Por Tejido de Comunicación del Pacífico
La resistencia de los nahuas del sur jalisciense ha sido palpable desde hace ya varias décadas, así mismo las agresiones y violaciones a los derechos humanos en su contra han sido recurrentes, por lo que se ha condenado nuevamente a un defensor de la tierra y a las comunidades nahuas de Ayotitlán.
El ejido Ayotitlán es el más grande de Jalisco, con más de 31 mil hectáreas de superficie total, lo conforman aproximadamente 70 comunidades y rancherías, ubicadas en el municipio de Cuautitlán de Barragán. Las comunidades nahuas que habitan este territorio han compartido costumbres y el uso comunal de la tierra desde sus orígenes. Los primeros habitantes datan de la época precolombina y, de manera paulatina, fueron poblando lo que actualmente conocemos como la parte sur del estado de Jalisco y Colima.
Desde 1987 se declaró a estas tierras como Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM), con 139 mil 577 hectáreas ricas en agua, biodiversidad, minerales y maderas preciosas. No obstante, la RBSM ha sido explotada y saqueada desde 1940 por los aserraderos y comerciantes de maderas preciosas, y desde 1969 por el consorcio minero paraestatal Benito Juárez Peña Colorada, S.A. de C.V., actualmente copropiedad de Ternium (ítalo-argentina, 50%) y ArcelorMittal (hindú, 50%) que cuenta con una mina a cielo abierto y una planta peletizadora en dos módulos. Una vez transformada la materia prima, el pellet de ambas compañías mineras se envía a través de dos ferroductos de 46 kilómetros al puerto de Manzanillo y de ahí a las plantas de Monterrey y Puebla para convertirlo en acero. La empresa minera Ternium es líder en la producción de acero en Latinoamérica, con una capacidad de producción anual de aproximadamente 11 millones de toneladas de productos de acero terminados (www.ternium.com).
Los pueblos de Ayotitlán enfrentan desde entonces, los problemas de la minería a cielo abierto (sus pasivos ambientales, explotación y deterioro de la flora y fauna silvestre), la tala clandestina y las invasiones sucesivas de tierras. La historia de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los indígenas en la región ha estado llena de irregularidades, las cuales han sido poco documentadas y evidenciadas.
En los últimos años, se han agravado las situaciones de conflicto, los detenidos y desaparecidos son recordados por las familias, que sin encontrar justicia en los tribunales han optado por la organización comunitaria. Tal es el caso de Celedonio Monroy (sobrino de Miguel Monroy) quien se encuentra desaparecido desde octubre del 2012, o bien el de Gaudencio Mancilla, representante del Consejo de Mayores, detenido de manera sospechosa en agosto del 2013.
Este fin de año no pintó diferente, el pasado 18 de diciembre fueron detenidos Miguel Monroy y Marciana de los Santos, ambos indígenas nahuas que han trabajado desde hace varios meses en la recuperación de los predios ubicados en la comunidad de La Huaca. El motivo, por el cual fueron privados de su libertad, fue por «despojo agravado», ya que Marcelino Bracamontes presentó una denuncia penal por supuestas lesiones y despojo de sus tierras.
El día 20 de diciembre de 2015, tras haber sucedido las detenciones y traslado de los indígenas nahuas al penal de Cihuatlán, se llevó cabo la asamblea del Consejo de Mayores, en la comunidad de Ayotitlán, para esclarecer los hechos e informar sobre las irregularidades, agresiones y violaciones a los derechos humanos infringidas por las autoridades municipales en contra de los miembros de su comunidad.
De acuerdo con la información citada por el abogado del caso y los asistentes a dicha asamblea, las irregularidades del proceso se presentaron días antes de las detenciones al haber sido enviados una serie de citatorios apócrifos a varios miembros de la comunidad, supuestamente para rendir declaraciones por los conflictos en la localidad de La Huaca, que desde 2010 es uno de los «focos rojos» pendientes por resolver en las zonas indígenas del sur de Jalisco. Los citatorios apócrifos presentaban sellos no correspondientes a la localidad de adscripción, indicaciones borrosas y tachones que no permitían ubicar el problema por el cual se solicitaba acudir a la judicatura de Cuautitlán a presentar su declaración.
El día de las detenciones arbitrarias de Miguel Monroy y Marciana de los Santos, no se presentaron órdenes de aprensión, ni de cateo a sus domicilios; la esposa de Miguel Monroy, narra que llegaron alrededor de 3 a 4 policías y junto con ellos el señor Bracamontes, quien buscaba a Don Miguel para que fuera a rendir declaración a Cuautitlán.
Desde 2011, varias hectáreas de la comunidad de La Huaca han estado «en disputa» porque Marcelino Bracamontes reclama tener posesión de estas tierras, sin embargo, los ejidatarios que conforman la asamblea afirman que las 14 hectáreas reclamadas son de USO COMÚN por lo que no existen títulos de propiedad otorgados a particulares, de modo que no hay cabida para hacer una acusación de despojo. Aunado a ello, la denuncia presenta la peculiaridad de ser «despojo agravado», lo que implica que hubo agresión y lesiones, aseveración del demandante que se corresponde con un hecho muy alejado de la realidad, según las versiones de las mujeres que se encontraban en los predios de La Huaca el día de la supuesta agresión. Ellas mencionan que Bracamontes amenazó e injurió a las presentes por estar en sus tierras, a lo que respondieron haciendo caso omiso.
El problema de las invasiones a ejidos y el surgimiento de los denominados «focos rojos» ha existido desde hace décadas y se enmarca como una estrategia del gobierno para mantener en disputa tierras que pueden significar un negocio en el corto o mediano plazo. Una de las medidas utilizadas para «resolver» los conflictos agrarios por invasiones, como en este caso, ha sido la incorporación de los ejidos a los programas de certificación de tierras (PROCEDE, PROCECOM), a lo que se han resistido los ejidatarios de Ayotitlán y otras localidades del municipio.
Sobre esta base, la institución correspondiente que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU (antes SRA), no ha otorgado los legítimos derechos de propiedad a los indígenas nahuas, por el contrario parecieran estar coludidos con Bracamontes, ya que, a pesar de no contar con título de propiedad, ni algún otro documento que lo acredite como propietario de las tierras, se le ha dado oportunidad para interceder y provocar a los indígenas bajo este pretexto. El abogado del caso comentó en la asamblea que no existe razón para dar seguimiento a denuncias como la que presentó el señor Bracamontes, ya que el conflicto no es de índole penal sino que se de llevar en tribunales agrarios.
En la asamblea, el abogado entregó amparos a los indígenas que les fueron girados ante los citatorios. Don Miguel Monroy y Marciana de los Santos, fueron puestos a disposición del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Vigésimo Noveno Partido Judicial con sede en Cihuatlán. Por su parte, el fiscal general, Eduardo Almaguer, suspendió la acción penal en contra de los 20 indígenas citados, hasta hacer las aclaraciones jurídicas pertinentes y revisar la legalidad de esas órdenes de aprehensión.
Paradójicamente, los talamontes, miembros del crimen organizado y caciques de la región siguen en libertad, no ha habido respuesta por parte del gobernador, quien prometió enviar protección y salvaguardar a los indígenas nahuas. Así es como las autoridades municipales y estatales han solapado este tipo de arbitrariedades, recurrentes en los últimos diez años.
Los ejidatarios nahuas han mantenido una firme postura en contra de los invasores que pretenden adueñarse de manera privativa de sus tierras, explotarlas y saquearlas. Por ello, desde hace más de dos décadas sus habitantes participan en el Congreso Nacional Indígena (CNI), iniciativa impulsada por el EZLN en el año de 1996 para decidir sobre la autonomía y respeto de los usos y costumbres en las comunidades indígenas: una asamblea cuando están juntos, una red cuando están separados, se dicen los numerosos pueblos indígenas de distintas geografías, lenguas y tradiciones.
Este es uno más de los casos donde se acusa líderes comunitarios para encarcelarlos, detener procesos de organización y defensa territorial. Además de abrir paso a grupos narcotraficantes como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes asedian sus tierras y persisten en «limpiar» la región para consolidar actividades clandestinas.
Desafortunadamente, las acciones llevadas han sido avasalladas por la «justicia mexicana» y se condenó nuevamente a un luchador indígena por defender sus tierras en contra de la devastación y el saqueo. Marciana de los Santos quedó libre a unos días de la detención, mientras que el caso de Miguel Monroy es más complicado ya que está siendo procesado en la cárcel de Cihuatlán, esperando la audiencia incidental el día 15 de enero, para determinar su situación jurídica.