Normalistas no dejarán de luchar a pesar de la represión

Son las tres de la mañana y en la carretera que de Chilpancingo conduce a Tixtla, justo después del túnel, dos camiones Estrella de Oro están parados a un lado del carril, destripados, las ventanas reventadas, las puertas arrancadas. Sólo hay lo que queda de una lluvia de piedras y, en el asfalto, las rayas blancas de los lacrimógenos. Por unos 200 metros las piedras no paran, y los lacrimógenos tampoco. Luego, por un largo tramo, sólo la noche, y nuestro temor de encontrar una patrulla, un retén o, considerando donde estamos, una «bolsa negra». De repente aparece otro camión, otro Estrella de Oro, otro cadáver de hojalata, en las ventanas sólo las cortinas, la puerta acostada, rota. Otra vez las piedras, otra vez los restos del ataque. Silencio. Viene otro autobús, un Futura hecho a un lado del carril, las llantas que zigzaguean el asfalto y las flechas amarillas que siguen relampagueando. La caseta de Tixtla no está lejos, seguimos mirando de frente, buscando una señal de peligro que por fin no llega. Nosotros nos salvamos, los normalistas no.

Esta agresión de la cual la carretera queda como testigo, ocurrió en la tarde del 11 de noviembre, después que los estudiantes realizaron en Chilpancingo actividades de protesta por la presentación con vida de los 43 desaparecidos y que, al regresar a la escuela, decidieron «tomar» una pipa de gasolina que cruzaron en el camino. La ocuparían para poder desplazarse en la movilización del 14 de noviembre, fecha en que viajan a varios lados para recordar la represión sufrida en 2007, cuando cuerpos antimotines desalojaron el Congreso, tomado en este entonces para rechazar el recorte de matrícula y la reforma a las escuelas normales que se pretendía imponer en Guerrero.

Los estudiantes denuncian que el hostigamiento empezó desde la Autopista del Sol, con policías de la Fuerza Estatal que apuntaron con sus armas a los autobuses donde viajaban. La persecución fue violenta: decenas de patrullas de estatales, ministeriales e incluso militares, que «aceleraban hasta ponerse al nivel de los últimos autobuses, mientras los policías que viajaban en la batea golpeaban con sus toletes los vidrios hasta romperlos, luego lanzaban gases lacrimógenos dentro de los autobuses».

El gas inundó todo, empezaba a asfixiarnos, incluso algunos chóferes se desmayaron; nos detuvimos y salimos como pudimos, pero abajo ya esperaban los policías, su rostro mostraba satisfacción al atacarnos. No hubo negociación, tampoco diálogo, al bajar de los autobuses nos recibieron con golpes de toletes y escudos. Nunca cesaron los gases, las granadas eran lanzadas a escasos metros de nosotros, algunos compañeros tienen lesiones en el rostro, el pecho, los pies y brazos por la explosión de las bombas de gas. Hubo amenazas y humillaciones de las fuerzas policíacas refiriéndose a los estudiantes desaparecidos, decían que nos iban a matar igual que mataron a los 43. Unos compañeros lograron huir escalando por los cerros de los alrededores, a otros los detuvieron y golpearon.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar al día siguiente en las instalaciones de la Normal, Vidulfo Rosales Sierra, abogado y asesor de los normalistas, en conjunto con el defensor de derechos humanos Manuel Olivares Hernández, los padres de familia en voz de Felipe de la Cruz y Melitón Ortega y Carlos Martínez, representante de los alumnos de la escuela, denunció la violencia perpetrada y el saldo definitivo de 20 heridos, de los cuales 8 están en graves condiciones y 4 en estado crítico y requieren cirugía; hubo 13 detenidos, ahora todos en condiciones de libertad y 70 desaparecidos, que afortunadamente se pudieron localizar a una horas de los acontecimientos, cuando la Secretaría de Seguridad Pública los entregó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Fotografía: Jorge Luis Linares

Durante dicha conferencia los defensores de derechos humanos y los padres de familia se unieron en condenar y responsabilizar al nuevo gobernador Héctor Astudillo Flores y su política de endurecimiento no sólo en contra de la Normal de Ayotzinapa sino también contra el movimiento social en general, acompañado por la brutalidad de la intervención policial y violación de todos los protocolos en materia de uso de la fuerza pública

Los normalistas denunciaron que fue un ataque coordinado, pues «en la caseta del libramiento de Tixtla, ya estaba instalado un retén con militares y policías federales bloqueando la carretera, impidiendo el paso de los demás autobuses», y «detrás venían más antimotines que no dejaron de lanzar gases, obligando a los compañeros restantes a escapar por el cerro y las barrancas».

En sus declaraciones retomaron que la agresión se dio luego de que autoridades federales anunciaran que en Guerrero no hay seguridad, hecho que evidencia cómo la represión del «movimiento Ayotzinapa» es un pretexto para militarizar la entidad:

«llegan miles de soldados y policías para ‘reforzar’ la estrategia de seguridad, incluso el comandante de la IX región militar, Alejandro Saavedra Hernández, es nombrado coordinador de las fuerzas represivas. Esta estrategia de Héctor Astudillo es una violación constitucional, pues el articulo 129 estipula: ‘en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina milita’. Claramente la estrategia no tiene como objetivo acabar con la violencia que reina en Guerrero donde a diario amanecen personas asesinadas colgadas de los puentes, decapitados en las carreteras; más bien el objetivo es reprimir las protestas sociales y acabar con la oposición social.

Además, Rosales Sierra denunció un cierre de filas de la clase empresarial y política, para reducir el margen de acción de los padres y normalistas y explicó que después de los hechos del 26 de septiembre de 2014 se pactó un convenio con las empresas de autobuses Estrella Blanca y de Oro, para que les enviaran voluntariamente y cada quince días entre seis y diez camiones. La semana pasada hubo una ruptura de dicho acuerdo, con sólo nueve autobuses enviados entre las dos compañías, por instrucciones de los directivos, que argumentaron que es temporada alta y necesitaban todas las unidades en ruta.

Este fue el contexto que vio a los estudiantes trasladarse a Chilpancingo en la mañana del pasado miércoles para tomar los demás autobuses necesarios para la actividad de la próxima semana y, según los normalistas y sus defensores, demuestra la falsedad de la postura de Astudillo, que en palabras declara tolerancia hacía el movimiento, pero en los hechos «se alinea a la política dura que el gobierno federal y sus antecesores aplicaron contra la Normal de Ayotzinapa». La declaración en que el gobernador afirmó que «si necesitan autobuses, nosotros vemos cómo se los conseguimos; si necesitan gasolina, vemos también cómo se las pagamos en una gasolinería», choca con las órdenes impartidas al aparato policíaco, que fueron evidentemente de naturaleza represiva, como demuestran los casos del estudiante de primer año Juan Castro Rodríguez, que sigue hospitalizado con traumatismo craneoencefálico y de Kevin Jordi Saldaña, que sufrió la perforación de la mejilla por la explosión de una bomba de gas e, independiente de la gravedad, necesitará reconstrucción facial.

Otra explicación de la saña con la cual los estudiantes fueron perseguidos, es que la «pipa de la discordia» perteneciera a la Gasolinera Astudillo S.A. de C.V., de propiedad de la familia del gobernador, que desde Ayotzinapa denuncian como «grandes caciques de la región y cuyo poder ha perdurado hasta la fecha en el ámbito político, cultural y social». Esta versión, que no está corroborada del todo, explicaría por un lado la intensidad del ataque y, por el otro, confirmaría la inscripción de la actitud del actual gobernador en una línea de desvío de poder común a muchos de sus predecesores, que en Guerrero utilizan la fuerza pública para la protección de sus personales intereses políticos y económicos. El caso del ex alcalde Abarca que protege el informe de su esposa de «los disturbios» de los normalistas es sólo el último en orden cronológico de una larga serie, que incluye masacres como Aguas Blancas y El Charco.

Cabe destacar que en la mañana del jueves 12, en el ayuntamiento de Tixtla, tuvo lugar otra conferencia de prensa, donde Pedro Santos Bartolo, síndico del consejo municipal de dicha comunidad, reiteró el recrudecimiento de las agresiones a daño del movimiento social desde el principio de la administración Astudillo y vinculó los acontecimientos del día anterior a la delicad situación política que se está viviendo en la ciudad, donde todavía «no hay condiciones para las elecciones». Recordamos, de hecho, que después de que la protesta ciudadana impidió que se llevaran a cabo las elecciones del junio pasado, en Tixtla el Congreso del estado nombró como presidente interino del Concejo Municipal a Raúl Vega Astudillo, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y primo del gobernador electo.

Los resultados del ataque. Fotografía: Jorge Luis Linares

Después de este enésimo episodio de represión queda claro que la situación de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa no podrá sino empeorar y el fuego cruzado de intereses políticos y económicos en que se encuentra la escuela se hará, día a día, más cercano y peligroso. Los estudiantes, juntos con los padres y madres de familia, un amplio sector del magisterio disidente y muchos integrantes de la sociedad civil no tienen la menor intención de claudicar en sus demandas de presentación con vida de los 43 desaparecidos, así como de detenerse en su lucha por la verdad y el castigo a los culpables. A esta altura además, lo que se plantea es un cambio más radical en un país que parece cada día más un campo de batalla y todo parece indicar que, una vez más, este cambio vendrá del estado de Guerrero.