Yaki: Nosotrxs hubiéramos hecho lo mismo

La mañana del 27 de enero sorprende a los siempre presurosos defeños con un sol abrigador. No es un amanecer cotidiano y eso lo sabe José Luis Rubio quien, pese a ello, bebe café parsimoniosamente frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en la colonia Cuauhtémoc.

La razón de su presencia en aquel lugar corresponde a que su hija, Yakiri Rubio (presa desde el 17 de diciembre de 2013, primero en Santa Martha Acatitla y ahora en Tepepan), tiene una audiencia de vista en la quinta sala del TSJDF para relatar ante las autoridades judiciales el testimonio de violencia sexual que sufrió el pasado 9 de diciembre y que en pocos minutos mutó en una acusación contra ella por homicidio calificado, hecho que la mantiene encarcelada hasta el día de hoy.

“Tenemos mucha fe en ello porque se trata de una magistrada –en referencia a Celia Marin, quien posee un negro historial [1]– y esperamos que tenga el enfoque del que han carecido el juez y el ministerio público para que pueda juzgar con perspectiva de género, porque resulta absurdo que haya tantos tratados y protocolos internacionales que México ha firmado en la materia y los responsables se nieguen a ponerlo en práctica” [2] cuenta su padre, quien considera que por parte de las autoridades se “le ha juzgado con misoginia, machismo y con discriminación”.

Súbitamente, el rostro de José Luis deja escapar signos de malestar. Y no es para menos, pues el hombre asegura que todo el proceso fue irregular:

“Es un cochinero. Mi hija jamás debió pisar la cárcel. Jamás se le debió dar mayor credibilidad al violador y en cambio así se hizo. Mi hija debe estar en la calle. Yo publiqué a través de redes sociales 70 irregularidades que he encontrado pero siguen apareciendo cada día más; esto es escandaloso”.

No sabemos si se refiere al hecho de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no preservó el lugar de los hechos al grado de que el Hotel Alcázar, donde esa noche murió Miguel Ángel Ramírez Anaya, continuó operando. O si acaso, señala la misteriosa desaparición de las fotografías de las agresiones que Yakiri sufrió a manos de sus agresores. ¿Mencionó también que los peritos de la PGJDF tampoco incluyeron en actas una descripción detallada de la ropa que portaba Yakiri? Y, aunque al principio Rodolfo Ríos, titular de la PGJDF, declaró que Yakiri y su agresor se conocían, hasta el momento la dependencia a su cargo no ha logrado demostrar ninguna relación previa.

“Por mi parte y con personas solidarias hemos llevado a cabo investigaciones donde encontramos que Santiago Ávila Negrón, titular del juzgado 68 penal, tiene antecedentes de acoso sexual (en 2011 una empleada suya lo demandó por tal motivo) y fue reprobado en 2005 en el examen de actualización, pues quienes lo evaluaron determinaron que presenta falta técnica jurídica. Tenemos la esperanza con la magistrada. Ojalá por aquí se abra una puerta a la justicia para que se hagan las cosas como se deben” dice José Luis, segundos antes de que decenas de cámaras se arremolinen ansiosos de registrar los dichos del padre de Yakiri.

Mientras José Luis atiende a los medios, comienzan a arribar personas con el rostro cubierto. De súbito, antifaces multicolores son los encargados de desplegar mantas con leyendas como “Mujeres que se defienden a la cárcel, hombres violadores a la calle ¿Justicia?” para manifestar su repudio ante la legitimización del machismo y la misoginia por parte de aquellos encargados de hacer valer las leyes.

Al ritmo de silbatos y tambores, da inicio una manifestación en apoyo de Yakiri. “Ante la violencia machista, autodefensa feminista” corean los presentes con el mismo ímpetu con el que han mostrado su solidaridad con Yakiri desde su encarcelamiento.

“Sabemos que existe una complicidad evidente entre los agresores sexuales y las instituciones encargadas de impartir justicia pues suelen proteger a los violadores feminicidas y criminalizar a las mujeres aún tratándose de situaciones evidentes donde la legítima defensa se da como en el caso de Yakiri” se amplifican las palabras de las manifestantes.

A escasos metros y frente a los reporteros, Ana Katiria Sánchez, abogada de Yakiri, reclama que la semana pasada se enteraron de que existe otra denuncia por “robo agravado” contra Yakiri, pues según la Procuraduría el teléfono celular de su agresor apareció en la bolsa de su acusada. Por aquella imputación la joven no fue informada. Sin embargo la abogada mencionó que “el caso fue regresado a los responsables de su investigación y es probable que no prospere”.

También se denuncia que el jueves 23 de enero, cuando la parte acusadora debía presentar 12 testigos, cinco de ellos no acudieron al llamado de las autoridades, entre ellos el hermano del occiso, Luis Omar Rodríguez Anaya.

José Luis se para frente a las cámaras: “exigimos se haga justicia en México pues no puede ser que sea el segundo país donde más se violan los derechos humanos. Porque no es posible que en nuestro país, de todos esos casos, el 95% no se resuelven. Eso se llama impunidad. Impunidad permitida por el ministerio público, los jueces, todas las autoridades”. Para el padre de la joven presa:

“Hay mucha tela de donde cortar, pues hay temas muy fuertes donde está involucrada la procuraduría; se confabulan un ministerio público, la gente de un hotel y un grupo de delincuentes que tienen antecedentes penales y deciden dañar, lastimar y crearle delitos a Yakiri por atreverse a defender su vida”.

Atendiendo el llamado de sus familiares, José Luis se dirige al acceso del tribunal donde en un plazo de hasta un mes darán a conocer su fallo. En el eco de la brisa matutina resuenan los reclamos de lxs manifestantes: “Si nos juzgan por haber sobrevivido, la justicia nos quiere muertas. A las mujeres históricamente nos han impuesto una condición de obediencia a las armas patriarcales de entre las que destacan la violencia sexual como prerrogativa de dominio. Es por eso que a las mujeres se nos castiga cuando nos defendemos, cuando decimos no, cuando reivindicamos nuestra libertad y autonomía sobre nuestros cuerpos. La libertad de Yakiri significa la garantía de la posibilidad de que todas las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestras vidas y a defender nuestros cuerpos de toda agresión; a las mujeres que se defienden aplausos” Yakiri Libertad.

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[1] Es la misma jueza que negó la apelación contra la sentencia de formal prisión a Jorge Mario González, preso político desde el 2 de octubre cuando policías lo interceptaron antes de llegar a la marcha en conmemoración de la masacre de estudiantes en 1968. Proceso.

[2] Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualad y que se trata de un enfoque para detectar los impactos diferenciados de una norma, analizar contextos de desigualdad basados en el sexo, el género o las preferencias sexuales y cuestionar las necesidades de las víctimas. SCJN.