malversación de fondos, incluso abusos sexuales. La historia de Patishtán es la historia de las detenciones arbitrarias, es otra de las caras que demuestra la podredumbre del sistema: hay una emboscada contra una patrulla de policías, la mayoría muere y sólo quedan dos testigos: un policía y el hijo del presidente municipal de El Bosque (Rossenberg Gómez Pérez), que los habitantes quieren destituir por mal gobernante. Gómez Pérez afirma que vio a Alberto quitándose un pasamontañas y con un arma de grueso calibre en las manos mientras el otro dice que eso es imposible porque todo fue muy rápido y que sólo se vio un comando armado con los rostros cubiertos. Con esas dudosas “pruebas”, Alberto es detenido una semana después y a pesar de demostrar que no estuvo en el lugar de los hechos al momento del delito, se le declara culpable y se le sentencia a más de 20 años de prisión.

Lo que sorprende no es la actitud del sistema de justicia en aquellos últimos meses del mandato de Albores Guillén (la detención se da el 19 de junio del 2000 a poco menos de un mes de las elecciones), lo que enoja e incomoda hasta la médula es la actitud del nuevo gobierno que mientras promete cambios estructurales repite las mismas estrategias, las mismas acciones, intentando dividir a los movimientos sociales dentro y fuera de la cárcel. La Voz del Amate surge como un intento por organizarse como presos políticos y de vincularse a la militancia política de izquierda, consiguiendo la liberación de 137 presos, excepto un rehén: Alberto Patishtán es el único que no es liberado en un proceso de lucha que lleva consigo huelgas de hambre y protestas, movilización social y presión pública, de las que la de octubre es la última muestra. Él continúa preso y ahora ya cumple su onceavo año tras las rejas, mientras el gobierno estatal de Chiapas elude su responsabilidad frente a la liberación de Alberto al señalar que el crimen del que se le acusa es el fuero federal y que por ello está incapacitado para declarar su libertad condicional y menos aún su amnistía.

En la experiencia de Zacario Hernández Hernández, el ex-preso tzotzil, esta problemática viene desde 2000, de cuando estaba ese gobernador Guillén, simplemente son los paramilitares. Ellos tenían organizado, los financian a ellos los gobernadores, las presidencias municipales. Acá en mi caso personal también cuando yo fui detenido en 2003, en su sexenio de Pablo Salazar, es la misma. Pablo Salazar fue un priísta también, nomás que toma la ropa para que lo presten ellos. Cuando yo fui detenido injustamente también, me inculpan un delito grave de siete homicidios también, que fallecieron unos judiciales y civiles donde me culpan a mí, por reclamar el derecho a la sociedad, para acompañar a la sociedad, para darle a conocer sus derechos. Cuando algún dirigente o alguna persona que alce su voz, el gobierno busca pretexto para detenerlo, para que el pueblo sea desorganizado, así siempre ha sido con el gobierno. Cuando estaba en su sexenio Albores Guillén, cuando faltaba unos días para que termine su sexenio, un paramilitar allá en San Juan Chamula fue detenido con una lanzagranada, se llama Juan Heredia Pérez, cuando fue detenido, cuando faltaban dos días para que termine su sexenio Guillén, lo dejan en libertad. (…) No es posible cuando una persona que reclama, que alza su voz, para buscar una libertad, lo detienen. Sabemos también ahora que Alberto Patishtán es inocente, ahora como Pueblo Creyente que está formado en la diócesis de San Cristobal, también cada representante del Pueblo Creyente, hay un representante en cada municipio. Por esta razón vengo también a dar una voz más: Salvemos a Alberto Patishtán, es inocente. Nada más él estaba alzando su voz para reclamar el derecho a la sociedad, es lo que yo puedo comentar un poco.

Las celdas continúan enfriando las vidas de muchos presos políticos a lo largo y ancho de este país, siguen cortando las vidas de otros muchos presos injustamente. Los días pasan casi tan lento como los gobiernos, de un partido o de otro, alianzas van, alianzas vienen, lo cierto es que la justicia en esta entidad y en este país está cimentada en la deshumanización y la venganza, son estos dos pilares los que impiden que los verdaderos responsable de crímenes y delitos respondan por sus actos y los que permiten que luchadores sociales sean criminalizados, que sean los pobres quienes desperdicien sus vidas entre locutorios y juzgados, entre una celda y un apando.

Aun así, la semilla sigue siendo sembrada y sus frutos siguen germinando como nos recuerda Cecilia: ciertamente es muy doloroso que Alberto esté muy lejos, pero también vemos una coyuntura para que el sur se acerque al norte, nos queda claro que somos contextos tan distintos en cada región del país, pero así como las caravanas que ha hecho el Movimiento por la Paz, sentimos que nosotros, como una pequeña comisión, fuimos a ser testigos y a conocer la problemática del norte. Ahora estamos siendo testigos de las condiciones de estos Centros Federales, que deberíamos estar luchando para que sean destruidos, el sistema de justicia tiene que cambiar y parte de eso tendría que ser cambiar nuestro sistema carcelario.

El traslado: un decálogo de injusticias

En México se le cierran las puertas a la gente más honesta, se le cortan los caminos a las personas que están decididas a ejercer su trabajo de la mejor manera. En este país, quien se esfuerza por mejorar las condiciones de vida es criminalizado como si se tratase del peor de los capos. Los inocentes y honestos son los culpables. Alberto encaja en esta categoría, como cientos, tal vez miles, él, indígena tzotzil, campesino, catequista, alguien preocupado por el bienestar de su pueblo, él que enseñaba a leer y a escribir a quién se lo solicitara, él ha pasado ya 11 años en distintas cárceles y su más reciente morada es un penal de máxima seguridad destinado a los criminales de la delincuencia organizada.

Haciendo memoria de otros casos similares, es posible imaginar las condiciones del traslado del Profe: su celda es un reducido espacio en donde se amontonaban varios presos más, él acostado sobre un par de cobijas aunque siempre en el piso, sufriendo ya mareos y vómitos por no comer sólidos durante más de un mes, con las fuerzas mermadas pero con la convicción como escudo. A la mitad de la noche se acerca y un funcionario acompañado por algunos custodios, sin más le pide que salga de su celda. El Profe, desconfiado y débil, a penas puede levantarse para cumplir la orden. Una vez de pie en la entrada de la celda se da la orden de que se lo lleven a otro lado: no puede ni avisar a su compañeros de agujero, no puede ni reaccionar; de pronto se ve sumido en un trayecto de aeropuertos y camionetas, un ir y venir de hombres encapuchados, el frío de la mañana golpeando su frágil salud, las manos y los pies esposados, aduanas, una nueva celda donde permanece aislado y firme en su huelga: un nuevo reclusorio, un nuevo infierno, el mismo valor, la misma dignidad, la misma resistencia.

Gabriela, la hija que tras este largo recorrido logró verlo tan sólo 20 minutos a través del cristal de un locutorio, confirma los hechos: llegaron por él llamándolo ya que era el dirigente que estaban haciendo huelga y ayuno, y pues mi papá se levantó y se acercó a ellos preguntando qué se les ofrecía. Cuando de repente el director le dijo a los custodios “tráiganselo” y se lo llevaron y no le dieron derecho para por lo menos avisarle a los demás compañeros que estaban ahí en plantón, en huelga, de avisarles qué estaba pasando, sino que se lo llevaron y de ahí pues pasaron en diferentes CERESO, llegaron a Tapachula (…), luego en Mazatlán creo que fue donde llegaron y ya lo trasladaron a Guasave, en el CEFERESO N°8, y me comentó de que él aún estando allá estuvo manteniendo su ayuno. Aproximadamente el 31 de octubre se levantó, o sea que desde el 20 todavía estuvo manteniendo su ayuno ahí adentro del CEFERESO.

Su traslado viola a la propia legislación mexicana, que obliga a informar a los presos sobre cualquier traslado al que vayan a ser sometidos, de forma tal que lo puedan informar tanto a sus familiares como a sus abogados defensores para que apelen la decisión a través de un amparo, ya que como señala Antonio Cerezo —miembro de la organización de derechos humanos Comité Cerezo y ex-preso político— en la constitución está reglamentado que tienes el derecho de cumplir tu condena lo más cerca posible de tu familia. Este derecho es flagrantemente violado cuando se traslada hasta Guasave, Sinaloa, a una persona cuya familia reside en inmediaciones de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 1910 kilómetros de distancia en línea recta… y vaya usted a ver cómo son los trazados de las carreteras.

Lamentablemente, el traslado irregular no es la única forma en que se ha violentado a Patishtan, Maria Gabriela nos cuenta que él padece de glaucoma, entonces al estar allá en el CEFERESO me está comentando que le suspendieron el tratamiento, que ya no le están dando el seguimiento a su enfermedad. Me estaba dando referencia de que ahorita pues con este suspensión del tratamiento le está causando más constantemente la molestia y perdiendo la visibilidad y le está doliendo porque según nada más le están dando pues una gota, una gota que no es de la enfermedad que él padece y eso me pidió de que pues denunciara o algo, pues para que se le diera atención porque lamentablemente la enfermedad que tiene es incurable, pero por lo menos con el tratamiento que llevaba pues lo estabilizaba y más ahorita con la suspensión, pues para mi es muy preocupante el de no estar dándosele el tratamiento a que llegue a perder la vista y se quede ciego. [3]

Además de ser criminalizados, los luchadores sociales tienen que padecer las terribles condiciones carcelarias, la falta de atención médica, legal, psicológica, las prohibiciones que en muchos casos se traducen en la imposibilidad de recibir la visita —a la que tienen derecho—, el aislamiento prolongado, la incomunicación vía telefónica con sus familiares, las trampas legales para boicotear su proceso jurídico. En definitiva, si el hecho mismo de estar preso es ya un peso para el detenido y su familia, los miles de obstáculos que existen son el tiro de gracia, son la certeza de que el Estado tiene las intenciones de desmoralizar y de apagar cualquier intento de lucha. [4]

Aún así, los espiritus rebeldes se esfuerzan por seguir en pie: Alberto está todavía desubicado, quizás por el nuevo ambiente en el que se encuentra ahorita, porque está ahí aislado en una celda sola, nada más le dan, creo, una hora para salir al patio. Pero no salen al patio porque el CEFERESO todavía está en construcción, no está terminado, y nada más le dan para la sombrita en la banquetita de la celda. Las 23 horas está aislado en una celda individual, pero a pesar de eso yo lo vi con el ánimo de que vamos a triunfar. Lo sorprendente de la situación o del contexto que ha pasado es que lo vi muy animado, muy esperanzado de que a pesar de lo que le han hecho, pues sigue con ese ánimo de seguir en la lucha, de seguir defendiéndose y defendiendo también a los demás, dice su hija con la mirada puesta en nosotros.

A decir de Cecilia Santiago, quien forma parte del movimiento de solidaridad con el movimiento huelguistico y por la libertad de Alberto Patishtan Gómez, es claro que el gobierno usa las cárceles para amedrentar a la población, para coaccionarla violentando las relaciones, es decir, el aislamiento; porque necesita mantener un control sobre la población, porque no quiere resolver las demandas, porque no quiere construir un país, una nación según las demandas de la propia gente, necesita controlar y ¿cómo va a controlar? Por medio de la cárcel, entonces sí, este es un momento difícil para el país, difícil para las víctimas, para las familiares de todo tipo de violencias y de injusticias que hay en el país.

En esto coincide Antonio Cerezo al ser consultado sobre la finalidad del este tipo de traslados y sobre los mecanismos utilizados por el gobierno para hacerlos posibles: Cuando se llevan a la gente a un CEFERESO, la aíslan un mes, va a recibir a lo mejor una o dos visitas de media hora, no le van a poder meter ropa, no le van a poder meter medicamentos, no van a poder ir amistades a visitarlo, no va a poder comunicarse por teléfono más que una vez, todo ese tipo de cosas que permiten a la familia programar cuándo hacen qué cosa. En los reglamentos del CEFERESO te dan 30 días de aislamiento, aunque no los llaman “de aislamiento”: el primero que te dan te dicen que estás en el módulo de observación y clasificación, entonces llegas y te hacen estudios psicológicos, criminológicos, psiquiátricos, pasas por todas esas áreas y ellos argumentan que estás en un periodo de observación para ubicarte en el módulo que corresponde según tu perfil, pero en la práctica es un aislamiento de 30 días. Y lo otro es cuando hay castigos de hasta 90 días de aislamiento … claro, es una forma de tortura tenerte aislado, es una manera de desmovilizar la protesta política y de castigar la actividad de los presos ¿por qué? Porque en los CEFERESOs lo que van a hacer es aislarte, meterte a una celda individual, o una celda doble, donde la mayoría ( de presos) no tienen un carácter político, donde no te vas a poder organizar, donde no vas a poder hacer una huelga porque tus familiares ni se van a enterar, donde vas a ser vulnerado en tus derechos porque si te golpean tus familiares van a tardar seis meses en ir y ni se te van a notar los golpes. No hay más que el castigo del Estado hacia la lucha, es ese el fundamento.

Por medio de estas prácticas, que pretenden deshumanizar a los presos políticos y quebrarlos en su capacidad de resistencia y dignidad, se violan convenciones internacionales como el Protocolo de Estambul, donde se señala que el aislamiento es una forma de tortura y un trato denigrante contra el ser humano. Aun así, el estado mexicano trata de resguardarse legalmente incluyendo dentro de los reglamentos internos de los distintos centros de detención la posibilidad de traslados cuando se atenta —a juicio de las autoridades carcelarias— contra el orden y la seguridad de dichos establecimientos. En otras palabras, ha querido construir normas que atentan contra la dignidad humana y los derechos a la protesta y la libre expresión, que no se cancelan por el hecho de encontrarse preso.

Desafortunadamente Alberto no es el único que ha sufrido este tipo de tratos. Otros indígenas cumplen absurdas condenas por delitos que no cometieron; y no sólo indígenas, aunque en esta ocasión sean estos los casos a los que nos referiremos. Por ejemplo, sólo en el Estado de Chiapas, continúan presos Alfredo López Jiménez, Alejandro Díaz Sántiz, Pedro López Jiménez, Juan Díaz López, Rosario Díaz Méndez y Rosa López Díaz en el CERESO N°5, Enrique Gómez Hernández recluido en el CERESO N°14 (El Amate), Juan Collazo Jiménez recluido en el CERESO N°6 (Motozintla). Hay que señalar que ninguno de ellos ha sido condenado por los delitos políticos existentes en México —que son “rebelión”, “motín” y “asonada”— sino que han sido condenados por delitos del fuero común o del fuero federal, recurriendo a pruebas falsamente elaboradas.

Por otra parte, se ha violentado también el derecho a tener pleno conocimiento del proceso por el cual se es acusado, ya que en la mayoría de los casos no se cuenta con un peritaje antropológico o con un traductor que permita una comunicación plena entre los acusados indígenas y sus acusadores mestizos, lo que ha permitido que los indígenas firmen falsas confesiones, en muchas ocasiones bajo la presión de tortura.

Zacario ha sido testigo de ello: dentro del trabajo de las oficinas de Gobernación tienen nombrados a sus traductores pero al momento que se ha detenido a una persona nada más lo escribe la secretaria o las personas que ahí están trabajando; lo llaman el traductor pa’que se firme solamente. Así me hicieron, no querían ponerme mi traductor, no querían ponerme un abogado de confianza, una persona de confianza. (…) Yo sé que a muchos ha pasado así en diferentes partes del estado de Chiapas, cuando te ponen un traductor, no es cierto, simplemente nada más ellos escriben y luego te obligan a firmar lo que ellos quieren, fincar algún delito, así siempre lo hacen.

Voces inapagables: las rabias dignas

Cada cárcel, con sus celdas y sus presos, tiene voces, tonos y estruendos distintos, voces solidarias entre sí que conforman una orquesta de dignidad incansable, de rabia por la injusticia, de resistencia y lucha por lo que es propio, de ellos, de ustedes, de nosotros y de todos, del pueblo: tierra, educación, salud, libertad, humanidad. Organizaciones adherentes a la Otra Campaña del EZLN, a aquella lucha inacabable de más de 500 años, tanto fuera como dentro de los barrotes, desde abajo y hacia el espacio, son su megáfono.

Alberto Patishtán Gómez y Samuel Ruíz

Alberto Patishtán Gómez y Samuel Ruíz

El Pueblo Creyente, desde afuera, es un órgano de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, cuyos integrantes han sido violentados, acusados y apresados, entre ellos Zacario. Dicho movimiento nace en 1991 a partir de la detención del padre Joel Padrón a quien el gobierno denominó “cura guerrillero”. A pesar de la represión, el Pueblo Creyente mantiene representantes en cada región de la diócesis, con los cuales organiza asambleas aproximadamente cuatro veces al año, después de las propias discusiones en cada zona.

Desde dentro de la cárcel se expresan los colectivos La Voz de los Llanos, Voces Inocentes y La Voz del Amate. Cecilia nos cuenta sobre esta última frecuencia: surge en el penal de El Amate, que es el CERESO N°14 en Cintalapa de Figueroa, en Chiapas, y ellos se declaran públicamente como Voz del Amate, adherentes a la Otra Campaña y adherentes a la Sexta Declaración el 5 de enero del 2006. Justo ese día salen de sus celdas, se ponen afuera y hacen un plantón indefinido. Entonces pusieron unos plásticos y sacaron sus pertenencias afuera de las celdas. Esa era su protesta exigiendo su inmediata libertad, eso en el 2006. Se constituyó como una voz y referente allí en el CERESO para hablar de las condiciones carcelarias, hablar de todas las problemáticas que tienen, desde la alimentación, desde el maltrato, la coacción que hacen los precisos (sic) sobre los internos, los maltratos por la dirección y se convirtieron en un referente moral al paso del tiempo.

Más aun cuando han demostrado que los muros de las prisiones no pueden detener el fuego de sus corazones al solidarizarse con casos como el de la APPO en Oaxaca, la represión en San Salvador Atenco: tienen cajas y cajas de cartas que hicieron y que han recibido, esa ha sido su herramienta de trabajo, su instrumento, sus cartas, su voz. Así mismo, en 2008 participan en la huelga de hambre iniciada por Zacario —que duró 41 días—, en la que el gobierno del estado sí sintió un jaque, sí sintió que tenía que resolver de alguna manera importante, porque eran las movilizaciones, no sólo la peregrinación de más de 20 mil personas en San Cristóbal en febrero, sino que eran las visitas al Amate de 20 personas cada tercer día o de 300 personas peregrinando hasta el CERESO, en Cintalapa.

Zacario sale libre el 17 de marzo de 2008, tras un sinfín de abusos en torno al caso: tras la presión de las comunidades, el gobernador Pablo Salazar asigna un abogado para revisar el expediente, proceso que tarda un año, al final del cual es declarado inocente; pese a ello, el mismo gobernador Salazar frustra su liberación al suspender el diálogo, termina su sexenio y se desentiende, dejando la responsabilidad al entrante gobernador Sabines quien se toma dos años más para por fin liberarlo, después de 5 años de injusticia, de 5 años arrebatados a su vida.

Sobre su experiencia al interior de la cárcel nos cuenta: allá dentro, como no es uno que tiene suficientes recursos, siempre recibe maltrato. A cambio, los que tienen dinero que fueron detenidos, ellos sí tienen la posibilidad de salir de la cárcel. Aunque sean autoridades, aunque son funcionarios que cometen ese delito, a una semana, un mes, ya tienen su libertad, a cambio nosotros no. Nos dejan en la cárcel para justificar que hay una justicia, los que son inocentes son culpables, pero es mentira. Yo personalmente así lo viví. Acá la autoridad, dentro de la cárcel, no la hay, no te dan medicamento suficiente si lo necesitas o si estás enfermo, simplemente nada, si acaso necesitas algo, no te dan nada. Yo sé que en la cárcel no tienen derecho a ser votado y solamente, pero tenemos derecho también a recibir medicamento en diferentes cosas de lo que requiere un interno.

Los intentos por acallar estas voces son varios, pero éstas permanecen fugitivas. Primero, la opresión, marginación y discriminación constante que no les permite, a los indígenas, a los de abajo, vivir con plenitud, por lo que se han organizado desde antes de haber sido apresados, por lo que gritaron ¡Ya Basta! y aun reiteran: no más detenciones arbitrarias, no a las deplorables condiciones de la cárcel, las torturas sufridas ni al maltrato y humillación a los familiares que los visitan. Porque más denigrante es callarse y agachar la cabeza, no sólo para quienes están dentro de las prisiones, sino para todos aquellos que estamos fuera, como decíamos al comienzo de este texto: es el momento de hacer parte de la movilización social.

[1] En este reportaje mostramos fragmentos de una entrevista realizada recientemente por SubVersiones a Gabriela Patishtán, a Zacario Hernández, indígena tzotzil que acompaña esta lucha y a Cecilia Santiago, mujer solidaria de esta causa. También se reproducen fragmentos de otra entrevista realizada por SubVersiones a Antonio Cerezo, del Comité Cerezo.

[2] Ver: http://www.eluniversal.com.mx/notas/771191.html Revisar también las diversas posturas que giran en torno a Salazar Mendiguchía, para tal efecto también damos la referencia de lo que podría ser una defensa del ex gobernador en las palabras del maestro Miguel Ángel Granados Chapa: http://www.proceso.com.mx/?p=273464 Para nosotros es importante mostrar varias posturas al respecto, en el caso particular de este reportaje mostraremos el testimonio de un expreso político en e que se refuta la voluntad política del gobierno chipaneco en el periodo 2000-2006 para resolver políticamente las demandas populares. 

[3] Los casos de falta de atención médica no son una excepción y resultan de lo más común al interior de las cárceles mexicanas. Recientemente Alfredo López Jiménes denunció la falta de atención médica sobre problemas en una rodilla y en su vista; cabe mencionar que él también es un preso solidario con el colectivo la Voz del Amate. Ver en línea sus denuncia del 15 de noviembre. Por otra parte, el Protocolo de Estambul para la investigación documentación de la tortura, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, considera que la falta de un tratamiento médico adecuado es una forma de tortura y trato denigrante que debe ser investigada y sancionada (consultar el documento).

[4] Precisamente frente a estas condiciones se había manifestado el 6 de junio de 20011 este mismo CERESO N°5 de San Cristóbal de las Casas, mediante una solicitud formal que fue desoída, esta desatención llevó a la realización de una huelga de hambre general a partir del día 10 del mismo mes, coordinada más no convocada por los Solidarios con la Voz del Amate, entre ellos el profesor Alberto Patishtan. La huelga tuvo entre sus demandas —posteriormente incluidas como compromisos dentro de una minuta de trabajo con los representantes guberanmentales— la investigación sobre los abusos cometidos por el Cuerpo Lobo el 25 de mayo de 2011 -consitentes en la inspección inesperada de las celdas, de las que se retiró con felonía muchas de las propiedades de los presos, incluyendo aislantes térmicos, aparatos electrónicos, materiales de trabajo y dinero en efectivo, así como maltratos. También se demandaba una alimentación, salud y habitación dignas, ya que se les venía dando comida podrida, no se les proporcionaban medicamentos y cuando la familia los conseguía se les aplicaban en la enfermería mientras estaban esposados. Por si fuera poco, los mantienen hacinados en grupos de diez a ocho personas en celdas de nueve metros cuadrados. Demandaron también que se respetara su derecho a las visitas familiares, que venían siendo restringidas a los jardines de la prisión, impidiéndoles acceder al interior de la misma, como es su derecho. Finalmente exigían la destitución del directorl del CERESO, David Montero Montero, acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos; esto último también quedó consignado como parte del compromiso gubernamental. Mayor información en “Presos políticos de la Voz del Amate” (en línea), “Huelga general en el Cereso 5, denuncia de la Voz del Amate” (en línea), “Desde Europa Solidaridad Presos de Cereso 5” (en línea) y “Correrán al director del Cereso 5” (en línea).

 

Por Julián Beltrán, Heriberto Paredes y Xilonen Pérez


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