Cuatro meses han pasado

La cita es frente al comedor, a las dos de la madrugada. Los estudiantes se forman, esperan el camión que los llevará a la Ciudad de México para participar a la octava jornada de movilización internacional «Acción global por Ayotzinapa». Nadie habla abiertamente de eso, pero todos saben que al salir de la Normal Rural, nadie les garantiza que llegarán a su destino, nadie les asegura que no les pasará lo que le pasó a sus compañeros, asesinados y desaparecidos en la fatídica noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Raúl Zibechi, en su artículo La masacre como forma de dominación, escribe que «no estamos ante excesos policiales esporádicos, sino ante un modelo de dominación que hace de la masacre el modo de atemorizar a las clases populares para que no se salgan del libreto escrito por los de arriba […]». El periodista uruguayo tiene razón, «la lucha sigue» pero los acontecimientos de Iguala se han vuelto un ejemplo, un asunto que despierta un terror sin nombre ni rostro, el terror de saber que al salir de tu casa, o de tu escuela, podrías no regresar, nunca, y no importa cuanta gente pedirá justicia por ti. El «caso Ayotzinapa» lo demuestra: cuatro meses han pasado, el mundo entero se ha movilizado, pero los estudiantes no aparecen, ni vivos, ni muertos.

La versión oficial, la «búsqueda loca» y las razones de los padres de familia 

A nivel nacional el asunto empezó a complicarse casi en seguida y no porqué desaparecieron 43 jóvenes: en un país que cuenta con más de 30,000 desaparecidos, no asombraría si nadie se hubiera preocupado de un puñado de estudiantes levantados por unos policías al sueldo del crimen organizados. Sin embargo, en esta ocasión, a unos días de los acontecimientos se movilizó la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la Federación de Estudiantes y Campesinos Socialistas de México (FECSUM), la Sección 22 de Oaxaca, el Frente Unido de Lucha FUL-APPO, habló el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), las Milicias Populares, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo(FAR-LP) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Luego, alguien involucró al padre Alejandro Solalinde, le filtró informaciones –aparentemente verdaderas–, el padre las difundió y el ruido mediático se amplificó. Periódicos y televisiones empezaron a interesarse, aparecieron reporteros procedentes del otro lado del mundo, la sociedad civil internacional se enteró y «todos se volvieron Ayotzinapa». Las noticias acerca de la suerte de los 43 empezaron a recorrer frenéticamente todos los medios de comunicación.

Basándose en las declaraciones de los policías municipales involucrados y de algunos integrantes del cártel Guerreros Unidos (GU) detenidos, el gobierno mexicano construyó la versión oficial según la cual el ex-alcalde de Iguala José Luís Abarca ordenó a la policía municipal interceptar a los normalistas para evitar que sabotearan un acto político de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Luego, estos mismos policías habrían entregado los estudiantes a GU, que a su vez los habrían confundido con miembros del grupo rival Los Rojos, los habrían matado y habrían desaparecido sus restos. Esta versión, procedente directamente del crimen organizado, fue por un lado obviamente confirmada por cada delincuente que caía asegurado a la justicia y, por el otro, rotundamente rechazada por los padres de las víctimas que desde el principio denunciaron incongruencias y contradicciones. Así, a pesar de las peticiones de las familias de abrir otras líneas de investigación, ésta fue la única a que se le dio seguimiento y el gobierno empezó una «búsqueda loca» de los estudiantes muertos.

Una fosa clandestina emergió en Iguala, luego otras en Cocula, luego vino el basurero municipal, luego el río San Juan, luego el Balsas. Entre las varias opciones posibles, el gobierno por fin escogió la calcinación en el basurero y la desaparición de los restos en el río San Juan. El 7 de noviembre, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam declaró públicamente estos supuestos avances en la investigación. Sin embargo, el equipo argentino –los únicos forenses aceptados por los familiares debido a su independencia– afirmó en seguida que no había certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río correspondieran a los del basurero: ellos no estuvieron en el levantamiento y las bolsas que les entregaron estaban abiertas. Pasó el primer mes.

Los familiares de los desaparecidos –siempre rechazando la versión oficial– siguieron pidiendo que se cumplieran los acuerdos firmados el 10 de octubre, cuando en un encuentro con el titular de la secretaría de gobernación (SEGOB) Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador Murillo Karam y el jefe de la oficina de la presidencia de la república, Aurelio Nuno Mayer, la SEGOB asumió el compromiso de presentar un nuevo plan de búsqueda en qué el gobierno se comprometía a buscar los estudiantes vivos.

Sin embargo, como refiere el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (que asiste legalmente las víctimas) los padres denunciaron que no hubo trabajo de inteligencia, de reconocimiento previo de los lugares ni de aseguramiento de las zonas, que los policías llegaban a un poblado y sólo se limitaban a recorrer una o dos calles para regresarse en seguida, negándose a caminar y evitando los puntos de difícil acceso. Ofrecían vuelos en helicóptero y tomas fotográficas, pero su búsqueda era simulada y superficial. El único operativo que contó con un remarcable número de efectivos fue una expedición al lugar indicado por otro presunto sicario de GU, que durante una borrachera indicó una supuesta 3Cueva del Diablo como paradero de los normalistas. Quién estuvo presente, habla de esta operación anfibia como una de las más extrañas que se hayan visto en Guerrero y comenta que si la misma cantidad de elementos policíacos que se ocuparon para darle seguimiento a las palabras del sicario se hubieran ocupado para seguir las pistas de los padres de los normalistas talvez se habría podido lograr algo más efectivo. La única cosa cierta, de hecho, es que el resultado de las dos búsquedas, con y sin vida, fue idéntico: nada. Pasó el segundo mes.

El 6 de diciembre Murillo Karam declaró que, con base en los datos establecidos por la Universidad de Innsbruck en Austria, un pequeño hueso contenido en una de las bolsas recuperadas en el río San Juan correspondía al normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes. Los restos, de hecho, habían salido a Austria en la mitad de noviembre, después que el equipo argentino había informado no tener identificaciones entre los 39 cuerpos recuperados en las fosas de Iguala y el perfil genético de los desaparecidos. Para el procurador general de justicia esta prueba científica confirmaría la versión gubernamental. Sin embargo, el 12 de diciembre el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador del Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde Vélez, maestro en Ciencias de Materiales e profesor investigador de la UAM-Azcapotzalco, dieron a conocer los resultados de un estudio independiente que los llevó a definir imposible que los cuerpos hubiesen sido quemados en el basurero de Cocula.

Excluyendo la hipótesis gubernamental, que definieron como «fantasía», los científicos plantearon la posibilidad más concreta de un horno crematorio moderno y, basándose en sus cálculos, sugirieron ulteriores líneas de investigación, como por ejemplo, averiguar qué funerarias y hornos hay en la región y cuáles consumieron gas en cantidades adicionales a las cuotas usuales que pueda explicar una cremación de 43 cuerpos. El 15 de diciembre el semanario Proceso publicó una investigación periodística, realizada con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley que, con base en testimonios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales, demuestra que el ataque fue orquestado y ejecutado por la policía federal, con la complicidad y colaboración del ejército. Por cierto, ni las recomendaciones de los académicos ni los nuevos elementos aportados por los periodistas fueron tomados en cuenta por la PGR. Pasó el tercero mes.

El nuevo año empezó caracterizado por la tensión entre los familiares de los desaparecidos y las autoridades, crecida proporcionalmente a la frustración de ver la ineficacia del Estado transformarse en abierto ocultamiento de la verdad. Ya en la segunda mitad del mes de diciembre los familiares de los estudiantes, normalistas de Ayotzinapa y maestros de Guerrero se habían presentado a las puertas del 27 Batallón de Infantería del ejército en Iguala, para exigir que se abrieran las instalaciones y les dejaran buscar a los desaparecidos y para demandar que la PGR abra una línea de investigación sobre la participación de los militares en los hechos. El lunes 12 de enero la tensión se exacerbó y hubo un enfrentamiento que dejó a dos padres y diez estudiantes heridos. Desde este entonces sigue alta la tensión hacía los militares y urge una respuesta a la demanda de abrir los cuarteles para la búsqueda de los estudiantes. Tal vez por eso, el 27 de enero la PGR intentó por enésima vez asegurar que ya tiene la «certeza legal» de que los estudiantes fueron asesinados por sicarios del narcotráfico. Y eso a pesar de tener un expediente con confesiones que se contraponen, unos expertos que definen su versión como «una fantasía», unos restos sin posibilidad de ser identificados, un cuerpo desollado que no es mencionado en ningún informe y una red de narco política intocable todavía operante.

A cuatro meses de la desaparición forzada de los 43, los únicos resultados conseguidos por el gobierno han sido un fuerte ruido mediático, mucha confusión, versiones contrastantes y teorías sin fundamento científico. Y si por un lado siguen las especulaciones, por el otro siguen las movilizaciones. El 26 de enero las calles y el zócalo capitalinos se han vuelto a llenar de manifestantes pidiendo justicia no sólo para los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal, también para todos los miles de desaparecidos y desaparecidas que transforman este país en un laberinto de fantasmas. Desde este punto de vista Ayotzinapa se confirma, en este inicio de año, motor de una movilización social de éxito todavía incierto, como todavía inciertas son las medidas de represión que adoptará el gobierno de Peña Nieto lejos de los reflectores de la prensa internacional.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos