Las siete piezas del rompecabezas Loxicha. El derecho al revés: la situación jurídica de Álvaro Sebastián Ramírez

Por: Colectivo La Voz de los Xiches, Veredas Autónomas, SubVersiones AAC y Centro de Medios Libres

Fotografía: Veredas Autónomas

Érica Sebastián, Tony Luna Henríquez y Leonardo Hernández Martínez, familiares de los presos loxicha sosteniendo un diálogo informativo. Fotografía: Veredas Autónomas

En México el derecho sirve al revés: para proteger a los criminales y perjudicar a los que abogan por la justicia. Álvaro Sebastián Ramírez y los demás presos loxichas abogan por la justicia y por abogar por la justicia están presos injusta e ilegalmente desde hace 17 años.

No sólo en México el derecho se usa al revés, sino que en la mayoría de los casos los criminales son los mismos quienes hacen las leyes para destruir la libertad y la vida digna de los pueblos. Los pueblos por otro lado hemos resistido de muchas maneras diferentes. Resistimos los abusos cotidianos de las autoridades en nuestra contra, resistimos buscando cambiar esas leyes que nos oprimen y, sobre todo, construimos otras relaciones sociales basadas sobre nuestra propia ley y nuestro propio orden, expresando nuestra idea de justicia. Luchamos para que estos espacios de libertad sean legítimos, más allá de la ley de ellos. Luchamos para deslegitimar la injusticia que ellos cometen en nombre del Estado de Derecho.

El caso de Álvaro Sebastián Ramírez está en la médula de estas contradicciones. Entender su caso jurídico, que no se puede separar de su sufrimiento y su lucha, nos permite develar con mayor claridad la injusticia y la ilegalidad que son los pilares, y no meros accidentes aislados, del sistema político-jurídico mexicano.

Antecedentes

El día 29 de agosto del año de 1996 un grupo rebelde, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) sorprende a Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, atacando las instalaciones de Infantería de Marina, de la Policía Preventiva del Estado, de la Policía Judicial del Estado, de la Policía Judicial Federal y de la Policía Municipal.  Del ataque resultaron muertas 9 personas: tres marinos, dos policías preventivos del estado, un policía municipal y dos civiles, además de un marino fuera de la zona de combate.

A raíz de este ataque empieza una ola de represión en toda la región loxicha, región indígena zapoteca localizada en el distrito de Pochutla, al sur del estado. Tres bases militares de operaciones mixtas ocuparon militarmente la vida comunitaria de la región, y con ellas detenciones extrajudiciales masivas, cateos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura,  delitos sexuales, hostigamiento y amenazas de muerte, llegaron a instalar el miedo.

De las cientos de personas que en un primer momento fueron detenidas, hoy, 17 años después quedan 7 presos, cuyas historias buscamos hacer salir de los muros de las cárceles y del miedo con la primera pieza de este rompecabezas. Sus nombres: Justino Hernández José, Eleuterio Hernández García, Agustín Luna Valencia, Fortino Enríquez Hernández, Zacarías Pascual García López, Abraham García Ramírez y Álvaro Sebastián Ramírez, éste último, perteneciente a “La voz de los zapotecos xiches en prisión”,  adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona e integrante de la Red contra la Represión y por la Solidaridad.

Érica Sebastián y Roco en el concierto Baile de la Dignidad Rebelde el pasado 22 de junio de 2013 Fotografía: veredas Autónomas

Érica Sebastián y Roco en el concierto Baile de la Dignidad Rebelde el pasado 22 de junio de 2013
Fotografía: veredas Autónomas

El caso de Álvaro

En este contexto de represión, en la mañana del día 15 de diciembre el profesor Álvaro Sebastián Ramírez fue detenido por el grupo especial de la Policía Judicial del Estado y llevado a una  cárcel clandestina, donde fue torturado física y psicológicamente durante 11 días (15 al 26 de diciembre de 1997). En la madrugada del 26 de diciembre fue llevado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se mostró con un médico a quien no le preocuparon las lesiones infringidas durante la tortura, de ahí fue llevado en una patrulla al Reclusorio Regional de Etla, Oaxaca en donde ingresó a las 3 am.

Homicidio Calificado, Lesiones Calificadas, Tentativa de Homicidio, Privación Ilegal de la Libertad, Robo de Uso, Robo, Daño en Propiedad Ajena, Acopio de Armas, Terrorismo, Conspiración y Asociación Delictuosa: son los delitos bajo los cuales el día 5 de enero de 1998 se le dictó auto de formal prisión a Álvaro por su presunta participación en el ataque del 29 de agosto en Santa Cruz, Huatulco.

El 30 de abril de 1998, cuatro meses después, se modificó el auto de formal prisión, reduciendo su acusaciones a los delitos de Homicidio Calificado  (de 8 personas muertas en el combate adentro de la zona de combate), Tentativa de Homicidio, Terrorismo y Conspiración, delitos que fueron confirmados y de los cuales se reconocía a Álvaro penalmente responsable en la sentencia condenatoria que dictó el Juzgado Octavo de Distrito el 28 de enero de 2000.

A partir de esta sentencia, se desprende una cuenta larga de años, durante los cuales Álvaro presentó una serie de apelaciones y peticiones de juicios de amparo y que terminaron el 10 de octubre de 2012 con la sentencia definitiva del primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, que absuelve a Álvaro por los delitos de Terrorismo y Conspiración y lo condena a 27 años de prisión por los delitos de Homicidio Calificado y Tentativa de Homicidio.

La ilegalidad del proceso legal: 16 años en la cárcel por una acción que no es delictiva

Álvaro lleva poco más de 16 años preso, en ese tiempo se han violado sistemáticamente sus garantías  de debido proceso  ya que, no sólo fue detenido arbitrariamente y sin orden de aprehensión, sino que también fue aislado, se le arrancaron declaraciones bajo tortura y su libertad ha estado privada en todo este tiempo. No respetar el debido proceso es una razón suficiente para el Estado Mexicano para liberar a sus criminales, como por ejemplo en el caso de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal. Pero en este caso no parece ser razón suficiente para liberar a los presos loxicha.

Durante estos años de prisión Álvaro  se ha defendido de acusaciones que en un principio implicaban 11 delitos. Actualmente habiéndose demostrado su inocencia respecto de nueve, permanece en prisión pese a haber demostrado su inocencia de los otros dos, rechazando desde el principio, o mejor dicho después de las declaraciones que le arrancaron bajo tortura, haber participado en los actos de los que lo acusan.

Pero más allá de su inocencia o culpabilidad, la estrategia de lucha que Álvaro escogió en el aspecto jurídico hace énfasis en que los actos de los cuales se le acusa no son delictivos en el contexto determinado. De esta manera demuestra la ilegalidad de su encarcelamiento, que se mantiene en un estado de excepción y discriminación.

Álvaro se encuentra actualmente en prisión por los delitos de Homicidio Calificado y Tentativa de Homicidio, que habrían sido cometidos en el contexto de un ataque armado de un grupo rebelde: el ataque del EPR en Santa Cruz, Huatulco el 29 de agosto de 1996. Los mismos juzgadores describen así el contexto:

“De las declaraciones referidas se desprende que elementos del Ejército Popular Revolucionario planearon derrocar al Gobierno y crear una nueva Constitución, para lo cuál se hacía necesario levantarse en armas…por lo que se decidieron a  atacar las diversas corporaciones policíacas  y de los marinos”[1]

En esta afirmación los juzgadores describen el ataque como un acto rebelde, ya que para considerar a un acto como rebelde, según el artículo 132 del Código Penal Federal, éste debe ser un acto de civiles que buscan “derrocar al gobierno y crear una nueva constitución”.  Lo mismo se corrobora con el hecho que trasciende al dominio público, que Jacobo Silva Nogales “Comandante Antonio”, en ese entonces miembro de la comandancia del EPR, fue sentenciado por rebelión por su participación en el Ejército Popular Revolucionario. Si él es considerado un rebelde, el grupo en conjunto es un grupo rebelde, y así cada uno de sus integrantes.

El Estado Mexicano ha considerado a Álvaro como un integrante de ese grupo, insiste en dar por acreditado ese hecho, no importándole si en realidad lo era o no. Álvaro debió ser considerado un rebelde de cualquier forma.

Y ¿porqué es importante que Álvaro deba ser considerado como rebelde?

Porque el artículo 137 del Código Penal Federal afirma que “Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate, pero de los que causen fuera del mismo, serán responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten.”

Según la ley mexicana, los participantes de un acto considerado rebelde no pueden ser acusados por homicidio o lesiones que resulten de un combate, por lo cual los actos que le imputan a Álvaro no son constitutivos de delito alguno en el contexto de los hechos. Álvaro entonces no debería estar encarcelado.

Sin embargo, los jueces afirman que Álvaro nunca fue acusado del delito de rebelión y que no se le puede juzgar por un delito del que no se le acusó. A pesar de no haberlo acusado de rebelión, siempre lo han tratado jurídicamente como participe de un acto rebelde, al mismo tiempo le han sentenciado como un delincuente común. Aquí la incongruencia del sistema de justicia mexicano que usa las leyes según su conveniencia.

Álvaro Sebastián Fotografía: Archivo familiar

Álvaro Sebastián
Fotografía: Archivo familiar

La prisión política

¿Por qué no ha sido liberado Álvaro Sebastián Ramírez?

Como ya lo resaltó el Subcomandante Insurgente Marcos relatando las palabras de un funcionario gubernamental sobre caso de Alberto Patishtán (preso político chiapaneco), el problema es que “si liberamos a Patishtán sería una mala señal por partida doble: evidenciaríamos que el sistema judicial es una mierda, y alentaríamos la lucha por la libertad de otros presos. Es algo que no nos conviene desde ningún punto de vista. Mejor esperar a que se cansen quienes están haciendo ruido con eso.”[2]

Pero como responde el Sub, “ya sabemos que el sistema judicial es una mierda y también sabemos que quienes luchan por la libertad de l@s pres@s polític@s nunca nos vamos a cansar”.

De la misma manera, hay que poner atención a las respuestas que el propio Álvaro da para poderse explicar las causas de su encarcelamiento ilegal: “…la única explicación plausible es que por alguna razón se me discrimina. Esto es porque en mi persona se reúnen características que suelen ser motivo de discriminación en México, como la de ser indígena, la de ser un disidente político, la de ser un luchador por la autonomía de los pueblos indios, o la de haber sido considerado miembro de un grupo rebelde”.

Y finalmente no hay que olvidar que la prisión política es un arma del gobierno para debilitar las luchas, ya que cuando se tiene un preso hay que dedicar una inmensa cantidad de tiempo, recursos y emociones para resolver esa situación, restándole energía a la construcción de alternativas. La prisión política además, y el caso de los loxichas en particular, ha servido como botín político de esas organizaciones que juegan a la lógica del poder, creándose alrededor del caso un ambiente de división política muy complejo que el gobierno aprovecha.

Por todas estas razones Álvaro sigue en la cárcel.

En este momento nos enfocamos en su caso particular, pero no podemos olvidar los casos de los otros seis presos loxicha y de todos los presos políticos en México y en el mundo, que de igual manera están encarcelados por razones injustas y por el mero hecho de luchar, con procesos jurídicos que se salen del marco de la ley.

Siete presos arrancados de sus comunidades, de sus familias, de sus vidas. Siete presos que faltan. Siete presos que en días pasados fueron robados de su hogar en una celda que habitaron durante 16 años, siete presos que de nuevo fueron desaparecidos, torturados y alejados aún más de sus familias. Fueron llevados al CEFERESO de Miahuatlán, estando en calidad de desaparecidos por más de dos semanas, y después fueron vueltos a trasladar, pero ahora hasta el penal de alta seguridad de Tabasco.

Siete símbolos de la injusticia y del terrorismo de estado del Estado Mexicano.


[1]   Sentencia del 29 de agosto de 2009.

[2]   L@S CONDISCÍPUL@S II. Faltan l@s: L@S PRES@S POLÍTIC@S.

favicon

 

Sobre la serie “Las siete piezas del rompecabezas loxicha”

La historia de los presos loxicha se encuentra en un mar de dudas y caos controlado por las mismas instancias de gobierno y de los medios de comunicación masiva. Los medios del poder siguen llenando de obscuridad lo que entendemos como un acto ilegal e insoportable, la prisión política en este país se esconde debajo de un discurso de miedo y de falsas hipótesis que arrastran a seres humanos con nombre, rostro, dignidad e historia.

Con esta convergencia de medios buscamos desanudar y desenmarañar una parte de esta historia de lucha y represión e iluminar la vida y el recorrido de resistencia de nuestras compañeras presas políticas. Nuestro territorio político y ético parte del consenso y de nuestra adherencia a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Luchar con un preso político es luchar por la libertad, libertad de todas y todos los que queremos un mundo donde quepan muchos mundos.

Buscamos amplificar la voz del preso político Álvaro Sebastián Ramírez y de sus familiares adherentes a la Sexta, buscamos resaltar la historia y la lucha de los siete presos políticos loxicha, buscamos articular con otros familiares de presos políticos para crear canales autónomos de diálogo rebelde.

¿Qué opinas?