El derrumbe de la mentira de Estado

Por Timo Dorsch
Fotografía de portada de Alicia Espinosa

Aún sigue vigente la búsqueda por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Mientras el Estado se resiste a aclarecer el caso, un grupo internacional de expertos presentó su segundo informe sobre el crimen.

Después de un año de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) partió el país el 30 de abril. Culpable es la estoica falta de voluntad del gobierno mexicano para prolongar la estadía de dicho grupo. Sin que –19 meses después del crimen en la ciudad de Iguala, aquella noche del 26 al 27 de septiembre, con seis muertos– se haya podido esclarecer la estadía de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. En esta noche, varias unidades policiacas llevaron a cabo múltiples y concertados ataques violentos en contra de,  aproximadamente, 100 estudiantes, cuando quisieron capturar algunos autobuses. Para tal región, este acto de los estudiantes no representaba ninguna novedad, pero sí era única la magnitud de la reacción.

Cuando, en la Ciudad de México, el pasado domingo 24 de abril,  los cinco expertos tomaron asiento ante cientos de presentes y cámaras encendidas, sus primeras miradas se fijaron en las filas de asientos en donde estaban los familiares de las víctimas. Una sonrisa delgada de reconocimiento y el saludo silencioso apareció en sus bocas. Ya al principio, la abogada colombiana Ángela Buitrago, responsable de muchos juicios en contra de altos políticos en su país, proclamó claramente: «Para el GIEI la historia no se detuvo», haciendo un énfasis directo en la frase proclamada en enero 2015 por el entonces procurador general de justicia, Jesús Murillo Karam, sobre la «verdad histórica», con la cual, aquél quiso cerrar las investigaciones. Luego, el presidente de la CIDH, James L. Cavallero, agregará: «La CIDH seguirá monitoreando el caso desde cerca».

Aquella versión del Estado sigue partiendo del hecho de que los 43 estudiantes –es decir, según sus declaraciones más recientes, mínimo 17 de ellos– fueron incinerados en el basurero de Cocula por parte del grupo criminal Guerreros Unidos. No obstante, no han logrado convencer a muchos con su versión. El reporte oficial sobre el fuego en dicho basurero, que abarca solamente nueve páginas, sintetiza el médico español Carlos Beristein, con las siguientes palabras: «Hay una falta de rigor científico. Es un análisis que puede hacer cualquier ciudadano». Para nada corresponde a cualquier estándar internacional. Además, no queda claro si los estudiantes fueron llevados al lugar vivos o muertos, todos juntos o cada uno.

El segundo informe no da nuevas líneas de búsqueda tal cual; más bien, se trata de una profundización de los ya presentados avances en el primer informe, en septiembre del año pasado. En este entonces ya habían declarado la versión oficial como algo no sostenible. También, en esta segunda presentación, se hizo referencia nuevamente a que mínimo 17, de los más de cien sospechosos detenidos, fueron torturados, después de haber sido interrogados por las autoridades. Aún queda no muy claro, en qué magnitud estaba involucrada la policía federal que ayudó a cerrar una zona de 80 kilómetros para impedir que los estudiantes pudieran escapar, cuando el 27 Bastallón de Infantería del ejército mexicano estaba monitoreando el escenario todo el tiempo, a través de su sistema de control C4. Incluso su rol no queda muy claro todavía; el Estado mexicano se niega consecuentemente que algunos soldados sueltos sean entrevistados por los expertos extranjeros.

De manera decisiva, para tal exceso de violencia, la explicación podría ser un supuesto quinto camión que nunca fue mencionado por la misma PGR en sus expedientes y declaraciones. EL GIEI supone que este camión iba a transportar una carga de droga desde Iguala hacia Chicago, EU. Un negocio millonario. Los jóvenes no sabían de tal carga y capturaron el camión equivocado que se convirtió en su destino. No es solamente la actitud del Estado la que da más crédito a esta versión, sino también que la mayoría de la heroína consumida en los EU proviene de Guerrero, donde se localiza Iguala.

Para Alemania el caso no es de menor importancia. Pues, armas del tipo G36 de la empresa Heckler & Koch –que fueron enviadas ilegalmente a esta entidad– fueron usadas en esta noche. Aún queda por investigar el grado en el que fueron usadas. Sin embargo, la procuraduría encargada en Stuttgart, Alemania, no parece tener mucho interés en aclarecer el caso, a pesar de que hace ya casi seis años el activista de paz, Jürgen Grässlin, hizo una denuncia contra tal empresa. Enseguida de la conferencia de prensa, cuando Subversiones preguntó a Ángela Buitrago por la necesidad de aclarar el caso del envió ilegal de armamento para sus propias investigaciones, hizo saber de manera corta y contundente: «Es muy importante. Pero además hay unos elementos que no alcanzamos a profundizar».

A pesar del vacío investigativo que deja el GIEI, las madres y los padres de los normalistas heridos, desaparecidos y asesinados salieron a las calles el pasado 26 de abril y antorchas en mano dejaron muy en claro que no van a detenerse ni a seguir buscando a sus hijos. Tras una compacta movilización, en las palabras que dieron en el Hemiciclo a Juárez, las familias agradecieron el compromiso y la solidaridad que distintas organizaciones sociales, colectivos y personas en lo individual les han brindado, aseguraron que «sin este acompañamiento, no se habría podido llegar hasta donde ahora estamos y les aseguramos que no nos vamos a detener hasta encontrar a los muchachos».