Por Nadia Jiménez y José Luis Santillán
Fotografías de Cristian Leyva
A diez años de que el entonces gobernador del Estado de México, el priísta Enrique Peña Nieto, avalara la brutal represión contra el poblado de San Salvador Atenco y cediera la concesión de la autopista Toluca-Naucalpan al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, ahora, en abril del 2016, se desatan violentas incursiones en Atenco y la comunidad indígena de San Francisco Xochicuatla. Las ganancias multimillonarias tanto del nuevo aeropuerto, como de la autopista, así como la operatividad de interconexión de vías de comunicación para el traslado de mercancías son los objetivos relevantes tanto para el gobierno como para las empresas y la lógica bajo la cual se entrelazan tanto leyes a modo, como impunidad y manipulación mediática.
El 11 de Abril del 2016, en Xochicuautla, municipio de Lerdo, a las nueve de la mañana, más de 1000 policías de la CES (Comisión Estatal de Seguridad) y de las FAR (Fuerzas de Acción y Reacción) del Estado de México, junto con personal de la empresa Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (AUTOVAN), encargada de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y filial del grupo HIGA, ingresaron con maquinaria a la comunidad desacatando impunemente el amparo emitido el pasado 18 de febrero del presente año a través del cual se emitía una suspensión definitiva de la obra.
Fotografía: Cristian Leyva
La policía ingresó por las tres entradas principales, Lapondishi, Lampeni y la colonia Buenavista. Un grupo sitió el campamento de la Digna Resistencia, ubicado en el paraje Lapondishi y otro la casa del doctor Armando García Salazar, ubicada en el paraje Lampeni, mientras un tercer grupo se instaló sobre la subida al bosque, localizada en la colonia Buenavista. Tanto el campamento como la casa del doctor, conocida como «El Castillo», eran las últimas construcciones en medio del trazo por el cual el gobierno federal pretende construir la autopista Toluca-Naucalpan para conectar la zona residencial del municipio de Lerma con el aeropuerto internacional de Toluca y la entrada a la ciudad de México por Naucalpan.
A las diez de la mañana, el doctor Armando García Salazar, dueño de «El Castillo», fue informado por un miembro de gobernación del Edomex, quien se identificó como Luis Enrique García, de que iban a valuar su casa, utilizando como pretexto el acuerdo firmado entre el comisariado ejidal, Ángel Valdez Ramírez, de acuerdo con la información de los testimonios y la empresa AUTOVAN y el decreto expropiatorio que dictó Enrique Peña Nieto en 2015. El primer documento, no es reconocido por la comunidad por irregularidades en el proceso y el segundo, inhabilitado por el amparo 771/2015 del cual se desprende la suspensión definitiva. Al interior de la vivienda se encontraban, entre otras personas, doña Toñita y doña Isabel –quien fue golpeada por una policía– y su nieta de cuatro años. Luego de ser desalojadas con violencia, la policía sacó algunos muebles solo del primer piso y sin dejar a la familia retirar todas sus pertenencias y documentos, iniciaron la demolición del lugar.
Fotografía: Cristian Leyva
Mientras esto ocurría en el paraje Lampeni, del otro lado de la comunidad, iniciaba la destrucción del campamento que bloqueaba el paso de maquinaria desde Lapondishi. Miembros de la comunidad mostraron la resolución del amparo emitida por el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México a las autoridades ahí presentes. La respuesta obtenida fue «…usted esto lo ve, dónde, ¿en el juzgado? Vaya al juzgado e interponga su queja. Lo que usted guste dirimir en los juzgados, adelante, nosotros tenemos una instrucción…».
A la una de la tarde, tanto la casa como el campamento habían sido destruidos. Por esa hora arribó al lugar Carlos Pulido, funcionario del Sistema de Protección a los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Estado de México y otras dos personas. El acuerdo que resultó de este encuentro, fue que se realizaría una mesa de negociación a través de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) en la Ciudad de México o en Xochicuautla, a la cual asistirían funcionarios del Estado, miembros de organizaciones sociales, de derechos humanos y una comisión conformada por integrantes de la comunidad. De forma unilateral las autoridades estatales determinaron que la reunión solo podría llevarse a cabo en Toluca o en el municipio de Lerma, por lo que la comisión de la comunidad se negó a asistir.
Fotografía: Cristian Leyva
A la reunión que finalmente se realizó en la Secretaria General de Gobierno del Estado de México, con sede en Toluca, asistieron la Subsecretaría de Derechos Humanos que preside la Secretaría de Gobernación, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, SERAPAZ, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Secretaría de Infraestructura del Estado de México, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y defensores de derechos humanos, así como periodistas.
El abuso de poder cometido en contra de la comunidad indígena de Xochicuautla no solo es un desacato a la resolución federal. Nuevamente se visibiliza públicamente que las instituciones gubernamentales, no respetan ni les interesa hacer cumplir las leyes, normas y recursos que de ellas mismas emanan y que tanto le cuestan al pueblo de México en términos económicos, políticos y sociales. El juzgado notificó la resolución del incidente de suspensión a la mayoría de las autoridades gubernamentales el día 23 de febrero, incluido SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio. A pesar de ello y en pleno conocimiento de la suspensión definitiva, AUTOVAN ingresó a la comunidad protegida por cientos de policías estatales, única forma que tiene el Estado de imponerse a los pueblos a falta de legitimidad en sus acciones y proyectos.
Fotografía: Cristian Leyva
De nueva cuenta, el 12 de Abril, a las 9 de la mañana, ingresaron alrededor de 200 granaderos a la comunidad, en esta nueva jornada de imposición gubernamental, las fuerzas de Seguridad Pública volvieron a resguardar a los trabajadores de grupo HIGA para que avanzaran en el trazo de la autopista. Frente al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y enviados de la Organización de las Naciones Unidas, fueron derribados cientos de árboles, patrimonio del pueblo de Xochicuautla.
