Los días transcurren desesperados, los familiares de los normalistas confían que la presión ejercida por todos los mexicanos sea la que obligue al gobierno a entregar a los estudiantes vivos y así despertar de esta pesadilla. Cuatro meses de incertidumbre pesan en el movimiento, tras todos estos días de una búsqueda intensa, de caminar por cerros y veredas, de gritar hasta el hartazgo a los muros sordos del gobierno, de llorar y apretar los puños para pedir al vacío que los devuelvan como se los llevaron, vivos.
Porque si de algo estamos seguros hasta este momento es que ellos se los llevaron, policías municipales que operaban para el cártel Guerreros Unidos, auspiciados por un presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Que la policía federal los monitoreaba desde su salida de la normal y a su paso por Chilpancingo rumbo a Iguala. Que los militares los amenazaron y cazaron en las inmediaciones del hospital Cristina, ubicado en la avenida Juan N. Álvarez en las cercanías del 27 batallón de infantería, que los mismos militares los sacaron de las casas de la zona, donde los jóvenes se escondieron de los ataques. Que la versión ofrecida por el gobierno federal, a través de su procurador Jesús Murillo Karam, no tiene asidero científico y exime de cualquier responsabilidad a las instituciones de seguridad, señaladas por las familias de los normalistas desaparecidos y los jóvenes estudiantes sobrevivientes a los ataques como posibles responsables.
Fotografía: José Aureliano Buendía
Con la dignidad por escudo
En la tarde del día 14 de enero, 5 autobuses partieron de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con dirección a la ciudad de Iguala, para realizar una búsqueda ciudadana, como las realizadas en el mes de octubre por la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), esta vez convocada por las madres y padres de familia de los normalistas desaparecidos. Ante la falta de resultados convincentes por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), quien atrajo el caso luego de 10 días de ocurridos los hechos y se ha negado a atender cualquier línea de investigación que implique a la policía federal y al ejército, pese a los indicios de la participación de estas instituciones del Estado mexicano en la masacre y desaparición de los normalistas.
Padres y normalistas fueron acompañados por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) integrantes de la casa de justicia de San Luis Acatlán; maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provenientes de Michoacán, Oaxaca y Guerrero; policías ciudadanos de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) provenientes de Temalcatzingo y parte de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia Ciudadana (CRSJC); comuneros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota así como estudiantes provenientes de diversas universidades de la Ciudad de México, escuelas Normales del Estado y organizaciones integrantes de la Asamblea Nacional Popular.
Los preparativos de la búsqueda retrasaron la salida –planeada para el 10 de enero–,el cabildeo entre padres y comunitarios para definir la estrategia a seguir, así como las reuniones con los guías que trazarían las rutas fueron el preámbulo para el arribo a la ciudad de Iguala. La recepción de las brigadas de búsqueda fue en el Centro Regional de Educación Normal (CREN) en donde pernoctaría el centenar de voluntarios para peinar diversas colonias de la periferia, dando cobertura a las madres de familia que casa por casa entregaron volantes, suplicando cualquier información que les ayude a saber qué pasó con sus hijos. Otro grupo conformado por padres y policías comunitarios visitarían comunidades y rutas señaladas como posibles lugares en donde podrían tener retenidos a los jóvenes normalistas, el objetivo fue entrevistarse con autoridades y gente de las comunidades cercanas a Taxco, Tepecoacuilco y Tetelilla.
El jueves 15 por la mañana un grupo de padres visitaría a las radios locales, ABC, XEIG-AM La Grande y La Z para dar un mensaje en donde avisaban a los igualtecos sobre la búsqueda ciudadana y solicitaban su colaboración.
Fotografía: José Aureliano Buendía
La búsqueda se realizó sin armas, solo algunos machetes colgaban a las espaladas de los caminantes que recorrieron las colonias San Miguel y San Francisco al norte de la ciudad e Iguala. Al bajar de los autobuses el ánimo de los contingentes los hizo realizar una marcha entre las últimas casas al norte de la ciudad, pronto no tuvo sentido gritarle a los cerros y empezó la caminata de más de 3 horas.
A lo largo del trayecto los autobuses eran seguidos por una motoneta y un auto tsuru blanco hasta la llegada a San Miguelito, como lo llama una de las guías, quien nos platica: «Todos saben que la ciudad está llena de sicarios, nos tienen rodeados, porque están en todos los cerros, muchos de los muchachos que andan vendiendo tortillas en las motos son halcones».
No faltó ver a más de tres motos vendiendo tortillas cerca de nosotros en la primera parte del trayecto.
Antes de entrar a los caminos de terracería que se desparraman en los cerros, la vista en una colina nos permite observar el lugar conocido como monte Horet, donde en mayo pasado se encontraron fosas con más de 19 cuerpos. El guía, un hombre de unos 70 años –quien guarda el machete a su alcance– nos habla de que en el lugar vive un integrante de Guerreros Unidos, detenido hace un par de meses y a otro de ellos lo asesinaron hace poco. Los grupos se dividen en tres columnas y recorren los lugares en donde los guías creen que pudo haberse entregado a los estudiantes a sicarios del cártel.
El cinturón de miseria que rodea a Iguala ha sido el caldo de cultivo para una pesadilla como la ocurrida el 26 y 27 de septiembre pasados; por ejemplo, en lo que antes fuera una zona agrícola ejidal, la adquisición de lotes en los cerros ha proliferado como una opción para todos aquellos marginados de la urbe y los servicios básicos. «El volverse sicarios fue una manera de venganza que los marginales de nuestra sociedad han encontrado». Nos dice con sorprendente lucidez una maestra igualteca, quien nos explica cómo de este lugar han salido más de 400 familias en los últimos años, por lo incontenible de la violencia, de esa que ocupa territorios y los vuelve un tiradero de muertos, campos de cultivo vueltos fosas clandestinas, que con el paso de los meses, han salido a luz luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En esta, la otra cara de la moneda en el negocio del narcotráfico, lejos de la plaza Tamarindos –propiedad de José Luis Abarca– la gente se mantiene con miedo, todos aceptan los volantes y escuchan atentos las palabras que salen de las madres de familia, venidas de otros municipios de Guerrero, pero pocos son los que se atreven a cruzar palabra. Estar atentos a las señales, a las palabras susurradas, es la indicación para los que caminan y buscan.
Una mujer lo deja en claro: «Nosotros no oímos, no vemos, no hablamos, por eso seguimos aquí».
Una vez de regreso a Loma de Zapatero, en donde esperaban los autobuses, se pudo ver por el telefoto de una cámara a un grupo de hombres vestidos de negro a unos metros por donde había pasado una de las columnas del contingente.
Fotografía: José Aureliano Buendía
Los tíos de Adán Abraján de la Cruz se encontraron presentes en la búsqueda en las inmediaciones de Iguala, mientras su padre hacía lo propio en la brigada que partió con los comunitarios, en donde el peligro era mayor. Provenientes de Tixtla, tuvieron que abandonar sus labores diarias en una panadería familiar para salir a buscar a su sobrino, por lo que están atentos a cualquier indicio que pueda a ayudar a saber lo que en verdad paso aquel horrible día.
La madre de Benjamín Ascencio Bautista, originario de Ahuacuotzingo, también caminó por horas, repartiendo un volante en dónde explica quién es su hijo: «Hizo el bachilleres en la cabecera de Ahuacuotzingo donde egresó en julio de 2013. Trabajó un año como maestro en CONAFE en comunidades indígenas de Hueycantenango. En su pueblo de manera voluntaria enseñaba a leer y escribir a los adultos mayores. Ingresó a la Normal en agosto pasado, sus compañeros lo recuerdan por su vocación de maestro –le gusta estudiar, incluso él se pone en frente de nosotros y lee el libro, provoca la discusión sobre el tema que está planteando– el compañero es amable y respetuoso».
La señora Bertha Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, siempre al frente de la columna, no pierde la esperanza de encontrar con vida a los muchachos, «Vamos a seguirle hasta encontrarlos… Al que no tiene a sus hijos en estas condiciones no les duele como a nosotros».
Fotografía: José Aureliano Buendía
El día viernes 16, la operación se repitió, ahora en los asentamientos conocidos como Cielo de Che Guevara y Ernesto Che Guevara, lugares en donde difícilmente puede encontrarse una traza regular. Se recorrió el camino a Pueblo Viejo, donde en meses anteriores se han encontrado decenas de fosas por parte de los grupos de policías ciudadanos de la UPOEG. En el camino encontramos lo que parecía ser una fosa, se optó por no abrirla y solo registrar el lugar para realizar luego la denuncia ante alguna instancia de gobierno. En el mismo camino se llegó a una casa de dos pisos, gran parte de ella se encontraba en obra negra y parecía abandonada hace poco, fotos de quinceañeras en el interior, un par de borregos cimarrones merodeando el lugar y alambre de púas en la primer planta la hacía desentonar del entorno de pobreza en el que se encuentra. El rastro de objetos quemados de manera furtiva en la entrada daban la impresión de que a alguien le urgía que no se encontrara ningún rastro de quién usó y para qué fue usada está casa. Entre los objetos que no fueron consumidos por las llamas, había tarjetas de presentación de funcionarios municipales, recibos de dinero de poco monto y monedas peruanas. Nada que refiriera de manera directa a los normalistas.
La búsqueda tuvo que ser interrumpida el día 17 debido a la amenaza de grupos armados que habrían llegado a los lugares, en donde la brigada integrada por comunitarios y padres de familia estuvieron horas antes, además de la retirada de policías comunitarios de la casa de justicia de San Luis Acatlán. Por lo que los voluntarios de las organizaciones sociales se trasladaron a la sesión de la novena Asamblea Nacional Popular, realizada en la Normal de Ayotzinapa.
Fotografía: José Aureliano Buendía
La única elección que hay en Guerrero está entre ser asesinado, desaparecido o preso
Luego de la búsqueda ciudadana, con todas sus dificultades, los padres de familia se reintegraron a las actividades que llevan arrojándolos de las oficinas del gobierno a los cerros y cuarteles, y de ahí a las calles, intentando solamente tener de vuelta a sus hijos. El reflujo del movimiento pesa, sobre todo, luego de las grandes movilizaciones realizadas en noviembre y diciembre pasados, sin embargo, es acuerdo de la Novena Asamblea Nacional Popular respaldar con toda su fuerza la movilización del día 26 de enero, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas.
Mientras tanto, en el estado de Guerrero, maestros integrantes de la CETEG y estudiantes que apoyan la lucha de los padres y normalistas de Ayotzinapa, realizan el retiro de la propaganda electoral que ya empieza a inundar las calles. Como parte del acuerdo de impedir que se realicen elecciones en el estado mientras no estén de vuelta los estudiantes desaparecidos.
Con la irrupción en los centros de capacitación y las oficina del Instituto Nacional Electoral (INE), maestros y organizaciones se han convertido en un piedra en el zapato para el gobierno de Rogelio Ortega y para los grupos de poder en su conjunto, que pretenden hacer ver a las elecciones como la quintaescencia de la democracia en nuestro país, donde los muertos siguen a flor de piel, con la aparición de más y más fosas clandestinas o los asesinatos desbocados en ciudades como Acapulco y Chilapa.
A sabiendas de que la repartición del poder en Guerrero se sigue dando entre los caciques de siempre –ahora a través de sus hijos–, se busca la confrontación entre ciudadanos, como lo muestran las declaraciones del gobernador interino, que azuza a la población a enfrentar a los «encapuchados», avivando así el clima de violencia y confrontación que en el estado de Guerrero, como en muchas otras partes del país, crea delitos para tener en la cárcel a cientos de presos políticos por su oposición a este régimen de muerte y destrucción.