Lo que hay detrás de las cascadas

Fotografías: Kolectivo Zero

Video: Tejemedios

Te ch’abel ja te yich’el ta muk’ te binti tulan sk’obal yu’un te kuxlejal, yu’un te teetik, te jaetik, sok te sk’op  jMejTatik
(El silencio es tomar la grandeza de  todo aquello que tiene mucho valor, mucha importancia para la vida, para los árboles, para las aguas y la palabra de nuestras Madres-Padres)

Santiago Gómez Miranda en
Educación, autonomía y lekil kuxlejal: Aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduría de los tseltales

¿Quién no ha escuchado hablar de las cascadas de Agua Azul? Una de las paradas más importantes en los recorridos turísticos de Chiapas es, sin duda, esta zona tseltal que en días sin lluvia permite el espectáculo de diversas cascadas y pozas llenas de agua clara que desde ciertos puntos de vista va del azul al turquesa. Cada año miles de personas de todos los países se detienen para contemplar este lugar, algunos con más tiempo pasan una o dos noches en las austeras cabañas que cerca de ahí permiten este lujo. Pero tal vez pocos conozcan la historia de resistencia que ahí se ha gestado desde 2008, una historia que lleva consigo, desafortunadamente, asesinatos y represión, presos políticos y desprecio, ya lo apuntaba nuestro compañero José Aureliano Buendía en una entrega anterior:

Ante la derrama económica que arroja el turismo en la región, empresas como Norton Consulting INC y EDSA Construcción se han visto beneficiadas con el desarrollo turístico que FONATUR tiene para la región,  con el cual se pretende transformar a la Reserva de la Biósfera de Aguas Azules en un complejo de eco-turístico. La gran falacia de «desarrollo» que impulsó el perredista Juan Sabines y que el actual gobernador Manuel Velasco Coello (Partido Verde Ecologista) mantiene como una estrategia para el despojo y desplazamiento de las comunidades indígenas en Chiapas. […]

El desarrollo en Agua Azul piensa incluir campos de golf y hoteles para turismo de élite, hoteles tipo boutique, donde se piensa atraer al turismo internacional o a todos aquellos que estén dispuestos a pagar entre 4 mil y 10 mil pesos la noche, –Carlos Slim podría llegar a alojarse ahí. Comentan los ejidatarios entre sonrisas, en un ánimo que dicen, es de lucha.

Son los habitantes del ejido San Sebastián Bachajón –municipio de Chilón, demarcación correspondiente a las cascadas– quienes mantienen una lucha en contra de esta idea de desarrollo, en contra del despojo de sus tierras y de los recursos naturales para beneficiar aún más a la élite económica de éste y de otros países. Desde el año 2008, momento en que comienzan a presentarse los proyectos para el desarrollo ecoturístico de la región, los habitantes se organizan contra este despojo y se manifiestan en contra de los proyectos. Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, los tseltales han desarrollado su gobierno autónomo al mismo tiempo que desconocen a los funcionarios del gobierno oficial, a quienes acusan de armar bandas paramilitares y de ser los responsables de acusaciones, detenciones y asesinatos de compañeros de lucha.

Además de las difamaciones en contra de la resistencia indígena que se oponen al «verdadero desarrollo», algunos indígenas cayeron presos en 2010 y 2011, entre ellos: Antonio Estrada Estrada, Miguel Vázquez Deara y Miguel Demeza Jiménez, acusados de robo y secuestro. A pesar de haber sido liberados, es preciso señalar que fueron víctimas de tortura y pasaron más de dos años de injusta prisión.

Juan Vázquez Guzmán fue asesinado en su domicilio con armas de grueso calibre, casi un año después, Juan Carlos Gómez Silvano es abatido el 21 de marzo de 2014. En los dos casos no se cuenta con investigaciones serias y aunque en el segundo caso hay personas detenidas, no se ha podido demostrar su verdadera responsabilidad por lo que ambos crímenes siguen impunes. Pero a diferencia de lo que sucedería, tal vez, en otros contextos, la muerte y la cárcel sólo han fortalecido a los habitantes de Bachajón.

Detenciones e ilegalidades

El gobierno de Manuel Velasco derogó hace unos meses la ley conocida como «ley Garrote» (en un claro ejemplo de creatividad lingüística) y aseguró que todos los procesos jurídicos se llevarían conforme a la ley y el Estado de derecho. Sin embargo, la policía del municipio de Chilón no permite certificar la legalidad y continúa cometiendo abusos, ejemplo de ello son las detenciones ilegales de Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández ocurridas el pasado 16 de septiembre. Luego de ser agredidos con arma de fuego por algunos elementos policiales, los tseltales fueron detenidos y trasladados con rumbo desconocido. Algunos de los acompañantes de los detenidos lograron escapar e informaron a la comunidad de Virgen Dolores –tierras recuperadas dentro del marco de la lucha de Bachajón– lo acontecido.

Día y medio después, los tres agredidos aparecieron en las instalaciones del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía especializada de justicia indígena con sede en Chilón  y fueron consignados por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo. Se les acusa del delito de lesiones calificadas en agravio de elementos de la policía municipal de Chilón, hechos ocurridos, a decir de las autoridades,  en la madrugada del 16 de septiembre de 2014.

Los tres tseltales denunciaron que fueron víctimas de tortura y maltratos, que se les arrastró por el camino de tercería mientras los policías se burlaban; uno de ellos, Mario Aguilar Silvano, señaló que la tarde del 17 de septiembre, el Lic. Rodolfo Gómez Gutiérrez, ministerio público adscrito a la Fiscalía, le puso una bolsa de plástico en la cabeza para provocarle asfixia, además de amenazarlo con un arma de fuego para forzar la auto-incriminación.

En este mismo sentido, los tres detenidos identificaron al policía Agustín Sánchez como uno de sus agresores, señalaron que él es amigo cercano de Sebastián Méndez Hernández quien se encuentra preso por su participación en el asesinato de Juan Carlos Gómez Silvano, por lo que suponen que los policías de Chilón están tomando represalias y venganza.

Para continuar con los abusos, el juez mixto de primera instancia de Ocosingo, Omar Heleria Reyes, fijó una fianza por $300 mil pesos a cada uno de los indígenas detenidos. Este hecho es completamente inconstitucional, en primer lugar por la desproporción de la situación económica de los detenidos y, en segundo lugar, porque es violatorio del principio de presunción de inocencia. El término constitucional para resolver su situación jurídica –y definir si existen posibilidades de pagar la fianza o si pasan el proceso penal presos– vence el miércoles 24 de septiembre.

Tal parece que las violaciones a los derechos humanos fundamentales continúan y que los habitantes de esta región no cuentan con el derecho a la consulta para el establecimiento o no, de proyectos de gran envergadura o de profundo cambio en la constitución de su territorio. Por el silencio del gobierno estatal y sus prácticas paramilitares es posible deducir que las agresiones continuarán y que será la organización social, acompañada de la solidaridad internacional, las que tendrán que resistir y buscar mecanismos para detener el despojo y la imposición de esta idea capitalista de desarrollo. Al igual que en el norte de México, quienes luchan por el bienestar de su pueblo y por la defensa de los recursos naturales son criminalizados, basta recordar la reciente detención de Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui.