Llegamos junto con la brigada de solidaridad que visitaba al preso político Álvaro Sebastián. Eran como las nueve de la mañana cuando nos vieron tomar fotografías del penal y policías del reclusorio salieron inmediatamente a decirnos que no podíamos hacerlo. Tiempo después vieron al conjunto de la brigada y decidieron hablar con sus superiores para comentar la situación, es así como se le permitió el acceso a Erika Sebastián Luis –hija de Álvaro– y es la única forma en que se les tratado con dignidad, pues si los familiares van solos, no les atienden.
“Desde las nueve de la mañana hasta como a las dos de la tarde estuvimos en la sala de espera, me dijeron que iban a hacer la excepción porque no querían a la prensa”, comenta la hija del preso político al salir de su visita.
Sebastián Ramírez es un indígena zapoteco que lleva más de 17 años preso en cárceles de mediana y alta seguridad, sentenciado a 27 años de prisión por delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, no obstante, los familiares y abogados han demostrado jurídicamente que este tipo de delito no le es aplicable, pues su detención fue en un contexto de rebelión, como lo tipificaron en un primer momento las diferentes instancias de gobierno y que después dieron un giro hacia otro punto, contradiciendo su propia línea de investigación.
Si a este preso político se le hubiera aplicado el delito de rebelión, él ya estaría libre, pues el artículo 133 del Código Penal Federal dice lo siguiente: “Las penas señaladas en el artículo anterior se aplicaran al que residiendo en territorio ocupado por el gobierno federal, y sin mediar coacción física o moral, proporcione a los rebeldes, armas, municiones, dinero […] la prisión será de 6 meses a 5 años”.
El preso político Álvaro Sebastián, junto a otros 6 presos en las mismas condiciones, desde su detención, ha sufrido un proceso de tortura física y psicológica. Hoy, en este Centro de Readaptación Social, continúan viviendo un proceso de despersonalización y no tienen condiciones favorables que permitan cultivar el lado humano de cualquier preso, sea político o no.
“Han salido muertos de aquí. El 10 de diciembre sacaron a uno y así hay varias personas que se están dejando morir, porque no comen, o porque están enfermos y no los atienden. Hay moribundos de una edad de 70 a 50 años, me comentó mi padre” sostiene Erika Sebastián.
Este nuevo modelo penitenciario tiene como objetivo principal un tratamiento individualizado de carácter progresivo y técnico acorde a su nivel de custodia e intervención, con la lógica de readaptar a los presos en una vida común, según el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012. No obstante, las denuncias de los familiares han sido en torno a un proceso de despersonalización y de exterminio, pues se encuentran aislados en sus estancias -así le llaman a las celdas-, con luz artificial durante las 24 horas, con alimentos de pésima calidad y sin espacios de recreación.
“Si realmente fuera un espacio de readaptación, la gente no se estaría dejando morir. En un primer momento había diez doctores, actualmente sólo uno atiende a los presos. Desde el mes de diciembre mi padre solicitó que lo atendieran por un problema que está teniendo en el oído, y después de tres peticiones no lo han atendido” agrega la hija de Álvaro Sebastián y en ese mismo sentido, a petición de su padre, denuncia la situación de otro preso que conoció en esta prisión: “Teófilo López Vengas se está dejando morir, porque no come y porque no le dan sus medicamentos, ya que es diabético”
Los familiares y amigos que formaron esta brigada regresaron con ánimos de continuar su lucha por la liberación de Álvaro Sebastián, porque él se muestra con mucha vitalidad y confianza en la solidaridad nacional e internacional, así como de sus compañeros de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona a la cual es adherente.
