Para ellos, los pobres somos «terroristas en potencia»: carta de Erick Aguilar ante el cateo de su casa

«El pasado primero de diciembre, a las 9:27 pm, aproximadamente 60 federales, 8 peritos en criminalística, balística, etcétera, allanaron mi hogar con una orden de cateo girada por el Juzgado Segundo de Asuntos Federales. Durante más de cuatro horas, ellos, recorrieron mi habitación, sacudieron cada rincón en busca de indicios de terrorismo, tráfico de armas, asociación delictuosa, etcétera. Debo decir, que se llevaron una laptop, celulares, y varios papeles, entre ellos mi acta de nacimiento. Fotografiaron cada libro, cada hoja, cada rincón…»

Estos son los hechos relatados por Erick Leonel Aguilar en una comunicación sostenida con SubVersiones en días recientes. Él es uno de los procesados del 2 de octubre de 2013, él también fue bajado de un autobús del transporte público y presentado horas más tarde en un ministerio público acusado de ser uno de los responsables de los acontecimientos en aquella manifestación. Erick ni siquiera llega a su destino y no pudo ni siquiera ejercer su derecho a la presunción de inocencia mucho menos el de libre manifestación o libre asociación para fines de expresión política.

Logra azarosamente su libertad para continuar su proceso fuera de la reclusión penitenciaria pero, al parecer, también gana una averiguación previa o la apertura de una investigación que sobre pasa las instancias capitalinas y ahora es violentamente visitado por «aproximadamente 60 federales, 8 peritos en criminalística, balística…» quienes,  a través de la orden del Juzgado Segundo de Asuntos Federales, destruyen el espacio en donde Erick tiene su vida personal, husmean como perros en la ropa y en los muebles, revisan los libros y los registran como en los viejos tiempos en que la policía política cumplía las tareas represivas, de censura; y por si esto no fuera poco, también son ladrones, se llevan computadora y teléfono, papeles. Esta es la ley en México, no es nuevo pero no por ello hay que dejar pasar este episodio como algo anecdótico que «sucede todos los días, como si fuera normal». La violencia del Estado no es normal y no tiene por qué pasar desapercibida.

«Independientemente a mi proceso, este cateo forma parte de una investigación por terrorismo. ¿Por qué? Por manifestarme, por asistir solidariamente a un mitin, mejor dicho, por reivindicarme humano, consciente y anarquista; los pobres somos unos terroristas en potencia. Así es como nos ven ellos, y por eso nos idiotizan para podernos manipular.»

Ahora podemos estar seguros de que al ser detenidos en una manifestación –lugar en la que muchos hemos ya recibido nuestro bautizo carcelario y las primeras enseñanzas de la represión, pero sobre todo de la solidaridad de organizaciones y personas- también estamos entrando en un espacio de amplia vulnerabilidad en el cual se abre la posibilidad de llevar a cabo investigaciones sobre terrorismo. Violando las garantías individuales mínimas, ni siquiera se tiene ya el derecho de conocer cuáles son en específico los delitos que se imputan o refieren.

Tomando como punto de referencia la última versión vigente de la Ley contra la Delincuencia Organizada se puede constatar que se faculta a los ministerios públicos federales para iniciar las investigaciones necesarias, sea el cateo de domicilios o el decomiso de bienes para iniciar una investigación específica, sin embargo se especifica que debe de haber una acusación directa y previamente valorada con suficientes elementos, sostenibles en su argumentación, para que estos mecanismos se pongan en marcha.

En el caso específico del cateo de domicilios, el Código Federal de Procedimientos Penales especifica que es necesaria la orden de un juez y en la misma debe constar el objeto del cateo, que puede ser: inspección, localización o aprehensión de personas y aseguramiento de objetos. Todo lo que suceda fuera de esto, es también un delito que puede denunciarse. Una vez terminado el cateo debe levantarse un acta frente a dos testigos o por la misma autoridad, hecho que tampoco sucedió en el caso de Érick.

Dentro de las facultades que otorga la ley también se permite la intervención de líneas telefónicas y de comunicaciones privadas, el arraigo en caso de ser necesario, repito siempre y cuando las pruebas sean contundentes y se haya tenido una valoración adecuada por parte de un juez federal instruido para estos casos. No es el caso de Erick Leonel Aguilar. Él fue agredido en su integridad física al ser bajado de un transporte público, golpeado y retenido por los cuerpos de seguridad y penitenciarios del gobierno del Distrito Federal.

En este sentido, hay que subrayar que la protesta social, ejercida o en proyecto no es, todavía, una actividad ilegal regida por esta ley y considerada como una actividad terrorista. En la redacción de las más recientes reformas a esta legislación es posible encontrar la siguiente aclaración:

«No se considerará como un acto terrorista a las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional, que no atenten contra bienes jurídicos de personas o que tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda.»

Por lo tanto, el cateo y la investigación iniciada contra Erick son ilegales, se trata de un abuso de poder y de una mal utilización de la legislación existente, no porque la misma sea justa -aunque este tema es materia de un trabajo distinto.

Sin embargo, existe un recurso amañado: el delito de ataques a la paz pública. Quien sea acusado de haber cometido este delito podrá ser investigado por las autoridades federales ya que podrán atraer el caso y homologar los delitos; como en la Ciudad de México no está tipificado el delito de terrorismo, su hermano legal de ataques a la paz pública se convierte en el camino y el pretexto para iniciar investigaciones regidas por la Ley contra la Delincuencia Organizada. Una homologación forzada de los delitos.

El gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México ha cumplido un año desde que asumió funciones, muchas cosas han cambiado ya y parecen no tener vuelta atrás. Entre las más relevantes –que no es la proliferación de Ecobicis- podemos encontrar la reducción de presupuesto a programas sociales asistencialistas (ya ni eso le interesa al gobierno de izquierda), el alza a los precios de los productos alimenticios básicos, a la gasolina, y en las últimas semanas, la iniciativa para incrementar el precio a la del Sistema de Transporte Colectivo Metro; podemos mencionar, además, la instrumentación del protocolo de la actuación policial para el control de multitudes, la vocación represiva de las instituciones policiacas para responder a cada expresión de disidencia o de malestar ante diversas problemáticas o ante al exigencia de libertad a las personas encarceladas injustamente; también es de mencionar que se ha reducido el presupuesto para la cultura y para la educación pública, se han recortado programas de salud y se ha limitado el acceso los pocos beneficios que aún sobrevivían en el sistema de salud capitalino.

Este año de gobierno puede tener una imagen clara que se resume en la indignación y enojo de Erick al ver su casa completamente revuelta y violentada por un cateo ilegal, en la supuesta investigación por terrorismo que se encuentra vigente e instrumentalizada desde el Juzgado Segundo de Asuntos Federales. La cara real es la cara de la represión a cualquier cato que se considere fuera de los límites del control, fuera del proyecto enajenante en el que está sumida la capital del país y el país completo.

¿Qué nos queda por hacer si ninguna institución nos protege como ciudadanos y si las leyes son usadas para atacarnos y no para defendernos? Un presunto culpable en la larga lista de culpables en los que se van convirtiendo periodistas y disidentes, personas con criterio que han decido levantar la voz para denunciar lo que pasa y luchar por una realidad distinta. A este paso serán culpables muchos más y no habrá lugar en las cárceles para recluirlos, no habrá espacio para ocultarlos.

A continuación se reproduce íntegramente la carta enviada por el compañero:

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El primero de diciembre del 2012, la voz del pueblo se lavantó con rabia; sin embargo, las autoridades cubrieron esos gritos con una ola de represión, que, por medio de reformas busca erguir su propio beneficio, sobre la miseria y el dolor de la humanidad; buscan echarnos las cadenas encima y hasta ahora no hemos podido detenerlos.

Han sido muchos los detenidos que han quedado absueltos, los procesados que aún estamos atados, pero que luchamos por convertir este mundo que parece inverosímil. Todo camino tan sólo nos muestra el descontento del pueblo. Pero, sin razón alguna, a todo aquel que alza la voz se le violenta. El GDF una y otra vez repite las mismas tácticas de represión y manipulación; generando miedo.

El 2 de octubre, me detienen con un grupo de compañeros. Nosotros nos oponemos a las reformas neoliberales que busca impulsar la UNAM. Nos interceptan y nos bajan del transporte publico antes de llegar a la marcha. Ese día fueron más de 102 detenciones arbitrarias. La consigna era la misma: desarticular toda unión popular, callar todo grito de oposición. Aún hoy, hay compañeros tras las rejas buscando su libertad; destaca Jorge Mario González García, quien ahora se encuentra en recuperación tras una huelga de hambre de más de 50 días. Somos 8 los procesados a disposición de una juez que amenaza todo el tiempo con revocar nuestra libertad.

Ahora bien, esta estela de vejaciones van creciendo cada día, pues ahora, es legal toda violación a las garantías individuales. Todo manifestante tendrá que ser visto como terrorista y, por lo tanto, ser tratado como tal.

El pasado primero de diciembre, a las 9:27pm, aproximádamente 60 federales, 8 peritos en criminalística, balística, etcétera, allanaron mi hogar con una orden de cateo girada por el Juzgado segundo de Asuntos Federales. Durante más de cuatro horas, ellos, recorrieron mi habitación, sacudieron cada rincón en busca de indicios de terrorismo, tráfico de armas, asociación delictuosa, etcétera. Debo decir, que se llevaron una laptop, celulares, y varios papeles, entre ellos mi acta de nacimiento. Fotografiaron cada libro, cada hoja, cada rincón…

Independientemente a mi proceso, este cateo forma parte de una investigación por terrorismo; ¿por qué?: Por manifestarme, por asistir solidariamente a un mitin, mejor dicho, por reivindicarme humano, consciente y anarquista; los pobres somos unos terroristas en potencia. Así es como nos ven ellos, y por eso nos idiotizan para podernos manipular.

No olvidemos jamás que la libertad es del oprimido, no dejemos que nos cambien nuestra libertad, por aquella en donde decidimos qué canal de tv sintonizar, qué marca de ropa usar. Tenemos la libertad de no ser esclavos. La violencia es generada por el Estado, cuando cada día mueren miles de personas por no ingerir alimento, cuando miles de mujeres son violadas y asesinadas; un vidrio roto, una piedra, gritar lo que se siente dentro, no se compara con la violencia que ellos ejercen cada día.

Todo el pueblo necesita de si mismo para romper todo este sistema, para expulsar a esas sanguijuelas que por generaciones nos han quitado el pan de la boca.

¡Libertad a todos los presos inmersos en una realidad constipada, hartos de vivir, hartos de soñar!

EN LA RUTINA, LOS LUCHADORES, NUNCA CLAUDICARÉMOS.

Justicia para Mario González, para los presos del Reclusorio Norte, para la compañera Luna Flores y para todos los procesados acumulados desde el 1 de diciembre del 2012.

Erick Leonel Aguilar, procesado del 2 de octubre.[/box]