“Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir”, esta es la frase que se lee en una manta que anunciaba las “veinticuatro horas por la educación pública, gratuita y para todos”, que comenzó el martes 9 de agosto y concluyó el miércoles 10 al medio día, hora en que dieron fin a las movilizaciones del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), que tras 13 horas de discusión, precedidas por seis días de plantón y una marcha de 24 horas, logró firmar los acuerdos que permitirán que 1 mil 300 jóvenes puedan acceder al nivel superior en la UNAM y el IPN, bajo la modalidad del ingreso diferido[1].
“Que se garantice el derecho a la educación media superior y superior, pública, gratuita y de alto nivel académico para todos”, es la demanda central que atraviesa los seis años de historia de la lucha MAES, que en 2006 emerge, no reconociéndose en la coyuntura, sino en la necesidad histórica de provocar cambios estructurales que permitan transformar la grave situación de rezago social que enfrentan los jóvenes en este país.
¿“No hay que tener una mirada pesimista”?: Las cifras de la crisis educativa
Hoy en dia México tiene una deuda con 7.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años que no estudian ni trabajan. Ellos, son los llamados “ninis”, producto de un país marcado por los altos índices de pobreza y desigualdad social. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005[2] el 61.9 % de estos jóvenes pertenecen a estratos bajos y el 25.1 % a estratos medios-bajos; y cifras similares son las que también nos hablan de la pobreza que impera en este país.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2008 el 44.5 % de la población vivía en condición de pobreza extrema y moderada y en 2010 la cifra se incrementó 1.7 puntos porcentuales que se traduce en 52 millones de mexicanos[3] de los aproximadamente 112 millones que habitan en el país.
En materia educativa el CONEVAL reporta avances mínimos en la cobertura de la educación, siendo el nivel superior el que presenta las cifras más dramáticas. Para 2006 la cobertura en nivel superior alcanzaba apenas el 24.3%[4]y actualmente, según fuentes oficiales, México da educación superior a tan sólo 30% de su población, cifra que no deja de ser aplaudida por el ejecutivo que en declaraciones recientes anunció haber alcanzado su meta[5].
Este año, según datos del MAES, la UNAM dejó fuera a 181 mil 118 jóvenes de los 197 mil 524 que presentaron el examen de selección, es decir al 91.7% de los aspirantes. Por su parte, el IPN no aceptó al 73.3%, lo que se traduce en 66 mil 400 de los 90 mil 600 jóvenes que intentaron ingresar a esta institución; y la UAM a 70 mil 350 de los 82 mil 294 que se registraron, es decir, al 85.5% de su demanda.
Respecto al año pasado, la demanda total de ingreso a las universidades aumentó 12% y el índice de rechazo en 2%; por lo que en este año, afirma el MAES, “somos más de 200 mil los jóvenes que no estamos inscritos en ninguna universidad”.
En cuanto al nivel medio superior son casi 20 millones de jóvenes los que se encuentran fuera de éste, cosa que no resulta alarmante para el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez, quien en declaraciones recientes opinó que “no hay que tener una – mirada pesimista – ya que entre las opciones de estos jóvenes están el ambulantaje, los oficios, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y hasta un empleo formal. Es decir, no están marginados de la economía ni de la vida “[6].
Lo anterior nos habla de una clara indiferencia de las autoridades ante problema de acceso a la educación pero también de la inoperancia y el fracaso del Estado mexicano que se niega a dar salidas reales a las políticas de desarrollo social, dirigidas desde hace 20 años – según el informe del CONEVAL – a programas sociales “focalizados” que sacrifican las políticas universales en pro del gasto público. Ello, entre otras cosas, porque no existe una clara definición de derechos sociales y en consecuencia éstos no son una guía explícita de los planes de gobierno.
La educación en el México neoliberal
Según especialistas, la explicación de esto se encuentra en la reorientación de las funciones del Estado que sobreviene con el neoliberalismo, que anuncia el cambio de rumbo de las políticas sociales suplantadas por las exigencias del mercado, quien se vuelve el “organizador de la vida política y social”, hecho que modifica la relación gobierno-sociedad[7]; donde el Estado ahora, vuelto un “proveedor de servicios” pierde coherencia en el ejercicio público que no irá más en correspondencia a procurar un desarrollo integral de la sociedad.
Este es uno de las principales señalamientos del MAES quien denuncia que tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las modificaciones hechas al art. 3º Constitucional y a la Ley General de Educación, ésta inicia un camino forzado rumbo a la privatización y entra a una lógica de competencias de mercado cuyo acceso estará subordinado a las “capacidades” y al poder adquisitivo de cada individuo.
El Dr. Hugo Aboites, especialista en el tema de educación y acompañante asiduo de la lucha del MAES, advierte como en los años 80´s la educación giraba en torno a la idea de la “creación de un patrimonio” vinculado a la necesidad de desarrollo social, y como ahora a partir de la adopción del modelo neoliberal ésta se ha visto refuncionalizada a las necesidades del mercado. Prueba de ello es el boom que han tenido las universidades tecnológicas que surgen a raíz de un acuerdo firmado en 1990 con la iniciativa privada para impulsar un nuevo modelo de educación superior destinado a “prestar servicios al sector productivo de bienes y servicios”[8].
Aunque este subsistema de educación superior tiene un carácter públic ello no deja de advertir una intensión de tecnificar el conocimiento que responda a las necesidades de cierto sector –los empresarios– que en el siglo XX se constituyen como los nuevos actores en el escenario de la educación. Entre 1990 y 2002 las instituciones privadas de educación superior pasaron de 464 a 1 mil 366[9], incremento que no se dio en correspondencia con la necesidad de aumento de la matrícula de las universidades públicas que a mediados de la década de los 80´s y hasta el 2001 mostraron un franco estancamiento.
Además de intervenir en la oferta educativa la iniciativa privada a través del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), desde 1994 se ha encargado de elaborar y administrar los exámenes de selección del nivel medio superior y superior, lo cual, según el Dr. Hugo Aboites, ha servido para crear una industria privada de la medición y “roturar un campo que nunca se había pensado pudiera ser tan productivo en términos de acumulación de recursos”[10]; el CENEVAL, agrega, ha atesorado más de 3 mil millones de pesos en lo que lleva de existencia.
Entre sus demandas el MAES ha insistido en la necesidad de cancelar el examen de admisión como mecanismo para ingresar a la universidad, ya que hacen del problema de exclusión un negocio lucrativo, pero principalmente porque es un “requerimiento sumamente inequitativo” y “discriminatorio” que, en el afán de medir conocimientos, deja fuera a miles de jóvenes que por su situación social llegan en condiciones desiguales a presentar su examen.
Es decir, el problema de ingreso no sólo tiene que ver con el escaso presupuesto que es destinado a la educación, el estancamiento de la matrícula ó con la falta de lugares y planteles que den cabida a la demanda, sino que tiene su raíz en la desigualdad social que es el primer filtro que excluye a los jóvenes procedentes de clases populares, seguido por el filtro del mismo examen. Por ello el MAES insiste en la necesidad de diseñar un nuevo procedimiento, basado en la justicia y la equidad, que garantice las mismas condiciones de ingreso para todos los aspirantes.
Educación pública y gratuita: demanda que teje resistencias en América Latina
Como parte de la jornada de movilización el día viernes 5 de agosto los integrantes del MAES se dieron cita en la embajada de Chile para sumarse a las voces de protesta de los estudiantes chilenos que el día 4 de mayo sufrieron una de las represiones más severas en la “historia democrática” de este país, la cual comenzará con el fin de los 17 años del régimen dictatorial de Augusto Pinochet.
En un enlace en vivo en el quinto día de plantón, María Jesús Sanhueza, líder estudiantil de la Federación de Estudiantes Chilenos (FECH), aseguró que hace décadas en Chile no se veían movilizaciones multitudinarias como las que recorrieran la
s calles de Santiago y diversas regiones del país, el martes 9 de agosto (un día después del enlace), en el marco de un paro nacional que conglomeró los gritos de protestas de aproximadamente 140 mil estudiantes universitarios y de secundaria, profesores y padres de familia.
La necesidad de “abordar integralmente” la crisis estructural del país y avanzar hacia la reforma integral de la educación chilena concebida como un derecho social y universal, que debiera ser organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles[11], es la demanda central que se encuentra en el corazón de estas movilizaciones que llevan cumplidos poco más de dos meses; y que emergen de la necesidad de echar para atrás el proceso de privatización de la educación que comenzara durante la dictadura y que pese a los “esfuerzos” de democratización del país después de 1990, siguiera su curso bajo el mismo modelo del régimen donde la gestión de la educación pasa a manos de las municipalidades, frenando con ello la posibilidad de impulsar una política integral de la educación, y donde el sector privado será el que juegue un papel central en la oferta educativa.
Si nos regresamos en la historia no podemos encontrar con luchas emblemáticas como la huelga de la UNAM (1999-2000); movimiento estudiantil que se opuso al aumento de cuotas de esta institución, propuesto por el rector Francisco Barnes, que en palabras del Subcomandante Marcos, se constituía como un intento de “balcanizar” a la universidad y dividir la UNAM de los que sí podían pagar, y la de los que no podían pagarla[12], es decir, la aprobación del Reglamento General de Pagos no era otra cosa que un intento de privatización de la universidad pública, del cual, se desprendió también “el más grande movimiento estudiantil de los últimos 10 años”[13].
Asimismo existen otro tipo de experiencias que, cansadas de enfrentarse al muro intransigente del Estado, comienzan a construir otro tipo de estructuras con enfoque comunitario, respondiendo mejor y con mayor legitimidad a la fuerte demanda de cambios estructurales de la región. Uno de los casos más difundidos es el trabajo que sostiene el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil desde finales de la década del 70´s.
La educación como eje de lucha es una de las trincheras en que puede verse con mayor claridad la disputa por el control de las naciones. Es decir, se trata entender a la educación no sólo como un capital económico sino también como un capital social y político que funge como punta de lanza para el empoderamiento de los pueblos, y que también marca la línea divisoria en la disputa entre dos proyectos: el hegemónico (el proyecto capitalista neoliberal); y el “otro” proyecto, que aunque está en construcción y aún desarticulado, nos permite vislumbrar una nueva forma de organización basada en principios comunitarios que prevén la justicia y la igualdad social como ejes conductores de la transformación de la sociedad.
MAES: “No somos máquinas de guerra pero necesitamos las armas que nos dan los libros.
Según e
l último info
rme del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), dado a conocer el pasado 11 de abril en Suecia, México alcanzó en 2010 un record en el gasto militar siendo en ese año que el Estado mexicano destinó a las Fuerzas Armadas 68 mil 411 millones de pesos, cifras que superan por mucho el presupuesto destinado en ese mismo año a la educación superior que llega a tan sólo los 2 mil 638 millones 500 mil pesos[14].
Ambas cifras nos hablan de la estrategia del gobierno federal para acabar con el narcotráfico, quien no contempla atacar los verdaderos problemas sociales como es el acceso a la educación, sino alimentar con más armas la violencia brutal que enfrenta el país que a su paso ha dejado un México bañado con la sangre de sus muertas de Juárez, de sus migrantes de San Fernando, de sus juvenicidios y de sus más de 50 mil muertos[16] que en cuatro años y medio se han extendido a lo largo y ancho del territorio nacional; a quienes también se les suman los 10 mil desaparecidos, 120 mil desplazados y los miles de huérfanos de la guerra.
Pero ¿quiénes son esos muertos? dónde están los desaparecidos, de dónde eran; cuál fue o cuál es la historia de vida que los sigue condenando. Quiénes son esos “otros” y “sin datos” que arrojan las investigaciones del Semanario Zeta de Tijuana, que en lo que va del sexenio calderonista, han sumado por lo menos 24 mil 651 muertos que ni siquiera han sido contabilizados en las estadísticas de la impunidad.
Según el documento «Infancia y conflicto armado en México»[17], elaborado por la Red para los Derechos de la Infancia en México (Redir), el narcotráfico utiliza adolecentes y jóvenes de entre 12 y 16 años en adelante para ejecutar tareas de «halcones», traslado de droga o bien para ser contratados como sicarios, siendo la constante su pertenencia a los sectores bajos de la sociedad.
No obstante, el crimen organizado no es el único que ve en los adolescentes y jóvenes un capital para su guerra ya que a este esfuerzo también se suma el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que en meses pasados firmara una acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) que permite reclutar en las escuelas a jóvenes que cursan la educación media superior para que se integren a la denominada Policía Estatal Acreditable, centrada en el combate a la delincuencia organizada[18].
Ese, es el tipo de respuesta que da el Estado mexicano ante la crisis social que enfrenta el país, que a través de iniciativas como la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional aprobada recientemente por el poder legislativo, busca legalizar la guerra y con ello la violación sistemática de los derechos humanos y las garantías individuales, atentando incluso contra los principios democráticos del país y la soberanía nacional, que desde la aprobación del Plan Mérida se ha vuelto cada vez más frágil ante la intervención de Estados Unidos que a través de esta iniciativa inyecta de recursos a la guerra, interviniendo incluso en el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas armadas.
Acabar con el enfoque de guerra sustituyéndolo por un enfoque de seguridad ciudadana, con perspectiva de derechos humanos es una de las principales demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, al cual el MAES se ha sumado denunciando que mientras no sea atendida la situación de vulnerabilidad que enfrentan millones de jóvenes mexicanos, “será casi imposible pensar en la paz” que para alcanzarla, agrega, “es indispensable empezar a desarrollar acciones que impacten profundamente en las estructuras sociales y que doten de herramientas a la juventud para enfrentar la terrible crisis”.
Del agravio a la autorganización
Finalmente, la autorganización continúa siendo uno de los caminos, si no el único, por el que deciden transitar aquellos sectores que históricamente han sido golpeados por los procesos de modernización y de desarrollo capitalista que a su paso han dejando severos daños en el tejido social, y que a través de la lucha comienzan a remendarse en procesos de reconocimiento del “otro”.
“Después de hoy ya no seremos los mismo de antes” asegura un integrante del MAES quien reconoce la lucha como un proceso de humanización. Así este movimiento a sus 6 años de existencia logra dar rostro a las estadísticas de rechazo que cuantifican el problema del acceso a la educación y que dejan perder las caras de esos jóvenes «hijos de la rebeldía» que hoy salen a las calles para resignificarse en ellas a través de la creatividad de la lucha.