Texto por Elis Monroy y Romeo LopCam
Enrique Peña Nieto y su gobierno han dejado clara su postura ante el enorme descontento demostrado en las movilizaciones del 20 de noviembre a partir de lo ocurrido en Ayotzinapa, no permitirán que las protestas crezcan y usarán todo el poder del aparato coercitivo del Estado, para criminalizarlas.
Fotografía: Rafael Camacho
La brutal represión que llevaron a cabo los granaderos en contra de la sociedad civil y las decenas de detenciones injustificadas y arbitrarias que se llevaron a cabo ese mismo día, se coronaron hoy con el traslado de 11 de los detenidos (ocho hombres y tres mujeres) a penales de máxima seguridad en Nayarit y Veracruz. Los cargos que les imputan son motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio; situación evidentemente absurda y excesiva, dado que todos ellos fueron apresados en un operativo en el que miles de personas, sin distinciones, fueron vulneradas en sus derechos de libre manifestación y expresión.
Fotografía: Elis Monroy
El día de hoy, 22 de noviembre, se llevó a cabo una marcha para exigir la liberación de las tres detenidas y los ocho detenidos. Los contingentes se dieron cita a las 14:00 horas en el Ángel de la Independencia, y avanzaron por Av. Reforma hasta las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ubicadas en la esquina de Reforma y Violetas.
Las detenidas son:
- Tania Ivonne Damian Rojas de 21 años, estudiante de Sociología en la FCPyS de la Universidad Nacional Autónoma de México;
- Liliana Garduño Ortega de 30 años, quien es madre soltera; y
- Hillary Analí Gonzalez Olguín de 22 años, estudiante de Sociología en la FCPyS de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los detenidos son:
- Luis Carlos Pichardo Moreno, de 45 años, trabajador;
- Francisco García Martínez;
- Juan Daniel López Ávila, de 18 años, perteneciente al frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI);
- Atzin Andrade González, de 29 años, estudiante de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, «La Esmeralda»;
- Roberto César Jasso del Ángel, de 20 años, estudiante;
- Laurence Maxwell (chileno), de 47 años, estudiante de posgrado de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México;
- Issac Domínguez Ayala, quien primero se identificó como Ramón Domínguez Patlán; y
- Hugo Bautista Hernández de 22 años. estudiante de Sociología en la FCPyS de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Estudiantes y abogados que se encuentran en manifestación fuera de las instalaciones de la SEIDO afirman que 11 de los 15 detenidos que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) ya fueron consignados por el Ministerio Público y enviados a los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) de Veracruz y Nayarit, considerados de máxima seguridad.
Los jóvenes permanecieron en la sede de la SEIDO y no pudieron tener acceso a otro abogado más que al defensor de oficio, denunciaron sus familiares.
Inicialmente las autoridades les imputaron los delitos de delincuencia organizada, motín, terrorismo y tentativa de homicidio, de los más graves contemplados en las leyes mexicanas. Posteriormente les quitaron los cargos de delincuencia organizada (que cambiaron por asociación delictuosa) y terrorismo, según el abogado Alejandro Jiménez, quien sostuvo una reunión con el Ministerio Público encargado de la averiguación previa.
Contrasta mucho la forma expedita y contundente con que actuó el sistema de justicia mexicano en esta ocasión, con la lentitud observada en el caso del ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes a pesar de haber existido testimonios que los vinculaban al crímen organizado y con el asesinato de opositores a su administración desde hace más de un año, continuaron gobernando dicho municipio hasta que se suscitó la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Si esta actuación de una flagrante represión, derivada de actos vandálicos grotescamente montados, el recién noviembre. Se evidencia las tres formas de violar los Derechos Humanos: Comisión, Omisión y Aquiescencia, dirigida a las personas que manifestaban de forma pacífica, por un acto ignominioso como lo es, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato a sangre fría de seis personas, durante la represión acontecida en Iguala, Gro. La noche del 26 y madrugada del 27 de Septiembre próximos pasados.
Nos queda claro que la visceralidad y rabia, son las «razones» que «justifican» el no dudar en soltar a los cuerpos armados y entrenados para la represión del pueblo y nunca, para protegerlo como nos han venido engañando por décadas y siglos agregaría.
Eso mismo pasó en Iguala, molestó al «señor» presidente municipal y a su señora, una manifestación y ahora, a su «graciosa majestad». Hace lo impropio que este hizo; a imagen y semejanza del señor Abarca.
Ante la pérdida de confianza, de moralidad y del reconocimiento político; y exigencia de la renuncia de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Los intereses financieros y tráfico de influencias políticas y económicas. Exigen y ordenan, usar la «fuerza» del Estado,… una vez más.
Lo extraño y que sería encabezado de ocho columnas en todos los diarios del mundo, sería lo contrario; y no: una vez más como ya lo dije….!!!
El el mal gobierno del Estado Mexicano, es represor. Los hechos, las evidencias ante los ojos del mundo, así lo confirman…!!!
De no ser cierto! Que demuestren lo contrario…!!!