La transversal indignación chilena: movilización estudiantil y protesta ciudadana contra la exclusión, el neoliberalismo y la falta de democracia

Por Claudia Villagrán Muñoz en colaboración con SubVersiones Agencia Autónoma de Comunicación (AAC)
Fotografías por Ítalo Retamal que solidariamente colaboró para este reportaje con sus extraordinarias tomas.

 

El pasado 4 de agosto algo cambió en Chile. Ya no fueron prioritariamente los estudiantes los movilizados, sino que una parte importante de la sociedad chilena se plegó activamente a la demanda clara y concisa del estudiantado: educación pública, gratuita y de calidad para todos los niños y jóvenes chilenos. La marcha convocada por los estudiantes secundarios, universitarios y por el colegio de profesores, que desafió ese día la orden de las autoridades a no realizar una nueva marcha por la principal avenida de Santiago, fue brutalmente reprimida por carabineros de Chile, quienes obedecen ordenes del Ministerio del Interior[1].

De inmediato surgió una indignación generalizada por la prohibición del derecho a reunirse libremente para manifestarse, indignación contra la fuerza pública utilizada contra menores de edad que no hacían desmanes, indignación por ver el centro de Santiago sitiado como en los peores tiempos de la dictadura[2], indignación porque una demanda justa no era escuchada después de tres meses de protesta legítima. Cuando llegó la noche, las poblaciones más humildes, sectores de clase media e incluso acomodados, en todo el país, adhirieron a un cacerolazo[3] autoconvocado por la ciudadanía en cuestión de horas. Una protesta masiva y espontánea que no se oía desde las protestas nacionales en contra de la dictadura pinochetista (1983-86).

Ese mismo día, más temprano, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) señalaba que el presidente Sebastián Piñera sólo alcanzaba un 26% de aprobación, la cifra más baja para un mandatario desde que retornó la democracia en Chile, en marzo de 1990. En la misma consulta mensual, un 53% de los encuestados opinaron que el gobierno de Piñera lo ha hecho “mal o muy mal” en el conflicto educacional.

¡Y va caer…y va a caer…la educación de Pinochet!

Este es uno de los gritos más populares que se han venido coreando en decenas de manifestaciones estudiantiles, que han desplegado una inusitada variedad de expresiones creativas para combatir la represión, criminalización y deslegitimación del gobierno y de los medios de comunicación masivos. Las mismas protestas han sido apoyadas transversalmente por diversos sectores sociales cada vez más numerosos, ya que el fin del lucro en la educación ha logrado concitar la aprobación masiva de los chilenos, ahogados por el neoliberalismo, en una suerte de despertar generalizado de las esperanzas en cambios reales. Algo así como el resurgimiento del sueño colectivo de derrotar las herencias sociales, culturales, políticas y económicas de la dictadura militar de Pinochet.

La educación dejada en las manos del libre mercado surgió en Chile a partir de la imposición del modelo económico neoliberal y la constitución de 1980. A esos marcos estructurales se sumaron medidas como la municipalización de la educación básica y media (que despojó de sus responsabilidades financieras al estado en materia educativa), la creación de las universidades privadas y la imposición de matrículas y aranceles en las universidades públicas en la década del 80. Asimismo, la inversión en educación en esos años cayó de 10,2% en 1972 a un 1,4% en 1989.  Si bien es cierto que durante los veinte años de gobiernos de la Concertación (1990-2010) se aumentó la inversión pública en educación, se realizaron reformas curriculares y se instauró una jornada escolar completa, entre otras medidas para mejorar la calidad, también es cierto que el lucro en la educación se perpetuó.

Así sucedió también con las desigualdades de un sistema que permite la exclusión de la educación universitaria de miles de jóvenes capaces que no tuvieron una educación idónea para sortear los exámenes de selección universitaria o, que simplemente, no pueden pagar aranceles millonarios en universidades, llamadas públicas, que reciben menos del 10% de aporte fiscal anual[4].

Tal tendencia a la privatización y al aumento de la exclusión en educación ya había mostrado sus primeres síntomas de desconformidad en la llamada “Revolución de los Pingüinos” (2006), cuando los secundarios advirtieron la necesidad de cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE, 1990), ya que permitía que la educación fuera vista como un bien transable en el mercado. El 2008 tal normativa fue reemplazada por la Ley General de Educación que, a la postre, no ha terminado con el lucro en el ámbito educacional[5].

De marchas estudiantiles a carnavales familiares

Lejos de conseguir que la movilización estudiantil y ciudadana se desinflara con la represión del 4 de agosto, lo que ha sucedido es que las marchas, protestas creativas, foros y debates públicos sobre las posibles salidas al conflicto se han multiplicado y fortalecido. Sólo este domingo 21 de agosto se reunieron en el parque O`Higgins un millón de jóvenes, padres de familia, niños y ancianos, en una adhesión ciudadana que volvió a romper los record de masividad en la “democracia” chilena[6] . Mientras tanto, el jueves 18 de agosto, estudiantes y profesores volvieron a reunir más de 100 mil personas en el centro de Santiago, a pesar de la intensa lluvia invernal y del frío por las nevazones. Movilizaciones que se han convertido en verdaderos carnavales[7], donde los ciudadanos marchan, comparten, debaten y se reúnen como no lo hacían hace muchos años.

Además de la excesiva represión, soberbia por parte de las autoridades y silencio o imprecisiones sobre el aumento en los aportes financieros ofrecidos, el gobierno de Sebastián Piñera ha empezado a tomar algunas medidas que no responden a los cambios estructurales necesarios que se precisan para poner fin al lucro en la educación chilena, ni mucho menos sacarla de la lógica del mercado. Por el contrario, el 10 de agosto Piñera dijo que “nada es gratis en la vida”, al mismo tiempo que promulgó la Ley que crea una Superintendencia de Educación y una Agencia de Calidad de Educación, instancias que en su propio nombre son funcionales a las normatividades del mercado.

Por su parte, el nuevo ministro de educación, Felipe Bulnes, dio una primera respuesta al petitorio de los estudiantes a principios de agosto que no se hacía cargo de las demandas de fondo, razón por la cual el estudiantado las rechazó, lo cual ha sido ratificado por las asambleas frente a nuevos ofrecimientos imprecisos. Luego que los voceros del movimiento secundario y universitario intervinieran en la comisión de educación del Senado, el 16 de agosto, dando verdaderas cátedras sobre educación a parlamentarios que quedaron literalmente callados frente a las preguntas y argumentaciones de los estudiantes[8], el Secretario de Educación anunció un nuevo paquete de medidas.

Entres los nuevos ofrecimientos destacan: una rebaja en el interés del crédito universitario con aval del estado (de un 4% a un 2%, que implica seguir endeudando a aquellos que no tienen los recursos necesarios para estudiar), el cumplimento de la ley que prohíbe el lucro en la educación (haciendo que instituciones sin fines de lucro se hagan cargo de las universidades privadas, cuando hay ejemplos como el actual ministro de justicia que ha sido beneficiado con suculentas utilidades en una universidad privada[9]), un sistema de créditos y becas para los alumnos de escasos recursos (que siempre ha existido), una reforma constitucional que garantice la calidad en la educación (que no precisa los cómos), además de la repactación de la deuda de 100 mil profesionales que aparecen morosos en el sistema de crédito fiscal o de crédito con aval del estado.

Una de las voceras de la Confederación de Estudiantes Universitarios (CONFECH), Camila Vallejo, ya había señalado claramente que lo que se busca no es el mejoramiento de un modelo educacional donde las personas se endeudan o son excluidas, sino que el objetivo a alcanzar es el fin de un modelo que, después de 30 años de funcionamiento, ha demostrado acrecentar las desigualdades sociales y generar endeudamientos de por vida. Como era de esperarse, el pleno de la CONFECH, reunido en Copiapó el 20 de agosto, acordó por enésima vez -en más de tres meses de conflicto- rechazar la propuesta del gobierno, pues nuevamente no es clara en el fin del lucro en educación ni en las condiciones que estructuralmente lo permiten.

Asimismo, el documento recalca la necesidad de canalizar políticamente la movilización social que ha logrado aglutinar la demanda estudiantil. “Este movimiento social no acabará cuando sean alcanzadas las demandas estudiantiles, sino que debe proyectar la construcción de una nueva forma de comprender la democracia, representatividad  e institucionalidad”[10]. Los estudiantes tienen claro que no les importa perder el año escolar si se trata de cambiar el sistema político y económico que sustenta el lucro en la educación, mientras que los ojos del mundo han estado puestos en esta movilización que ha resultado inusitada pero esperanzadora para los propios chilenos. Ahora es la educación, después pueden ser otros derechos sociales privatizados.

Mientras tanto, hay medidas de presión extrema, como una huelga de hambre de 31 jóvenes, entre ellos estudiantes secundarios. Una de las huelguistas, la adolescente Gloria Negrete, tuvo que ser hospitalizada el 17 de agosto luego de 31 días en ayuno. En un comunicado leído desde el hospital señaló: “Nuestras vidas se apagan, pero sabemos que este sacrificio no será en vano, pues serán todas las niñas, niños y jóvenes los que por fin gozarán de una educación digna y gratuita (…) Clamamos ser escuchados” [11].

Soluciones e interpretaciones estructurales

Frente a la lentitud del gobierno para entender y responder las demandas del estudiantado y de la ciudadanía por la educación es que, cada vez más fuerte, se ha insistido en la realización de un plebiscito donde sean los ciudadanos quienes decidan la solución del conflicto[12]. Tampoco se han descartado los debates sobre una asamblea constituyente que reemplace la carta magna de 1980, la renacionalización del cobre o una reforma fiscal profunda.

Todo, además, cuando se cuestiona fuertemente el modelo neoliberal chileno que no sólo ha entregado la educación a las reglas del mercado, sino que también derechos sociales tan importantes como la salud y la previsión, entre otros. Asimismo, se cuestiona fuertemente a la clase política en general, criticando al gobierno en ejercicio, pero también duramente a la administración de los gobiernos de la Concertación, cuyos mandatarios permitieron que las razones del actual conflicto se consolidaran.

Por este motivo es que los universitarios han llamado a pronunciarse sobre el tema educacional a la ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), quien aún aparece como una carta presidencial para el 2014. Asimismo, han aparecido pancartas decidoras de los manifestantes quienes se declaran inocentes por no haber votado por Piñera.  ¿Por qué ha sucedido todo esto durante el gobierno de Piñera? Probablemente sea el cansancio del neoliberalismo que la sociedad chilena sufre desde los 80’s, con recursos naturales, servicios básicos y derechos sociales privatizados por doquier.

Probablemente, también, porque la ciudadanía que votó por Piñera en enero de 2010 votó por el cambio prometido, porque estaba cansada de la soberbia, corrupción y desidia concertacionista frente a estos mismos temas. Probablemente sólo faltaba el ánimo de la juventud para manifestarse masivamente frente a un tema tan preciado para los chilenos, como ha sido históricamente el acceso a la educación como medio de movilidad social. Probablemente la represión del 4 de agosto, la infiltración de carabineros en las marchas, las imprecisiones y la falta de diálogo real abierta por el gobierno a los estudiantes, así como también el legado neoliberal de la dictadura y de la Concertación,  han hecho que la sociedad chilena, como en muchas otras partes, critique la falta de democracia real y participativa y, en particular, a una derecha en el gobierno que, lejos de demostrar ser una “nueva derecha”, muestra prácticas heredadas de la dictadura pinochetista.

En suma, el movimiento estudiantil y la protesta social chilena enarbolada desde mayo en torno a la demanda de una educación como un bien social de inclusión, y no como un bien transable en el mercado, es un síntoma más de la rabia social contenida por la amplia precarización socioeconómica que las grandes mayorías están viviendo en diversas partes del globo, debido al modelo económico neoliberal que ha sobre enriquecido como nunca antes a las pequeñas minorías.

A treinta años de la incursión neoliberal chilena, implantada por la fuerza de la represión pinochetista, no deja de emocionar que un millón de chilenos coreen y salten al ritmo de las mismas canciones, escritas por los mismos artistas, de aquellos tiempos dictatoriales[13]. De pronto parece que pocas cosas han cambiado desde aquel 11 de marzo de 1990 (cuando se supone regresó la democracia), parece que nunca hubiéramos salido de verdad de la dictadura, parece que de la dictadura militar hubiésemos transitado a la dictadura económica neoliberal y a la dictadura de los grandes bloques políticos (Alianza por Chile en el gobierno y Concertación), los mismos que negociaron la transición a la democracia chilena, excluyendo la diversidad sociocultural (pueblos indígenas y movimientos sociales), a los jóvenes (principalmente de clase baja) y que privatizó todo lo que pudo, incluyendo la educación.

No obstante, asimismo parece que esta nueva generación de jóvenes, que no sobrepasa los 23 años de edad, que no está inscrito en los registros electorales, que no vota, que no conoció los temores de la dictadura militar, que no cree en la democracia “en la medida de lo posible” creada por la Concertación, logrará un Chile distinto, un Chile más democrático e inclusivo al candor de la organización social.  

Mientras tanto, la transversalidad del movimiento estudiantil, que se ha transformado en movimiento ciudadano en un histórico agosto de 2011, mostrará una nueva muestra de unidad, reflexión y acción. Estudiantes, trabajadores, movimientos sociales, ambientalistas, profesionales y artistas, entre otros, han adherido a la convocatoria de paro nacional efectuada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para este 24 y 25 de agosto. Dos jornadas donde se planea marchar, realizar asambleas ciudadanas y nuevos cacerolazos, ahora “por la igualdad”.

Las demandas conjuntas de esta nueva protesta ciudadana son: asamblea constituyente, plebiscito nacional inmediato por la educación, nuevas políticas económicas y una reforma tributaria inmediata, el control del Estado sobre las riquezas nacionales que asegure su manejo sustentable con el medio ambiente, un nuevo Código Laboral, el fin de la concentración de los medios de comunicación, cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, anulación de la Ley antiterrorista y fin a la criminalización de los movimientos sociales (que han afectado principalmente al pueblo mapuche), además de políticas públicas que aseguren que la salud, la educación, la vivienda y los salarios sean derechos consagrados constitucionalmente para todos los chilenos por igual. Asimismo, en las redes sociales, desde hace varios días ya circula un mensaje que dice: “NO compre nada, NO cargue su Bip!, NO use cajeros ni Redcompra, NO haga transacciones por internet, NO pague cuentas y NO vaya al banco ni al supermercado. 24 y 25 de Agosto: si no puede hacer paro de trabajo, HAGA UN PARO DE CONSUMIDORES. ¡Hay que darles donde les duele!” Sin duda, un agosto que está haciendo historia en Chile… y esperemos que para largo y en lo fundamental.    

 

 

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