Ayotzinapa: las cenizas de la «verdad histórica». Segunda Parte

El C4: Crónica de un crimen de Estado

17:59. Los normalistas salen de Chilpancingo hacia Iguala

El 26 de septiembre de 2014 a las 17:59 hrs el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Iguala, el C4, que concentra a todas las corporaciones de seguridad pública, incluyendo el ejército, registró el primer reporte sobre la trayectoria de los normalistas de Ayotzinapa desde su salida de la normal rumbo a Chilpancingo.

Lo que le sigue a ello es un concentrado de horas, lugares y sucesos reportados al C4 donde se asientan las evidencias sobre el conocimiento que tuvieron las corporaciones de seguridad pública y nacional acerca de la represión de largo aliento de la que fueron víctimas los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

19:30. Comienzan las actividades de boteo en la caseta de Iguala

19:40. Se da por concluido el mitin por parte de la presidenta del DIF María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

En las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), dos de los actores señalados como los autores intelectuales de los hechos de Iguala –que resultaron en la ejecución extrajudicial de 3 normalistas y la desaparición de 43– son José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes fungían respectivamente como alcalde de Iguala y presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal en ese entonces.

Ambos fueron detenidos y consignados a las autoridades a comienzos noviembre de 2014 bajo los cargos de secuestro, homicidio, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, debido a su supuesto vínculo con el grupo criminal Guerreros Unidos a quien se le señala como autor material de la desaparición de los 43 normalistas.

En ese entonces la PGR en voz del procurador Jesús Murillo Karam hizo una reconstrucción de hechos señalando a José Luis Abarca, el «A-5», como la persona que había ordenado la detención de los normalistas siendo una de las causas de la represión la amenaza que éstos implicaban para el informe de actividades que se estaba llevando a cabo en la explanada de Iguala encabezado por Ángeles Pineda.

En el reporte del C4 queda por sentada la hora en que da por concluido el informe que coincide con la hora en que los normalistas arriban a la caseta de Iguala para comenzar las actividades de boteo para su viaje previsto a la Ciudad de México para asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre, por lo que la presencia de los jóvenes nunca implicó riesgo en ningún sentido como señala la PGR.

Pese a que en la conferencia de prensa del 27 de enero de 2014 Murillo Karam dio el informe final sobre el caso Iguala, en el informe de la comisión especial creada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para investigar el caso Abarca, éste niega haber ordenado la detención de los normalistas y su posterior desaparición aceptando su culpabilidad por omisión.

«Abarca niega haber dado órdenes a la policía y niega también haber tenido indicativo alguno incluyendo el de ‘A-5’, mediante el cual, según Murillo Karam, dio la orden de detener a los normalistas. Abarca afirma que a las 23:30 le pidió a Flores que llamara al Ejército y lo mismo le pidió al secretario de Gobierno del estado». Fragmento del Informe Comisión Especial PRD. 29 de noviembre de 2014.

En este sentido la versión oficial pierde fuerza en el punto medular de los hechos de Iguala, donde las detenciones realizadas quedan en segundo plano al no existir certidumbre sobre la persona o las personas que ordenaron el ataque a los normalistas y la desaparición de 43 de ellos, toda vez que José Luis Abarca niega dicha responsabilidad, la cual no está probada en las investigaciones de la PGR.

21:53. La primera llamada sobre la existencia de disparos fue mientras los normalistas avanzaban sobre la calle Galeana antes de llegar al Zócalo.

En el informe detallado del GIEI –basado en la sucesión de hechos registrada en el C4– se puede observar un nivel de coordinación y de conocimiento de los hechos que tenían todas las corporaciones policiacas y el ejército y su intervención en hechos muy concretos de las distintas agresiones que sufrieron los normalistas.

Si bien la policía municipal juega un papel central en las agresiones y en la desaparición de 43 normalistas –habiendo testigos; el papel del ejército es de destacar, tanto por la presencia que tuvieron en el lugar de los hechos como por el consentimiento a las acciones de represión que se estaban ejecutando, según lo advierten las declaraciones ministeriales.

Sobre ello cabe destacar la declaración de un militar que fue testigo presencial del ataque al autobús Estrella de oro 1531, que viajaba rumbo a Periférico sur y que fuera detenido frente al Palacio de Justicia donde viajaban entre 13 y 15 normalistas (actualmente desaparecidos), mismos que fueron atacados por la policía municipal, quienes rompieron los cristales del autobús y los obligaron a bajar con gases lacrimógenos, para posteriormente detenerlos.

A la misma hora que se ejecutaba esta acción de detención, el otro autobús Estrella de oro 1568 que llevaba a bordo entre 25 y 30 normalistas (actualmente desaparecidos) y que era el último que viajaba en la comitiva de 3 autobuses rumbo a Periférico norte sobre la calle Juan N. Álvarez también fue atacado a balazos por la policía municipal quienes sometieron a los normalistas y los detuvieron.

Según la versión oficial, la policía municipal de Iguala entregó a los normalistas detenidos a la policía de Cocula, lo cual deja entrever la coordinación de ambas policías pertenecientes a los municipios de Iguala y Cocula gobernados respectivamente por el PRD y por el PRI.

En esta acción quedan disueltos los sellos institucionales de partidos y su representación constitucional al dar por sentado que en el operativo de Iguala las acciones se desarrollaron en un nivel donde toda la estructura de seguridad del Estado quedó a disposición de quién ordenara aquel operativo –que como lo señala el GIEI– tuvo como objetivo impedir a toda costa la salida de los cinco autobuses de Iguala.

Del momento de la detención de los 43 normalistas en adelante lo que existe en una versión oficial donde la PGR decide asumir como «verdad histórica» un hecho absurdo relatado por supuestos integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos, supuestos ejecutantes de la incineración de los normalistas, cuyas declaraciones caen en el absurdo desde el punto de vista científico, además de presentar evidentes elementos de inconsistencia y contradicción en la narración de los hechos.

No obstante, la versión de la incineración de los 43 normalistas resulta ilustrativa al dejar descubierta la intensión de la PGR de asumir esta versión como cierta, no importando los vacíos científicos y el absurdo que ésta implica, lo cual resulta conveniente para frenar cualquier tipo de investigación posterior sobre los 43 normalistas y su paradero.

Si bien las versiones no empatan con los parámetros científicos, ni la lógica elemental, lo que es claro es que estamos frente a un crimen de desaparición forzada dónde aún no hay respuesta sobre el destino final de los 43 normalistas después de haber sido detenidos por la policía municipal y donde el móvil del operativo sigue sin ser descifrado al no existir ninguna prueba sólida que compruebe la supuesta culpabilidad de José Luis Abarca.

La hipótesis planteada por el GIEI brinda elementos que comienzan a dar luz a toda la oscuridad generada por la PGR, advirtiendo que el posible móvil del operativo pudiera estar relacionado con el uso de autobuses para el traslado de narcóticos, lo cual explicaría el por qué del ataque al autobús Estrella Roja 3278 no es procesado en las investigaciones de la PGR, tal como lo señala el informe del GIEI.

Respecto a ello, en el informe de la comisión especial del PRD, también se señala –como dato contextual y sin pretender formular ninguna hipótesis– los reportes no oficiales que advierten sobre la producción de goma de opio y de heroína y su posterior envío a la ciudad de Chicago en dichos autobuses.

«A partir de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, se han producido muchos reportes en la prensa relacionados con el grupo denominado Guerreros Unidos, al parecer procedente de los Beltrán Leyva, la producción de goma y de heroína derivada de aquella, así como su envío a la ciudad de Chicago, pero no existe un reporte de carácter oficial. Según lo publicado al respecto, algunos de los envíos se hacen en autobús desde Iguala, lo cual, se afirma, se conoce desde hace algunos años sin que las autoridades hubieran puesto en alerta a los dirigentes de los partidos con mayor influencia en el municipio».Fragmento del Informe Comisión Especial PRD. 29 de noviembre de 2014.

Después de un año de los hechos de Iguala los cuestionamientos a la verdad histórica de la PGR retumban en toda la estructura de poder generando ecos que cuestionan los niveles de violencia que azotan a México, donde el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia están condicionado por una estructura infiltrada por la delincuencia organizada y corrompida por los intereses económicos.

Ante este panorama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en días resientes, emitió un informe en el cual insta al Estado mexicano a «esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes», ello partiendo de la necesidad de reestructurar la investigación del caso Ayotzinapa en función de las nuevas líneas que plantea el informe del GIEI.

En ese sentido la CIDH advierte la necesidad de permitir al grupo de expertos independientes entrevistar a los militares del 27 Batallón de Infantería, lo cual ya provocó la reacción del secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, quién advirtió que no permitirá que ninguna comisión internacional interrogue a «sus soldados», argumentando su supuesta inocencia y la obediencia que el ejército le debe sólo a las autoridades mexicana.

Es así como el Estado mexicano cierra sus filas haciendo de la omisión su principal aliada. Basta con anunciar una verdad histórica que sea funcional para cerrar el expediente y evitar a toda costa que se descubra el verdadero motivo del terror que significa el caso Ayotzinapa.

Los 43 normalistas desaparecidos, la tortura y ejecución de Julio César Mondragón, quien después de muerto fuera desollado, los disparos a quemarropa que terminaron con la vida de los normalistas Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, las heridas que desde ese día 26 de septiembre tienen postrados en el hospital a Aldo Gutiérrez y Edgar Andrés Vargas provocadas por disparos de la policía municipal.

Todo ello se entrecruza y envía un mensaje muy claro a la sociedad mexicana que lleva cargando en sus espaldas diez años de terror, diez años donde la suma de muertos y desaparecidos rebasan los muertos de las guerras de Irak y Afganistán –en el periodo de 2007 a 2014– en el que México sumó 164 mil personas asesinadas en medio de la guerra contra el narcotráfico, según datos del INEGI.

Los más de 25 mil desaparecidos que se suman en el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, adquieren un rostro con la tragedia de Iguala. Ellos, los desaparecidos, son la cara más brutal del poder, es la negación absoluta de cualquier rastro de humanidad, es la impunidad que opera desde la estructura del Estado que ejerce control desde el uso de la violencia.

No obstante, ahí están nuestros desaparecidos, tenemos sus nombres y sus retratos que hablan por sí mismos, tenemos sus historias de vida y sabemos de su travesía y su lucha, ahí están susurrando esperanza, inquietos y expectantes esperando el momento en que la dignidad de un pueblo les devuelva lo que les fue arrebatado aquella noche terror.