Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi
Jefes indígenas de las cinco regiones de Brasil viajaron durante varios días para poder llegar al campamento convocado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que se llevó acabo del 13 al 16 de abril de 2015, en el Distrito Federal en Brasilia, centro geográfico y del poder brasileño, sede de los tres poderes de esta nación. Más de 1,500 indígenas llenaron de colores, de música y de rituales uno de los jardines frente al Congreso Nacional donde pernoctaron por tres noches. Su principal objetivo fue presionar a los tres poderes de esta nación para que no aprueben el proyecto de enmienda constitucional numero 215 –mejor conocida como la PEC 215/2000. Este proyecto, entre otros puntos, transfiere al poder legislativo de Brasil, la facultad de decidir sobre la demarcación de los territorios indígenas, una determinación jurídica-política que hasta el momento está en manos del poder ejecutivo, es decir, de la presidenta Dilma Rousseff.
En el congreso de Brasil existe una fracción conocida como «bancada ruralista», un conjunto de legisladores que han transferido los intereses privados de las empresas multinacionales hacia el poder legislativo. De los 50 diputados que figuran en la Comisión Especial para revisar la propuesta de enmienda constitucional PEC 215/2000, por lo menos 20 de ellos financiaron sus campañas electorales con apoyo de las empresas agropecuarias, de la minería, de energía, del sector forestal y por los bancos. Entre los miembros de la bancada ruralista figura la empresaria y actual ministra de Agricultura, Katia Abreu, férrea defensora de las empresas del agronegocio. Otro personaje es Luis Carlos Heinze, uno de los principales dirigentes de esta fracción parlamentaria, también es presidente del grupo Frente Parlamentario Agropecuario (FPA). En el año 2014 fue objeto de una denuncia penal por las organizaciones indígenas porque alentó a los agricultores industriales a utilizar guardias armados para desalojar las tierras indígenas.
Los indígenas vestían sus atuendos de jefes o sabios de la comunidad, pintaban sus rostros con pinturas vegetales, de colores fuertes como el rojo, el amarillo o el negro. Algunos fumaban su tabaco, otros preparaban sus arcos y sus flechas, era el momento de salir a las calles para entregar una carta firmada por todos los pueblos presentes en el campamento, dirigida a Dilma Rousseff para que ratifique y firme el caso de más de 20 tierras indígenas que aún están bajo su jurisdicción. Y para recordarle el compromiso que firmó en la carta dirigida a los pueblos indígenas durante su campaña presidencial, difundida en octubre del año 2014, donde se comprometía a no cambiar la constitución y a demarcar las tierras indígenas.
«Ella (Dilma Rousseff) se comprometió en su campaña para la presidencia a que iba a demarcar el territorio indígena de Brasil y hoy vemos que los pueblos indígenas estamos encaminados hacia la desaparición. Si ella misma no respeta sus palabras y la constitución, lo último que nos queda es la autodemarcación y la defensa de nuestras tierras ancestrales, porque sino hacemos algo, estaremos en manos de las empresas multinacionales con esa ley», dijo Francisco da Silva, jefe indígena kapinawá del estado de Pernambuco.
Indígenas del pueblo xingú presentes contra el proyecto de enmienda constitucional 215. Fotografía: Santiago Navarro F.
Mientras se realizaba el campamento en Brasilia, la presidenta Rousseff en una conferencia de prensa realizada día 15 de abril para varios medios, fue cuestionada sobre los indígenas concentrados en el campamento. Su respuesta fue en sentido de descalificar este movimiento indígena nacional concentrado en el campamento. Afirmó que la discusión sobre los indígenas en su gobierno «es sistemática», que «no existe un movimiento indígena unificado, que la cuestión indígena no es solamente una, es diversa».
«Al declarar eso [Rousseff] comete un error grave en su discurso porque estamos aquí con representantes de las cinco regiones del país, con más de 200 pueblos indígenas diferentes», dijo la indígena Sonia Guajajara del estado de Maranhão en el nordeste de Brasil.
Las mujeres jefas indígenas también estuvieron presentes en la toma del congreso para denunciar la violación a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.
El diálogo se agota
El jefe indígena Babau Tupinambá, de una de las etnias más organizadas de Brasil y con un alto nivel de autosuficiencia, no dudó en afirmar que los pueblos indígenas se tienen que preparar para una lucha más radical e incluso violenta. «Yo dije en el congreso que hemos regresado al tiempo de la colonización. Y nosotros como tupinambá, el primer pueblo en enfrentar a los colonizadores en el año 1500, hoy llamamos a todos los pueblos para prepararnos para una confrontación. Y si es necesario hasta una guerrilla formaremos sin no reculan con esa ley», dijo el jefe indígena tupinambá.
Babau sabe que sus palabras son fuertes y de extrema responsabilidad, no obstante, los tupinambá son reconocidos por ser grandes guerreros, en el arte de la guerra tupinambá. Babau dice que lo que esta en riesgo es la vida de los indígenas que están siendo asesinados por los dueños de los cultivos y la ganadería industrial. «Nosotros los pueblos indígenas somos pacíficos, no tenemos deseos de ninguna confrontación, solo queremos nuestras tierras. Pero con estas decisiones nos están llevando a un punto para rebelarnos. Si no tenemos otro camino y ellos continúan, porque tienen 102 propuestas en el congreso nacional contra los pueblos indígenas, nosotros vamos a formar una guerrilla, porque no vamos a permitir que nos despojen de nuestras tierras ancestrales, no vamos a salir. Porque un indígena sin tierra, no es indígena».
La PEC-215/2000 es sólo una de tantas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil. «No hay comunidad en este momento que no sufra impactos por algún proyecto capitalista, detrás de esta ley existen intereses de Monsanto, Nestlé, Syngenta, Cargill y otras empresas que quieren apropiarse de nuestros territorios. Son los mismos que promueven el asesinato de indígenas», sostuvo la indígena Rootsi Tsitna del estado de Mato Grosso do Sul.
Todos los pueblos han sufrido violación de sus derechos humanos, «existen cientos de proyectos en comunidades indígenas y en ninguno se consultó a los pueblos. Están violentando la constitución de 1988 que ya costó mucha sangre y el convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa de los pueblos. No deberíamos de negociar nada, porque son nuestras tierras y es nuestro derecho», afirmó el indígena Francisco da Silva del estado de Pernambuco.
Los indígenas xucuru de estado de Pernambuco son uno de los pueblos más organizados de Brasil y sostienen que su lucha es por todos los pueblos de Brasil. Fotografía: Santiago Navarro F.
¿Aliados?
La PEC-215/2000 preocupa no sólo a los pueblos indígenas. Las organizaciones como WWF muestran su preocupación, ya que esta enmienda también decidirá sobre las áreas naturales protegidas de este país. No obstante, contrasta con la posición de varios pueblos que han sido afectados por sus políticas. Sólo por poner un ejemplo, en el año 2011 el Grupo Maggi ha hecho su primera venta de «soja responsable» (una cantidad de 85 mil toneladas), con la «etiqueta verde» otorgada por la WWF, a través de un programa de «certificación ambiental», en colaboración con Bunge, Cargill, Monsanto, Nestlé, Shell, Syngenta, Unilever, entre otras empresas que han despojado a los pueblos indígenas de sus tierras en Brasil y varios países del mundo.
Algunos personajes políticos se presentaron en el campamento de los pueblos indígenas como supuestos aliados, como la ex candidata a la presidencia de Brasil, Marina Silva, miembro honorario de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y defensora de políticas de conservación promovidas por WWF entre otras ONG que promueven Parques Nacionales, Áreas Naturales Protegías, Parques para la Paz, Parques Transfronterizos, Santuarios, políticas de mercado verde o bonos de carbono.
Los indígenas xucuru del estado de Pernambuco mostraban su coraje por un Estado que no respeta a los pueblos indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.
«Hay muchos políticos que se han acercado a nosotros, sobre todo en tiempo de elecciones, pero nosotros lo único que queremos es la demarcación de nuestras tierras», dijo el indígena Cayapo del pueblo Xingu de Mato Grosso do Sul, quien sostuvo que los bonos de carbono son otra forma de despojo de su territorio, «nosotros hemos visto las experiencias del pueblo Suruí, que aceptaron el mercado de bonos de carbono de REDD+ y los proyectos de conservación, pero ya no pueden cazar, cultivar ni tener los materiales para la fiesta para los rituales. Nosotros sabemos cuidar la naturaleza porque es nuestra madre y no queremos tener ningún pacto con los créditos de carbono, porque son otra forma de despojarnos de nuestras tierras sagradas».
¿Día del Indio?
Durante la realización del campamento, los jefes indígenas hicieron acto de presencia en la cámara de diputados y de senadores, en diversos momentos donde no sólo llevaron la carta firmada por ellos, sino su descontento y su rabia, la respuesta fue que la PEC-215/2000 no será votada pero tampoco archivada, lo cual no les dio confianza a los inconformes.
El ultimo día del campamento, el 16 de abril, se abrieron las puertas del congreso y la tribuna a los representantes de los pueblos indígenas en honor al «Día del Indio». Tras una revisión extrema con personal de seguridad –que no fue aceptada por todos los indígenas– sólo pudieron entrar 500 de 700 que estaban previstos. Fue un evento donde no asistió el alcalde.
El jefe indígena Marcos Xucuru se muestra enojado y dice que no se puede esperar mucho del gobierno y de los partidos políticos, lo que queda es tomar sus tierras asumiendo las responsabilidades, «nuestra lucha va persistir y vamos a autodemarcar y si es necesario lucharemos como los tupinambá quienes han enfrentado a la policía federal y al ejército y los vamos sacar de nuestro territorio. Como jefes indígenas estamos dispuestos a entregar nuestra vida para nuestros encantados –ancestros- y a la naturaleza», agregó Marcos Xucuru del estado de Pernambuco.
El indígena Babau afirma que el gobierno será el único responsable de que el genocidio continúe en este país, «nosotros llamamos a las comunidades indígenas de otros pueblos del mundo, que son los únicos que nos entienden, a estar atentos de lo que va acontecer. Porque el gobierno ha tenido la posibilidad de negociar con nosotros, pero el diálogo se esta agotando. Nosotros ofrendaremos nuestras vidas si es necesario pero no vamos a dejar que nos quiten nuestras tierras».
La policía militar en todo momento estuvo protegiendo las sedes de los tres poderes de la nación brasileña contra los indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.