Ayotzinapa ¡La constitución ha muerto!

La justicia en México, desde hace muchos años –y cada vez más– ha dejado de estar del lado de las instituciones, el cascarón vacío en que se ha convertido el Estado es cada vez más evidente. Si bien éste puede operar sin problema como un aparato administrativo (caro, corrupto y burocrático en la mayoría de la ocasiones), el sentido social –del que fue dotado luego de más de diez años de lucha fratricida en donde murieron por lo menos 1 millón de mexicanos– se ha ido diluyendo hasta convertirse en la caricatura que es hoy en día, donde el presidente envuelto en escándalos de corrupción, regala televisores en año electoral y sus empleados dan «verdades históricas» cocinadas al vapor y bajo sospechas de tortura, en medio de un show televisivo donde las cosas nunca son lo que aparentan.

Hace más de 100 años, Ricardo Flores Magón, desde el Hijo del Ahuizote –periódico satírico editado en los albores de la Revolución mexicana– sentenció a la dictadura que siete años más tarde sería destronada por un movimiento armado donde confluyeron vastos ideales de justicia social, reflejados en alguna medida en la Constitución de 1917. A pesar de que una casta militar capitalizara la lucha revolucionaria de 1910, los fundamentos del Estado capitalista mexicano se asentaron en las conquistas del movimiento campesino y obrero de la época, reguladas por un aparato de Estado clientelar y represivo, único elemento que subsiste hasta nuestros días.

Luego de la multitudinaria manifestación realizada el 26 de enero de 2015, como muestra de que el movimiento por la presentación con vida de los 43 normalistas sigue vivo, se ha desatado una ofensiva mediática del gobierno de Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los normalistas y los familiares de los estudiantes desaparecidos, seguido de una guerra de declaraciones donde se puede ver al procurador Jesús Murillo Karam, acompañado por un coro de políticos y empresarios con la urgencia de cerrar el caso. Haciendo frente a estos ataques están los cuestionamientos de un amplio sector de mexicanos, encabezados por los padres y las madres de familia de los normalistas, quienes han hecho llegar su voz hasta la tribuna de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Parlamento Europeo, poniendo al gobierno mexicano bajo la lupa internacional. Con el respaldo en las observaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los familiares de los desaparecidos y los normalistas de Ayotzinapa rechazan que se den por concluidas las investigaciones y se preparan para continuar con una lucha de largo aliento.

Convención Nacional Popular, organizar una lucha a nivel nacional

Respondiendo a la convocatoria de los familiares y normalistas de Ayotzinapa, miles de personas se dieron cita en el monumento conocido como «el Caballito» antes del mediodía del 5 de febrero, para partir de ahí en un enorme contingente que cruzó toda la ciudad de Chilpancingo y concluyó con el bloqueo de la Autopista del Sol. Finalmente se dio un mitin tras seis horas de una larga caminata.

Pese al enorme número de policías federales –que tienen tomada la ciudad desde hace varias semanas– no se dio ningún choque con la enorme columna, nutrida en su mayor parte por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y organizaciones sociales que asistieron a la Convención. Sin embargo, pudo observarse la presencia de la policía federal en el Congreso estatal, frente al cual se realizó una parada. Ahí, los padres de familia fijaron su posición:

Les decimos que desde aquí, el pueblo de Guerrero, el magisterio de Guerrero, las organizaciones de Guerrero siguen vivos, siguen en lucha exigiendo que se esclarezcan los hechos del día 26 y 27 de septiembre. Hoy más que nunca el pueblo de Guerrero muestra su indignación porque el caso de Ayotzinapa no puede quedar impune. Una vez más, el pueblo de Guerrero está exigiendo al gobierno que debe continuar con las líneas de investigación… Pareciera que el ejército en este país es intocable, en lugar de que estén cuidando las fronteras de nuestro país están hostigando al movimiento social, al movimiento pacífico de los padres de familia. En lugar de que el ejército este combatiendo a la verdadera delincuencia, está intimidando, amenazando al movimiento

Por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Vidulfo Rosales señaló:

Debe quedar completamente claro que fueron elementos de la policía preventiva de Iguala con la complicidad y la connivencia del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero también con la complacencia del ejército mexicano, que está demostrado en el estado de Guerrero ha jugado un papel criminal; cientos de desapariciones forzadas acontecidas en los años sesenta son responsabilidad de este ejercito criminal que nada tiene de patriótico.

Ese cuerpo de seguridad y ese Estado hoy se confabulan con el crimen organizado, le dan protección al crimen organizado, son fuerzas de seguridad que no cumplen su deber esencial de brindar la seguridad ciudadana… Hoy podemos ver que un ejército mexicano que debiera defender a la población inerme de Petaquillas, Guerrero, se pone del lado de los criminales. Lejos de que estos policías estén cuidando un congreso decrépito, lleno de narcotraficantes, deberían estar combatiendo a la delincuencia que tanta muerte ha causado en nuestro estado de Guerrero.

El hervidero político y social en que se ha convertido el estado de Guerrero en los últimos meses, es el epicentro de la lucha social, que en México, cuestiona y señala al Estado como el culpable, no como la solución de la violencia y el crimen. Aquellas voces provienen de todos los rincones de Guerrero y en los últimos días han sido las del magisterio democrático y de la policía comunitaria recién surgida en las inmediaciones de Chilpancingo, las que han resonado con mayor fuerza.

Más de 200 organizaciones arribaron a la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» para discutir y analizar los siguientes pasos del movimiento que se ha levantado en torno a la presentación con vida de los 43 normalistas. En la apertura de la Convención, la mañana del 6 de febrero, a nombre de los familiares, Melitón Ortega señaló:

Reiteramos que los padres de familia tenemos una posición firme de no reconocer la versión oficial del Estado mexicano que pretende destrozar las esperanzas de las familias y de todo el pueblo de México… Nuestra lucha seguirá adelante, nosotros estamos en espera que nos devuelvan a nuestros estudiantes y no vamos a detener hasta llegar a las últimas consecuencias.

Les decimos a ustedes que debemos continuar con la lucha juntos

La convención es un espacio de discusión, de reflexión y de análisis: ¿qué hemos hecho? ¿qué vamos a hacer? y ¿qué es lo que viene? Fueron planteadas como las interrogantes a resolverse durante la convención.

Las mesas de trabajo presididas por familiares y alumnos de la Normal, fueron: Estructura del referente nacional, Programa político y Plan de acción. Las más de 10 horas de análisis y discusión fueron insuficientes para dar por concluidos los trabajos de la Convención, por lo que se acordó reunirse nuevamente en el mes abril. Sentando las bases de un frente de organizaciones, que se articulan en torno a la lucha por la aparición con vida de los normalistas, se acordó realizar la siguiente Asamblea Nacional Popular (ANP) para el 21 de Febrero.

Por su parte, el maestro Felipe de la Cruz compartió con los más de 300 delegados apersonados en el comedor de la Normal Rural:

Sabemos que esta convención es la semilla que va a germinar para liberar a este pueblo del gobierno que tenemos ahorita, coludido con la narco-delincuencia. Que los resultados de esta Convención nacional serán el principio de un camino para tener un México verdaderamente independiente. El resultado que queremos nosotros principalmente es encontrar los 43 normalistas desparecidos y que esto no vuelva a ocurrir, que sean castigados severamente todos aquellos que participaron en este hecho. Sabemos que estos políticos son los mismos que se visten de militares, se visten de policía federal y al final se visten de delincuencia organizada para evitar que sus castigos sean mayores.

La discusión y el intercambio de ideas entre los asistentes discurrieron en un ambiente fraterno, sin escapar de los eternos debates y las precisiones en exceso. En reiteradas ocasiones se mostró la indignación por el caso de Gustavo Salgado Delgado, activista morelense que fue salvajemente asesinado y cercenado de manos y cabeza en Ayala, Morelos. Él fue secuestrado al salir de una asamblea con jornaleros que luchan por vivienda. ¡También fue el estado!, señalaron los miembros de su organización, responsabilizando al gobierno perredista de aquella entidad.

Mientras se desarrollaba la Convención en Tixtla Guerrero, pobladores de la comunidad de Petaquillas –en las inmediaciones de Chilpancingo– retenían 5 camiones de policía federal en demanda de la liberación de dos policías comunitarios del Valle del Ocotito. Con la atención puesta en este hecho fueron constantes los llamados a solidarse con la policía comunitaria de Petaquillas, surgida apenas unas semanas antes, así como con el Sistema de Justicia Comunitario implementado por diversas comunidades en la Montaña y Costa Chica del estado.

En lo general, la Convención se sumó a los cinco ejes planteados por familiares y normalistas:

1. Presentación con vida de los alumnos desaparecidos
2. Castigo a los culpables
3. Libertad a los presos políticos
4. No a las reformas estructurales del gobierno
5. Fuera Peña Nieto

¡Vamos con todo y contra todos! Petaquillas, Guerrero

Ubicada a pocos minutos de la capital de Guerrero, la comunidad de Petaquillas –perteneciente al municipio de Chilpancingo– con algo más de 7,500 habitantes, ha vivido una convulsa semana luego de la incursión de la policía comunitaria de las poblaciones vecinas –aglutinadas en el recién creado Frente Unido para el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG)– a petición de los pobladores que vivían en la zozobra, producto de la extorsión y el amedrentamiento de los diferentes carteles que se disputan el territorio.

Sólo 36 horas bastaron –desde la llegada de los grupos de policías comunitarios el día sábado 31 de enero por la madrugada, provenientes del valle de Ocotito– para realizar las primeras 18 detenciones, el decomiso de armas y 39 kilos de marihuana que eran trasladadas en un autobús de pasajeros de la ruta que va de Colotlipa hacia Chilpancingo. Entre los detenidos se encontraba un hombre identificado como policía estatal.

La constante aparición de grupos de autodefensa y policías comunitarias en el estado de Guerrero se ha diferenciado de lo ocurrido en Tierra Caliente, Michoacán en el año de 2013, sobre todo debido a la existencia de diversos proyectos político-organizativos, como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en sus diversas vertientes, la Policía Ciudadana y Popular en la Montaña alta, la UPOEG y, escindidas de ésta organización, las comunidades del corredor geográfico Chilpancingo-Juan R. Escudero-Acapulco, han creado el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero.

El día 7 de febrero nos dirigimos a la comunidad de Petaquillas. Luego de presenciar el impresionante operativo de la policía Estatal y elementos del ejército en la ciudad de Tixtla, una hora después de que un convoy de hombres armados arribaran a la ciudad en busca del alcalde perredista Gustavo Alcaraz Abarca. Este suceso se da una semana después de que el medio hermano del alcalde, José Luis Ortega Abarca, vinculado con el grupo de la delincuencia organizada conocido como Los Rojos y también director de la comisión de agua potable del municipio, fuera asesinado por un comando armado mientras acudía a una reunión con una organización de mujeres priístas.

Los uniformes verdes pueblan la carretera que va de Chilpancingo hasta Tierra Colorada, en apenas diez minutos de trayecto puede observarse una vasta presencia de militares a bordo de camiones y recién empieza el horizonte a despejarse de casas, un retén militar nos cuestiona nuestro destino y revisa rápidamente el auto.

Inmediatamente giramos hacia la izquierda y a lo lejos se ve el movimiento de gente en la comandancia de la policía municipal, tomada como cuartel por la policía comunitaria en proceso de conformación en los cuatro barrios de la comunidad de Petaquillas. En un comedor sobre la banqueta se sirve pozole a los policías que permanecen en guardia desde los primeros días de febrero, el mismo trato se da a los ciudadanos comunes que se mantienen al tanto ante cualquier intento de incursión de militares y criminales al territorio comunitario. En la parte alta del edificio se encuentran algunos de los detenidos durante los operativos.

Fuimos invitados a presenciar una asamblea en el barrio de San Agustín, con unas 40 personas reunidas en círculo a un lado de la «plaza de toros», en donde promotores y comandantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) del FUSDEG explicaban a los vecinos la propuesta de dicho sistema, la forma de organizar la estructura y los principios de reeducación comunitaria en contrapartida con la reclusión carcelaria. Al final invitaron a los ciudadanos a elegir representantes recomendando que estos fueran los más viejos y con mayor calidad moral para representar los intereses de la colonia. Diez representantes fueron elegidos, cinco mujeres y cinco hombres, para conformar –con los representantes de otras colonias– un consejo de la comunidad.

Más de dos horas de asamblea transcurrieron y llegó la noche, con ella los primeros policías comunitarios elegidos en el barrio de San Agustín por la asamblea de vecinos. Se invitó a toda la población para acudir a la asamblea general en la plaza, en donde se leyó un documento que sería entregado a representantes del estado y la federación tras una reunión sostenida el 10 de febrero en Acapulco. En la asamblea, los vecinos hicieron libremente el uso de la palabra para opinar sobre el documento, mientras que policías comunitarios provenientes del Valle de Ocotito, Palo Gordo y Xaltianguis, miembros del (SSJC) arribaban a la plaza.

Los principales puntos discutidos en la asamblea y señalados en el documento entregado al subsecretario de gobernación federal, Luis Enrique Miranda Nava y al delegado en Guerrero, Erick Castro Ibarra son: libre circulación de policías comunitarios en el corredor Acapulco-Tierra Colorada-Chilpancingo; designación del presupuesto que se destina a la seguridad pública en las comunidades donde opera el FUSDEG; y retiro de los militares y cese al hostigamiento a los policías comunitarios.

El magisterio en lucha

A lo largo de cuatro meses, los maestros del estado de Guerrero han sido uno de los pilares para el movimiento que lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas. La CETEG, con miles de maestros en sus filas, ha emprendido jornadas de lucha desde el año 2013, en contra de la reforma educativa que centraliza la nómina de los trabajadores de la educación y en el caso de Guerrero de maestros y administrativos afiliados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG). El atraso en el pago de 3 quincenas, así como el de aguinaldos y el desconocimiento de miles de puestos de trabajo, le ha causado al gobierno federal su primer choque del año con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Educación (CNTE) en la ciudad de México y el puerto de Acapulco, en donde miembros de la CETEG y el SUSPEG bloquearon el aeropuerto de uno de los destinos turísticos más importantes del país por más de 12 horas.

El 10 de febrero, en el puerto de Acapulco, más de diez mil maestros –encabezados por los familiares y normalistas de Ayotzinapa– marcharon por la costera Miguel Alemán para después trasladarse al aeropuerto en demanda de una mesa de trabajo con autoridades federales para resolver el pago de sus salarios y estabilidad laboral.

La inmediata respuesta del gobierno federal luego de la determinación de los profesores en sus exigencias pretende dar aíre al próximo proceso electoral, que en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas enfrenta focos rojos debido a la violencia desatada entre grupos del crimen organizado –en las primeras dos entidades– y del Estado hacia los movimientos sociales que se oponen al despojo de tierras, como en los casos de San Sebastián Bachajón (Chiapas) y Álvaro Obregón (Oaxaca), aunado al constante asesinato, desaparición y detención de luchadores sociales. La CNTE tiene su mayor base de apoyo organizada en dichos estados y su participación en el movimiento por Ayotzinapa –como parte de la ANP, quien se ha pronunciado por el boicot electoral– ponen a los profesores en una posición determinante si logran vincularse con las demandas de otros sectores de la población, como sucede en muchos de los casos.

El movimiento por la presentación de los normalistas, por verdad, justicia y castigo a los culpables de la masacre de Iguala, se ha convertido en un eje articulador del hartazgo de miles de mexicanos. El descontento abreva de los crímenes de Estado en todos sus niveles y al claro involucramiento con grupos de la delincuencia organizada, con quienes tiene una relación simbiótica a partir de los intereses económicos y de control de territorios que acaban reflejándose en el encumbramiento de personajes como José Luis Abarca y el cartel de Guerreros Unidos en los estados de Morelos y Guerrero. Las narco campañas están a punto de arrancar y los empresarios cierran filas con el ejército para preservar sus privilegios.

Al puro estilo orwelliano, los políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dan aires aristocráticos cada vez que logran desterrar las conquistas de clase que los mexicanos escribieron con sangre en la constitución del diecisiete. Los cerdos cambian las leyes para que al resto de los animales les quede claro que a pesar de ser todos iguales, unos son más iguales que otros y sólo a unos cuantos les corresponde acaparar y gozar de las bondades de la granja.

El 5 de febrero, al tiempo que miles marchaban en las calles de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, en la Ciudad de México un grupo de sacerdotes y activistas presentaron un proyecto para llamar a la conformación de una constituyente ciudadana. El obispo de Saltillo, Raúl Vera, llamó a una transformación pacifica de la sociedad. En el lanzamiento de esta iniciativa estuvo presente una comisión de Ayotzinapa, aunque, a pesar de ello, no ha logrado conectar en un primer momento con la lucha desatada en Guerrero. Por veredas diferentes, las luchas, tal vez, se irán entremezclado en la búsqueda de los mismos objetivos.

La Convención Nacional Popular fue convocada –en un principio– para discutir la vía de una nueva constituyente, se alejó del romanticismo de la fecha y se transformó en un primer acercamiento donde organizaciones y colectivos buscan dar respuesta ante la emergencia de que un nuevo proceso electoral legitime el despojo y la muerte por los próximos tres años. Con las familias y normalistas de Ayotzinapa al frente, el movimiento social con epicentro en Guerrero, cuestiona en los hechos, la vigencia de una Constitución cuyas enmiendas no alcanzan a cubrir las aspiraciones de la mayor parte del país.

Con el horizonte en procesos sociales como los desatados en Cherán (Michoacán), las comunidades autónomas zapatistas y las policías comunitarias, en Guerrero se busca la conformación de consejos populares en los municipios, en contrapartida al proceso electoral donde los partidos políticos se disputan el poder y los recursos del Estado. La presión ejercida por elementos de la gendarmería y el ejército en municipios como Tlapa y Ayutla –en donde el llamado de Ayotzinapa a la conformación de los consejos ha tenido mayor eco– ha sofocado la iniciativa, sin que ésta se haya abandonado aún. Lo significativo en la conformación de estas experiencias de autonomía municipal es la propuesta de una democracia diferente a la acostumbrada por los partidos políticos electoreros.

Una señal, como la manta colocada en 1903 por la redacción del Hijo del Ahuizote, a las afueras de sus oficinas, es la realidad que en Guerrero sale al paso de la élite política y empresarial del país, a quienes no caería mal leer los sentimientos que adormecen en la memoria del México de abajo:

Doloroso nos es causar al pueblo mexicano la merecida afrenta de lanzar esta frase a la publicidad: «La Constitución ha muerto»

¿Pero por qué ocultar más la negra realidad?

¿Para qué ahogar en nuestra garganta, como cobardes cortesanos, el grito de nuestra franca opinión?

Cuando ha llegado un 5 de febrero más y encuentra entronizada la maldad y prostituido al ciudadano; cuando la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita. ¿Para qué recibir esta fecha, digna de mejor pueblo, con hipócritas muestras de alegría?

La Constitución ha muerto, y al enlutar hoy el frontis de nuestras oficinas con esta fatídica, protestamos solemnemente contra los asesinos de ella, como escenario sangriento al pueblo que han vejado, celebren este día con muestras de regocijo y satisfacción.

Artículo La Constitución ha muerto, publicado en «El Hijo del Ahuizote»,  8 de febrero de 1903.