Durante la madrugada del 6 de septiembre de 2013, fueron puestos en libertad bajo caución Gustavo Ruiz Lizárraga, Pavel Alejandro Primo Noriega, Omar Beristáin Montiel, Juan Daniel Velázquez Peguero, Gonzalo Amozurrutia Nava y Gabriel Carrión Soto. Los cargos que aún enfrentan son los de «Ultrajes» y «Contra el ejercicio legítimo de la autoridad».
1 y 2 de septiembre: detenciones arbitrarias y delitos inventados
Durante las manifestaciones en contra de la reforma educativa y por el primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido Gustavo Ruíz, fotógrafo que filmaba las detenciones que realizaba la policía capitalina, en las inmediaciones del metro San Antonio Abad.
Además de Gustavo, fueron detenidos: Pavel Alejandro Primo Noriega, reportero de Multimedios Cronopios y Estela Morales, de Regeneración Radio, así como 13 personas más. Gustavo y Pavel fueron llevados al Ministerio Público de Milpa Alta. Allí, se impuso una fianza de $23,476 pesos. El plazo constitucional para pagarla sin ser consignado a un reclusorio es de 48 horas y se había fijado a las diez de la noche para presentar los comprobantes del pago de caución.
Se les acusó de “Ataques a la paz pública (utilización de sustancias tóxicas, incendio, inundación o violencia extrema)”, “Contra el ejercicio legítimo de la autoridad”, “Portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir” y “Resistencia de particulares (se oponga o resista)”.
3 de septiembre: traslado injusto e ilegal al reclusorio sur
Arbitrariamente, la fiscal Teresita Alonso Sánchez decidió acortar siete horas el plazo, obligando a los familiares a presentar los documentos antes de las tres de la tarde. A pesar de que las fianzas se pagaron y se había mostrado copia de los comprobantes, los funcionarios del Ministerio Público #1 de Milpa Alta comenzaron el traslado de los detenidos hacia el reclusorio sur. Familiares y amigos intentaron detener esta injusticia e ilegalidad, y fueron amenazados e intimidados.
4 de septiembre: hostigamientos y aumento de fianza
Posteriormente, el juez Fausto Agustín Favela Ayala, del Juzgado 3 de delitos no graves, decidió no aceptar los billetes de depósito e incrementar la fianza a $126,660 pesos para todos los consignados a reclusorio. Además, violando otro derecho constitucional, no permitió pagar la fianza a través de una aseguradora por lo que, para conseguir la libertad de los 7 detenidos, exigía que se pagara el monto íntegramente, tal como denunció Artículo 19:
«Favela Ayala no accedió a la solicitud que los abogados de ARTICLE 19 le hicieron para reducir el monto o en su defecto mediante el pago de una fianza, con la cual se hubiera depositado alrededor del 10 % del monto total fijado por el juez a través de avales financieros».
La decisión del juez provocó sorprendió y molestó a los familiares, amigos y colegas que esperaban en el sitio, por lo que hubo manifestaciones y protestas en el juzgado. Finalmente, se decidió suspender esta primera audiencia, cuando sólo se habían fijado los montos para Gustavo Ruiz y Juan Daniel Velázquez ($126,660 pesos cada uno: 120 mil por obligaciones procesales y 6,660 por el delito de ultrajes).
5 de septiembre: violaciones del derecho a debido proceso
La toma de declaraciones del resto de los detenidos se llevó a cabo en un ambiente de total ilegalidad, sin la presencia de sus abogados asignados y con la imposición de una defensoría de oficio. Los detenidos se reservaron el derecho a declarar y recibieron fianzas igualmente elevadas.
Ese mismo día, luego de una aparente flexibilidad del juez para aceptar, ahora sí, las polizas de aseguradora, se pagaron los montos correspondientes según esta forma de pago: 15,800 pesos cada uno debido a que se deposíta sólo un porcentaje del total. La única excepción se produjo cuando el juez Favela Ayala se mantuvo firme al no aceptar esta modalidad para Jessie Alejandro Montaño.
6 de septiembre: retórica del «castigo»
Durante la madrugada, seis de los siete detenidos salieron del penal, escoltados por custodios armados y esposados casi hasta la última reja. Este trato resultó denigrante para los periodistas y los manifestantes debido a que es un trato diferenciado respecto a otros presos de alta peligrosidad que responde al patrón de hostigamiento que se ha repetido durante todo el proceso hacia los manifestantes y periodistas del #1SMX.
El recibimiento, por parte de familiares, amigos y compañeros de trabajo, fue muy emotivo y calmó la intranquilidad frente a la reclusión de la que eran objeto.
Del 7 de septiembre en adelante: el proceso legal sigue…
Lejos de acabar aquí, el proceso jurídico contra Gustavo y Pavel, sigue abierto. En palabras del abogado:
“El plazo constitucional para dictar el auto de formal prisión se vence a las 00:20 hrs de este sábado 7 de septiembre y en el caso de Gustavo será a las 00:20 hrs del día martes 11 de septiembre debido a que se solicitó la duplicación del plazo. En general es muy probable que se dicten los autos de formal prisión ya que el juez actuará en base a un criterio subjetivo y le dará mayor credibilidad a los señalamientos hechos por los policías pese a que no hay modo de comprobarlos.”
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“Para el caso de Gustavo Ruiz, tomando en cuenta la duplicación del plazo, presentaré fotografías, videos, testigos y acreditaciones con las que cuenta él, es complicado afirmar que no se dictará el auto de formal prisión pero hay que agotar todos los recursos para demostrar que no hay ni siquiera posibilidad de corroborar los dichos de los policías, quienes señalan al fotógrafo y reportero como responsable de los delitos imputados.”
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[Los demás detenidos] “seguirán su proceso penal con la defensa asignada por ellos o con un juicio sumario que duraría aproximadamente 4 meses o bien con un proceso normal en donde no hay una temporalidad definida. También tendrán la posibilidad de presentar pruebas y testigos y agotar los recursos a los que tienen derecho.” (Leopoldo Maldonado, Artículo 19)
Para sintetizar: Gustavo Ruíz fue detenido de forma injusta, arbitraria e ilegal. Los cargos de «ataques a la paz pública, contra el ejercicio legítimo de la autoridad y resistencia de particulares» se le imputaron falsamente (así lo demuestran los múltiples pruebas a su favor), sufrió un trato de violencia brutal por parte del Cuerpo de Granaderos (Unidad A4501) durante su detención y traslado, así como varias contusiones y daños a su material de trabajo –cámara fotográfica-.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ignoró las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), después de su actuación autoritaria e ilegal el 1 de diciembre. Además, no se respetó el código penal vigente que determina que los abogados de Gustavo y Pavel debieron verlos antes de rendir su declaración preparatoria.
Finalmente, sus familiares y amigos han recibido hostigamientos y amenazas de uso de la fuerza pública contra ellos cuando se manifestaban contra las múltiples injusticias cometidas.
Desde los medios de comunicación independientes
Reivindicamos nuestro derecho a informar y condenamos la persecución emprendida hacia periodistas e individuos que deciden documentar e informar los excesos del Estado, así como uso excesivo de la fuerza en contra de las personas que ejercen su legítimo derecho de manifestación. Exigimos que se ponga fin a todo tipo de acoso, amenazas, hostigamiento e intimidación en contra de los periodistas y de los ciudadanos que expresan su opinión y se manifiestan de forma pacífica. Finalmente, pedimos que se garantice la seguridad física, psicológica y emocional de todas aquellas personas detenidas el 1 de septiembre, así como que se les retiren las falsas acusaciones en su contra, para que puedan obtener su libertad por completo.
Referencias:
- Multimedios Cronopios. Sitio web.
- Regeneración Radio. Sitio web.
- Emir Olivares (1 de septiembre de 2013). «Consignan a los cuatro detenidos en Milpa Alta por protestas del 1 de septiembre». La Jornada en línea.
- SubVersiones. «Traslado injusto e ilegal de detenidos #1SMX» (5 de septiembre de 2013). vimeo.com/subversiones.
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«México: Juez niega fianza a periodista detenido durante el #1SMX» (5 de septiembre de 2013). Article 19.
- «#1SMx: Aumenta 100 mil pesos fianza de detenidos; esposan a fotógrafo y al “Z-40″ no» (5 de septiembre de 2013). Proceso.
- «Violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012 denominado por autoridades del Distrito Federal “ Transmisión del Poder Ejecutivo Federal ” y “ Palacio Nacional»» (recomendación emitida en julio de 2013). CDHDF.
Vivimos un tiempo difícil con nubarrones negros del priismo de los 70’s. EPN pretende ocultar el desastroso inicio de gobierno (economía decadente, desempleo, inseguridad creciente, etc) mediante actos de repression, al puro estilo de los dinosaurios del PRI… Triste ver desde el exilio el regreso a los tiempos que creía superados… Con seguridad, hay muchas víctimas como estos profesionales del periodismo, que no tienen voces que los representen… Lamentable… me conmueve que se repita la historia negra de aquel México que muchos no olvidamos.
Que mala onda, donde esta la democracia de nuestro país donde esta la libertad de expresión?? Deberían de darle un buen castigo a personas como los responsables de el incendio de la guardería ABC, pero sólo por ser amigos de burro nieto quedo impune todo, que injusto y creo que vamos todo el país muy mal por que nadie alza la voz, todos nos quedamos en casita a ver las telenovelas no? Y qué sigan consignando a gente inocente de nuestro país en un mundo de títeres amaestrados por la gente que nos gobierna.