Por Júlio Moreira*
A pocos días del comienzo del Mundial, las protestas y los conflictos contra las fuerzas policiales son constantes. Si por un lado se hace propaganda de las bellezas de Brasil y lo rico de su cultura, por otro lado el mundo ha conocido las contradicciones de este país y la represión estatal, y se ha solidarizado con el pueblo brasileño y la juventud que lucha por un cambio profundo en esta sociedad.
En junio del 2013, cuando las cámaras internacionales que transmitían la Copa Confederaciones voltearon a registrar las protestas de la juventud enfurecida con las tarifas del transporte y una rabia acumulada en décadas o siglos de opresión, represión y corrupción, el mundo comenzó a percibir que el país gobernado por Lula y Dilma no era el paraíso de crecimiento económico y progreso social, como se decía. Las protestas fueron atendidas con mayor violencia policial, lo que provocó que las siguientes fueran más grandes, hasta despertar un clima de levantamiento nacional que puso al país en la agenda de las protestas multitudinarias, como lo fue Turquía y los países de la llamada Primavera Árabe.
«El gigante despertó» fue una frase que ilustró aquel momento, la cual de alguna manera también fue utilizada con carácter mediático y perdió su significado. El hecho es que los movimientos populares alcanzaron victorias sorprendentes, obteniendo, por ejemplo, la cancelación del alza de las tarifas en el transporte público. La gente se movilizó para defenderse de la violencia estatal; muchos profesionales, como periodistas y abogados, denunciaron violaciones al libre ejercicio de su profesión.
Pasado el mes de junio se reafirmó que protestar no sólo es un derecho, sino que es una respuesta necesaria a las innumerables carencias sociales y opresiones cotidianas. Los bloqueos de carreteras, el ataque a edificios públicos y el rechazo a las fuerzas policiales se hicieron constantes. Tan constantes como la ausencia de condiciones dignas de vivienda, de atención hospitalaria, el asesinato de personas en operativos policiacos, la corrupción de alcaldes, las condiciones de trabajo, entre muchas más injusticias. Las protestas ha tenido una dimensión tan grande y difundida en todas las regiones y rincones del país, que los monopolios de la prensa han tenido que hablar más de lo habitual de dichos conflictos sociales.
Frente a esta realidad, lo más grave es que el Estado ha aplicado un patrón coordinado y orientado de violencia, que se puede sintetizar en propaganda de guerra, militarización de la sociedad, criminalización de la pobreza; así como el fortalecimiento de megaproyectos para transferir los recursos públicos a grandes grupos económicos instalados en la burocracia estatal. La “colombianización” es un concepto que ha sido recurrentemente utilizado para caracterizar la violencia del Estado mexicano. Este concepto incluye: un patron de ocultar acciones de terrorismo de Estado, crear un pretexto idóneo para dar inicio a un nuevo proyecto de intervención político-militar por parte de los EEUU e inaugurar un nuevo capítulo de la militarización de la sociedad. Este patrón parece aplicarse también en Brasil, salvo particularidades locales. En este sentido Brasil puede ser visto no sólo como un importador de modelos externos, sino que también un proveedor de prácticas y modelos de violencia estatal.
Un buen ejemplo de esto es la comandancia –desde las Fuerzas Armadas de Brasil– de las Fuerzas de Paz en Haití (la MINUSTAH), desde 2004. A la fecha, patrones semejantes de intervención militar han sido practicados en regiones pobres del propio Brasil. Aunque no sea el único, el caso de Río de Janeiro es emblemático.
Fotografía: Heriberto Paredes
La propaganda de guerra aplicada en el país se basa en construir la imagen del enemigo antes de desatar tropas de élite y los operativos militares. Los policías se encargan de promover balaceras en barrios pobres y, para ellos, los presuntos «traficantes de drogas» (así clasificados por ellos) no merecen protecciones jurídicas tales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la prohibición de la tortura. Si algunas personas son baleadas, la justificación más probable es que tuvieran antecedentes penales y vínculos con las redes de tráfico de drogas. También se ha planteado, inclusive en sociólogos y analistas de la violencia, la práctica de montar “actos de resistencia” inventados, para que el agente implicado quede en la impunidad.
La guerra también se aplica a través de la búsqueda del apoyo de la población para los operativos militares. Para esto, los monopolios de prensa influyen en demasía. La historia repetida una y otra vez en la televisión de que las fuerzas oficiales están retomando el poder del Estado en regiones controladas por los traficantes. Además de que la movilización social para apoyar a la guerra contra las drogas está hecha por los medios masivos, tal y como lo muestra la película Tropa de Élite, que tergiversó un libro del mismo nombre para legitimar la actuación de los grupos policiacos. La película se propago como si se tratara de una «novela de aventuras», para lograr un efecto tipo «Hollywood».
Esto no ha tenido los efectos pretendidos. Los constantes operativos policiales en los barrios pobres provocan muerte de niños y jóvenes, mujeres trabajadoras y ancianas, en fin, personas a las que ni en la distancia se les puede considerar culpables. Grandes operativos militares que terminaron en masacres acontecieron en la historia reciente: en el penal Carandirú, ubicado en en São Paulo, el 2 de octubre de 1992 (111 muertos); la masacre de mayo de 2006, también en São Paulo, una presunta reacción a ataques del crimen organizado (564 muertos); la “masacre del Pan”, durante los Juegos Panamericanos, en el conjunto de comunidades Complexo do Alemão, en Río, en junio de 2007 (44 muertos).
Otro aspecto de este patrón de violencia es la militarización de la sociedad. Desde 2008, el gobierno de Río de Janeiro realiza operativos en comunidades para instalar bases de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), proyecto que también es implementado en otros estados del país y que presenta estas tropas como policías estatales con carácter comunitario (acercamiento a la sociedad) y la misión de recuperar los territorios controlados por los traficantes. Con claras estrategias de guerra y con el protagonismo de las Fuerzas Armadas. Al instalarse, el proceso de militarización se pone en práctica en su más adecuada definición: la sumisión de todos los aspectos de la vida social al comando militar, lo que la socióloga Vera Malaguti llama gestión policial de la vida. Y concluye:
«Las UPPs son más una estrategia publicitaria, parte de esa militarización de la seguridad pública, por tratarse de una ocupación militar, en la cual los habitantes son obligados a someterse a todo, hasta pedir permiso para hacer una fiesta; además de significar la glorificación de la gestión policiaca de la vida de los pobres, está claro.»
Esta militarización va de la mano con la criminalización de la pobreza. Mucho se ha denunciado sobre estas estrategias en Brasil, que van más allá de la criminalización de la protesta y de las luchas populares organizadas. Se trata del control social de las clases subordinadas a través de la lectura de todas sus prácticas sociales como crímenes, y la responsabilización del mismo sujeto por las condiciones de vida que le imponen el capitalismo y la marginación. Un hecho reciente que lo ilustra fue la represión armada de los llamados rolezinhos: eventos multitudinarios organizados por jóvenes de las favelas en grandes centros comerciales de la ciudad, a través de las redes sociales, especialmente en São Paulo. Los centros comerciales siempre fueron espacios que los jóvenes de las favelas no pueden visitar y mucho menos en grandes grupos y ostentando su propia cultura (sus ropas, ritmos y danzas de performance). La ciudad se vuelve un espacio de limpieza social.
Los turistas que llegarán a Río de Janeiro para el Mundial de Fútbol, al salir del aeropuerto y tomar la carretera de acceso al centro de la ciudad, verán en los márgenes altos paneles con imágenes coloridas, puestos con el único fin de impedir que los transeúntes vean el océano de barrios pobres que se extienden por detrás. Estos barrios corresponden al conjunto de comunidades del Complexo da Maré, que están ocupadas por la policía estatal y el ejército desde el 30 de marzo –curiosamente un día antes de completar los 50 años del golpe militar fascista que gobernó el país entre 1964 y 1985–. En los 15 primeros días de la ocupación, los periódicos noticiaron 16 muertes por las fuerzas oficiales.
Al lado de la propaganda de guerra, la militarización de la vida social y la criminalización de la pobreza; el patrón de violencia del Estado en Brasil camina con los megaproyectos y usurpación de los recursos públicos para grandes obras de grandes grupos económicos locales y extranjeros. Por ejemplo, la masacre de los Panamericanos, en 2007, fue impulsado teniendo entre sus pretextos la continuidad de obras de infraestructura en la comunidad, promovidas por el llamado Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) del gobierno federal.
El PAC también es el responsable de los desplazamientos forzados y la violación de derechos laborales en grandes presas hidroeléctricas en la Amazonia (como Belo Monte y Jirau); así como objeto de denuncias de desviación de dinero público y retrasos en las obras por el Tribunal de Cuentas de la Unión. Junto a esto, están los megaeventos (el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas) y las ganancias igualmente enormes que ofrecen a patrocinadores e inversionistas. Para las obras de infraestructura del PAC, así como las de los megaeventos –construcción de estadios de fútbol, por ejemplo– se han garantizado facilidades de licitaciones y préstamos.
Se acercan los días del Mundial de Fútbol, las protestas en su contra han sido constantes. Este patrón de violencia está plenamente instalado, aunque las noticias que llegan al exterior sean parciales. Como una forma de mostrar lo anteriormente dicho, haré una pequeña cronología de algunos hechos pasados en los últimos meses, sólo los hechos más conocidos y sólo en las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo. Los videos agregados fueron hechos por el periódico A Nova Democracia, especialmente por Patrick Granja.
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16 de diciembre: Indígenas desplazados que reivindican la Aldea Maracanã retoman su lugar en Rio de Janeiro; siendo violentamente expulsados por la policía. En la madrugada del 27 de diciembre, fueron desplazados -nuevamente- del campamento en donde estaban cercanos del edificio.
23 de enero: Conflictos entre pobladores y agentes de la UPP en la comunidad de Jacarezinho; los policías disparan cohetes en contra de los pobladores.
25 de enero: En protesta contra el Mundial en São Paulo, el joven Fabricio Proteus Nunes Fonseca Mendonça Chaves, de 22 años, fue balaceado con dos disparos por la policía estatal. Sus abogados fueron gravemente amenazados. Por lo menos 120 detenidos. La represión a la protesta fue tanta que muchos manifestantes tuvieron que buscar refugio en hoteles de la avenida.
Durante todo el mes hubo intensas protestas en Río en contra de la alza de las tarifas del transportes, incluyendo torniquetazos en la estación Central de trenes. En casi todas, la policía reaccionó con violencia.
23 de febrero: Pobladores se rebelan en contra de la ocupación de la UPP en el Morro do Gambá, después que los agentes dispararon en contra de una niña de 7 años de edad. La rebelión tuvo como consecuencias a 3 autobuses, un contenedor y coches de policía incendiados.
7 de marzo: Pobladores de la conocida comunidad de la Rocinha protestan contra la inercia de la unidad de la UPP ante la desaparición, violación y asesinato de una joven de 18 años.
Durante el carnaval, los empleados de la limpieza pública, los llamados garis en portugués, realizan la más grande huelga de la historia de la profesión.
17 de marzo: La policía de Rio de Janeiro asesina a la trabajadora Claudia Silva Ferreira, de 38 años, en el Morro da Congonha. Claudia fue balaceada durante un operativo y echada en la cajuela de un coche de la policía. El coche fue flagrado con la cajuela abierta y el cuerpo de Claudia siendo arrastrado a lo largo de la carretera por al menos 250 metros.
20 de marzo: La UPP de la comunidad de Manguinhos dispara contra pobladores que ocupaban un edificio en la comunidad.
1 de abril: La policía de Río de Janeiro reprime violentamente la protesta en rechazo a los 50 años del golpe militar de 1964.
2 de abril: Pobladores de la comunidad de Cantagalo protestan en contra del asesinato de dos jóvenes por policías de paisano.
3 de abril: 2,5 mil familias de personas sin techo ocupan área en Itaquera, en São Paulo, a sólo 3 Km del estadio en donde se dará la inauguración del Mundial de Fútbol. El aumento de personas sin hogar es reflejo del incremento excesivo de los precios de las viviendas, especialmente en las ciudades en donde harán partidos del Mundial.
11 de abril: Desplazamiento forzado y violento de la llamada Favela da TELERJ, una toma de edificio por 3 mil familias sin techo en el barrio de Engenho Novo. Más de mil policías rodearon el edificio y tiraron bombas y balas de goma, y los pobladores resistieron por varias horas.
22 de abril: El joven Douglas Rafael da Silva Pereira (de sobrenombre DG), de la comunidad Cantagalo, es golpeado y asesinado por policías. DG era bailarín de un conocido programa de la TV Globo. Su asesinato provocó una ola de protestas por parte de la comunidad. Durante la represión a la protesta, la policía asesinó a otro joven, Edilson Batista. Durante el funeral de DG, que tuvo mucha conmoción, la policía se hizo presente de manera intimidadora.
Nueva protesta en contra de la UPP se pasó en el barrio de Copacabana, rumbo al Cantagalo, cuando la policía otra vez atacó a la gente.
27 de abril: La UPP en el Complexo do Alemão asesina a la anciana Arlinda Bezerra das Chagas, de 72 años que intentó proteger a su nieto de 10 años de ser balaceado. Era domingo y ellos regresaban a la casa después de una comida en familia. El asesinato provocó una ola de protestas en la localidad, y durante las protestas un joven fue balaceado.
6 de mayo: Un niño de 8 años fue balaceado por agentes de la UPP en un “operativo de rutina” en el Morro dos Macacos. Los pobladores bajaron el serro e hicieron barricadas en la vía, mientras la policía reaccionó con disparos y bombas de gas.
Estos son apenas algunos ejemplos del excesivo uso de la fuerza de las policías relacionadas con el patrón de violencia del Estado brasileño en el contexto del Mundial de Fútbol de 2014. Pero también se debe de hablar de otras decenas de desplazamientos forzados en todas las ciudades-sedes del evento; las muertes de obreros en las construcciones de estadios (por lo menos 12); las centenas de presos políticos generados en cada protesta; las leyes de contrainsurgencia o “leyes anti terror”; los beneficios garantizados a la FIFA y sus patrocinadores; las juergas del dinero público; y lo que todavía está por venir.
En razón de los enormes intereses que están en juego con este megaevento y el control de los monopolios de prensa, es comprensible que todas estas violaciones no hayan llegado al conocimiento de la comunidad internacional. Sin embargo, ellas expresan un cuadro de violaciones graves y sistemáticas a los derechos fundamentales del pueblo. La situación es tan preocupante como en otros países de América Latina.
*Abogado y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Goiás, Brasil. Presidente de la Asociación Internacional de los Abogados del Pueblo.