Zacualpan. Nuestra vida, nuestra tierra

Por José Martín Peña Guzmán
Documental y presentación por Carlos Mireles, Iztmalin Benítez y David Flores Magón

 

I
El documental

El documental que trabajamos camina por las tierras míticas de Comala, en Colima, terruño árido y lleno de tradiciones que nos narró con voz popular Juan Rulfo; ahí, en uno de los costados de ese municipio, viven comuneros y comuneras de Zacualpan, pueblo nahua perteneciente al Congreso Nacional Indígena que ha re-emergido ante la amenaza del proyecto minero.

Nos queda claro que «cada rincón es un centro», y este rincón ha sido epicentro de organización comunitaria, sacudiéndose de caciques partidistas; mujeres, hombres, niños y niñas han puesto la palabra y/o el cuerpo cuando ha sido necesario. También este rincón es un prisma que proyecta escenarios que se están dando en todo México; como canto de lotería, salen a colación: ¡el cacique! ¡la minera! ¡los gobernantes corruptos! ¡las mujeres luchadoras! ¡la tierra que se defiende! ¡el prestanombres! ¡los represores!

En fin, hay un punto digno de resaltar, esta situación de resurgimiento de una comunidad indígena minimizada o invisibilizada oficialmente, que se reaviva al librar un proceso de defensa de la tierra, no es única, se están dando travesías similares en otros estados, a sus formas/tiempos y contextos suenan historias similares. Estos procesos van buscando los hilos de las raíces que conectan con su territorio, de los cuales, algunos permanecen fuertes, otros finos, y algunos más se han ido rompiendo, no por eso es imposible recuperarlos, como puede ser la memoria común, la lengua, y algunas tradiciones, es decir, lo que se pone de manifiesto para dar sentido y particularidad a un tejido comunitario. Lo que nos lleva a pensar, que ante la desintegración del Estado-Nación en este clima de terror que nos ha tocado vivir, lo que nos puede dar un soporte vital es la organización en COMUNIDAD .

El acercarnos a esta lucha nos enseña que la puesta en marcha de procesos autogestivos –o son colectivos o no son autogestivos– ya que no sólo fue plantarse con un No firme ante la mina, aprovechando el viaje como dicen, y después de un proceso muy duro, la gente nahua de Zacualpan, ha podido recuperar y gestionar el ojo de agua que se trabaja como balneario comunitario.

Si bien los sucesos son polvo en las historias de largo aliento, existen personas-canales que conectan distintas etapas. Como lo fue Santos López en Nicaragua, quien tras su andar con Augusto César Sandino, años después conformaría con algunos jóvenes el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Así es la historia de Pita, pilar fundamental de los primeros años de esta lucha, quien tras su paso por el CNI años atrás, con un tesón de mujer formidable, vino a contagiar convicción para parar la mina, pero sobre todo para hacer que brote de nuevo el sentido de comunidad en Zacualpan. Este documental va dedicado a ella y a otras personas-canales.

Agradecemos el cariño (y el sazón) de la gente que en las visitas siempre nos recibieron con los brazos abiertos, con las ganas de compartir y con comida deliciosa.

Ante la catástrofe que vivimos en muchas partes, nos queda la esperanza que nos brindan comunidades como Zacualpan.

II
La resistencia de Zacualpan contra la minería

 

La comunidad indígena de Zacualpan se localiza en el municipio de Comala, Colima, en las inmediaciones del río Armería o río Grande, perteneciente a la cuenca hidrológica Ayuquila-Armería, que nace en el Cerro Grande de la Reserva de la Biósfera de Manantlán y desemboca en el mar. La comunidad se encuentra al pie del macizo montañoso conocido como Cerro Grande a una altitud de 500 msnm en el poblado y que alcanza hasta 2500 msnm, en un pequeño plan flanqueado por laderas rocosas y por el cerro Gurupiche, quedando de frente a las enormes barrancas de río Armería y con el amplio paisaje del volcán de Colima, de donde se mira el valle del territorio de Colima norte.

La comunidad de Zacualpan es una comunidad indígena nahua, que conforma una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio que reconoce a sus autoridades propias de acuerdo a la normatividad de los usos y costumbres; tiene una población de aproximadamente 1,724 personas y es identificada por su ascendencia indígena, por sus leyendas, festividades indígenas y por su estrecho vínculo con el territorio. Es una de las tres comunidades indígenas que tiene el estado de Colima, las otras dos son: Suchitlán e Ixtlahuacán. La mayoría de sus habitantes se reconocen como pertenecientes al pueblo indígena nahua-otomí, y aunque han perdido su idioma y vestidos tradicionales, de muchas formas conservan su identidad indígena, conservando instituciones políticas, económicas y culturales que los identifican con un pasado ancestral común, además de que hay festividades, costumbres y tradiciones que se hacen desde tiempos inmemorables. Cuenta con un reconocimiento oficial como pueblo indígena, el cual se establece en el Decreto No. 614 del Catálogo de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Colima, publicado el 05 septiembre 2012, en el Periódico Oficial del Estado de Colima.

Actualmente ,Zacualpan abastece de agua potable y de buena calidad, a una población de más de 300,000 habitantes de la zona conurbada de la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, calculando que hay asegurados 300 litros por persona; se garantiza la aportación del agua potable no sólo para la población sino que se ha considerado un crecimiento demográfico en las dos cabeceras municipales. Cuenta con 338 viviendas habitadas, muchas de ellas carecen de drenaje y energía eléctrica. Cuenta con carretera pavimentada, transitable todo el año, la cual inicia en el municipio de Villa de Álvarez, y va rumbo al de Minatitlán.

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Es la única población del estado donde aíun se reconoce la propiedad comunal, la principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y los servicios. Especial mención requieren el cultivo de ciruela y la producción de conserva dulce para elaborar tamales, mientras que en el río Armería se colocan acachales para atrapar a unos langostinos de río llamados chacales. En esta comunidad todavía se practica –principalmente por mujeres– la recolección de diferentes especies silvestres que se utilizan como medicina tradicional, esta comunidad es eminentemente agrícola de temporal; la mayoría de los pobladores siembran maíz, calabaza, frijol, chile y hortalizas, es importante también la recolección silvestre de guamúchiles, bonetes, huajes, ciruelas, camote del cerro, berros y nopales los cuales son comercializados en la capital del estado.

Esta comunidad ha sido poseedora y propietaria de extensiones de tierra que han usufructuado colectivamente, conforme a sus usos y costumbres, con las que han mantenido una relación no sólo de propietarios sino ante todo un vínculo cultural que tienen con la superficie terrestre y con el hábitat en su integralidad, es decir con su territorio, conforme a su cosmovisión como indígenas.

La dinámica histórica en que la comunidad agraria indígena de Zacualpan tuvo el reconocimiento legal que hoy detenta se desarrolló de la siguiente manera: ocupada esta parte por descendientes de los nahuas y otomíes, se consolidó por el crecimiento de Zacualpan y por los «artificios jurídicos» a los que tuvieron que recurrir las comunidades indígenas para preservar sus terrenos en el período previo a la Revolución, ya que sus antepasados obtuvieron del encomendero  los Títulos Primordiales de Adjudicación.

Conforme avanzó en México la Reforma Agraria, la comunidad indígena nahua de Zacualpan buscó iniciar el procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Por escrito del 14 de abril de 1945, vecinos del poblado de Zacualpan, solicitaron del titular del Departamento Agrario, la confirmación y titulación de sus bienes comunales. Con la solicitud se inició la tramitación del expediente respectivo, en la Sección Comunal de la Dirección de Tierras y Aguas del Departamento Agrario.

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

El 17 de abril de 1946, designaron a sus primeros representantes comunales, en ese momento no presentaban los títulos que amparaban la propiedad y posesión comunal cuya confirmación se solicitaba por haberlas extraviado, no existiendo por esta circunstancia dictamen paleográfico.

De los datos técnicos e informativos recabados se desprende que la superficie levantada según el plano proyecto de localización, consta de una extensión de 5,950-40 hectáreas de terrenos que en su mayoría son de monte alto y agostadero cerril con 15% de temporal, no teniendo dificultades por linderos con sus colindantes.

En el manantial de Zacualpan, perteneciente al territorio indígena de la comunidad, se captan 1,000 l/s, que son conducidos por gravedad desde la obra de toma hasta la planta de bombeo, a través de una tubería de acero de 914 mm (36”) en una longitud de 2.1 aproximadamente, de este punto se bombea hacia el tanque de cambio de régimen, para posteriormente y por gravedad hacerlo llegar hasta la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. El 7 de mayo de 1997, se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 12-01-44 Has., (doce hectáreas, un área de cuarenta y cuatro hectáreas) de temporal de uso común, de terrenos comunales, a favor de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT), quien las destinará a la construcción de la obra hidráulica Acueducto Zacualpan-Colima, la cual consiste en una obra de toma, la construcción de una planta de bombeo y de un tanque de cambio de régimen, así como la instalación de la línea de conducción de tubería de acero de 36″ de diámetro.

El Acueducto Zacualpan, proporciona agua potable a Colima, Comala y Villa de Álvarez, con un caudal de 1,000 litros por segundo, considerado por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) la obra de infraestructura más importante para el suministro de agua potable a la capital del estado y a la zona conurbada de Villa de Álvarez y Comala, obra cuya utilidad está considerada con una vigencia, según las propias autoridades de entre 40 a 50 años, sin embargo, este importante aporte no se ha visto reflejado en las condiciones de vida de los pobladores de Zacualpan.

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Imposición de la minería en la comunidad

En julio de 2013 el entonces presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, puso en el orden del día de la asamblea comunal, el punto de la anuencia para instalar en el territorio una mina a cielo abierto de oro, plata, cobre y manganeso a menos de 1 kilómetro del área urbana de la comunidad.

Durante 4 ocasiones la asamblea general de comuneros rechazó el punto y no autorizó la entrada de la mina, además los pobladores denunciaron que Carlos Guzmán Teodoro, violando la Ley Agraria y el Estatuto Comunal, no elaboró las actas correspondientes, ni las registró ante el Registro Agrario Nacional (RAN).

En contubernio con la empresa GABNER S.A. de C.V., que dice ser dueña de una concesión minera, y es representada en estas reuniones por el señor Rigoberto Verduzco Rodríguez, quien convenció al presidente de Bienes Comunales para lograr la autorización de la comunidad, ofreciendo a algunos comuneros $17,000 pesos a cada uno, para que firmaran y a quienes no querían firmar incluso se les amenazó. La misma delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, sabiendo que Carlos Guzmán Teodoro no llevaba a cabo las actas de asamblea, ni las registraba, hacía caso omiso de las peticiones de los comuneros en el sentido de que elaborara las actas, así como su inscripción el Registro Agrario Nacional.

Ante esta situación, el grupo opositor al proyecto minero solicitó a la organización civil Bios Iguana A.C., llevará información a la comunidad sobre los impactos que traería una mina para la salud, el medio ambiente, a la comunidad y principalmente para el manantial, principal abastecedor de agua para la comunidad y para aproximadamente 300,000 personas de las ciudades de Colima y Villa de Álvarez, a partir de esta información y de su propia experiencia, decidieron rechazar de manera definitiva cualquier actividad minera en su territorio sagrado.

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

El 1 de Diciembre de 2013, el comisario de Bienes Comunales convoca a una asamblea para tratar nuevamente el punto de la mina, al verse en clara desventaja, cancela la reunión sin justificación. Ese día decidieron llevar a cabo la primera asamblea pública con comuneros y avecindados donde decidieron conformar el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, y además, destituir al Comisariado y al Consejo de Vigilancia, y declarar a Zacualpan, «territorio libre de minería»; desde ese momento acordaron solicitar a la Procuraduría Agraria convocara a nueva asamblea.

El 15 y 16 de febrero de 2014, se realizó en la comunidad, el Foro Nacional de Afectados por la Minería, al que asistieron comunidades afectadas y amenazadas por actividades mineras en todo el país, se escucho la palabra de académicos, abogados, investigadores, médicos, quienes desde distintos ángulos informaron de las consecuencias negativas que la actividad minera ha traído y puede traer en los territorios indígenas y campesinos, la vida y la salud de la gente de las comunidades afectadas. El día 15, la funcionaria pública María Elena Díaz, delegada de la Procuraduría Agraria, organismo descentralizado de la Secretaría de la Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), declaró que gente de Michoacán había invadido las asambleas comunales de Zacualpan.

Ante esta situación, cansados de la impunidad y de las faltas constantes a su Estatuto Comunal por parte del Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, el 23 de febrero de 2014, reunidos en asamblea general de la comunidad indígena, ante más de 85 comuneros reconocidos y de acuerdo con sus usos y costumbres, decidieron por unanimidad destituir al Comisariado de Bienes Comunales, por considerar que sus intereses por la explotación minera, no le permiten ejercer correctamente el cargo de defender el territorio comunal. Nombrando como nuevas autoridades agrarias a Guadalupe Carpio Rincón, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Aranda, acta de asamblea que fue pasada bajo la fé del notario público Pablo Castañeda de la Mora, notario público adscrito a la Notaría #4, de la Ciudad de Colima, Colima.

En esta misma asamblea, se acuerda rechazar el proyecto minero y se declara el «territorio libre de minería», además de reconocer que el Comisariado Comunal es quien debe administrar el Balneario «Ojo de Agua», propiedad de la comunidad indígena, que estuvo administrado por años por los supuestos caciques y que a decir de los pobladores nunca dieron cuentas a la comunidad.

Ante la impugnación del Comisariado depuesto, el Tribunal Unitario Agrario en el expediente 81/2014, emite una sentencia y declara la validez de la asamblea realizada el 23 de febrero de 2014, en la que se destituye al Comisariado de Bienes Comunales, se rechaza el proyecto minero y en donde además se declara la comunidad como «libre de minería», convirtiéndose así en la primera comunidad indígena del país, con su territorio libre de minería reconocida por un tribunal del Estado mexicano, en esta sentencia también se reconoce a las autoridades agrarias que eligieron de manera mayoritaria, aunque únicamente como autoridades sustitutas.

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

El 30 de Noviembre de 2014, en cumplimiento a la resolución de un Tribunal Colegiado, la Procuraduría Agraria, convoca a elecciones agrarias, sin tomar en cuenta a las autoridades electas de manera sustituta y con un gran operativo de seguridad pública, en la que no se permite la entrada de observadores y prensa. Un día antes uno de los candidatos a Presidente de Bienes Comunales, Taurino Rincón, que se opone a la imposición de la mina, fue amenazado vía telefónica para que renunciara a su candidatura; Francisco Santos Quirino quien también estaba en la planilla fue encarcelado para evitar su participación; aún así, en esta elección, la planilla encabezada por Taurino Rincón Lorenzo quedan como autoridades electas para un periodo de 3 años. Los comuneros opositores a la mina vuelven a ganar las elecciones.

En este periodo ambas autoridades comunales, tanto las sustitutas como las electas en asamblea de fecha 30 de noviembre de 2014, han pedido apoyo del gobierno del estado, de la Procuraduría de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de la República, del municipio de Comala, de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, del Congreso del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación así como del presidente Peña Nieto, y hasta la fecha el conflicto continúa sin ser atendido. La Procuraduría Agraria sigue protegiendo al grupo agresor, y tal parece que están esperando que la gente vinculada al Comisariado opositor al proyecto minero caiga en las provocaciones, sin embargo su lucha siempre ha sido pacífica.

Para los comuneros e indígenas pertenecientes a la comunidad de Zacualpan, la omisión y negligencia por parte de todas las autoridades federales, estatales y municipales para dar solución al conflicto generado por la imposición de la mina y el despojo de sus bienes comunales, como lo es el «Ojo de agua», tiene que ver con una política discriminatoria y violatoria de derechos humanos en la que se les pretende despojar del territorio indígena.

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Tomando datos del Sistema de Administración Minera de la Secretaría de Economía, se muestra que en el periodo de 2002 a 2014 casi se triplicó el número de concesiones mineras en el estado de Colima, de 113 a 297. La misma dependencia reporta que en la actualidad una decena de compañías mineras trasnacionales, originarias de Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido, Argentina, Italia e India, están en territorio colimense realizando labores de exploración, en desarrollo o en plena producción.

La mayor parte de estas empresas se dedica a la extracción de hierro, en tanto que otras buscan oro y plata. Entre ellas destacan las estadunidenses Tara Minerals Corp., Subsidiary of Tara Gold, Jaguar Mining Enterprises Inc. y Cotton & Western Mining Inc, así como la china Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade, la canadiense Macmillan Gold Corp., la inglesa London Mining Plc, y Ternium, de capital italo-argentino.

Los primeros días del mes de marzo de 2015, se realizó una Misión Civil Nacional e Internacional al Caso Zacualpan, en adelante la Misión, a la que asistieron representantes de redes, académicos, defensores de derechos humanos, intelectuales y medios de comunicación de distintas partes del mundo y del país, cuyo objetivo fue: «Hacer una documentación de hechos sobre las graves afectaciones a la vida comunitaria que han estado sucediendo con la población indígena de Zacualpan, a pesar de existir una serie de resoluciones judiciales y administrativas que supone son suficientes para el restablecimiento del estado de derecho, la gobernabilidad, la paz social».

Sin embargo, a la población indígena de Zacualpan les sorprende saber que existe una concesión, sin que esta se hubiera enterado de este hecho, pues cuenta con derechos agrarios e indígenas que protegen sus tierras y territorios de manera especial, como es el derecho a la consulta previa libre e informada y el derecho al territorio.

Una vez que declararon y han reiterado su territorio como libre de minería, muchas de las autoridades responsables han declarado que: «No hay un conflicto minero en Zacualpan porque no hay un proyecto minero operando». Sin embargo hay concesiones que se mantienen vigentes, así como personas que se dicen titulares de estas concesiones, mismas que se otorgaron en contra de los derechos colectivos de la comunidad.

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

En una revisión del Sistema de Administración Minera de la Secretaría de Economía, que realizaron junto con especialistas de la Misión Civil, encontraron que efectivamente en su territorio existen dos títulos de concesión minera: la 227572, vigente, expedida el 06/07/2006, por la Agencia 102, en el expediente 183, municipio de Comala, lote: TIGRILLA, superficie:90.448 has, cuyo titular concesionario es Mario Carlos Moncada Cantú, persona que no conocen y no es de la comunidad, y el título de concesión minera 201872, vigente, expedida el 11/10/1995 por la Agencia 42, en el expediente 4096, municipio de Comala, Lote: HELIOTROPO, con una superficie de 100 has, cuyo titular es Adolfo Pineda Martínez. Esta información puede ser verificada en la página oficial de la Secretaría de Economía, concretamente en el sitio del Sistema de Administración Minera, y en los registros con los que cuenta la cartografía minera (Consultado el 19 de marzo de 2015).

Una prueba más de la vigencia y la promoción de los concesionarios mineros la encontramos en que el Panorama Minero del Estado de Colima, publicado también por la Secretaría de Energía, a través del Servicio Geológico Mexicano: en la página 29, se incluye en los Proyectos de Apoyo al Sector Minero, estudios de asesoría para el predio HELIOTROPO y se refiere a la concesión que indebidamente ha sido otorgado en sus tierras comunales e indígenas.

En otra página se puede encontrar información, en la que una empresa denominada Minera Teck S.A. de C.V., contrata los servicios de «Consultores en Ecología con visión integral S.A. de C.V.» para la elaboración de una Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad general del proyecto «HELIOTROPO», y para la elaboración de una Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad general del proyecto «LA TIGRILLA».

Con relación al trámite relativo a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en la reunión del 2 de marzo de 2015, se les entregó una copia simple del oficio, con número 1562/14, firmado por el delegado federal en Colima de la SEMARNAT, que dice que ha tomado en cuenta la decisión de la comunidad «para informar a cualquier inversionista que pretenda ingresar su evaluación», lo que no es una garantía de que las concesiones no puedan seguir vigentes y las MIAS sean promovidas nuevamente en próximas fechas.

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Situación actual

Posterior a la elección de Taurino Rincón Lorenzo y su planilla como autoridades comunales, la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, nuevamente excede sus atribuciones y pierde totalmente sus funciones públicas, al apoyar a un pequeño grupo fiel a sus intereses económicos para que a través de anomalías recurrentes, este grupo asuma el poder del Comisariado de Bienes Comunales y con lo cual, lo único que continua generando es la promoción de acciones que provocan más división al interior de la comunidad.

De manera ilegal, sin que exista motivo y razón, pretende entrometerse en los asuntos internos de la comunidad. Convocó a una asamblea de comuneros para el domingo 6 de septiembre de 2015 con el objetivo de elegir nuevamente al Comisariado de Bienes Comunales, siendo que el mandato del actual comisariado –quien fue electo en noviembre del 2014, en asamblea convocada por la misma Procuradoría, en acatamiento a un fallo del Tribunal Agrario.

Aún cuando la elección del Comisariado había restituido la gobernanza desde los propios comuneros, de manera periódica celebraban asambleas comunales, se manejaban de manera trasparente los recursos comunales, se presentó un amparo contra las concesiones mineras impuestas en el territorio comunal. Las acciones y defensa territorial es contraria a los intereses de la señora procuradora Díaz Rivera y el pequeño grupo de comuneros que la siguen. No obstante, nuevamente pretende hacer otro intento de imposición a los comuneros e intentar fijar sus condiciones e intereses para sacar adelante un proyecto minero en la zona.

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

Fotografía: José Martin Peña Guzmán

En agosto de 2015, la fracción minoritaria de comuneros –que fueron apoyados, asesorados, financiados y protegidos impunemente en sus actos ilícitos por Díaz Rivera, además de otros integrantes del gobierno de Colima– finalmente llegaron a un acuerdo con el Comisariado y el Consejo Indígena para la Defensa del Territorio de Zacualpan, para solucionar el conflicto interno que provocaron los intereses mineros.

Durante ese proceso, afortunadamente, los comuneros del grupo mayoritario nunca cayeron en la provocación, ni respondieron las agresiones y violencia con la cual siempre ha operado el grupo minoritario, mismos hechos que fueron constatados por la Misión Civil que para el caso se presentó en Zacualpan y por el contrario, siempre realizaron acciones en el marco de la ley.

De hecho se presentaron acciones y demandas penales por las agresiones sufridas por el grupo minioritario, así como se realizaron las denuncias pertinentes contra dicha delegada de la Procuraduría, entre otras la presentada en la Secretaría de la Función Pública, ya que no es la primera vez que esta persona había pretendido, por los medios que sean necesarios, imponer como representante agrario algún integrante del grupo minoritario, que además está a favor de la mina,con lo cual excedia de sus funciones como procuradora e invade, y viola los derechos colectivos de pueblo indígena de Zacualpan, a la vez que violenta los propios acuerdos a la que ella se había sumado con anterioridad, con lo cual abona a la división social y comunitaria y retroalimentada por medio de calumnias y desprestigios, la criminalización de las y los defensores y defensoras de los derechos humanos; en especial contra la organización ambientalista Bios Iguana, a tal grado que le atribuye a esta organización la formación de grupos terroristas, la siembra de estupefacientes, el despojo e intentar apoderarse de terrenos comunales.

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